Desde el Senado, AN dará la lucha contra el aborto y las bodas gay

Al instalar la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado, el panista José María Martínez, quien la preside, sostuvo que desde ahí luchará contra el aborto y la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo.

“Hoy no se tiene un concepto de familia jurídicamente. Los legisladores se han pronunciado por uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha metido por demás su criterio y, algunos estados (sic), como el Distrito Federal, han ido más allá –con la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo–, incluso a través de modas y tendencias”, destacó.

Martínez, senador por el estado de Jalisco, llamó a cerrar el paso a políticos y entidades, que están pensando más en modas y tendencias que incluso nos han llevado a pensar en la muerte.

El senador Martínez no pertenece a ninguna corriente política dentro de su partido, aunque fue muy cercano al grupo del secretario de Gobernación y ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Su formación es profundamente religiosa –incluso fue seminarista–, es muy cercano a congregaciones católicas y recientemente formó su propio grupo.

En su discurso, frente al presidente del Senado, Raúl Cervantes, el panista resaltó: No queremos el aborto. Queremos trabajar en función exactamente de la vida, esa es nuestra convicción, ese va a ser el reto y la agenda de esta comisión, subrayó.

Con este mensaje, el legislador arrancó un gran aplauso de los asistentes a la instalación de la comisión que presidirá. Entre los que festejaron el discurso se encontraba Jorge Serrano Limón, quien años atrás fue presidente de Provida y hoy dirige la organización Cultura por la Vida. También aplaudieron Raúl Cervantes, Jorge Luis Preciado, Lisbeth Hernández y Martha Palafox.

Preciado, coordinador de los senadores panistas, en entrevista al final del encuentro, dijo que hay versiones distintas sobre el aborto, “una es que el producto de la concepción es un ser humano y que está dentro de la madre y ella es sólo un vehículo para traerlo a la vida.

Y otra que dice que es parte de la madre, como si fueran las uñas y el cabello, y se lo puede cortar cuando quiera. El PAN defiende la primera, sostuvo Preciado.

No se puede decidir sobre el alma

Insistió el coordinador de los legisladores panistas, el PAN está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es un principio fundamental de la doctrina demócrata cristiana que sostiene el PAN, partiendo de un principio fundamental, que es la democracia como forma de vida y de convivencia, y cristiana por el principio de que somos cuerpos y alma, y se puede decidir sobre el cuerpo, pero no se puede decidir sobre el alma de las demás personas.

Preciado aseguró: No tenemos por qué pensar todos igual, por eso podemos salir a defender nuestros valores y el concepto familiar de la unión de un hombre y una mujer para la perpetuidad de la especie.

A su vez, Martínez abundó en su discurso que la importancia y reto fundamental de esta comisión reside en defender, fortalecer y trabajar por la familia que nos significa a todos los mexicanos. La familia desde el concepto de los lazos naturales que han predominado a lo largo de la historia y que ha resistido embates de la moda y tendencias. Ese concepto es el que hoy nos interesa y nos impulsa en esta comisión trabajar.

El legislador advirtió: Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan a la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. Queremos trabajar en función de la vida. Esa es nuestra convicción, eso es lo que nosotros vamos a ofrecerle a México y a todos los mexicanos. Hoy tenemos que volver de nueva cuenta a esos lazos naturales que han integrado ese concepto, esta comunidad de amor y de solidaridad.

Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 13 de junio.

Panistas crean comisión antiaborto en el Senado

El Senado de la República creó una comisión antiabortista, para la que, a decir de su presidente, el senador panista José María Martínez, el reto fundamental será  defender, fortalecer y trabajar por la familia tradicional.

Durante la instalación de la llamada Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, a la que asistieron el presidente del Senado, el priista, Raúl Cervantes, y Eva Leonor Cárdenas, directora general de Protección a la infancia, del DIF, Martínez enfatizó: “No queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de la vida, esa es nuestra convicción, es lo que vamos nosotros a ofrecerle a México y a todos los mexicanos”.

Martínez, oriundo de Jalisco, además criticó los fallos de la Suprema Corte en favor de los derechos de la mujer.

“Hoy la Corte ha emitido de más su criterio en términos de la familia”, dijo el senador, quien también criticó las decisiones de algunos entidades, como el Distrito Federal la que “ha ido más allá, ha ido incluso a través de modas, tendencias, tratando de adoptar este modelo de familia, sin que ello nos signifique a la mayoría de los mexicanos”.

El concepto de familia que le interesa y le significa a la Comisión trabajar es el de los lazos naturales, que ha predominado a lo largo de la historia  y que ha resistido embates de modas y tendencias.

En tanto, la senadora priista Lisbeth Hernández, quien es integrante de la nueva Comisión, expresó que “la historia nos enseña que una familia inicia con la unión, en amor, de un hombre y una mujer, decididos a preparar a sus hijos para que puedan enfrentar los retos de la sociedad”.

Enfatizó que gran parte de la proliferación de la delincuencia y la violencia en el territorio nacional se debe a que ya no se cuenta  con una buena educación y transmisión de valores y virtudes en el seno familiar, pues cada día crece el número de familias que se desintegran o son disfuncionales.

La Comisión, presidida por Martínez, está integrada por la senadora priista Lisbeth Hernández, el perredista Adolfo Romero, la pevemista  Ninfa Salinas y la petista Martha Palafox.

Cuestionado sobre la postura antiaborto de su correligionario, Jorge Luis Preciado, coordinador de la bancada panista y  presidente de la Junta de coordinación Política del Senado, señaló que el aborto es un debate donde se sostienen dos visiones: una, que si el producto de la concepción es un ser humano independiente y la madre sólo es un vehículo para traerlo a la vida, o, la otra visión, que  si es una parte de la madre, “como si fueran las uñas o el cabello, si se la puede cortar cuando quiera”.

Dijo que el PAN sostiene que “esa concepción, la unión de un espermatozoide con el óvulo genera un nuevo ser humano con vida propia y la madre es el vehículo que se utiliza para llegar a ver la vida, entonces no puede disponer de la vida de otro ser humano que está viviendo dentro de ella”.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 13 de junio.

Valida la Corte ley antiaborto de Oaxaca y Guanajuato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reformas a las constituciones de Oaxaca y Guanajuato, que protegen la vida desde el momento de la concepción.

Con ocho votos contra dos, el pleno del máximo tribunal declaró infundadas las controversias constitucionales 104/2009 y 62/2009, promovidas por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca y Uriangato, Guanajuato, quienes argumentaban que sus Congresos respectivos habían invadido sus esferas de competencia en materia de salud.

Y es que el Congreso de Oaxaca reformó el artículo 12 de su Constitución para, entre otros aspectos, garantizar y proteger el derecho a la vida, estableciendo la protección de la ley para todo ser humano desde el momento de la fecundación.

Para el municipio de Asunción Ixtaltepec, dicha reforma redefine el concepto de persona, viola el derecho a la igualdad y constituye una regresión para los derechos de las mujeres, pues impide el uso de métodos anticonceptivos y el acceder a la interrupción legal del embarazo.

Durante su ponencia, apoyada por la mayoría de los ministros, el ministro José Franco González Salas propuso declarar infundada dicha controversia “porque las violaciones a derechos humanos que en ellos se reclaman, no pueden combatirse a través de la figura de la controversia constitucional porque estos agravios no contienen ningún reclamo enderezado a evidenciar una violación a esferas competenciales”.

Los ministros Carlos Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que votaron en contra del proyecto, consideraron necesario entrar a la discusión, pues se afectan derechos fundamentales.

En lo que respecta al municipio Uriangato, argumentó que con la reforma al artículo 1 de la Constitución de Guanajuato, en la que se define que una persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, se invadía su esfera en materia de salud, salud sexual, salud reproductiva y atención en casos de violencia de género.

Del mismo modo, el pleno de la Suprema Corte concluyó que no se habían dado tales invasiones de competencia, motivo por el que declaró infundada la controversia.

Dennis A. García, La Crónica, 3 de mayo.

Avala Corte reforma antiaborto en Oaxaca y Guanajuato

La Suprema Corte de Justicia validó ayer las reformas a las Constituciones de Oaxaca y Guanajuato, que reconocen el derecho a la vida desde la fecundación.

Cinco de los nueve Ministros que participaron ayer en el pleno de la Corte declararon infundadas las controversias que presentaron los municipios de Ixtaltepec, en Oaxaca, y en Uriangato, Guanajuato, contra las reformas antiaborto aprobadas en 2009 en sus respectivos Congresos.

La mayoría de los integrantes del pleno coincidió en que los Ayuntamientos no tienen competencia en materia de salud reproductiva para impugnar las reformas de Congresos estatales, como lo pretendieron en este caso.

Acotaron que la reforma impugnada no afecta la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, las cuales son obligatorias para los Municipios, como es el caso del suministro de la píldora de emergencia a mujeres víctimas de violación.

Los Ministros Arturo Zaldívar y Fernando Franco, ponentes de ambos casos, plantearon proyectos a favor de los Municipios, desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos de las mujeres y la invasión a la esfera de atribuciones de los Ayuntamientos.

Sin embargo, en opinión de otros Ministros como José Ramón Cossío, este no es un tema de derechos humanos, sino de competencias legales donde los Estados no pueden dejar de aplicar las NOM de la Secretaría de Salud y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Recordó que en 2009, el Gobierno de Jalisco presentó una controversia constitucional contra la NOM 046, sobre la píldora del día siguiente, con el argumento de que la norma violaba la Constitución Estatal, recurso que la Corte desechó por infundado.

De acuerdo con Cossío, concederles en este momento la razón a los Ayuntamientos traería un efecto contraproducente, pues daría lugar a que otros Municipios impugnaran las NOM en esta materia y eso sí significaría un retroceso.

"Considerar fundado el argumento del Municipio, generaría justo lo que se pretende evitar; es decir, una regresión de los derechos fundamentales reproductivos de las mujeres, cuando reconoce que la Constitución local les impide el uso de ciertos medios anticonceptivos y el acceso a la píldora de emergencia, o aun a la interrupción del embarazo en casos de violación y de otras causales de no punibilidad del delito del aborto", dijo Cossío.

"En este sentido la declaratoria de la invalidez de la norma sería equiparable a una actitud paternalista por parte de la Suprema Corte para los Municipios a quienes parecería que no se les reconoce la posibilidad de participación programática en las políticas estatales y nacionales de salud".

Los Ministros Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls Hernández no votaron ayer en el pleno. La primera porque no asistió a la sesión y el segundo por ausentarse al final del debate.

Abel Barajas, Reforma, 3 de mayo.

Aún pueden impugnarse ante la CIDH las legislaciones de 2009: activistas

ntegrantes de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir (CNDD) manifestaron que aun cuando no ganaron la batalla contra la ley antiaborto, a causa de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los argumentos de los ministros dan lugar a que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) genere jurisprudencia con la que se puedan impugnar las reformas constitucionales antiaborto, aprobadas en 18 estados del país en 2009.
Ana María Hernández, de la asociación Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca, también integrante de la CNDD, manifestó que los posicionamientos de los ministros refuerzan temas en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, entre ellos el de garantizarles el acceso a los servicios de salud.
Destacaron que es relevante que hayan abordado la “universalidad” de la definición respecto del momento de la concepción de la vida, relacionado con el derecho a la vida; “sobre ello, la CIDH considera que la vida no se da en el momento en que ocurre la fecundación del óvulo, sino cuando se implanta en el útero.
“Esto es muy importante –subrayó– porque la Corte Interamericana genera jurisprudencia y hay obligatoriedad de los países que han reconocido leyes internacionales, entre ellos México, a reconocerla, por lo cual se podrían impugnar las constituciones de las entidades que legislaron el derecho a la vida a partir de la fecundación, aunque habría que estudiar el procedimiento”.
Hernández destacó a La Jornada que otro debate tiene que ver con las competencias de los municipios cuando se trata de atender los derechos reproductivos de una mujer y el acceso a la salud. Por ejemplo, “para el caso de Oaxaca, con 570 municipios, los ministros sí le confirieron peso al municipio para que provea de los servicios de salud a las mujeres de acuerdo con la observancia de las normas oficiales, entre ellas la 046 que atiende el tema del aborto por violación, el suministro de la píldora del día siguiente, y la anticoncepción de emergencia, cuando está en riesgo la salud de la mujer. Por tanto, los argumentos en favor del género quedaron reforzados”. Seguiremos dando la pelea, dijo, porque no puede ser que el derecho a la vida del no nacido se sobreponga al de las mujeres, pues ganamos argumentos: la Corte entró al fondo del debate y se ratificaron principios que favorecen los derechos del género.
La activista lamentó la ausencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien “probablemente hubiera votado en favor del proyecto que presentó el ministro Fernando Franco”.
Aparte, Elsa Conde, de la Colectiva Ciudad y Género, apuntó que el debate en la Corte deja claro que las reformas a las Constituciones locales se hicieron sin escuchar a la sociedad y sin pensar en los efectos que tendrían para las mujeres.

Elizabeth Velasco, La Jornada, 3 de mayo.

Declara la SCJN válidas las reformas antiaborto de Oaxaca y Guanajuato

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, por cinco votos contra cuatro, la validez de las reformas constitucionales de Oaxaca y Guanajuato, aprobadas en 2009, que “reconocen, protegen y garantizan el derecho a la vida desde el momento de la fecundación”.
Los ministros desecharon ayer las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato, en la que los ayuntamientos alegaban que la legislación antiaborto afectaba el ámbito de competencia de las autoridades municipales de salud, al impedirles cumplir las normas oficiales mexicanas (NOM) en caso de agresiones sexuales en contra de mujeres y con respecto a su obligación de ofrecer servicios de salud reproductiva y planificación familiar.
Con la ausencia de Olga Sánchez Cordero en la sesión y de Sergio Valls Hernández –quien salió del salón de sesiones al momento de la votación–, los ministros Fernando Franco, Juan N. Silva Meza, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar votaron por dar la razón al municipio oaxaqueño y por invalidar la norma antiaborto.
Luis María Aguilar aseveró que si la Constitución general de la República no define el momento a partir del cual inicia la vida, “no puede hacerlo una Constitución de un estado de la Federación”, porque los derechos fundamentales “no pueden atender a situaciones políticas o sociales particulares y, por tanto, no dependen de la particularidad de los estados”.
El ministro presidente Juan N. Silva Meza agregó que el artículo 12, párrafo sexto de la Constitución de Oaxaca, que “configura un derecho a la vida desde la fecundación y reputándolo como nacido para todos los efectos legales”, excedía los máximos de protección previstos a nivel federal”, genera inseguridad respecto del ejercicio de las facultades y “obstaculiza las atribuciones municipales” respecto de la observancia obligatoria de la NOM que unifica a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para prestar los servicios de salubridad general a escala nacional.
Fernando Franco recordó que entre los compromisos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos destaca el criterio establecido por la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual señala que “hay concepción en el momento en que el óvulo fecundado se implanta en el útero y no antes”, por lo que “no puede alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos”.
Franco, quien proponía en su proyecto invalidar la reforma antiaborto, cuestionó a sus compañeros que consideraron que el municipio oaxaqueño no tenía facultades para alegar la invasión de competencias y criticó a Cossío, quien argumentó que “si no hay expresamente derivado de la Constitución una competencia municipal, luego entonces no puede haber una invasión de competencias”.
La mayoría desestimó los argumentos de Franco, quien advirtió que al considerar las Constituciones oaxaqueña y guanajuatense el derecho a la vida desde la fecundación, evidentemente “cualquier acción que prive de la vida al cigoto tiene consecuencias jurídicas muy importantes y con ello responsabilidades”.
Después de una intensa discusión, los ministros validaron la reforma de Oaxaca, y como el caso de Guanajuato era prácticamente el mismo, el desechamiento de la segunda controversia fue cuestión de trámite.
José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán consideraron que la controversia constitucional no era el modo idóneo para impugnar la norma antiaborto ydesecharon que fuera el medio para defender los derechos humanos, en este caso de las mujeres.

Jesús Arada, La Jornada, 3 de mayo.

Aspiran a reponerla

QUERÉTARO.- El presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado, el diputado panista Germán Borja García, anunció ayer que buscarán reponer el procedimiento legislativo para validar la denominada "ley provida" que ayer invalidó la Suprema Corte de Justicia.

"Vamos a esperar a ver cómo viene la resolución de la Suprema Corte y sobre eso ponernos a trabajar, a ver si se puede retomar el procedimiento, vamos a intentarlo", dijo el legislador.

El panista reconoció que el proceso de aprobación fue irregular y lo atribuyó a que la pasada legislatura estaba terminando el periodo de sesiones.

No obstante, defendió la esencia de la reforma.

"Respeto lo que dicen, pero creo que la mujer, tanto de su salud y de su cuerpo es dueña propia, y por ley tiene derecho a cuidarlas, pero determinar la vida es muy difícil",dijo.

Fernando Paniagua, Reforma, 30 de abril.

Invalida Corte ley antiaborto de Querétaro

La Suprema Corte de Justicia invalidó ayer una reforma Constitucional del Estado de Querétaro mediante la cual, en 2009, se estableció la protección a la vida desde el momento de la concepción.

Los ministros de la Corte determinaron que el procedimiento legislativo fue irregular.

Por 8 votos contra 3, el máximo tribunal invalidó el cuarto párrafo del artículo Segundo de la Constitución estatal, que señala: "el Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación, como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta la muerte".

Los ministros detallaron que la reforma, después de ser votada en el Congreso estatal, sólo había recibido el visto bueno de dos Municipios cuando fue publicada el 18 de septiembre de 2009, no obstante que se requería la aprobación de al menos 12 de los 18 Ayuntamientos.

"De ninguna manera la votación que se emitió por los Ayuntamientos, una vez que la iniciativa fue aprobada por la Legislatura tiene la mayoría de dos terceras partes, esta sí me parece una violación muy grave, una confusión muy seria", argumentó el ministro José Ramón Cossío.

Fernando Franco, autor del proyecto de sentencia, detalló que sólo los municipios de Corregidora y San Juan del Río habían aprobado la reforma, mientras que Arroyo Seco se había pronunciado en contra y se ignoraba la postura de los otros 15.

Una vez publicada, la reforma fue impugnada por Arroyo Seco, y, en teoría, la sentencia dictada por la Corte en esta controversia sólo debería tener efectos para ese Ayuntamiento, no para todo el Estado.

Sin embargo, varios ministros se manifestaron a favor de darle efectos generales a la resolución, ya que los vicios en el procedimiento legislativo llevan a considerar que la reforma, en realidad, nunca fue debidamente aprobada.

"No podemos decir que afecta sólo a un municipio, afecta a todos por la propia naturaleza de la violación", dijo la ministra Margarita Luna Ramos.

"Para mí tendría que ser un efecto general, porque lo que se está diciendo es que la reforma constitucional estatal no tiene realmente existencia porque se hizo en contra de las normas procesales correspondientes", agregó Luis María Aguilar.

Cossío detalló que el Congreso de Querétaro quedaría con libertad de reponer el procedimiento legislativo a partir de la etapa de consulta entre los Municipios del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, o en su defecto, tomar la decisión política de ya no volver a discutir el tema.

Los efectos de la sentencia serán aclarados por la Corte en su sesión de este martes.

Al menos 18 estados aprobaron entre 2008 y 2009 reformas Constitucionales similares a la de Querétaro, y, en septiembre de 2011, la Corte no alcanzó la votación necesaria para invalidar los cambios en San Luis Potosí y Baja California.

Ahora, además del caso de Querétaro donde la invalidez se declaró por razones de procedimiento, la Corte tiene pendientes los de Oaxaca y Guanajuato, donde las reformas también fueron impugnadas por municipios que alegan invasión a su esfera de atribuciones en materia sanitaria y de acceso a métodos de planificación familiar como la píldora anticonceptiva de emergencia.

Victor Fuentes, Reforma, 30 de abril.

Celebran organizaciones decisión de la Corte; “hubo un poco de sensatez”

Representantes de organizaciones sociales celebraron la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invalidar la reforma constitucional local sobre el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
Alejandra Martínez Galán, de la Asociación Queretana para las Sexualidades Humanas, indicó que la decisión de los ministros representa “que hubo un poco de sensatez”, pues luego de más de tres años de insistir en que los legisladores locales violaron los derechos de las mujeres, sus peticiones fueron tomadas en cuenta mediante una controversia constitucional.
Por su parte, integrantes de la Red de Organizaciones Sociales con Perspectivas de Género por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, integrada por siete organizaciones, consideraron que la decisión de la SCJN constituye un logro por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Confiaron en que la invalidez se extienda a todo el territorio de Querétaro, al reanudar los ministros el análisis durante la sesión prevista para este martes. Destacaron que la legislación local sólo permite dos excepciones para no sancionar a quien incurre en un aborto: cuando el embarazo es producto de una violación o si ocurre por imprudencia de la madre.

Mariana Chávez, La Jornada, 30 de abril.

Se violó el proceso legislativo para aprobar norma antiaborto: SCJN

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer la invalidez del artículo de la Constitución de Querétaro que “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación”.
En votación dividida (ocho votos a tres) los ministros resolvieron lo anterior al considerar que el Congreso queretano incurrió en graves irregularidades durante el proceso legislativo de reforma constitucional para aprobar la norma antiaborto que considera al producto de la fecundación “como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte”.
Los ministros de la SCJN consideraron que esa falta era suficiente para dejar sin efecto el artículo impugnado, sin entrar a analizar el fondo de la demanda que tenía que ver con la violación a la esfera de competencias del ayuntamiento.
El municipio argumentó que además de la violación al procedimiento legislativo, el artículo impugnado afectaba su esfera de competencia y le impedía aplicar la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas 046/2008 y 005/2007, que obligan a las autoridades municipales a atender el tema de la planificación familiar, el desarrollo de políticas de salud reproductiva, así como la distribución y suministro de anticonceptivos, incluida la píldora del día siguiente, la colocación de dispositivos intrauterinos y el suministro de anticonceptivos de emergencia en caso de violación.
Al determinar que se violó el procedimiento legislativo, los ministros ya no discutieron el tema de la esfera de competencia del ayuntamiento. Sin embargo, ante la falta de acuerdos sobre los efectos de su decisión, resolvieron posponer para este martes la resolución definitiva.
De acuerdo con lo dicho ayer en la sesión pública, los efectos de esta controversia constitucional que presentó el municipio de Arroyo Seco en contra del Congreso queretano podrían ser las siguientes: La invalidación general de la norma, para que deje de aplicarse en todo el estado o que deje de aplicarse exclusivamente en el municipio de Arroyo Seco.
En este contexto, José Ramón Cossío precisó que la Corte tendría que ordenar al Congreso de Querétaro “la reposición del procedimiento, a efecto de que los legisladores reinicien el proceso legislativo” y que los legisladores consulten de nueva cuenta a los municipios para saber si están de acuerdo con el cambio constitucional que prohíbe el aborto en la entidad.
Y si resulta que al menos 12 municipios dan su aval a dicha ley, entonces sí, la norma entre en vigor.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso que los efectos de la sentencia sean “relativos”, es decir, que sólo se apliquen en Arroyo Seco.
Los ministros que votaron por la invalidez de la norma fueron: el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Sergio Valls.
Por el desechamiento de la demanda votaron Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán, quienes cuestionaron desde un inicio la legitimación del municipio para demandar, vía controversia constitucional, la ley antiaborto.

Jesús Aranda, La Jornada, 30 de abril.

Invalida la Corte prohibición del aborto en Querétaro

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declararon inválida la  reforma constitucional del estado de Querétaro -—promovida en septiembre de 2009—, en la que los legisladores prohibieron el aborto, al haber incluido el reconocimiento del derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno del máximo tribunal invalidó la reforma del Congreso queretano, debido a irregularidades que existieron durante la aprobación de la reforma al artículo segundo de la Constitución estatal.

Por lo mismo, los ministros no entraron al análisis de fondo sobre el tema del aborto ni del uso de anticonceptivos como la "píldora del día después", que se veían afectados con dichas modificaciones.

El municipio de Arroyo Seco, a principios del 2009, presentó la controversia constitucional con la reforma, que señala:

"El estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación con un bien jurídico tutelado, y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte".

La Corte revisó el caso bajo el número de expediente 89/2009 y el proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas.

La Crónica, 30 de abril.

No avalar plan contra aborto, piden a Iglesia

El presidente de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Eduardo Santillán, hizo un llamado a la Arquidiócesis de México para que no avale la intervención de activistas colombianas en la ciudad de México en contra de la interrupción legal del embarazo (ILE), porque, de acuerdo con las leyes mexicanas, las manifestaciones políticas están reservadas a los ciudadanos mexicanos.
“La legislación mexicana es muy clara en lo que se refiere a que los eventos políticos están restringidos a los ciudadanos mexicanos. De igual manera, los ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país no pueden participar en reuniones de carácter político. La sanción que fija precisamente el artículo 33 de la Constitución es la salida inmediata del país”, dijo en referencia a las activistas colombianas que participaron en un mitin contra la ILE afuera de la ALDF el pasado 23 de abril.
Indicó que corresponde a la ALDF dar vista a la Secretaría de Gobernación, dependencia que observa el estado de los extranjeros en México, “para conocer la condición en la cual ingresó esta persona a nuestro país, así como cuál es la visa que tiene”.
La ciudadana colombiana María Eugenia Rodríguez de Olarte participó como promotora del apostolado Consoladores de Guadalupe el pasado 23 de abril en un mitin organizado por el Movimiento Social Católico Unión de Voluntades en el que también intervinieron monjas de la congregación Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote con sede en Tulpetlac, estado de México, y las agrupaciones Preciosima Sangre de Cristo y Cofradía Nacional del Santo Rosario, para exigir la derogación de la ILE.
“De origen colombiano, María Eugenia Rodríguez de Olarte se encuentra de visita en nuestro país para promover un apostolado que, desde su punto de vista, debe nacer aquí, donde la madre de Dios, en su advocación de Guadalupe, decidió habitar; pero además, porque México ha destacado en el contexto internacional, gracias a su lucha en favor de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural”, advierte el semanario católico de información y formación Desde la Fe, en su edición del 14 de abril de 2013.
Interrogado sobre los comentarios de algunos de esos manifestantes, en el sentido de que la senadora panista Mariana Gómez del Campo impulsa ese tema en la agenda legislativa, el diputado panista Orlando Anaya, quien se manifestó por derogar la ley que autoriza la ILE, dijo: “Yo desconozco si ella impulsa esa propuesta, pero lo que sí me queda claro es que una persona comprometida con la agenda de vida, que sin duda desde la cancha del Senado de la República sí existe la posibilidad de promover este esfuerzo para blindar a la vida, seguramente lo podría estar haciendo”.
Sobre las organizaciones que se manifestaron ayer en contra de la ILE, dijo que “el Partido Acción Nacional tiene una afinidad muy clara; la causa que nos une es la de la vida y yo te lo puedo decir sin ningún empacho”, indicó.
Añadió que organizaciones como la Red Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia “buscan incidir en proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y traen una agenda en defensa de la familia”.

Bertha Teresa Ramírez, La Jornada, 29 de abril.

SCJN analiza una controversia por el aborto en Querétaro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en el análisis de la controversia promovida por el municipio de Arroyo Seco, contra el Legislativo y Ejecutivo de Querétaro, para demandar la invalidez del párrafo 4 del Artículo 2 de la Constitución Política local.

En dicho artículo se determina la protección de la vida desde el momento de la fecundación.

En la audiencia pública de este jueves, los ministros analizaron si era procedente analizar el asunto, toda vez que la controversia constitucional es contra del citado párrafo de la ley queretana, publicado en el 18 de septiembre de 2009.

Dicho párrafo señala que "El estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte".

Sin embargo, el Congreso de Querétaro modificó el 23 de marzo de este año el Artículo 4 de su constitución local, por lo que el párrafo que se refiere a la protección de la vida desde el momento de la fecundación pasó a conformar el 5 párrafo del 2 Artículo de la constitución de esta entidad.

En este caso, los ministros realizaron una primera votación del tema, para determinar si la nueva publicación del artículo, era un acto legislativo nuevo, por lo que correspondería el sobreseimiento del asunto, o bien, era el mismo acto que era reclamado por el municipio de Arroyo Seco.

Los ministros realizaron una votación, donde por mayoría de ocho votos se determinó que el hecho de haber cambiado de cuarto a quinto párrafo, la norma referida no es un acto nuevo por lo que debe de revisarse el asunto, mientras que los otros tres ministros votaron por el sobreseimiento del caso.

Al respecto, el ministro ponente, José Fernando Franco González Salas, señaló que el párrafo impugnado no sufrió ninguna modificación, sólo se recorrió en su orden, lo que se señala en publicación oficial de Querétaro y en el proceso legislativo no se encontró ninguna parte, ni de la iniciativa, ni de los trabajos legislativos, que se refirieran en particular a este tema.

El Universal, 26 de abril.

Admite la SCJN impugnación a la ley antiaborto de Querétaro

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría (ocho a tres) admitir la controversia constitucional que presentó el municipio de Arroyo Seco en contra de la ley antiaborto, aprobada por el Congreso de Querétaro en 2009.
Ayer, después de una intensa discusión, los ministros consideraron que una reciente reforma al artículo segundo de la Constitución queretana no representa “un nuevo acto legislativo” y que, por tanto, la Corte estaba en condiciones de conocer el fondo de la demanda en la que se impugna el párrafo que dice:
“El estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte.”
Y es que, el pasado mes de marzo, el congreso local reformó el artículo segundo para incluir las nuevas disposiciones en materia de juicios orales, por lo que el párrafo impugnado fue recorrido sin ninguna modificación.
La minoría –integrada por Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo– afirmó que eso significaba “un nuevo acto legislativo”, que procedía “sobreseer” el asunto y esperar a que el ayuntamiento quejoso presentara una nueva demanda.
Sin embargo, la mayoría –Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar y Sergio Valls Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Fernando Franco, quien elaboró el proyecto de dictamen– estableció que no hubo tal procedimiento legislativo, que simplemente hubo un cambio en el orden del artículo y que, por tanto, lo que procedía era entrar al fondo de la demanda.
El municipio quejoso argumenta que si bien la vida es un bien jurídico tutelado y reconocido por la Constitución mexicana, conferir al no nacido el carácter de una persona titular de derechos hace una debida interpretación del concepto de persona.
El derecho es siempre pro homineTambién sostiene que el derecho es siempre pro homine, es decir, a favor del hombre, dado que la norma jurídica sólo se crea por el humano y únicamente regula al humano, por lo que debe ponderarse la ley en favor de la persona nacida y no de un ser que aún no puede llamarse persona y que la norma referida contraviene el principio de laicidad del Estado, porque impone una visión dogmática de una creencia particular como norma general.
Además de que, asegura la demanda, viola los derechos de salud y vida de las mujeres, su derecho a decidir los hijos que deseen tener y viola el mandato de no discriminación.
La demanda argumenta que la legislación viola los derechos de salud y vida de las mujeres, así como la esfera de competencia del municipio en materia de salud, ya que le impide repartir gratuitamente anticonceptivos de emergencia (píldora del día siguiente), el uso de métodos anticonceptivos y lo limita en su obligación de impartir educación sexual y salud reproductiva.
La controversia constitucional sostiene que la norma viola la Ley General de Salud y al imponerle al municipio las “cargas administrativas” para el seguimiento e instalación de registros de “fecundados”, que se traduce en una limitación presupuestaria en materia de salud.
La discusión seguirá el próximo lunes.

Jesús Aranda, La Jornada, 26 de abril.

Critica la Arquidiócesis regreso de diputados que apoyan el aborto

La Arquidiócesis Primada de México, criticó que en la actual legislatura de la Asamblea del Distrito Federal "regresaron muchos de diputados que favorecen la cultura de la muerte en nuestra ciudad" y que son parte de un conglomerado de falsos liberales que dicen proteger la vida.

Se recordó que el pasado 28 de diciembre pasado como regalo de los "Herodes modernos", en pleno Día de los Inocentes en los que recordamos el terror que se vivió en tiempos de Jesús con la aniquilación por decreto de los recién nacidos, así los diputados de la ALDF no sólo no rectifican en su perversa legislación, sino que se regodean aprobando por unanimidad castigar "el maltrato animal".

La premisa, dicen, es el respeto a la vida de los animales, por lo que crearon un delito que dice que quien causa la muerte por maltrato o crueldad a un animal puede tener hasta 4 años de prisión y (o sea obligatoriamente) hasta 400días de multa. Pero qué mundo tan al revés de nuestros flamantes diputados, pues matar un niño en gestación no lleva a más de 6 meses o un ratito de trabajo a la comunidad y maltratar animales hasta 4 años de cárcel y aparte la multa.

Al respecto, en el editorial "Para la ALDF vale más la vida animal que la humana, del Semanario Desde la Fe, se recordó que hace dos legislaturas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), impunemente decidió "despenalizar el aborto" antes de las 12 semanas de gestación,  desoyendo la voz y el clamor ciudadano para que se protegiera la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, permitiendo así que se mate al ser humano en el vientre de su madre sin castigo alguno para su verdugo.

Luego hipócritamente reconoce la Vida Humana como bien jurídico tutelado y establece que hay delito de aborto si alguien mata a un niño en el vientre de su madre a partir de las 13 semanas de gestación, lo cual se estipula en el artículo 145 del Código Penal para el D.F., que  prevé sanciones mínimas a escoger de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a la comunidad para la mamá que decida terminar con la vida de su hijo a partir de las 13 semanas de embarazo hasta antes de que nazca, es decir cuando decida abortar.

En estos dos temas, la Arquidiócesis, lamentó que para los diputados de la ciudad de México, sea más valiosa la vida animal que la vida humana, ya que con base en sus leyes es más castigado a quien maltrate a un animal, que a quien practique un aborto.

Así pues, estamos de acuerdo que toda vida debe de ser respetada, pero no deben olvidar nuestros legisladores que tener más compasión por la vida animal que por la vida humana, se convierte claramente en un acto de deshumanización.

Cecilia Higuera, La Crónica, 7 de enero.

Critica Arzobispo a Ssa por promoción de aborto

LEÓN.- Por considerar que el aborto es un homicidio, el Arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, reprobó que la Secretaría de Salud (Ssa) difunda información en las escuelas sobre la interrupción legal del embarazo mediante una campaña para prevenir la trata de personas.

"El aborto es siempre, indudablemente, un asesinato de un ser humano. Puede la legislación hacerse permisiva, pero en el aspecto moral nadie podrá evitar que al aborto se le llame como lo que es: un homicidio", señaló a pregunta expresa.

REFORMA publicó el fin de semana que la Ssa difunde en las escuelas la interrupción legal del embarazo a través de una campaña para prevenir la trata de personas en historietas al estilo del "Libro Vaquero.

Sin embargo, Martín Rábago destacó que la palabra de Dios es no matarás.

"La palabra de Dios es clara: no matarás, de tal manera que es una solución que en el fondo va muy a tono en el estilo de una cultura que solamente quiere quitar los efectos y no quitar las causas", comentó el religioso.

"¿Por qué hay las necesidad de favorecer los abortos?, ¿Y por qué se invita a que de alguna manera se legalice?, porque no se quiere entender en el fondo que el problema requiere educación, educación para que se tenga un uso responsable y adecuado de la sexualidad".

El prelado insistió en que la base para evitar abortos es la educación.

"(La educación) es la verdadera raíz de los problemas, pero se pretende encontrar soluciones que a lo mejor pueden resultar más cómodas, quitar las consecuencias de una sexualidad que muchas veces es irresponsable", insistió.

El Arzobispo de León comentó que el aborto no se puede justificar.

"No se puede justificar, no se puede remediar un daño haciendo otro daño. Que haya tratas de personas es grave, que haya mujeres que sean sometidas a este tipo de comportamientos es indudablemente algo que no podemos sino reprobar, pero superar el problema acudiendo a lo que dije es un homicidio, no puede ser", señaló.

"Quizá en el fondo alguna persona pueda decir: qué va hacer una mujer que ha sido violada, que ha sido sometida a ese tipo de tratamientos, es algo muy dramático, yo lo comprendo, pero pudiéramos pensar que pudiera ser dado en adopción una criatura que es concebida en estas situaciones. Habrá instituciones, personas que estarían dispuesta acudir a la adopción, pero buscar la solución en un asesinato no es, desde un punto de vista integral, una respuesta adecuada", dijo.

 
 
 
Controversia
 
En la historieta de la Ssa, una joven de 15 años logra escaparse de una red de trata de personas, pero descubre que está embarazada. La mujer es atendida en un hospital en donde le practican la "interrupción legal de su embarazo".


Jorge Escalante corresponsal, Reforma, 6 de agosto.

Polemizan por aborto

Por separado, las candidatas a la Jefatura de Gobierno Isabel Miranda de Wallace y Beatriz Paredes plantearon sus posturas sobre el tema del aborto.

Ante integrantes del Consejo Inmobiliario Mexicano, la candidata panista propuso la creación de un programa social que dé manutención y atención médica a las madres adolescentes durante los nueve meses de embarazo con opción a dar a los bebés en adopción, para evitar el aborto.

"Es importante que la gente que ya se embarazó tenga el acompañamiento de esta institución, de este programa, les pague todos sus gastos, las cuide en todo su embarazo, les dé la atención médica y las personas que después de tener a su bebé no quieran conservarlo lo puedan dar en adopción y cambiemos la forma en que se a en adopción porque hoy por hoy es muy problemático, muy burocrático y creo que muchos niños prefieren estar en un hogar que en una institución", precisó Miranda de Wallace.

Durante un desayuno con 50 integrantes del Consejo Inmobiliario Mexicano, señaló que el aborto no es un tema importante en el DF, pues es más prioritaria la pobreza y la desigualdad de oportunidades.

Pese a ello, se pronunció por la defensa de la vida y el uso de métodos anticonceptivos para controlar la natalidad.

"Se les pagaría a ellas, desde el momento que ellas acudan a este programa y digan 'estoy embarazada y no lo quiero tener porque no tengo dinero', que tengan otra opción de decir el Gobierno se hace cargo de todo tu embarazo, toda la manutención durante nueve meses, te pague el hospital y después que tengas a tu bebé si lo quieres conservar, te vamos a dar tres meses para que puedas conseguir empleo y te vamos a dar guardería para que puedas tener a tu bebé bien cuidado y si tu decides no conservarlo lo puedas dar en adopción", detalló.

El programa sería manejado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Aunque, la candidata aclaró que respetará la Ley de la Interrupción del Embarazo y no promoverá su derogación.

"Lo que sí me interesa es darle otra alternativa a las jóvenes", enfatizó.

Por otra parte y ante estudiantes del Tec de Monterrey campus Ciudad de México, Beatriz Paredes aseguró que siempre ha estado a favor de la interrupción legal del embarazo.

Al participar en un foro con estudiantes de distintas carreras, Paredes fue cuestionada por Arely Rojas, de Ciencia Política, la supuesta actitud que tomó en contra del aborto legal cuando era presidenta del CEN del PRI.

Con semblante serio, Paredes recapituló el episodio cuando la Asamblea Legislativa del DF aprobó la reforma a la Ley de Salud, y pese a que en el PRI había posturas encontradas, ella, dijo, siempre ha sido una liberal y demócrata.

"Ahora yo ratifico, como mi posición personal, estoy convencida de que las mujeres tienen el derecho de ejercer la libertad sobre su cuerpo", dijo Paredes.

En ese sentido, reconoció que como dirigente del PRI debía asumir una postura institucional, sin embargo, pese a ideas encontradas ella siempre ha defendido la liberalidad.


Lorena Morales y Oscar del Valle, Reforma, 4 de mayo.

Guanajuato: aspirantes de PRI y PAN vetan el tema del aborto

León, Gto., 29 de abril. Durante el periodo para realizar campaña, los candidatos del PRI y el PAN a la gubernatura excluyeron de sus plataformas electorales los derechos reproductivos de las mujeres y la despenalización del aborto en Guanajuato. Sólo él aspirante del PRD contempló el tema y la derogación de la ley antiaborto.

En entrevista con La Jornada, el abanderado del tricolor, Juan Ignacio Torres Landa, dijo que no es prioridad para él la despenalización del aborto, la reglamentación de la interrupción del embarazo en caso de violación o derogar la reforma constitucional que considera persona a un óvulo fecundado.

Añadió que hay una idiosincrasia muy clara en el estado que se encuentra en la médula de las guanajuatenses yno voy abordar ese tema en campaña, ni en el ejercicio de mi gobierno.

También en entrevista, el candidato a la gubernatura por el albiazul, Miguel Márquez Márquez, puntualizó que el aborto seguirá penado en Guanajuato y continuará con restricciones la distribución de la píldora de emergencia en el sistema estatal de salud.

Estoy en favor de la vida, y despenalizar el aborto es una decisión que en su momento determinará el Congreso, no el gobernador, sostuvo.

En tanto, el candidato del sol azteca, Arnulfo Montes de la Vega, dijo que los derechos reproductivos y la interrupción del embarazo no es un asunto de religión, creencias o ideologías; es un asunto de derechos sociales de las mujeres y de salud pública.

Montes de la Vega aseguró que como gobernador impulsará una reforma para modificar el artículo primero de la Constitución, el cual en 2009 fue reformado por el Congreso local para darle derechos de una persona al óvulo fecundado.

En el estado no es punible el aborto en caso de violación, pero no está reglamentado; incluso se registraron casos como el de Sandra (publicado por La Jornada en 2009), que fue amagada con ser encarcelada si interrumpía su embarazo, producto de un ataque sexual.

Carlos García, La Jornada, 30 de abril.

Infructuosa, reunión de candidatos con la CEM

Al acudir ante los dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para exponer sus propuestas, los candidatos presidenciales le dan un peso desproporcionado al clero, en búsqueda de captar un voto católicoque en realidad no existe, afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales, quienes llamaron a los partidos a comprometerse con la profundización de los derechos básicos ciudadanos, y no con los intereses particulares del alto clero.

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dio a conocer una encuesta reciente elaborada por el colectivo, que revela que 70 por ciento de las personas rechaza que los ministros de culto ocupen cargos públicos; 66 por ciento se opone a que controlen medios de comunicación, y 59 por ciento a que puedan dar clases en escuelas públicas.

Lo anterior demuestra, subrayó, que hay un avanzado proceso de secularización entre la sociedad mexicana, por lo que reunirse con el clero para tratar de comprar el voto de los católicos es una medida infructuosa.

Alfonso Suárez del Real, de la organización República Laica, indicó que en los años recientes hemos vivido una avalancha de privilegios proclericales insufribles, entre ellos la modificación del artículo 24 constitucional, y la postración del jefe del Ejecutivo y los candidatos presidenciales al papa Benedicto XVI.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 21 de abril.

Deja a estados definir aborto

Tras comparecer ante obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Enrique Peña Nieto delegó ayer a los estados la decisión de legalizar el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

"El tema de la legalización tiene que ver con la idiosincrasia y condición de cada entidad, y está sujeta a la definición que tome la representación social de cada estado.

"En lo que sí he sido muy claro es en no criminalizar esta práctica y que no puede criminalizarse a la mujer que, eventualmente, tome la decisión de la práctica del aborto. Estoy más en lo personal en favor de la vida y de medidas de carácter preventivo y educativas que favorezcan a la vida", expuso el abanderado presidencial del tricolor.


Osvaldo Robles, Reforma, 20 de abril.