Muy cuestionable, la determinación de la juez respecto a Presunto culpable, dice Álvaro Lozano

Guadalajara, 1º de abril. El director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Álvaro Lozano González, dijo sobre el ultimátum de 24 horas que la juez Blanca Lobo Domínguez dio a la Secretaría de Gobernación para cumplir la orden de difuminar el rostro de Víctor Daniel Reyes, testigo de cargo en el documental Presunto culpable: “Lo único concreto es que en el futuro próximo el tribunal colegiado tendrá que resolver quién tiene la razón. Si se le dan a la juez, ella tendría que estar emitiendo una resolución para ver si le consigue o no el amparo a Víctor; ellos no tienen fecha límite para darlo a conocer, pero se espera esa emisión en los próximos días”.

Lozano González, quien visitó el 26 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, extendió: “Quizás es difícil de explicar: una cosa es tener que acatar un mandato judicial (que es camuflar y resguardar en forma temporal) y otra que se quede así permanentemente; o sea, el asunto de que se queda de esa manera será un tema que legalmente tiene que ver con la sentencia definitiva; lo de la medida cautelar, la juez está esperando que cumplan temporalmente con esta determinación, y nosotros como RTC, en cuanto a la medida cautelar, le decimos a Cinépolis que tiene que cumplir, pero como ellos también están esperando solución a los argumentos que esgrimieron hay que esperar una resolución final”. Es decir, no se puede difuminar el rostro del demandante, porque de no resultar beneficiado con el fallo no se podría volver a restaurar la imagen.

Decisión cuestionable
El titular de RTC agregó: “En este tema, que esta sometido a la decisión no de uno, sino de dos jueces, se tiene planteado que se acumulen los procedimientos para que no haya sentencias contradictorias entre la juez décimo y la juez décimo segunda. Son dos amparos, primero estamos promoviendo que se acumulen para que no haya esa posibilidad de contradicción en el momento en que resuelvan conceder o no el amparo; por el lado de RTC la juez décimo segunda tuvo a bien designarnos meros mandatarios judiciales, lo que se conoce como acto reclamado. Es la autorización administrativa para la exhibición comercial de la película, nosotros no tenemos atribuciones para mutilar o censurar cualquier obra cinematográfica, entonces la juez nos dio una orden como una medida cuatelar para que el amparo pueda seguir teniendo materia y resolverse si se lo concede o no a Víctor; RTC ya se lo informó a Cinépolis, que por su parte ha interpuesto recursos de queja y revisión contra estas determinaciones, las cuales están siendo atendidas por un tribunal colegiado que resolverá si la juez actuó conforme a derecho o no, al haber negado la suspensión definitiva y haber ordenado medidas cuatelares”.

Lozano siguió con la explicación: “Nosotros también hemos impugnado esto, porque consideramos muy cuestionable esta determinación de la juez, sin embargo, como ella nos constituyó como mandatarios, nosotros en este momento estamos pidiendo a Cinépolis que proceda a cumplimentar lo que la juez determinó.”

En otra parte de la entrevista, Álvaro Lozano se refirió a la revisión de los criterios y métodos para clasificar las películas y señaló que la idea para la “ciudadanización de clasificación de películas en cuanto a ampliar el aspecto consultivo, es para tomar decisiones más incluyentes en el sentido de que actualmente la ley autoriza a RTC analizar contenidos de violencia, adicciones, sexualidad y lenguaje, sin hacer ningún juicio ideológico, estético ni nada por el estilo, porque significaría una censura. A final de cuentas, la razón fundamental de la clasificación es la protección de las audiencias vulnerables; en este proceso estamos incluyendo a organizaciones civiles, no gubernamentales y universidades, un equipo multidisciplinario para someter a su consideración la clasificación. Confiamos en hacerlo este año, estamos en la etapa de integración para proponer algo que cumpla con todas las directrices”.

Generalidad, no unanimidad
–¿Se le acusa históricamente a RTC de censurar y clasificar?

–Hay resabios de percepciones que se tenían de eso, pero hoy podemos afirmar que en RTC no hay censura ni censura previa; la única excepción, de acuerdo con los convenios internacionales, es la protección de audiencias vulnerables en materia de cinematografía. La censura a la que a todos se nos viene de antaño de cortarle o de qué va a pensar tal o cual sector de poder de una película, esa ya no existe. Nosotros somos los principales convencidos de que la obra cinematográfica, como lo dice la actual ley, es irremplazable, única, es una obra cultural que no debe ser censurada.

“Cuando hablo de los criterios de sexualidad, adicciones, violencia y lenguaje no es para que se le censure, sino sólo para que se le ubique en la clasificación que le corresponde de acuerdo a su audiencia vulnerable. Por ejemplo, La pasión de Cristo, que fue una película con un alto contenido de violencia, esa, cuando la clasificamos no juzgamos, pese a que el personaje es Cristo y tiene mucha importancia, pero no nos toca a nosotros hacer ningún juicio bueno o malo, ni estético antiestético o ideológico, el hecho incuestionables es que violenta, permanentemente violenta de principio a fin y de acuerdo a los criterios ese contenido violento merece una clasificación C.

“Nosotros al cumplir con la ley y ver ese contenido hablamos de una generalidad, no de unanimidad, de un estándar que por ese contenido de violencia nosotros consideramos que era para adultos; lo mismo pasó con El infierno, se nos cuestionó que era una película que envía un mensaje a los jóvenes; el propósito a juzgar de RTC no es si la cinta resulta didáctica o ejemplificadora, nosotros no juzgamos en el sentido de los temas de violencia, sexualidad, adicciones y lenguaje, y a El infierno, los criterios de RTC la llevan incuestionablemente a la clasificación C.”

Jorge Caballero, La Jornada, 2 de abril.

RTC y Cinépolis impugnan orden de Lobo

En el último día legal para hacerlo, la Secretaría de Gobernación (SG) y Cinépolis presentaron recursos de revisión para impugnar la orden de la juez federal Blanca Lobo Domínguez de difuminar la imagen y datos personales de Víctor Daniel Reyes Bravo, el testigo de cargo que aparece en el documental Presunto culpable, según consta en informes del juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa.

Las solicitudes de revisión se suman a una queja presentada la semana pasada contra la juez, a quien los abogados de Cinépolis acusan de haber excedido sus facultades legales al haber ordenado camuflar la imagen del testigo, en contravención a lo que establece la Ley Federal de Cinematografía.

La petición de revisión fue presentada ante la juez Lobo, quien la remitirá a un tribunal colegiado.

Postura de la juez
Por su parte, Lobo emitió un acuerdo en el que precisa que cualquier recurso que impugne el sentido de la suspensión definitiva que concedió hace tres semanas, en la que ordenó difuminar la imagen de Reyes Bravo, no cancela ni siquiera de manera temporal dicho fallo.

Según consta en el listado de acuerdos de ese juzgado, Lobo indicó que “tiene por recibidos el escrito y oficio del apoderado de la tercer perjudicada Operadora Comercial de Desarrollo (Cinépolis) y Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la SG, respectivamente, mediante los cuales interponen recurso de revisión contra la resolución de 11 de marzo de 2011”.

La cadena de salas cinematográficas fundamentó su queja en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que prevé este recurso para violaciones a garantías previstas en sólo tres apartados de la Constitución, uno de ellos el artículo 20, que establece que el proceso penal se deberá regir por el principio de publicidad.

Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de abril.

La juez Blanca Lobo da 24 horas a la SG para que difumine rostro de Víctor Reyes

Por segunda ocasión en menos de una semana la juez federal Blanca Lobo emplazó a las autoridades de la Secretaría de Gobernación para que en 24 horas, que comenzarán a contarse una vez que funcionarios de la dependencia sean notificados, den cumplimiento a la orden judicial de difuminar el rostro de Víctor Daniel Reyes, testigo que acusa a José Antonio Zúñiga (absuelto por un tribunal de apelación) en el documental Presunto culpable, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

A diferencia del primer emplazamiento, ahora la juez apercibió a las autoridades de que si desacatan el mandato judicial se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que empiece una averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de resistencia de particulares y abuso de autoridad.

Desde la semana pasada, abogados del quejoso Víctor Reyes Bravo, quien alega la explotación comercial no autorizada de su imagen, pidieron a la juez dar vista a la PGR para que empiece una averiguación previa por el delito de resistencia de particulares, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal, según un acuerdo notificado este miércoles por el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa.

Lo anterior, ya que tanto los productores del documental como las cadenas exhibidoras han señalado que no pueden acatar la medida cautelar consistente en difuminar la imagen de Reyes.

Postura de Cinépolis
El pasado 15 de marzo, la empresa exhibidora Cinépolis entregó un escrito a la juez Lobo en el que señala: “La juez de distrito dictó cierta ‘medida cautelar’ dirigida únicamente a la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía (no a Cinépolis), consistente en girar ciertas órdenes, en lo cual Cinépolis no puede sustituirse, al no ser autoridad competente en materia cinematográfica, y la Ley Federal de Cinematografía prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas, sin la autorización previa del titular de los derechos de autor”.

Ese mismo día Roberto Hernández, director del documental, expuso en una entrevista radiofónica que “el material de 35 milímetros de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o rescriben a placer en un procesador de texto. Una vez ‘camuflado’ el testigo, ‘camuflado’ quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla”.

El delito de resistencia de particulares no contempla pena de cárcel, sino sólo jornadas de trabajo en favor de la comunidad, y lo comete quien “sin causa legítima (...) desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad”.

En cambio, el delito de abuso de autoridad, que sí implica cárcel, es equiparable a un desacato judicial, y en él incurre aquel servidor público que incumpla con lo que ordene un juez de distrito o magistrado de circuito.

Alfredo Reyes, La Jornada,30 de marzo.

Llega al festival de Guadalajara polémica sobre Presunto culpable

Guadalajara, 29 de marzo. Sigue la polémica por Presunto culpable. Cineastas, actores y funcionarios reunidos en el 26 Festival Internacional de Cine en Guadalajara dieron su opinión luego de que por medio de una carta un grupo de realizadores, como se publicó en estas páginas (www.jornada.unam.mx/2011/03/28/index.php?section=espectaculos&article=a12n1esp), consideró que es un asunto “ético más que legal”, referente a que si la libertad de expresión está por encima del derecho constitucional de una persona a decidir si se exhibe o no su imagen públicamente, o si el mencionado documental legitima el uso del cine como herramienta para un “linchamiento público”. En dicha misiva, los realizadores expresan preocupación por el riesgo de que pueda producirse una campaña de linchamiento hacia Víctor Daniel Reyes, testigo que acusa a José Antonio Zúñiga (absuelto por un tribunal de apelación), cuya imagen aparece en el documental de Roberto Hernández, y quien promovió un amparo, concedido por una juez, que ordenó “camuflar” el rostro del quejoso. Damián Alcázar (actor): “El derecho a la libertad de expresión se ha ganado y lo tenemos que defender. En el caso específico de Presunto culpable, más que referir a si hay un derecho a la privacidad o a la utilización de la imagen, se trata de una manipulación de la gente que quería detener la película, porque este jovencito no tiene idea de lo que es que se manipule o no su imagen. Lo estaban manejando desde el principio al ponerlo como testigo, estaba perfectamente claro... creo que los problemas legales en México son una cuestión de ética también. Falta ética profesional en la mayoría de los jueces”. La cuestión mediática “lo hace famoso” Simón Bross (director): “Me parece que una cosa es el documental como una obra artística y otra lo que lo rodea. La cuestión mediática que sigue rodeando a Presunto culpable sólo hace más famoso al documental, porque las personas que promovieron el caso fueron sus máximos publicistas. Respecto a lo que ha pasado con la película, pienso que lo que falta en este país es un estado de derecho”. Gabriel Retes (director y actor): “Creo en la libertad de expresión. Se está viendo que el tipo (el testigo) es un gánster, falseó y mintió; entonces que no joda. Es un problema moral, porque se impone la ética; nace uno con ella”. Jorge Sánchez (productor y ex director del encuentro de Guadalajara): “Efectivamente, lo que ha sucedido con Presunto Culpable es más un problema ético que legal. Pienso que debe haber una discusión y reflexión al respecto por la ambigüedad del tema. Nosotros no somos juristas, pero esta nueva modalidad de exhibir y promover una película documental abre un espacio, que también debe someterse a discusión, en el que todos salgamos fortalecidos”. Víctor Ugalde (guionista y director): “Una sociedad se vuelve rica cuando tiene pluralidad de opiniones y Presunto culpable nos lleva a tres conclusiones: la primera, no hay justicia para el asesinado; la segunda es que todo documental es editado y no es reflejo de la verdad, y está provocando un linchamiento: cortaron una frase cuando el acusado le pregunta al testigo ‘¿Tú me viste que yo disparé?’, y la respuesta completa es: ‘No, yo no te vi, pero estabas ahí’, le quitaron ‘pero estabas ahí’. Entonces alguien debe de estar haciendo negocio, porque anuncian que difuminar la imagen costaba 18 millones y eso no es lo que cuesta ese proceso. Si alguien les está cobrando esa cantidad, me preocupa, porque nadie se está llevando el dinero, pues mucha gente trabajó gratis. Lo que enseñamos a quienes hacen la carrera de producción es a obtener los derechos de imagen, para que no tengan ningún problema”. Juan Carlos Rulfo (documentalista): “Creo que debemos hacer una pausa ante todo este lío, para crear un sistema justo y equitativo en el que las verdades y las mentiras caigan. Cuando un cineasta toma parte, en este caso del juicio, edita y organiza la realidad para que dure cierto tiempo y hace una selección para contar un cuento. Creo que quienes participan en Presunto culpable, en la que finalmente hay argumentaciones y elementos que intentan reducir el tamaño de todos los testimoniales para llegar a un punto, y éste es ¿quién es el culpable? “Falsear sería decir lo contrario, usar los elementos de la realidad para acusar a alguien que no es culpable; eso sí es hacer trampa, pero creo que este documental no la hace. Por ejemplo, los nazis usaban una realidad y se la presentaban a su pueblo para demostrar lo poderosos que eran y que se viera lo que estaban construyendo, ahí sí falseaban. Ahí está el poder de la imagen, que puede manipular, y yo no creo que Presunto culpable esté manipulando, una cosa se lleva su conclusión.” Doble moral Everardo González (documentalista): “Todo lo que veo es la doble moral que somos como sociedad. Me parece sorprendente el ataque a este testigo, quien además es una víctima. Hay que tener compasión de él, empatía por él. Me parece loquísimo que dos semanas atrás los medios gritaban que se estaba pisoteando la libertad de expresión de Presunto culpable. Entonces este muchacho tiene que aceptar que él es del interés público. Dos semanas después esos mismos medios firman un acuerdo en el que dicen que tienen que proteger la identidad de los malechores.” Sergio Arau (director y músico): “En todo este debate sí es un problema de ética, al igual que de justicia, y un problema de educación; hay mucha gente que quiere mejorar el mundo y todos tienen su punto de vista sobre cómo lograrlo. Por ejemplo, en el documental La revolución será televisada, en el que aparecen unos güeyes disparando en el puente, al cinerrelizador le valió pedirles permiso. Si un material te sirve para demostrar algo como arista, documental o narrador, yo estoy de acuerdo; no creo que sea un linchamiento oculto para el chavo testigo. Lo que creo es que sí hay que hacer muchos presuntos culpables”. Leonardo García Tsao (crítico de cine): “Creo que todo se reduce a que no se le pidió consentimiento para usar su imagen. Al momento que no se le pidió consentimiento, la persona tiene derecho a demandar, porque están usando su imagen públicamente; ésa es la ley. Ahora, que se use como un instrumento político o algo así, borrarle la carita cuando ya se imprimió el negativo es latosísimo. Creo que es un problema técnico y que todos tenemos el derecho a no querer exponer nuestra imagen”. Marina Stavenhagen, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía: “Creo que como cineasta debes asumir un punto de vista y eso conlleva una posición ética frente a la vida y al mundo que te rodea. El cine no es objetivo, siempre hay una mirada detrás de una cámara, de quien elige ciertas tomas y de quien construye una narrativa en una película. Es la labor de creación, no hay un cine objetivo ni en el documental ni en la televisión ni el periodismo... No creo en la objetividad, pero todo mundo tiene derecho a opinar y porque contribuye al debate sobre los alcances de lo público y lo privado. No tengo elementos de conocimientos legales para hacerlo”. Jorge Caballero, La Jornada, 30 de marzo.

El caso de Presunto culpable, asunto “más de ética que legal"

Miembros de la comunidad de cine en México, entre documentalistas, productores, editores, fotógrafos y sonidistas, consideran que el caso de Presunto culpable, es “ético, no legal”. En una carta expresan preocupación por el riesgo de que pueda producirse una “campaña de linchamiento” hacia Víctor Daniel Reyes, testigo que acusa a José Antonio Zúñiga (absuelto por un tribunal de apelación), cuya imagen aparece en el documental de Roberto Hernández, y quien promovió un amparo, concedido por una juez, la cual ordenó a la Secretaría de Gobernación suspender la exhibición del filme. La carta señala: “Los cineastas que elegimos el género documental dependemos del otro, de la generosidad de su testimonio, y en ocasiones somos quienes terminamos lucrando con el dolor ajeno y con las historias que nos son prestadas. Sin cuestionar la calidad formal del documental ni detenernos a analizar aspectos ajenos a nuestro oficio, queremos externar que sabemos que el éxito de cualquier película mexicana debe ser celebrado. “Sabemos que una imagen siempre es la imagen que eligió alguien y encuadrar es excluir; por tanto, el precedente que esta película sienta nos preocupa: se ha empezado una campaña de linchamiento contra Víctor Daniel Reyes (testigo en la cinta) a partir del hecho de considerar esta película como una verdad absoluta por la opinión pública, encabezada por los medios de comunicación. Creemos que el derecho de Víctor Daniel Reyes a no aparecer y a no ser identificado en la cinta debe ser respetado, o en su defecto, que los documentos que autoricen el uso de su voz e imagen para la realización de esta película sean formalizados. La discusión de si el derecho a la libre expresión debe estar por encima del derecho de los individuos o viceversa es un debate que necesariamente debe continuar.” Dilema Los documentalistas aseguran que enfrentan “los desvelos” de reflexionar sobre “los derechos de aquellos que son afectados por nuestro trabajo, porque una decisión ética de este nivel siempre estará contrapuesta a nuestra libertad creativa y ese dilema debería ser siempre resuelto por los cineastas, no por los abogados. La opinión pública, alentada por el aparato mediático y por lo conveniente que a los productores y realizadores de Presunto culpable les ha significado, nos coloca en una disyuntiva: ¿es necesariamente la libertad de expresión más importante que el derecho de los seres humanos a decidir si quieren o no ser exhibidos o aparecer editados en una película?” En el documento, argumentan que “se está dando por hecho que Víctor Daniel Reyes merece el escarnio público; adjetivos como ‘cerdo, indio, pelos necios, prieto, mentiroso, ignorante’ nos parecen realmente alarmantes en estos tiempos de una sociedad polarizada, y además pareciera que el ofendido tiene prohibido apelar al derecho de que la representación que de él se hace sea enmendada. Además de lo aberrante que resulta negar este derecho a un individuo, resulta preocupante que esa determinación se tome a partir de un único documento que por utilizar fórmulas narrativas construye la culpabilidad del resto de los actores para declarar la inocencia del protagonista.” Esto, más allá del caso individual, aseguran en la misiva los realizadores, “legitima el uso del cine documental como herramienta de linchamiento público, y en un país en el que los medios de producción, distribución y exhibición son controlados por oligopolios, esto resulta muy riesgoso. “En ciertos casos resulta difícil determinar si el derecho a la información está por encima del derecho de las personas. Nos encontramos, entonces, frente a un conflicto de derechos. En este caso en particular está claro que para informar sobre los vicios del sistema judicial en México no es indispensable generar una representación tan mezquina del testigo, que además está poniendo en riesgo su vida, sin haber solicitado previamente autorización por el uso de su voz y su imagen para la filmación de una película. “Quienes nos dedicamos a este oficio sabemos que ese documento es fundamental para poder explotar y difundir nuestro trabajo. ¿Puede alguien expresarse libremente frente a una cámara sin haber autorizado este escenario? Desde hace algún tiempo la cámara se convirtió en un arma muy poderosa. Ahora que casi todos andamos armados con una de ellas, el peligro es inimaginable. Sabemos que al accionar el disparador estamos vulnerando a alguien. Antes de filmar el primer cuadro, antes incluso de haber pedido autorización a quien se va a filmar, el cineasta debe pasar largas horas analizando si la representación que hará de una persona puede o no resultarle lesiva. El montaje nos ayuda a reflexionar en calma si lo que haremos tendrá o no una posición ética, ya que una película no puede valer más que la vida de un individuo, sea quien sea.” Agregan que “el documental no debería ser un instrumento para cobrar venganza, ni siquiera histórica. El documentalista no es un juez y la realidad no está hecha de buenos y malos. Toda representación de la realidad es muy particular y no puede considerarse como verdadera. Ya sea por el emplazamiento de la cámara o por el montaje, cada cineasta fragmenta la realidad para construir su realidad. Ello no implica que el cineasta sea un mentiroso. Una cosa es tener una visión parcial y otra muy distinta es manipular los hechos para usarlos en favor de intereses que rebasan la creación cinematográfica. “¿Tenemos derecho los cineastas de filmar juicios para entregarlos como pruebas (editadas, seleccionadas y excluyentes) a los jueces de butaca? Esto sin entrar en la discusión sobre el valor de los juicios videograbados para su uso en los tribunales. Somos perfectamente concientes de la corrupción que impera en el sistema judicial y en general en el sistema político; por ello rechazamos el hecho de que un documental bien intencionado se vuelva bandera de la misma podredumbre.” Los firmantes de este documento son Everardo González, Francisco Vargas, Emilio Maillé, Juan Manuel Sepúlveda, Carlos Bolado, Mercedes Moncada, Matías Meyer, José Manuel Cravioto, Alejandra Islas, Bruno Varela, Adriana Trujillo, Carlos Rossini, Nicolás Pereda, Rigoberto Pérezcano, Antonino Isordia, Jorge Sánchez Sosa, Luis Lupone, Iván Ávila, Ivonne Fuentes, Emiliano Altuna, Tatiana Huezo, Alejandra Sánchez, Víctor Ugalde, Antonio Zirión, Luis Rincón, Clementina Mantellini, Isabel Fregoso, Diana Cardozo, Martha Orozco, Roberto Fiesco, Ernesto Pardo, Inti Cordera, Luciano Larobina, Lucía Gajá, Nuria Ibáñez, Julián Hernández, Erika Ávila, Issa Guerra, Shula Erenberg, Carlos Taibo, Kenya Márquez, Héctor Zubieta, Alberto Cortés, Ana García, Jorge Michel Grau, Alejandra Moya y Anais Huerta.

Juan José Olivares, La Jornada, 28 de marzo.

Retocar Presunto culpable es como “retirar la cinta"

La Secretaría de Gobernación (SG) y el distribuidor del documental Presunto culpable continúan en litigio contra la decisión de una juez que ordenó difuminar algunas imágenes de la cinta, lo que en opinión de ambos representa en los hechos el retiro del filme. La dependencia federal defendió los criterios con base en los cuales autorizó la distribución comercial de Presunto culpable, y dijo que aplicó la misma ruta que con otras películas. Precisó que en este trabajo, a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) se respetó la libertad de expresión. El año pasado, RTC clasificó y aprobó la exhibición comercial de más de 400 películas presentadas por 36 distribuidoras en México. 190 millones de espectadores Según estadísticas oficiales, el año pasado asistieron a las salas de cine 190 millones de personas (en un país de 112 millones), en una oferta de 313 estrenos, de los que 56 fueron de películas mexicanas. El Anuario estadístico del cine mexicano, editado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, precisa que la película con mayor número de espectadores en 2010 fue Toy story 3. Las 10 películas con mayor número de asistentes se estrenaron en promedio con mil copias, una asistencia promedio de 6.7 millones de espectadores y ninguna superó la clasificación B. Las cintas nacionales con más asistentes representan 80 por ciento del ingreso total al cine doméstico; No eres tú, soy yo fue el filme mexicano más taquillero de 2010, de ahí que Presunto culpable se colocó como una de las más vistas y superó niveles en cintas de su tipo, luego de que una juez otorgó una suspensión provisional a una persona que aparece en la película, quien alegó que era afectado con esta difusión. A escala nacional, según el anuario, los ingresos en taquilla superaron los 9 mil millones de pesos en un contexto de costo por boleto de 47.60 pesos. La entidad con mayor asistencia al cine en el país es el Distrito Federal y su área metropolitana, que es también la más poblada. Asistieron 1.7 veces al año por persona, en promedio, mientras en el fondo de la tabla están los estados del sureste. En México hay 4 mil 818 pantallas de cine comercial, distribuidas en 519 complejos. Todas las entidades tienen al menos una pantalla 3D y, de igual forma, la capital del país está mejor posicionada en tecnología, con 110 pantallas de ese tipo, y Zacatecas el menor, con sólo una.

Fabiola Martínez, Reforma, 27 de marzo.

Alegan resistencia de particulares en Presunto...

Como medida de presión a la juez federal Blanca Lobo, abogados de Víctor Reyes Bravo, quien impugnó por la vía administrativa la explotación comercial no autorizada de su imagen que aparece en el documental Presunto culpable, pidieron este jueves dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que comience una averiguación previa por el delito de resistencia de particulares, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal, bajo el supuesto de que los productores del filme se oponen a dar cumplimiento a la orden de difuminar la imagen del quejoso.

Fuentes judiciales informaron que las autoridades de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación fueron notificadas ayer del plazo de 24 horas para que emitan informes sobre los motivos del presunto desacato judicial.

Se está a la espera de que se resuelva una queja presentada por Cinépolis contra la resolución de Lobo.

Postura de Cinépolis
La cadena argumentó que la juez “dictó la medida cautelar dirigida únicamente a RTC, la cual consiste en girar ciertas órdenes”. Agregó que la “ley prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas, sin la autorización previa del titular de los derechos de autor”.

Tanto los productores del documental como las cadenas exhibidoras han señalado que no pueden acatar la medida cautelar consistente en difuminar la imagen de Reyes, quien fue el principal testigo en el juicio por homicidio contra José Antonio Zúñiga, al final absuelto por un tribunal.

El documental continúa exhibiéndose en las salas cinematográficas sin alteración alguna.

Roberto Hernández, productor de la cinta, ha dicho en entrevistas que “el material de 35 milímetros de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o rescriben a placer en un procesador de texto. Una vez ‘camuflado’ el testigo, ‘camuflado’ quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla”.

El delito de resistencia de particulares no contempla pena de cárcel, sólo jornadas de trabajo en favor de la comunidad y, de acuerdo con las leyes penales mexicanas, lo comete quien “sin causa legítima desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad”.

Alfredo Méndez, La Jornada, 24 de marzo.

Plazo de 24 horas para que el “camuflaje” del testigo de Presunto Culpable se cumpla: Lobo

La juez Blanca Lobo Domínguez, que ordenó “camuflar” el rostro de Víctor Daniel Reyes Bravo en el documental Presunto Culpable, fijó un plazo de 24 horas para recibir informes sobre el cumplimiento de su orden, después de que los abogados de Reyes Bravo han puesto presión en el caso.

Los abogados de Reyes Bravo, único testigo en el documental y quien alega la explotación comercial no autorizada de su imagen, solicitaron a Lobo Domínguez dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie una averiguación previa por el delito de resistencia de particulares, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal.

La averiguación previa por el delito de resistencia de particulares se iniciaría porque los productores del documental y las cadenas exhibidoras han señalado que no pueden acatar la medida cautelar consistente en “camuflar” la imagen y datos personales de Reyes Bravo.

Este delito no contempla pena de cárcel, sólo jornadas de trabajo a favor de la comunidad y es cometido por quienes “sin causa legítima (…) desobedecieren un mandato legítimo de la autoridad.”

Aunque todavía no está claro qué hará la juez Lobo Domínguez si aún no borran la imagen y datos personales de Víctor Daniel Reyes Bravo, sí podría ordenar de nuevo que retiren el documental de las salas cinematográficas.

La Crónica, 24 de marzo.

Impugna Cinépolis decisión de juez sobre Presunto...

La historia jurídica de Presunto culpable sigue dando de qué hablar. Ahora, la cadena Cinépolis interpuso una queja administrativa contra la juez federal Blanca Lobo Domínguez por ordenar la difuminación de imagen y datos personales del principal testigo del homicidio.

De esta manera, la empresa impugnó la resolución judicial bajo el argumento de que no es propietaria de los derechos de autor del documental que evidencía al sistema de justicia de la Ciudad de México.

En consecuencia, no está facultada para editar la aparición de Víctor Daniel Reyes, durante el careo que sostiene con Marco Antonio Zúñiga, sentenciado en un primer momento a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Los representantes legales de la cadena de cines presentaron la queja administrativa ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado Administrativo del Distrito Federal.

Este tribunal aceptó la queja, por lo que fijó un plazo de tres días hábiles a la juez federal para que rinda un informe previo y justificado.

Lobo Domínguez había ordenado suspender la exhibición y promoción del documental elaborado por Layda Negrete y Roberto Hernández, luego de un juicio que interpuso Víctor Daniel Reyes.

Sin embargo, días después acordó que la divulgación de la cinta era legal siempre y cuando quitaran de cuadro el rostro del testigo y primo de la víctima, pues éste no había dado su consentimiento para su explotación.

El tribunal que admitió la queja como impugnación tiene un plazo de 10 días para emitir su resolución.

La cadena de cines aseguró que se seguirá conduciendo en estricto cumplimiento a la ley, respetando las prerrogativas de terceros, así como los mandatos de autoridad competente, sin dejar de lado el ejercicio legítimo de sus libertades y derechos como se establecen en la Constitución.

El director de Cinépolis, Alejandro Ramírez, ha asegurado que Presunto culpable es un documento valioso con el que se demuestra que la sociedad sí puede generar cambios y presión ante el poder con la intención de modificar algún problema que perjudique a la sociedad.

La taquilla

• Se estrenó el 18 de febrero con 130 copias en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, y Cuernavaca.

• Presunto culpable es la película mexicana más exitosa en lo que va del 2011.

• Cinépolis dio a conocer que en los primeros tres días de exhibición recaudó 6.4 millones de pesos y fue vista por 128 mil personas.

• En respuesta a la demanda del público, la película se proyectó en varias ciudades.

El caso

• Segob pidió a la juez aclarar los alcances de la resolución, porque estimó que no era congruente con las atribuciones de Gobernación.

• La dependencia señaló que estaba en conflicto con la Ley Federal de Cinematografía, que prohíbe alterar las cintas a distribuidores y exhibidores.

• El quejoso, Víctor Daniel Reyes, es primo de Juan Carlos Reyes, el joven que fue asesinado en diciembre de 2005.

• Zúñiga estuvo preso más de dos años en el Reclusorio Oriente por este crimen que no cometió.

• Reyes se quejó de violaciones a la vida privada, por aparecer sin su consentimiento en el filme que se distribuyó en varias ciudades por toda la República.

Leticia Fernández • Ciudad de México, Milenio, 22 de marzo.

Cinépolis apela del fallo sobre Presunto culpable

Cinépolis solicitó a un tribunal colegiado de circuito que revoque la resolución de la juez Blanca Lobo Domínguez en la que ordena difuminar la imagen del testigo de cargo que aparece en el documental Presunto culpable. El décimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa dio entrada a la queja de Cinépolis y fijó un plazo de tres días hábiles a la juez Lobo para que rinda un informe justificado y pormenorizado del caso. De acuerdo con la Ley de Amparo, el tribunal deberá resolver esta queja de Cinépolis en un plazo de 10 días. Juan Pablo Estrada Michel, apoderado de Cinépolis, dijo la semana pasada que la empresa que representa está impedida por ley para alterar, modificar o mutilar los contenidos de Presunto culpable, porque no es titular de los derechos de autor del documental, por lo que los únicos con facultades para ello son los productores de la cinta.

Alfredo Méndez, La Jornada, 22 de marzo.

Impugna Cinépolis resolución de la juez Blanca Lobo

La cadena Cinépolis impugnó la resolución de la juez federal, Blanca Lobo, en la que se ordena difuminar la imagen y los datos personales del demandante Víctor Manuel Reyes dentro del documental Presunto Culpable.

La empresa argumentó que no es propietaria de los derechos de autor del documental, por lo que no tiene la facultad para alterar estas imágenes.

Luego de que el pasado 15 de marzo, la cadena cinematográfica por medio de un comunicado indicó que estaba analizando las alternativas y medios legales disponibles para combatir la “medida cautelar” dictada por la licenciada Lobo Domínguez, que se considera claramente violatoria del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo y de la Ley Federal de Cinematografía vigentes.

Asimismo puntualizó que se seguirá conduciendo en estricto cumplimiento a la ley, respetando las prerrogativas de terceros, así como los mandatos de autoridad competente, sin dejar de lado el ejercicio legítimo de sus libertades y derechos.

Nayeli Ramírez Maya, La Crónica, 22 de marzo.

Dan 24 horas a RTC para acatar orden de juez

La juez federal Blanca Lobo aclaró este jueves que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación es la autoridad competente y autorizada para ordenar que en todas las copias del documental Presunto culpable se difumine la imagen de Víctor Manuel Reyes.

De esta forma RTC cuenta con 24 horas para ordenar por escrito a la productora, distribuidora y exhibidoras de Presunto culpable que realicen las modificaciones técnicas correspondientes, o de lo contrario Héctor Villarreal incurrirá en desacato judicial.

Héctor Villareal, subsecretario de Normatividad y Medios de Gobernación, aseguró el pasado miércoles que pedirían a la juez Lobo aclarar los alcances de su reciente resolución, pues estimó que no era congruente con las atribuciones de la dependencia, ya que contravenía la Ley Federal de Cinematografía, que prohíbe a distribuidores y exhibidores alterar cintas.

Acuerdo
En un acuerdo del juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, publicado ayer en los cuadernos de notificaciones de los juzgados administrativos, la impartidora de justicia respondió a lo solicitado un día antes por la autoridad federal.

Lobo indicó a RTC que única y exclusivamente deberá apegarse al acuerdo de la suspensión definitiva dado a conocer el lunes.

“Agréguense a los autos el oficio de la autoridad a través del cual solicita se aclaren dos aspectos, respecto al primero, dígasele que deberá estarse a la notificación practicada a las 18:46 horas del día 14 de marzo de 2011. En cuanto al segundo aspecto, indíquese que deberá estarse a lo resuelto en la sentencia interlocutoria”, refiere.

“Por último, agréguese el oficio de la autoridad a través del cual informa las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la interlocutoria, de lo que esa juzgadora toma nota, reiterándole que deberá exhibir las constancias que lo acrediten dentro del plazo otorgado”, añade.

Alfredo Méndez, La Jornada, 18 de marzo.

Juez exige a Segob difuminar rostro del testigo de Presunto Culpable

La juez federal Blanca Lobo Domínguez, quien el pasado lunes avaló la proyección del documental Presunto Culpable, aunque con el rostro difuminado del único testigo del caso, emplazó ayer a la Secretaría de Gobernación a demostrar que ha acatado la orden judicial.

Sobre el cumplimiento de la resolución, señaló la juzgadora, la Segob y en específico la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, deben “exhibir las constancias que lo acrediten dentro del plazo otorgado”.

En las listas públicas del juzgado, también solicitó a la dependencia ajustarse a la sentencia y aunque ventiló que Gobernación ya ha comenzado a realizar gestiones para “desvanecer” la cara del quejoso, así como sus datos personales, la instó a presentar pruebas.

El miércoles, la Segob había externado que cumplir con el impedimento técnico no estaba dentro de sus facultades, e incluso podía ser violatorio a la Ley Federal de Cinematografía, que prohíbe a exhibidores y distribuidores alterar las películas.

El lunes, Lobo había argumentado que “el interés colectivo está por encima del particular”, por lo que negó la suspensión definitiva que podía frenar la exhibición de la cinta; enlatarla, afirmó, “limitaría a la colectividad del derecho constitucional a la información que contiene dicho documental”.

Sin embargo, como Víctor Manuel Reyes —primo del joven asesinado al que alude el filme y quien acusa del delito a José Antonio Zúñiga, el protagonista, sin tener certeza de quién disparo el arma— alegó que no había autorizado la difusión pública de su imagen y que esta situación le había generado molestias y riesgos a su seguridad personal, la juez ordenó a la DGRTC a “resguardar y camuflar” su identidad durante las proyecciones.

Hasta ahora, a cinco días del dictamen, Presunto Culpable se exhibe de manera integra en 190 salas cinematográficas de todo el país.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 18 de marzo.

La ley prohíbe censurar o mutilar cintas: Gobernación

La Secretaría de Gobernación (SG) solicitará a la juez Blanca Lobo, quien atiende el caso del documental Presunto culpable, que precise el alcance de su resolución (en el sentido de camuflar la imagen del testigo que aparece en esa cinta), porque la ley de cinematografía prohíbe la censura o mutilación de películas.

“Hace muchos años en este país se enlataban películas; en una oficina de gobierno cortaban la cinta y alguien se asumía como autoridad para definir qué se podía ver. Pero esto ya quedó en el pasado”, señaló Héctor Villareal, subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación.

Aclaró que esta nueva solicitud a la juez (la primera fue cuando ordenó a la autoridad notificar el retiro provisional de la película) tiene el propósito de aclarar esas medidas, en las que hay confusión y en las que la SG no está de acuerdo.

Medidas incongruentes
La juez negó la suspensión definitiva, pero dispuso la aplicación de medidas que en opinión de Gobernación conllevan efectos equiparables a la propia suspensión y, además, resultan incongruentes con las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

El artículo 21 de la Ley de Cinematografía señala que para la exhibición de una película ésta no puede ser mutilada, salvo por orden del titular de los derechos de autor.

La SG impugnará la medida judicial, la cual califica como confusa.

“No se puede ir a la sala y manipular las cintas”, agregó Villareal, quien comentó la orden de la juez, quien determina: “RTC deberá girar y verificar que se cumplan las órdenes que se estimen indispensables y suficientes, a fin de que durante la exhibición comercial se resguarde y camuflaje (sic) la identidad y datos personales del quejoso”.

Fabiola Martínez, La Jornada, 17 de marzo.

Pedirá Segob a jueza explicar orden de difuminar imagen de Reyes

Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, dijo ayer que esta dependencia pedirá a la juez federal Blanca Lobo Domínguez explicar de nueva cuenta los alcances de la resolución en la que niega una suspensión definitiva del documental Presunto Culpable pero ordena difuminar la imagen del testigo Víctor Manuel Reyes.

Aseguró también que Gobernación continuará la defensa para que se siga exhibiendo el documental, luego de que la juez notificó a la dependencia la suspensión provisional de la autorización para la exhibición comercial del filme.

Villarreal calificó como extraña la resolución judicial, pues las exigencias contenidas en la misma no son atribuciones de la autoridad.

“Es incongruente con las atribuciones de RTC y es incongruente con lo que dice la Ley de Cinematografía y realmente nos ha metido en un escenario de cierta confusión”, indicó en una entrevista con W Radio.


Cecilica Téllez Cortés, La Crónica, 17 de marzo.

Ve Cinépolis afectación

Cinépolis está impedido legalmente para alterar, modificar o mutilar los contenidos de Presunto Culpable, porque no es titular de los derechos de autor del documental, manifestó Juan Pablo Estrada, apoderado de la cadena de cines.

En entrevista, el abogado dijo que la instrucción de la juez Blanca Lobo para camuflar la imagen de Víctor Reyes en la cinta, no puede recaer en nadie, porque es una decisión contraria a derecho y que impugnarán esta misma semana.

"Cualquier alteración, modificación, mutilación o corte que se tenga que hacer de una obra, en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Cinematografía no puede ser realizado por el distribuidor o exhibidor.

"No puede recaer sobre nadie (el cumplimiento del fallo de la juez), la obra está protegida, pero quien la autoridad considere que es titular de ese derecho es a quien tendrían que emitirle una orden", dijo.

Abel Barajas, Reforma, 16 de marzo.

Descartan hacer cambios a filme

Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, dijo ayer que la orden de la juez Blanca Lobo para camuflar la imagen de Víctor Manuel Reyes en el documental, no puede llevarse a cabo sin arruinar la cinta y retirarla de cartelera, lo que en los hechos constituye un acto de censura.

En un posicionamiento difundido ayer en su cuenta de Facebook, el abogado dijo que si se cumple con la orden de la juez -en caso de que Reyes pierda el juicio de amparo contra la exhibición del filme- ya no habrá manera de compensar el daño.

"El material de 35 milímetros de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o reescriben a placer en un procesador de texto. Una vez 'camuflado' el testigo, 'camuflado' quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla.

"Y en caso de que el quejoso pierda el juicio, el cambio no puede revertirse. Ninguna de estas modificaciones puede hacerse sin detener por completo la exhibición de la cinta. En efecto, disfrazada, esta es una negativa a que continúe la película en cines. En los hechos y por sus consecuencias, Blanca Lobo nuevamente censura al filme", afirmó.

El autor anunció que recurrirá a todas las instancias necesarias para defender la exhibición de Presunto Culpable, sin mutilación alguna.

Hernández afirmó que la medida que determinó la juez le añade "vergüenza" a la situación del sistema de justicia mexicano y consideró que Lobo es notoriamente ineficaz para tutelar las supuestas violaciones a la "vida privada" del testigo.

Con el criterio de la juez, dijo, los medios de comunicación y cineastas que el viernes estuvieron presentes en la audiencia relacionada con el filme, deberán preguntarse en un futuro si no tienen riesgos legales por haber filmado esa diligencia.

"La decisión es incongruente con lo que la propia Blanca Lobo hizo el viernes pasado en su juzgado. El 11 de marzo, en la audiencia pública de este juicio de amparo, la juez permitió a decenas de periodistas videograbar el encuentro.

"Ese día, sin que fuere necesario el consentimiento de ninguno de los litigantes ni testigos, decenas de medios editaron y transmitieron imágenes sin que ningún participante tuviera que ser 'camuflado' para la transmisión de esas imágenes. ¿Deberán en el futuro todos los periódicos, todas las televisoras, todos los cineastas, enfrentar el riesgo de tener que retractar imágenes ya difundidas para camuflarlas?", cuestionó.

De acuerdo con el director del documental, la cinta no viola la vida privada del testigo porque cualquier mexicano que hubiera asistido a ese juicio hubiera podido ver a Víctor Manuel Reyes, conocer su nombre y su cara, "sin camuflaje alguno".

Abel Barajas, Reforma, 16 de marzo.

Rechaza Cinépolis modificar imagen de testigo

“No lo haremos”, esa fue la respuesta que la productora de Presunto culpable, Layda Negrete, manifestó a través de una red social ante la resolución emitida por la juez Blanca Lobo Domínguez de camuflar la imagen del testigo Víctor Daniel Bravo.

A la par de los productores, Cinépolis dio a conocer a través de un comunicado que ayer por la tarde recibió de parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el oficio a través del cual se requiere “que de forma inmediata realicen las acciones materiales y técnicas tendientes a cumplimentar lo ordenado el pasado 11 de marzo”.

Esa misma tarde, Cinépolis contestó a RTC, señalando que “dado que la juez de Distrito negó al quejoso la suspensión definitiva, la autorización de RTC para exhibir Presunto Culpable continúa vigente, por lo tanto, la exhibición del documental es válida y legal. La juez de Distrito dictó cierta ‘medida cautelar’ dirigida únicamente a RTC (no a Cinépolis), consistente en girar ciertas órdenes, en lo cual la cadena no puede substituirse, al no ser autoridad competente en materia cinematográfica.

“Y por último, la ley prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (aún cuando se tratara de alteraciones tendientes a resguardar o camuflar la identidad o proteger los datos personales del quejoso). El oficio de RTC antes mencionado no deja sin efectos la autorización para exhibición comercial de Presunto Culpable otorgada a Cinépolis, ni ordena suspender la exhibición de la película”, se leyó en la misiva.

Por tanto, el distribuidor dio a conocer que se encuentra “analizando cuidadosamente las implicaciones y alcances de la inusual, inconsistente y, desde su perspectiva, ilegal ‘medida cautelar’ ordenada por la juez”, quien en aras de proteger las garantías individuales del testigo, ordenó camuflar su imagen y resguardar sus datos personales.

Cinépolis estudia los medios legales disponibles para combatir dicha orden, para que en el momento en que “oficialmente” se les indique proceder, tendrían frente a sí una labor titánica. Se tendría que proceder de dos formas:

La primera de ellas es manual e implica retirar de cada una de las salas las copias, a fin de pintar las escenas en las que aparece el testigo directo al negativo. La segunda sería digital e implicaría entrar en un proceso de postproducción, en el que se taparía el rostro de Víctor Daniel desde el máster digital.

Ambos procesos resultan complicados en tiempos de trabajo y muy costosos, por ello,“si me preguntas ¿técnicamente es posible hacerlo?, diría que sí, aunque para hacerlo hay varias rutas y ninguna de ellas es fácil”, dijo a ¡hey! Daniel Salazar, gerente de Atención a Medios de New Art, los laboratorios donde se postprodujo y copió el documental.

“Empezaríamos desde sacar una película del cine y cuadro por cuadro rellenar con un plumón el rostro, hasta irte pasos atrás a la postproducción y corregir digitalmente, para después imprimir un negativo. Cualquiera de las dos rutas tendría un costo muy elevado y tardaría muchísimo.”, explicó Salazar.

Por cada segundo de cinta se tienen 24 cuadros de imagen y el testigo aparece en promedio 30 minutos dentro del documental.

“Estaríamos hablando de no menos de dos semanas de trabajo, y el costo sería elevado. Una copia cuesta aproximadamente 10 mil pesos multiplícalo por 300 copias, más los procesos previos, más los procesos de filmar, demasiado”, comentó Daniel.

Si se procediera de manera digital, deberían sumarse varios costos. Una sala de postproducción cuesta 380 dólares, más el sueldo del operador, más la supervisión del fotógrafo o director del documental. De 30 minutos en los que aparece Víctor Daniel sería un aproximado de 60 mil dólares, más el costo de las copias que se distribuyen y cada una cuesta 850 dólares.

“Esta alternativa quizá es más rápida, pero sería trabajarlo en un centro de postproducción, una sola persona, el postproductor debería pintar la imagen y posteriormente se filmaría la película en un negativo nuevo y se harían nuevamente las 300 copias que se exhiben, esto tardaría unas tres semanas”, agregó.

De recibir la orden para tapar o camuflar la imagen del testigo, el distribuidor no tendría otras alternativas, pues “las copias ya están hechas y están en un medio físico”, concluyó el gerente de Atención a Medios de New Art al explicar cuáles serían los procedimientos que se pueden realizar para llevar a cabo la petición de la juez, en el caso del documental Presunto culpable.

La ley

Dentro del Artículo 6º de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos se señalan las garantías referentes a la libertad de expresión.
La norma indica que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público (…)”.

Sin embargo, la misma norma constitucional establece entre los principios y bases que deben regir el derecho a la información, la protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de los gobernados. Por tanto, Blanca Lobo procedió mediante una ‘medida cautelar’ a fin de respetar “las garantías del quejoso”, quien pelea no haber otorgado ningún permiso para que su imagen sea exhibida. Según el testigo, “la exhibición de Presunto culpable le ha generado molestias e incluso amenazas”, se lee en la resolución emitida el pasado lunes por la juez.

Ivett Salgado • Ciudad de México, Milenio, 16 de marzo.

El fallo de la juez “implica mutilar Presunto culpable, una obra artística"

El director del documental Presunto culpable, Roberto Hernández, tras haber conocido el fallo de la juez Blanca Lobo de no suspender la exhibición de la película, pero sí difuminar el rostro del quejoso, afirma que “en realidad impuso condiciones imposibles de cumplir y que son incompatibles con que continúe la exhibición del filme”.

Señaló: “La juez ‘ordena’ que ‘camuflemos’ al testigo y hasta alterar el sonido de la cinta para ocultar la identidad del quejoso como medida ‘cautelar’ mientras se decide el amparo. Esta solución implica mutilar una obra artística, informativa y académica de forma permanente. La orden, aclaramos, no consiste ni siquiera en ‘difuminar’ el rostro del testigo como erróneamente se ha transmitido. La orden dice literalmente que hay que ‘camuflarlo’ (esto es, disfrazarlo de algo que no es)”.

En un correo electrónico, Hernández agregó: “La mutilación de la obra sería permanente, no provisional o cautelar. El material de 35mm de celuloide no es tentativamente modificable, como las palabras que se borran o rescriben a placer en un procesador de textos. Una vez ‘camuflado’ el testigo, ‘camuflado’ quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla. Y en caso de que el quejoso pierda el juicio, el cambio no puede revertirse.

“Ninguna de estas modificaciones puede hacerse sin detener por completo la exhibición de la cinta. En efecto, disfrazada, esta es una negativa a que continúe la película en cines. En los hechos y por sus consecuencias, Blanca Lobo nuevamente censura al filme.”

La justicia requiere ser expuesta
Hernández consideró: “La justicia que tenemos necesita ser expuesta, sin camuflaje, maquillaje ni censura, para que la luz del Sol la limpie y la cure. La juez Blanca Lobo pretende tapar esa luz y cobijar nuevamente en la sombra lo que ya se ve en todas partes, en Internet, en las calles de la ciudad de México, en las cárceles, por todo el mundo.

“Su medida ‘cautelar’ no sólo añade vergüenza a la situación del sistema de justicia mexicano. Además, es notoriamente ineficaz para tutelar las supuestas violaciones a la ‘vida privada’ del testigo. La decisión es incongruente con lo que la propia Blanca Lobo hizo el viernes pasado en su juzgado. El 11 de marzo, en la audiencia pública de este juicio de amparo, la juez permitió a decenas de periodistas videograbar el encuentro. Ese día, sin que fuera necesario el consentimiento de ninguno de los litigantes ni testigos, decenas de medios editaron y trasmitieron imágenes sin que ningún participante tuviera que ser ‘camuflado’ para la transmisión de esas imágenes.

No viola privacidad
Roberto Hernández aseguró: “La cinta no viola ni podría violar el derecho del testigo a su ‘vida privada’... el testigo no fue filmado en su cama o en su casa, ni tampoco fue filmado siendo menor de edad. Fue filmado abiertamente, con pleno conocimiento suyo y de las autoridades. Fue filmado durante un juicio público, establecido como tal por normas de máximo rango. La Constitución Política y diversos tratados internacionales establecen que todos los mexicanos tenemos el derecho de ver, escuchar y entender lo que sucede en la audiencia pública de un juicio penal. Si no podemos ver, escuchar ni entender, no podemos evaluar la justicia.

“Gracias a Presunto culpable, muchos han podido ejercer este derecho por primera vez en su vida. Ahora nos quieren quitar ese derecho.”

También dijo: “Los mexicanos no debemos tolerar que la juez Lobo mutile la cinta, porque ello representa mutilar también el arsenal de derechos que tenemos para exhibir y enterarnos de injusticias y para formular críticas a un sistema de justicia que urge reformar. Que la ilegalidad provenga del propio Poder Judicial al que la cinta critica, es el colmo y nadie debe aceptarlo. La juez nunca, ni los quejosos, plantearon públicamente en esa audiencia la ‘solución’ que ahora inventó la juez Blanca Lobo y, por tanto, quedamos imposibilitados para plantear a la juez estas consideraciones en la audiencia del 11 de marzo”.

Postura del distribuidor
Por su parte, Cinépolis, distribuidora y exhibidora del filme, informó “que ayer recibió de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el oficio número DG/1174/11, de fecha 14 de marzo de 2011, por el que requiere a Operadora Comercial de Desarrollo, SA de CV (Cinépolis) ‘que de forma inmediata realice las acciones materiales y técnicas tendientes a cumplimentar lo ordenado en la sentencia interlocutoria’, dictada por la juez Blanca Lobo Domínguez el 11 de marzo pasado”.

Cinépolis contestó a RTC señalando que: “dado que la juez de distrito negó al quejoso la suspensión definitiva, la autorización de RTC para exhibir Presunto culpable continúa vigente y, por tanto, la exhibición del documental es válida y legal; la juez dictó cierta ‘medida cautelar’ dirigida únicamente a RTC (no a Cinépolis), consistente en girar ciertas órdenes, en lo cual Cinépolis no puede substituirse, al no ser autoridad competente en materia cinematográfica; y la ley prohíbe a distribuidores y exhibidores, modificar, alterar, mutilar,censurar o cortar las películas, sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (aun cuando se tratare de alteraciones tendientes a resguardar o camuflar la identidad o proteger los datos personales del quejoso)”.

El oficio de RTC antes mencionado no deja sin efectos la autorización para exhibición comercial de Presunto culpable otorgada a Cinépolis, ni ordena suspender la exhibición de la película.”

Mea culpa
En tanto, expertos en derecho constitucional afirmaron que la decisión Lobo Domínguez, de negar la suspensión definitiva a Presunto culpable y ordenar que se difumine la imagen de uno de los entrevistados, es un “enorme mea culpa” del sistema de justicia y en particular de los juzgadores que “se formaron bajo el viejo sistema antidemocrático y corrupto, en el que imperan las aberraciones jurídicas”.

Miguel Angel Eraña, catedrático de la Universidad Iberoamericana, indicó que estamos ante una “clara falta de preparación de la mayoría de los jueces. La recomposición del primer fallo de la juez Lobo, desnuda su equivocación, que era evidente, porque se anteponía el interés público al individual”.

Elisur Artega, experto en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que “si bien no conozco los términos de la resolución, sí podemos destacar que es necesario, por un lado dejar establecida la defensa de todo ciudadano del derecho a su imagen, pero también la protección de derechos básicos como el acceso a la información”.

En toda actividad humana, explicó, se pueden “contraponer varios derechos esenciales. En este caso, la juez optó por aquellos que consideró menos valiosos, como el que apareciera la imagen de una persona determinada en un documental, al ordenar que su imagen fuera difuminada, con lo que se preserva su derecho individual a la protección de su imagen, pero al mismo tiempo no se afecta el derecho a la información de toda la sociedad”.

Jorge Caballero y Laura Poy, La Jornada, 16 de marzo.

Fallo, censura camuflada a cinta: director

La decisión de la juez Blanca Lobo de que en Presunto culpable sea “camuflado” Víctor Daniel Reyes Bravo es una censura al documental, consideró su director Roberto Hernández.

A través de un correo electrónico, el también abogado sostiene en siete puntos que la solicitud es en realidad una mutilación a la obra fílmica.


Reyes Bravo es la persona que en el largometraje acusa, sin tener pruebas, a Toño, un joven que fue encarcelado injustamente por dos años.


Hace dos semanas Reyes Bravo denunció legalmente que su imagen estaba siendo perjudicada y explotada comercialmente sin su consentimiento.


La juez Blanca Lobo determinó esta semana que Presunto culpable podía seguir en cartelera, pero debía “camuflarse” al denunciante y distorsionarse el audio para proteger la identidad del quejoso mientras se resolvía el juicio de amparo.


“Esta solución implica mutilar una obra académica de forma permanente”, señaló Hernández en el comunicado.


“La orden, aclaramos, no consiste ni siquiera en difuminar el rostro del testigo como erróneamente se ha transmitido. La orden dice literalmente que hay que camuflarlo (esto es, disfrazarlo de algo que no es)”, dijo.


“El material de 35mm de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o reescriben a placer en un procesador de texto.

“Una vez ‘camuflado’ el testigo, ‘camuflado’ quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla. Y en caso de que el quejoso pierda el juicio, el cambio no puede revertirse.


“Ninguna de estas modificaciones puede hacerse sin detener la exhibición de la cinta. En efecto, disfrazada, esta es una negativa a que continúe la película en cines. En los hechos, Blanca Lobo nuevamente censura al filme”. En cuatro semanas de exhibición, Presunto culpable ha sido vista por casi un millón 300 mil personas.

El Universal, 16 de marzo.