Protestan televisoras contra secuestros

Televisa y Milenio TV protestaron anoche por el secuestro de cuatro periodistas, integrantes de su redacción, ocurrido el pasado lunes en Gómez Palacio, Durango.

"Condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de Punto de Partida integre y emita el programa de esta noche, ésta es una decisión de la empresa Televisa y de todos de quienes aquí trabajamos.

"No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa", dijo la periodista Denisse Maerker.

Agregó, antes de que la pantalla de la televisora se pusiera en negro: "No estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando.

"Todos los periodistas de este medio y de todos los otros corren enormes peligros para cumplir con su tarea y la sociedad de sumirse en el silencio y en la desinformación".

Sin embargo, no precisó ni abundó en lo que está pasando.

Evidentemente, el País sufre por parte del crimen organizado: extorsiones, cobro de derecho piso, secuestros... sin mencionar la violencia provocada por el narcotráfico.

A su vez, Ciro Gómez Leyva, conductor de Milenio TV, encabezó por unos minutos su noticiero para lamentar el secuestro de los cuatro periodistas y precisar que un medio de comunicación "no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes".

Ayer, Héctor Gordoa, uno de los periodistas secuestrados, fue liberado pero los otros tres quedaron retenidos.

Reforma, 30 de julio.

Rechaza Tribunal “censura previa”

Las empresas editoriales no pueden aplicar censura previa para abstenerse de publicar una obra que contenga expresiones posiblemente maliciosas o información falsa, resolvió un tribunal federal.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil estableció que los juicios sobre posibles excesos de una obra solo pueden ser realizados por el Poder Judicial, si es que el caso es puesto a su consideración por alguna persona afectada.

"Una restricción a las posibilidades de divulgación, como lo sería la censura previa del editor de publicar un libro o no, por considerar que su contenido tiene expresiones que a su juicio afectan a la persona en sus derechos subjetivos, representa directamente un límite al derecho de libertad de manifestación de ideas e imprenta", señaló.

Los jueces, aclaró, pueden ordenar que se deje de publicar un libro o que se hagan correcciones, pero sólo después de resolver que hay daño moral, de acuerdo a tesis que el tribunal publicó en el Semanario Judicial de la Federación.

"Cuando mediante determinación judicial se estableció que una obra contiene expresiones maliciosas y denostantes de los derechos subjetivos o de personalidad de un determinado individuo y, por lo mismo, constitutivas del daño moral reclamado, aún cuando se trate tal publicación de una garantía individual, se debe de impedir que se siga publicando el libro en los mismos términos", indica una de las tesis.

Los magistrados aprobaron las tesis a raíz de la demanda de Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la ex primera dama Marta Sahagún, contra la periodista argentina Olga Wornat, por sus afirmaciones en el libro Crónicas Malditas.

El tribunal confirmó, en marzo pasado, una condena por daño moral contra Wornat, pero también que la editorial sólo podía ser condenada a modificar un capítulo del libro.

Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 28 de diciembre.

Creció 5% el mercado de la televisión por Internet

La televisión por internet se presenta como un negocio rentable gracias a que la publicidad en la red crece a ritmos de 50 por ciento anual y, ésta es la clave de quienes ofrecen servicios televisivos.

En entrevista, el director de Terra México, Gerardo Adame, aseguró que hoy en día su servicio de televisión por internet representa ya 25 por ciento de los ingresos totales del portal y esperan que llegue en 2008 a un nivel de entre 30 y 35 por ciento.

“Hoy parte muy importante del futuro de internet es la multimedia, video, es brindar el servicio de todo lo que se entrega por otros medios a través de la pantalla de la computadora, y eso requiere de contenidos”, dijo.

Explicó que para ofrecer esos contenidos se hacen acuerdos, lo cual ha sido sencillo para Terra porque negocia la entrega de los mismos en toda la región, lo cual le conviene a los generadores este tipo de negociaciones también se hacen con las televisoras locales.

El directivo aseguró que la televisión por internet es un negocio lo suficientemente bueno para sacar los gastos que genera y algo más, pero se le está invirtiendo en tecnologías y contenidos para seguir participando en él porque se confía en el crecimiento que presenta.

A esto se une que hasta el momento es un servicio que es libre de cualquier requerimiento gubernamental, no se necesitan concesiones, por ser un proveedor de valor agregado ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

“No se observa que pudiera generarse algún requerimiento en el corto plazo, pero si se diera esa posibilidad nosotros haríamos lo necesario para cumplir , para que se nos permita seguir en el negocio”, explicó.

Agregó que con la competencia (que en este caso son los operadores de cable), no se ha generado controversia, por el contrario son cercanos a ellos través de compartir los clientes, pero no hay problemas porque es diferente la forma de ver la televisión en internet que en el aparato tradicional.

El directivo advirtió que el negocio se basa en la publicidad y no en los suscriptores, y ahora la publicidad en internet genera aproximadamente 70 millones de dólares al año, según cifras de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), y se estima que crezca en un rango de 50 por ciento anual por los siguientes cuatro o cinco años.

“Aunque la publicidad aún es pequeña, el crecimiento ha sido más rápido que en cualquier otro medio, por eso se apuesta a que en la medida que se ofrezcan mejores contenidos, Terra sea el mejor portal en ofrecer este servicio”, reconoció.

Para que los usuarios puedan ver televisión en sus computadoras es necesario que haya banda ancha suficiente y, de acuerdo con Adame, esto ya es una realidad en México.

“Para iniciar la oferta de los servicios en 2006 primero se tomó en cuenta que Latinoamérica ya había llegado a una masa crítica suficiente de usuarios de banda ancha para ofrecerlos”, anticipó.

Actualmente la empresa ofrece los contenidos de más de 100 canales a diversas velocidades, 500, 250 y 100 kilobits por segundo, incluso cuentan, a nivel experimental, con un servicio en alta definición con casi un mega de velocidad pero que no se puede utilizar si el usuario no cuenta con este tipo de servicio.

Nota de Susana Mendieta, Milenio, 17 de diciembre.

ONU pide garantizar libertad de expresión

La Organización de las Naciones Unidas advirtió al Senado que la legislación en materia de radio y televisión tiene que respetar los compromisos internacionales en materia de libertad de expresión, que no sólo obligan a legislar para garantizar la pluralidad y evitar la concentración en los medios, sino dar instrumentos al Estado para garantizar los derechos individuales.

Al reunirse con el grupo plural del Senado que revisa la Ley de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Liliana Valina, el perredista Carlos Sotelo ofreció que esta reforma retomará las recomendaciones de la Corte para garantizar la apertura del espectro radioeléctrico, con garantías para la libertad de expresión.

En su exposición ante los legisladores, Liliana Valina subrayó que toda legislación en esta materia debe tener como objetivo central el respeto al derecho a la libertad de expresión.

Refirió que para emitir su resolución, la Corte echó mano de los instrumentos internacionales para argumentar sus alegatos y toca ahora al Poder Legislativo “no sólo remediar aquellos conceptos que la Corte ha declarado inválidos, sino incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente con la libertad de expresión”.

En medio del debate electoral, donde los concesionarios se han inconformado por las reformas que prohíben spotizar las campañas electorales, la funcionaria de la ONU recordó que desde 1981 México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“En ambos instrumentos se establece el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, así como a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, ponderó.

Nota de Angélica Mercado, Milenio, 29 de noviembre.

El monopolio mediático vulnera la libre expresión, advierte la ONU al Senado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió a los senadores que elaboran la nueva legislación federal de radio y televisión que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.

Al asistir al Senado, donde se llevó a a cabo una reunión con el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, Liliana Valina, representante adjunta en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los senadores que así como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analicen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) “que promueven la concentración de los medios de comunicación”.

Valina, quien asistió en representación de Amérigo Incalcaterra, titular de la OACNUDH en México, dijo a los senadores: “Ahora es el turno del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Corte declaró inválidos de la LFRT, sino además incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresión”.

Subrayó que el Estado no sólo debe respetar la libertad de expresión, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias.

El Estado, sostuvo Valina, debe abstenerse de cometer cualquier acto que pueda derivar en una violación directa o indirecta a la libertad de expresión. Entre las primeras se encuentran la censura previa, la intimidación o amenaza a los profesionales de la comunicación, el secuestro o la prohibición de publicaciones, y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental.

Entre las violaciones indirectas están el fracasar en impedir la concentración en la propiedad de los medios de comunicación o no garantizar la participación equitativa de todos los sectores de la población en los medios de comunicación.

Valina expuso ante los senadores del grupo plural que de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión saltan a la vista dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresión, que también fueron analizados por la SCJN: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, y la pluralidad y libre competencia en ese sector.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 5, ha sostenido que “la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”, apuntó Valina.

En el caso concreto de las radios comunitarias, esta disposición ha constituido una restricción a su reconocimiento jurídico como permisionarias, pues la naturaleza de su actividad de radiodifusión y sus objetivos no se ajustan de manera adecuada a los tipos de radiodifusión considerados en la LFRT.

Y abundó: “Otro elemento que puede considerarse es el financiamiento de las radios comunitarias. Actualmente el artículo 37 de la ley establece como causal de revocación del permiso que los permisionarios transmitan anuncios comerciales”, y esa situación implica que estos medios se vean en una situación realmente muy compleja para poder sobrevivir.

Aunque se entiende que las radios comunitarias no son organismos con fines de lucro, eso no implica que no puedan tener alternativas para autofinanciar las actividades que realizan y sugiere el reto de replantear las categorías, o bien las categorías que hoy existen en día, las cuales hacen una separación bipolar entre concesionarios y permisionarios, o bien buscar otras alternativas que recojan adecuadamente esta situación, detalló.

Advirtió que ambas categorías no necesariamente reflejan la especificidad de las radios comunitarias y las coloca ante retos y desafíos que limitan su capacidad, autosuficiencia y permanencia en el espectro radioeléctrico.

Exhortó a los senadores a que en lo relativo al tema de los derechos de las comunidades indias es importante que al legislar se tome en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre pasado, que en su artículo 16 establece el derecho de estos grupos a acceder a sus propios medios de comunicación.

También debe revisarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 3 señala que los pueblos y comunidades indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

Al abordar el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicación, Valina apuntó que uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.

La pluralidad en los medios de comunicación permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad, concluyó.

Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 29 de noviembre.

El monopolio mediático vulnera la libre expresión, advierte la ONU al Senado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió a los senadores que elaboran la nueva legislación federal de radio y televisión que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.

Al asistir al Senado, donde se llevó a a cabo una reunión con el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, Liliana Valina, representante adjunta en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los senadores que así como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analicen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) “que promueven la concentración de los medios de comunicación”.

Valina, quien asistió en representación de Amérigo Incalcaterra, titular de la OACNUDH en México, dijo a los senadores: “Ahora es el turno del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Corte declaró inválidos de la LFRT, sino además incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresión”.

Subrayó que el Estado no sólo debe respetar la libertad de expresión, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias.

El Estado, sostuvo Valina, debe abstenerse de cometer cualquier acto que pueda derivar en una violación directa o indirecta a la libertad de expresión. Entre las primeras se encuentran la censura previa, la intimidación o amenaza a los profesionales de la comunicación, el secuestro o la prohibición de publicaciones, y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental.

Entre las violaciones indirectas están el fracasar en impedir la concentración en la propiedad de los medios de comunicación o no garantizar la participación equitativa de todos los sectores de la población en los medios de comunicación.

Valina expuso ante los senadores del grupo plural que de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión saltan a la vista dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresión, que también fueron analizados por la SCJN: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, y la pluralidad y libre competencia en ese sector.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 5, ha sostenido que “la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”, apuntó Valina.

En el caso concreto de las radios comunitarias, esta disposición ha constituido una restricción a su reconocimiento jurídico como permisionarias, pues la naturaleza de su actividad de radiodifusión y sus objetivos no se ajustan de manera adecuada a los tipos de radiodifusión considerados en la LFRT.

Y abundó: “Otro elemento que puede considerarse es el financiamiento de las radios comunitarias. Actualmente el artículo 37 de la ley establece como causal de revocación del permiso que los permisionarios transmitan anuncios comerciales”, y esa situación implica que estos medios se vean en una situación realmente muy compleja para poder sobrevivir.

Aunque se entiende que las radios comunitarias no son organismos con fines de lucro, eso no implica que no puedan tener alternativas para autofinanciar las actividades que realizan y sugiere el reto de replantear las categorías, o bien las categorías que hoy existen en día, las cuales hacen una separación bipolar entre concesionarios y permisionarios, o bien buscar otras alternativas que recojan adecuadamente esta situación, detalló.

Advirtió que ambas categorías no necesariamente reflejan la especificidad de las radios comunitarias y las coloca ante retos y desafíos que limitan su capacidad, autosuficiencia y permanencia en el espectro radioeléctrico.

Exhortó a los senadores a que en lo relativo al tema de los derechos de las comunidades indias es importante que al legislar se tome en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre pasado, que en su artículo 16 establece el derecho de estos grupos a acceder a sus propios medios de comunicación.

También debe revisarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 3 señala que los pueblos y comunidades indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

Al abordar el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicación, Valina apuntó que uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.

La pluralidad en los medios de comunicación permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad, concluyó.

Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 29 de noviembre.

Alta Comisionada de la ONU pide al Senado evitar que radio y tv estén en unas cuantas manos; debe garantizar la libertad de expresión, dice

La representante adjunta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lilana Valiña, pidió al Senado analizar "como ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas disposiciones contenidas en las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que promueven el fenómeno de la concentración en los medios de comunicación".

Durante una reunión con los integrantes del grupo plural del Senado que elabora la nueva legislación, Liliana Valiña afirmó que el relator para la libertad de expresión de la OEA ha sostenido que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica puede afectar seriamente el requisito de pluralidad de la información.

Mencionó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA contempla de manera explícita una serie de medias indirectas que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

Entre ellas, dijo, se encuentra el fenómeno de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

Y añadió: "uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público".

La representante de la Alta Comisionada dijo también ante senadores que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe tener como uno de sus objetivos centrales la libertad de expresión.

Expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo entendió y por eso declaró inconstitucionales varios preceptos que, entre otras razones, contravenían las disposiciones constitucionales que consagran a la libertad de expresión como un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.

Nota de José Contreras, Crónica, 29 de noviembre.

EL TEPJF se alejará de debates en medios

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevará a cabo acciones y medidas enérgicas al interior para mantener la confianza de los partidos y la ciudadanía.

Así lo dijo su magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, durante la ceremonia de rendición del Informe de Actividades 2006-2007 del Tribunal Electoral ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

Aseguró que “a todos nos conviene tener instituciones fuertes, con presencia que puedan dar la razón a quien la tenga, que aplique la ley sin distinción, la cual no será sometida por los actores que la juzguen”.

Tras reconocer los problemas internos que enfrentó el instituto, debido a su designación al frente del TEPJF hace tres meses, aseveró que asumirá esas acciones con estricto apego a derecho, a fin de que se consolide la confianza ganada durante lo que va de su gestión.

El proyecto que anunció la presidenta “tiene un diseño de fondo y de largo plazo, ya que lo que espera la sociedad de nosotros, es una institución transparente, sobria y honesta, que no se enfrasque en debates políticos y mediáticos”.

Nota de Jonathan Villanueva, Milenio, 28 de noviembre.

Atemperan sanciones a medios electrónicos

Los derechos de los televidentes y radioescuchas quedan a salvo, no se suspenderá la transmisión de su programa favorito, noticiero, telenovela o partido de futbol si el medio es sancionado por violar la ley electoral.

Seguiría su curso la programación, sólo dejarían de transmitirse comerciales de una a 24 horas, según la gravedad de la falta, establece el proyecto de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El documento que ayer se presentó como iniciativa en el Congreso, consta de siete libros, 394 artículos y nueve transitorios. El código aún vigente consta de 300 artículos y seis libros y está inspirado en el modelo brasileño.

Aun cuando faltaría adecuar otras leyes a la Constitución en los 30 días que se fijó el mismo Poder Legislativo y que vence el 13 de diciembre, en ese lapso sólo aprobarían un nuevo Cofipe.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le permitiría ajustar en fecha posterior las demás leyes, como la de medios de impugnación y de radio y televisión.

Según los transitorios, los legisladores también dejarían para después, a más tardar el 30 de abril de 2008, la ley reglamentaria del derecho de réplica y la designación del contralor interno del IFE.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el relacionado con los medios electrónicos y la forma en que serían sancionados, de incurrir en alguna violación de la ley.

En un principio la idea fue aplicarles una sanción económica y suspenderles la señal de uno a 30 días. Después, la propuesta se redujo a 10 días y multa.

Ahora, luego de escuchar a radiodifusores y dialogar con ellos, se llega al consenso de que la medida a tomar no afecte al auditorio.

La programación no sería bloqueada ni suspendida, sólo dejarían de transmitirse los comerciales y en su lugar aparecería o se escucharía el mensaje de la autoridad electoral explicando las razones que tuvo para aplicar esa sanción.

En total son cinco las sanciones que podrían aplicarse a los concesionarios o permisionarios de la radio y la televisión.

Nota de Arturo Zárate, El Universal, 27 de noviembre.

Pide Calderón a televisoras y legisladores enfriar posturas

En alusión a los concesionarios de radio y televisión y a los legisladores, el presidente Felipe Calderón Hinojosa pidió a los “grupos de interés y a los poderes constituidos” dejar de lado “las posiciones maximalistas, porque éstas sólo exacerban los ánimos, provocan mayor crispación y provocan también reacciones incisivas en los actores de la vida nacional”.

De gira por Zinapécuaro, Michoacán, donde inauguró una planta ensambladora de automotores propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el jefe del Ejecutivo federal llamó a los actores involucrados en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) a privilegiar el diálogo y a que el interés nacional tenga preeminencia sobre los legítimos intereses particulares.
El pronunciamiento presidencial se da un día después de que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, cuestionó la actuación de los partidos políticos por tratar de imponer sus reglas a los ciudadanos con leyes que presuntamente atentan contra la libertad de expresión.

Previo a la gira, en un desayuno celebrado en un hotel de la ciudad de México con motivo del 90 aniversario de la Canaco-Servytur, Calderón también aseguró que “a pesar de los abusos que en ocasiones llegan a observarse, la libertad de expresión en México está garantizada... dígase lo que se diga, la sociedad mexicana es una sociedad libre”.

En su primera visita a Michoacán, tras el pasado proceso electoral, el Ejecutivo federal reiteró la “voluntad indeclinable” de su gobierno para trabajar al lado de las nuevas autoridades de esa entidad, que estarán encabezadas por Leonel Godoy.

Tras un recorrido por la planta ensambladora, acompañado por el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y el empresario Salinas Pliego, Calderón Hinojosa pidió a los actores políticos dar más espacio al diálogo, a la razón y atemperar las emociones para resolver las legítimas diferencias.

“Estoy convencido de que hablando se entiende la gente, que podemos tener diferencias, pero lo importante es que podamos resolverlas y discutirlas a través del diálogo”, dijo.
Invitó a todos a hacer prevalecer la razón y los argumentos “sobre las emociones y los prejuicios, el respeto, el imperio de la ley sobre gobernantes y gobernados para dar cauce y resolver las genuinas preocupaciones y propósitos”.

En ambos eventos, el jefe del Ejecutivo federal comprometió la continuidad en los operativos de seguridad pública, a fin de dotar a la población de la certeza necesaria para andar por las calles, los parques y para establecer un negocio.

Reiteró que “lo importante de una sociedad y de un gobierno es no eludir los problemas o meterlos debajo de la alfombra, sino enfrentarlos y resolverlos”.
Calderón Hinojosa ponderó nuevamente la salud de las finanzas públicas, frente a economías como la estadunidense que pasa por turbulencias.

“Hoy podemos decir que con el esfuerzo de todos, las finanzas públicas mexicanas están en orden, que tenemos no sólo equilibrio fiscal, sino tenemos garantizada la viabilidad de las finanzas públicas no sólo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazos, porque esa seguridad nos la ha dado precisamente el hecho de que el Congreso de la Unión haya hecho reformas tan importantes, como la de en materia de pensiones y en materia hacendaria”.
Mencionó que para seguir por esta ruta debemos continuar con el proceso de transformación del país que hemos iniciado, hemos dado pasos muy importantes con reformas que verdaderamente modifican partes substanciales de la vida pública del país.

Salinas Pliego, quien al referirse a Calderón dijo que “muchos empresarios estarían de acuerdo en que él es el tipo de Presidente que necesitamos para México”, informó que los coches que se ensamblarán en la planta de Zinapécuaro pretenden llegar a la clase popular de la población.
“Empezarán a venderse a un precio mínimo de 69 mil pesos, y suben hasta 100 mil, el más caro”, indicó.

Nota de Cecilia Téllez Cortés, Crónica, 24 de noviembre.

Piden a medios no confundir libertad de expresión con libertinaje

La vocera del PRI en la Cámara de Diputados, Beatriz Pagés, llamó a los empresarios de los medios de comunicación a no confundir libertad de expresión con libertinaje, sensacionalismo y "amarillismo".

En entrevista, la legisladora respaldó al presidente Felipe Calderón sobre que los medios deben impulsar una nueva cultura en México que genere contenidos de calidad.

Se pronunció por regular los contenidos, pues, dijo, actualmente algunos medios electrónicos y escritos no atienden a lo que "estamos obligados los periodistas y dueños de medios de elevar la calidad educativa y cívica, por el contrario, tenemos medios con contenidos mediocres y que han empobrecido la conciencia nacional".

Por ello, llamó a no confundir la libertad de expresión, que tiene que ir de la mano con la responsabilidad social, con los reclamos de algunos dueños de medios que sólo buscan proteger sus bolsillos y de ahí sus críticas a las reformas al Cofipe.

No obstante, la también directora y dueña de un medio de comunicación sostuvo que la libertad de expresión, como cualquier otra, no se puede dar si paralelamente no hay respeto, equidad y pluralidad.

"El gran problema en los medios en México es que confunden la libertad de expresión con libertinaje, con el sensacionalismo y el amarillismo", sentenció Pagés, cercana al grupo de Roberto Madrazo Pintado.

Defendió la posición del presidente Calderón en el sentido de que en México está garantizada la libertad de expresión y no hay ninguna intención de nadie de atentar contra esa premisa constitucional.

Coincidió en el llamado del Ejecutivo a los industriales del ramo a lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad que implica.

Nota de Notimex, Crónica, 24 de noviembre.

Pide Calderón a medios mejorar sus contenidos

El Presidente Felipe Calderón se manifestó ayer en favor de que los órganos que representan a los ciudadanos regulen los contenidos que generan los medios de comunicación.

Durante la firma del Acuerdo Nacional Por Una Comunicación de Calidad, Calderón celebró la determinación de "una verdadera cultura de autorregulación que equilibre el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad de comunicar e informar con veracidad a la ciudadanía".

"Celebro la firma del acuerdo nacional que tiene el propósito de impulsar una nueva cultura de comunicación en México, una cultura que genere contenidos de calidad en los medios, partiendo de la premisa de que especialmente los medios que utilizan bienes públicos para su difusión, deben también generar, precisamente, bienes públicos y de ahí la necesidad de su regulación por los órganos que representan a los ciudadanos", planteó ante directivos de medios, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), legisladores y miembros del cuerpo diplomático.

En una democracia sólida, dijo, la libertad de expresión es una premisa y una realidad cotidiana.

"Mi Gobierno tiene el firme compromiso de garantizar y promover la libertad de todas las formas de expresión de la sociedad y así lo ha hecho.

Como lo he expresado en diversas reuniones con la industria de los medios de comunicación, también estoy convencido de que los mexicanos debemos lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en la expresión".

Añadió que los medios de comunicación tienen mayores responsabilidades que están cada vez más sujetos al escrutinio ciudadano.

"La sociedad demanda mejores contenidos que fomenten valores democráticos, precisamente, como la libertad, la justicia, el respeto a la pluralidad, el respeto a la vida, el respeto a la diversidad, el respeto a uno mismo y el respeto a los demás", expuso.

Se dijo seguro de que el documento contribuirá a que la programación y la publicidad en los medios se caracterice por brindar entretenimiento sano, información veraz y generación de bienes públicos en beneficio de las familias.

Calderón celebró, también, el hecho de que el acuerdo "muestre el compromiso de los medios de comunicación para avanzar en dos aspectos cruciales: la elevación de la calidad de sus contenidos y la promoción de la participación ciudadana".

En el acuerdo, los empresarios de la comunicación plasmaron su intención de impulsar la creación de códigos de ética relacionados con la comunicación, en empresas anunciantes, así como en la industria de la comunicación, especialmente en los medios de acceso ilimitados como internet y telefonía.

Nota de Mayolo López, Reforma, 23 de noviembre.

Habrá fuertes sanciones a funcionarios y medios

El IFE sancionará a los funcionarios de la administración pública federal que incurran en la manipulación de programas sociales con fines electorales, de acuerdo con las adiciones que los legisladores le hicieron al Copife, cuya iniciativa, se espera, será presentada este jueves ante el pleno del Senado.

Como parte de los cambios que sufrió el documento que contiene los siete libros del Cofipe, diputados y senadores también avalaron reducir las sanciones a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión por transmitir propaganda sucia, donar tiempo a candidatos y partidos, o incumplir en sus transmisiones oficiales.

Se acordó que les será suspendida la señal entre una hora y hasta 10 días, mientras que el primer borrador establecía que la sanción sería de un día hasta un mes.

Cabe destacar que en el inciso b del artículo 354 que se adicionó al Cofipe, se establece que concesionarios y permisionarios serán sancionados con multas de entre mil y 50 mil días de salario mínimo, según la gravedad de la falta cometida.

Se establece también que cuando se suspenda la señal en radio o televisión, en el espacio sancionado habrá un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la sanción de que fue objeto.

Los senadores y diputados integrantes del grupo de trabajo que concluyeron la nueva redacción del Cofipe, entregaron ayer a los coordinadores de PRI, PAN y PRD, el texto de más de 500 cuartillas, mismo que será presentado al pleno del Senado, como Cámara de origen, y será turnado a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, a la que se sumará la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Diputados y senadores consultados adelantaron que hay un acuerdo para que el Senado apruebe el dictamen sobre las modificaciones al Cofipe antes del 3 de diciembre, para que la Cámara de Diputados cuente con 10 días a partir de esa fecha para su aprobación, toda vez que el plazo constitucional es de 30 días naturales a partir del pasado 13 de noviembre, cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Los legisladores consultados revelaron que el libro 7 Del régimen sancionatorio electoral y disciplinario interno del IFE fue reestructurado y en él se le otorgó al IFE la facultad de aplicar medidas cautelares, que el Tribunal Electoral no podrá suspender.

Entre las modificaciones que se hicieron al documento base, destacan que en el caso de elecciones concurrentes, federales y estatales, los partidos políticos decidirán libremente cómo distribuir sus tiempos en radio y televisión. Se buscará además que cuando haya elecciones de diputados y senadores, junto con la presidencial, ésta última no absorba a las del Congreso.

Nota de Liliana Padilla, Milenio, 21 de noviembre.

Ordena el IFAI al ISSSTE informar sobre contratos publicitarios con medios

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que haga públicos los contratos que consignan los gastos erogados en medios de comunicación electrónicos e impresos para publicitar su nueva ley, aprobada por el Congreso en marzo pasado.

A pesar de que el ISSSTE negó a un ciudadano acceso a esa información, con el argumento de que “se afectaría la estabilidad financiera del país”, la Secretaría de Gobernación (SG) informó a La Jornada que el presupuesto aprobado a esa institución para difundir este año la campaña “Un ISSSTE nuevo para servirte mejor” (en varias versiones) asciende a 260.5 millones de pesos, de un total de 261.3 millones autorizados para sus actividades de promoción.

Inclusive destacó que, de acuerdo con datos que por ley entregó el ISSSTE, el pago para la promoción de la nueva ley se dividiría de la siguiente forma: para empresas de televisión, 176 millones de pesos; radiodifusoras, 54 millones; diarios editados en el Distrito Federal, un millón 746 mil pesos; periódicos editados en los estados, 5.6 millones; revistas, 519 mil pesos; otros medios complementarios, 10.9 millones; diseño, producción, posproducción y copiado, 8.9 millones, y para estudios, 2 millones 760 mil pesos.

De igual forma, la SG consignó que de diciembre a julio pasado el instituto ya había pagado 3 millones 483 mil pesos a medios electrónicos e impresos para que publicitaran la campaña mencionada.

Por su parte, el IFAI identificó varios contratos otorgados por adjudicación directa a diversas empresas de comunicación. Entre los más importantes sobresalen el adjudicado a Tv Azteca, por 17 millones 250 mil pesos, para difundir 78 espots de 20 segundos cada uno, en los canales 7 y 13, por seis meses. El convenio se firmó en mayo pasado y concluirá el próximo día 30.

Otro, suscrito con Fox Televisión Group, por 872 mil pesos, para la transmisión de 182 mensajes, de 30 segundos, del 15 de junio al 30 de noviembre próximo. Para igual lapso firmó otro con MVS Televisión, por un millón 574 mil 235 pesos, para 169 anuncios, de 30 segundos cada uno, a través del canal 52. Con Grupo Acir Nacional pactó uno más por 1.9 millones para difundir 508 promocionales de radio, de 30 segundos cada uno, del 28 de mayo al próximo 30 de noviembre.

Con Radio y Televisión de Hidalgo, el ISSSTE acordó emitir un programa “sobre la nueva Ley del ISSSTE y su transmisión vía satélite a la red de transmisión estatal, así como la producción de un programa en vivo sobre las preguntas más frecuentes” en torno de dicha norma. El monto del convenio fue por 488 mil 750 pesos, del 22 de mayo al 15 de junio pasado.

El IFAI destacó que, debido a que el ISSSTE “no acreditó con elementos objetivos” el daño que causaría entregar los datos solicitados, “debe proporcionar aquellos documentos que contengan información relativa a las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, ya sea por adjudicación directa, licitación o algún otro medio”. Además, debe detallar los servicios contratados, el monto, el nombre de la persona física o moral con quien se haya celebrado el contrato, y los plazos de cumplimiento establecidos, por ser información pública.

Nota de Elizabeth Velasco, La Jornada, 20 de noviembre.

Carencias "apagan" desempeño de telesecundarias

TOLUCA, Méx.— Rocío Valenzuela, maestra de la telesecundaria Emiliano Zapata, una de las 679 que operan en el estado de México, reconoció que uno de los factores que propician el bajo desempeño académico de sus alumnos es la carencia de herramientas educativas tecnológicas como la red de monitores-televisores y proyectores de imágenes, en general.

La orientadora educativa, que desde inicios de la década de los 90 se desempeña como catedrática en el Sistema de Telesecundarias, el cual atiende a 12 % de la matricula estatal de este nivel, es decir, 52 mil 473 estudiantes mexiquenses, sostuvo que en el caso de su plantel sólo en seis de nueve salones con los que cuentan, funciona la red de televisores.

“Desde enero solicitamos que arreglaran la red de esos tres monitores, pero hasta la fecha no lo han hecho”, lamentó la maestra del plantel que se ubica en la comunidad de San Nicolás Tolentino, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Usan laboratorio como bodega

Constantino Vertiz Bernal, orientador asignado al mismo plantel y con 22 años de experiencia en el Sistema de Telesecundarias —surgido en 1984— lamentó que las autoridades educativas estatales y federales, hayan abandonado el sistema educativo con televisión.

Prueba de lo anterior, dijo, es el laboratorio de química que fue construido y donado por las autoridades municipales hace tres años, pero desde entonces la Secretaría de Educación no lo ha equipado.

“Lo usamos de bodega y una parte de biblioteca, ya que no tiene ningún instrumentos de química”, precisó la maestra.

Al respecto, Guadalupe Monter Flores, secretaria de Educación del gobierno del estado de México, admitió que un porcentaje importante de los planteles de telesecundaria tiene graves carencias en infraestructura, por lo que se esta gestionando la aplicación de más recursos para esa modalidad educativa.

“Precisamente tuve una reunión con el director general de telesecundarias, y me dijo que ya se consiguieron recursos federales para equipar el sistema. No contemplamos cancelar el sistema, lo que intentamos es incrementar la infraestructura para los chicos que acuden a estas escuelas”, explicó la funcionaria.

Malos resultados

Indicadores oficiales del Sistema de Telesecundaerias reportan que en el ciclo escolar 2005-2006, hubo un índice de reprobación de 20%; mientras que el porcentaje de los jóvenes que llegan a concluir sus estudios es del 81%, es decir de cada 100 alumnos 40 no concluyen sus estudios.

“La oferta de espacios educativos en secundaria se ha incrementado, en parte, gracias a que la Telesecundaria cubre a 12 de cada 100 alumnos inscritos y garantiza el acceso en zonas difíciles, pero los resultados de esta modalidad son de baja calidad… Deberá revisarse a fondo el modelo de telesecundaria”, señaló la diputada local el PAN Selma Montenegro Andrade, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso mexiquense, con base en un análisis de dicho sistema educativo.

Lo anterior tras considerar que el gobierno del Estado de México esta destinando al fracaso a los alumnos que acuden a telesecundarias.

Trasmisión simultánea

“Llevamos un plan de trabajo por día. La programación —de la clase por televisión— la tenemos que apoyar con el libro y algunas actividades didácticas. La señal es por vía satelital a un horario determinado, por lo que tenemos que estar muy atentos a la hora para que no se nos pasen los programas-clases”, explicó Carolina Islas Maldonado, maestra de segundo año en el plantel Emiliano Zapata.

La clase, vía televisión, cuya duración es de 15 a 20 minutos, es la misma que reciben alumnos de las telesecundarias de Oaxaca u otra entidad del país, ya que las nueve asignaturas se transmiten de forma simultánea a todos los planteles con esta modalidad educativa.

“Encendemos la televisión y todos ponemos atención al televisor y pues empieza la clase. Terminando la apagamos e iniciamos lo que es la sesión”, subrayó.

Las asignaturas que se imparten en las telesecunadarias son Español, Matemáticas, Historia, Formación, Inglés, Tecnológicas y Orientación.

Datos oficiales de la Secretaría de Educación establecen que en las telesecundarias administradas por el gobierno mexiquense, hay 52 mil 473 alumnos y 2 mil 885 docentes que operan en 676 planteles, que en su gran mayoría requieren de infraestructura.

Mientras que el sistema educativo federal en está modalidad tiene una matricula, en territorio del estado de México, de 38 mil 245 jóvenes que acuden a 316 planteles, para recibir asesoría por mil 573 maestros.

Cabe señalar que la iniciativa privada también ha incursionado en el sistema de telesecundarias, aunque en menor medida, ya que sólo opera tres planteles, en los que estudian 393 alumnos.

Nota de Eduardo Alonso, El Universal, 20 de noviembre.

Desmantela la PGR estación de radio pirata que transmitía desde el Edomex

La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló una estación de radio de frecuencia modulada (FM) que operaba sin concesión en una casa particular ubicada en Ixtapaluca, estado de México, y detuvo a tres personas que transmitían.

La radiodifusora transmitía música popular por la frecuencia 99.7, su logo publicitario era Max Grupera y desde noviembre de 2003 operaba de forma clandestina. A partir de noviembre de 2006 los encargados de operar la estación cambiaron de frecuencia para poder transmitir su programación musical.

De los detenidos, uno fungía como locutor y los dos restantes como operadores técnicos. Sobre las detenciones, la PGR informó en un comunicado que ser llevaron a cabo durante un cateo efectuado el pasado 8 de noviembre, pero omitió mencionar los nombres de los apresados.

Fuentes oficiales revelaron que los trabajadores de la radiodifusora pirata cumplen un arraigo en una casa de seguridad de la dependencia, en la ciudad de México.

El operativo se efectuó hace dos semanas por elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva, en cumplimiento de una orden de cateo obsequiada por un juez federal.

Las investigaciones de la PGR que resultaron en el desmantelamiento de la estación de radio se iniciaron por una denuncia que presentó en su momento la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Los agentes federales lograron incautar 48 objetos de equipo de transmisión de audio y radiodifusión, entre ellos un amplificador, una antena de dipolo, dos anuncios de unicel con logotipo de la estación, dos aparatos telefónicos, dos audífonos, cuatro bases para micrófono, cuatro bocinas, cables, un codificador de estéreo digital, una consola, un eliminador y equipos de cómputo.

También fueron decomisados cuatro micrófonos, dos reguladores de voltaje, un estéreo y un sintonizador de FM.

Mediante el boletín 597/07, la PGR informó que “realizó un cateo para desmantelar la radiodifusora, ubicada en el Retorno Uno, lote 32 A, en la casa 35 B, bulevar de los Vientos, fraccionamiento Cuatro Vientos, en Ixtapaluca, estado de México”. La radiodifusora fue desmantelada “por no cumplir con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, que establece en los artículos 149 y 150 que será sancionado con prisión de dos a 12 años y multa de 300 a mil veces el salario mínimo quien use, aproveche o explote un bien que pertenezca a la nación, sin haber obtenido previamente la concesión, permiso o autorización, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.

Nota de Alfredo Méndez, La Jornada, 19 de noviembre.

Pone ultimátum Cofetel a Telmex

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dio 10 días a Telmex para que se interconecte con Megacable, Cablevisión y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), compañía en la que Telefónica Móviles tiene participación.

Esa última empresa es una división de la firma española Telefónica.

La interconexión entre redes se da para que los usuarios de una compañía telefónica puedan comunicarse con los clientes de otras empresas, como Maxcom, Axtel y las que están incursionando en el negocio de la telefonía.

El órgano regulador notificó ayer la determinación, y empieza a correr el tiempo para la empresa de Carlos Slim.

Megacable señaló que la información les llegó la noche del jueves, y que ven positiva la resolución porque obliga a Teléfonos de México a dar el servicio en un tiempo específico.

Por su parte, Telmex cuestionó la legalidad de la empresa GTM, porque aseguró que la participación de capital español excede el porcentaje permitido por la ley, por lo que condicionó la interconexión.

"Una sociedad mercantil como Teléfonos de México carece de toda facultad y/o competencia para solicitar la acreditación del porcentaje de participación extranjera como requisito para interconectar la red pública de telecomunicaciones de GTM", resolvió la Cofetel.

En el caso de Megacable y Cablevisión, el organismo resolvió que Telmex carece de todo derecho para solicitar la acreditación de especificaciones técnicas y obligar a que se realicen pruebas de equipo en laboratorios, por lo que debe proceder a interconectarlas.

Nota de Verónica Gascón, Reforma, 17 de noviembre.

Cofetel resuelve diferencia entre cableras

Teléfonos de México deberá dar interconexión a Cablevisión, mientras que Mega Cable esta obligado al igual que la telefónica de Carlos Slim a interconectar sus respectivas redes públicas y ofrecer la interconexión.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dio a conocer la resolución al desacuerdo entre Teléfonos de México y las firmas de televisión de paga Cablevisión y Mega Cable.

Con respecto al caso de interconexión entre Cablevisión y Telmex, la Cofetel informó que debe darse la interconexión de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones en términos no discriminatorios por estar así establecido previamente en los convenios celebrados con anterioridad.

Además, se explica, Telmex carece de todo derecho para requerir a Cablevisión que realice pruebas en laboratorios a sus equipos de telecomunicaciones como requisito para dar la interconexión.

En este caso ambas empresas deberán suscribir el convenio de interconexión correspondiente e inscribirlo en el Registro de Telecomunicaciones de Cofetel de acuerdo con el artículo 64 de la LFT.

En el caso de Mega Cable y Telmex, se informó que la comisión resolvió que ambas empresas deberán interconectar sus respectivas redes públicas e iniciar la prestación de servicios de interconexión en términos no discriminatorios, respecto a lo establecido en los convenios celebrados con anterioridad.

Aclaró, además, que Telmex no tiene derecho a solicitar a Mega Cable la acreditación de especificaciones técnicas, presentar un pronóstico de servicios y obligar a que se realicen pruebas de equipo en laboratorios como requisito para dar la interconexión.

Cabe recordar que el proceso de interconexión entre Telmex y cableras obedece a la llegada de las tecnologías y al llamado triple play, en el cual las empresas de televisión por cable y las telefónicas tendrían la oportunidad de ofrecer servicios de televisión, internet y telefonía.

En tal caso, Telmex tiene un candado en su título de concesión en el que se establece que no pueden dar servicios de televisión, sin embargo, la autoridad ha mencionado al respecto que se puede eliminar tal limitación a cambio de le dé interconexión a sus redes a los operadores de cable.

Nota de Susana Mendieta, Milenio, 17 de noviembre

Resuelven desacuerdos entre Cablevisión y Telmex

El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió tres desacuerdos de interconexión entre Cablevisión y Teléfonos de México (Telmex), Mega Cable y Telmex, así como Operadora de Comunicaciones (Opcom) y los operadores móviles Telefónica, Iusacell, Unefon y Telcel. En el caso del desacuerdo entre Cablevisión y Telmex, la Cofetel ordenó la interconexión de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones en términos no discriminatorios y apegado a los convenios de interconexión. Informó que resolvió además que Telmex carece de todo derecho para requerir a Cablevisión que realice pruebas en laboratorios a los equipos de telecomunicaciones como requisitos para concretar la interconexión.

Nota de Israel Rodríguez, La Jornada, 17 de noviembre.

Puede crearse una tercera cadena de tv sin cambiar la ley, asegura Cofeco

Con decisiones que no implican cambios a la ley, pero sí gran voluntad política, el Ejecutivo federal puede licitar la creación de una tercera cadena nacional de televisión abierta, así como asegurar la plena convergencia y obligar a Telmex a cumplir con la interconexión para abatir la falta de competitividad en el sector de telecomunicaciones, aseveró Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

El funcionario reveló que una iniciativa del PRD para incrementar las multas a las empresas que violen la Ley Federal de Competencia “desapareció” repentinamente cuando ya estaba lista para ser presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que todas las fracciones parlamentarias la aprobaron en la Comisión de Economía.

Al presentar una conferencia magistral en el foro El acceso a la justicia para los consumidores a través de acciones colectivas, cuando la politóloga Denis Dresser le preguntó qué decisiones claras y contundentes considera que podría tomar el presidente Felipe Calderón para fomentar la competencia en los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros, transporte y energía, el titular de la Cofeco aseguró que no se requieren cambios legislativos para crear una nueva cadena de televisión.

La respuesta de Pérez Motta priorizó una vez más el tema de las telecomunicaciones: “yo pondría en el lugar número uno la licitación de espectro para televisión abierta, de forma que se genere una tercera cadena nacional. Es una decisión con la que no se tiene que cambiar ninguna ley y mostraría gran voluntad política para hacer más eficiente el sector, ofrecer más opciones a los consumidores y reducir costos para las empresas en materia de publicidad. Eso es indispensable”, sentenció.

Demandó además “la aplicación de la ley; es algo que no deberíamos ni imaginar pedirlo pero, desafortunadamente, no ha sido el caso, porque hay operadores, como Telmex, que anuncian públicamente que no van a interconectar a una empresa porque no cumple la Ley de Inversiones Extranjeras, cuando no es regulador para decidir eso. Su obligación es interconectar. Punto. Y si no lo hace, la normatividad en la materia da lugar a la cancelación del título de concesión”.

Detenida, iniciativa para aumentar multas
En el foro organizado por la asociación Al Consumidor, Profeco y el ITAM, Pérez Motta insistió en que las sanciones que se aplican a los concesionarios que violan la Ley Federal de Competencia “son muy bajas”, y reveló que una iniciativa del PRD, que ya estaba lista para presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados para incrementar “radicalmente” las multas por violaciones a la ley, “desapareció por arte de magia y se desenlistó del orden del día; ya se imaginan los poderes que están detrás de esto”.

A la fecha, las multas por prácticas anticompetitivas se definen en salarios mínimos, pero la iniciativa del partido del sol azteca sustituía ese sistema de cálculo por otro basado en un porcentaje de las ventas o los activos de la empresa. Con la legislación vigente, una sanción máxima equivale a 0.075 de los activos de una empresa, y la propuesta de los legisladores la elevaba a 15 por ciento, abundó Pérez Motta a La Jornada cuando concluyó su conferencia.

Es una iniciativa que el titular de Cofeco ponderó como necesaria e importante, porque “el incremento de sanciones tiene un impacto disuasivo y coercitivo, debido a que haría que las empresas lo pensaran dos veces antes de violar las normas y a las autoridades les daría mucho más fuerza para atacar el problema”.

Refirió que en comparación con otros países, en México a los agentes económicos o empresas les resulta más rentable realizar una práctica anticompetitiva, porque las multas que les lleguen a imponer si los descubren tienen un costo muy bajo.

“Por actos monopólicos absolutos o colusión, en otras naciones se han impuesto sanciones por 6.7 mil millones de pesos a Microsoft o, recientemente, de 2.2 mil millones a Telefónica por no dar el acceso e incrementar costos a sus competidores. No son multas máximas, pero en México la más alta es igual a alrededor de 70 millones de pesos”, precisó.

Eso representaba un cambio radical en los castigos a las firmas, pero Pérez Motta acotó que “no siempre se aplican las multas máximas, porque todo depende de la sanción, capacidad económica de la empresa, del daño que ocasionó a los consumidores y al mercado, así como de cuánto duró, entre otros elementos que hacen que se modulen dichas sanciones”.

Dijo que los legisladores del PRD llevaban unos cuatro meses trabajando en la iniciativa, y por eso sorprende que de repente se haya detenido: “Me da la impresión de que los grandes grupos económicos no se habían dado cuenta de la iniciativa, y entonces pudo ser aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados porque PAN, PRD, PRI y todas las fracciones votaron en favor, pero hace dos semanas, cuando ya se iba al pleno, desapareció de pronto. Alguien detuvo esto”.

Aclaró que sólo a petición de la fracción del PRD Cofeco emitió una opinión sobre las multas, pero no estaba involucrada en la preparación de la iniciativa ni en el proceso que ésta seguía, hasta que hace unos días “simplemente vimos que se fue a la Junta de Coordinación Política de donde pasaría al pleno, pero se quedó ahí”. Sin embargo, confió en que “no está muerta”.

Nota de Susana González, La Jornada, 17 de noviembre.