Avanza la regulación del derecho de réplica

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados alista la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional con la que obliga a cualquier medio de comunicación a publicar o transmitir el derecho de réplica cuando una persona considere que alguna información es inexacta o falsa.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, del cual EL UNIVERSAL posee copia, se prevé que si algún medio de comunicación, agencia de información, productores independientes y cualquier emisor de información no cumple con la publicación o difusión de una réplica o se niegue a cumplir con la sentencia de las autoridades o lo haga fuera del plazo establecido, será sancionado con una multa de 5 mil a 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Es decir, si actualmente el salario mínimo se encuentra en 64.76, la sanción puede llegar a ser de casi 650 mil pesos.

La ley —que será discutida este miércoles en comisiones— consta de 43 artículos y tres transitorios y establece: “La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita”.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Alejandro Moreno, consideró que es una buena iniciativa porque tiene un gran respeto por todos los medios de comunicación y periodistas de mantener su libertad de expresión y ayudará a perfeccionar la transparencia democrática y a conducir bien la información de manera veraz, clara y objetiva.

“Esta iniciativa recoge el espíritu de todos los grupos parlamentarios, hay iniciativas desde las que presentaron Jesús Murillo Karam, Pablo Gómez, Fernando Rodríguez Doval, Arturo Escobar y otros, era un tema y una asignatura que estaba pendiente y tenía mucho tiempo que no se consensuaba”.

Antecedentes

Desde 2007 se encontraba pendiente la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional, y desde aquella fecha muchos senadores y diputados presentaron diversas iniciativas en la materia; sin embargo, no se había podido encontrar el consenso.

En la 60 Legislatura se presentaron siete iniciativas por los panistas: Alejandro Zapata (PAN), José Antonio Díaz(PAN), Valentina Batres (PRD), Cuauhtémoc Sandoval (PRD), Carmen Mora (PAN), entre otros. En la 61 Legislatura se presentaron cuatro: Jaime Cárdenas (PT), Jesús Murillo Karam (PRI), Pablo Gómez (PRD) yJavier Corral (PAN). En la actual, presentaron: Fernando Rodríguez (PAN), Javier Corral (PAN), Rodrigo Chávez(MC) y Arturo Escobar (Verde).

Según el dictamen, desde 1883, entre otros, en países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido ya habían incluido en su legislación el derecho de réplica en los medios de comunicación.

Obligaciones

De acuerdo con el dictamen, la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica, detalla el documento.

El medio de comunicación podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica cuando se trate de emisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado; cuando no se ejerza en los plazos, cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, cuando sea ofensiva o contraria a las leyes; cuando la información ya haya sido aclarada, cuando la información publicada provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

Además, según el artículo 38, cuando la información se estime inexacta o falsa, y cuando el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad electoral competente.

Horacio Jiménez y Francisco Nieto, El Universal, 18 de septiembre.

Se revisarán hasta 50 normas por la reforma en telecom: diputado

La reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica que se promulgó el pasado 10 de junio, propiciará que el Congreso tenga que armonizar entre 45 y 50 diversos ordenamientos legales en lo que resta del año, de acuerdo con Juan Pablo Adame (PAN), presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado comentó que al interior del Congreso hay preocupación entre los legisladores por la demora de la propuesta de Ley Convergente, que habrá de enviar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Consejo Rector del Pacto por México y después al Legislativo, dado que la agenda pendiente luce saturada. “Tenemos que armonizar como 50 ordenamientos legales entre todas las modificaciones que tienes que ir haciendo”, dijo el legislador.

De inicio debe conformarse el Ifetel, que ya está en proceso y esperamos que el Senado defina; a partir de que se conforme el Ifetel, ese instituto tiene un plazo para trabajar sobre políticas públicas en específico, en TDT por ejemplo, dijo el legislador.

El tema de la desincorporación de activos se tiene que revisar en 180 días por Ifetel y luego tenemos hasta la primera quincena de diciembre para, primero, emitir la Ley Convergente, que no será un trabajo sencillo porque contempla Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

Amedi sugiere ley secundaria

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) entregó al Consejo Rector del Pacto por México la Iniciativa Ciudadana para una ley secundaria en telecom, la cual trae propuestas en libertad de expresión, derecho a la información, derecho de acceso a tecnologías de la información, competencia en radiodifusión y telecomunicaciones.

Esta iniciativa será entregada al Congreso, a fin de que los grupos parlamentarios la analicen y se abra un debate amplio, explicó Aleida Calleja, presidenta de Amedi.

Ramiro Alonso, El Universal, 5 de septiembre.

Asume el Pacto Telecom y energía

uego de empujar la reforma educativa que evaluará a los maestros, el Pacto por México determinó tomar las riendas de la negociación de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y la reforma energética.

El nuevo presidente del Pacto, el priista César Camacho Quiroz, informó que los dos temas serán dialogados en esta mesa de concertación que incluye a representantes del Gobierno federal.

"Se confirma que la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones y competencia económica se construirá en esta mesa, la iniciativa y los prolegómenos", dijo.

-¿La reforma energética también se verá en la mesa del Pacto?-, se le preguntó.

-La reforma energética se sigue platicando en la mesa del Pacto, es tema Pacto. Ya iniciamos el intercambio de impresiones sobre la reforma energética desde hace un par de semanas-, respondió.

-Se va a conversar sobre la reforma energética y se va a determinar lo que al final se lleve al pleno en las cámaras, concretamente la de senadores-, abundó.

Entrevistado al arribar a una mesa sobre la reforma de telecomunicaciones, Camacho Quiroz destacó que a sólo unas horas de la aprobación de la reforma educativa, el Pacto por México sigue su marcha.

El dirigente confió en que las fuerzas políticas puedan llegar a un consenso sobre el tema, y dijo que el Pacto puede ayudar.

"Nosotros confiamos en que, si seguimos en torno de la mesa, podemos construir consensos", señaló.

De acuerdo con el documento del Pacto, sus integrantes se comprometieron a realizar una reforma energética que convierta a Pemex en una empresa pública productiva; a multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos; a impulsar la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte, así como a fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Entrevistado por separado, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, manifestó que su posición es que se apruebe primero en el Congreso la reforma político-electoral, y después iniciar la discusión de la reforma energética.

"Viene la reforma política electoral, es un tema fundamental. Nosotros, debo de insistir, que hay un acuerdo firmado en el Pacto por México de procesar una reforma política electoral, antes de dictaminar la reforma energética". indicó.

"Nosotros vamos por las dos, y por las dos vamos, reformas de gran calado, tanto la reforma política electoral, como la energética", señaló.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que las diversas movilizaciones anunciadas en contra de la reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto deberán realizarse sin violencia.

Ayer, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) entregó al Consejo Rector del Pacto su propuesta para articular la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que demanda transparencia y respeto al derecho de los usuarios de contar con servicios de calidad, y sin discriminación.

El documento contiene 14 capítulos y casi 400 artículos relacionados con el derecho a la información, los medios de uso social, de uso público y los límites a la concentración por concesionario o grupo de interés económico.

El Presidente Enrique Peña Nieto, el PAN y el PRD han presentado propuestas de reforma energética que fueron turnadas a las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales del Senado, con la finalidad de que puedan ser discutidas en este periodo ordinario de sesiones.

PAQUETE ECONÓMICO
 
Por otro lado, los integrantes del Consejo Rector del Pacto adelantaron que esa mesa también analizará el contenido del paquete económico 2014 que enviará en unos días el titular del Ejecutivo federal al Congreso.

Los dirigentes tienen planeado reunirse el fin de semana para dialogar sobre el tema y sobre las propuestas que sean incluidas en la reforma hacendaria.

Como parte de esa discusión, los líderes de los partidos y representantes del Gobierno federal recibirán a las asociaciones de presidentes municipales, a representantes de organizaciones campesinas y grupos de mujeres.

 
 
 
Reclaman equidad y transparencia
 
Algunos puntos de la propuesta que entregó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información al Pacto por México para articular la Ley Federal de Telecomunicaciones.

· Preservar los derechos de los usuarios para contar con servicios de calidad y sin discriminación.

· Abrir al público las tarifas por concepto de comercialización de espacios y sus formas de aplicación.

· Derecho de réplica. Todos los medios electrónicos deben tener un responsable y se obligará su transmisión.

· La publicidad que sea presentada como información periodística o noticiosa, será sancionada, de forma tal que será menester identificarla.

· Medios de uso social: procedimiento administrativo, transparente y expedito, y una reserva del espectro de al menos 30 por ciento para este tipo de concesiones.

· Medios de uso público: garantizar la pluralidad de contenidos y la participación de la sociedad en sus políticas de programación.

· En televisión abierta, nadie podrá usar frecuencias superiores a los 12 Mhz, tanto en el ámbito regional como nacional.

· En radio, el límite es de hasta 3 emisoras en una misma plaza, siempre que no implique el uso de más del 50 por ciento del espectro disponible en esa plaza, así como no más del 30 por ciento de las emisiones a nivel regional o nacional.

· Creación de un Fondo Nacional para el Apoyo a la Producción Independiente de Contenidos Audiovisuales.

Claudia Guerrero y Mayolo López, Reforma, 5 de septiembre.

Efectivo derecho a la información, exigen ONG

El consejo rector del Pacto por México retomó la discusión sobre la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones al recibir una propuesta de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, integrada por 300 organizaciones sociales y 500 personajes del ámbito intelectual y académico.
El documento plantea democratizar el sistema de medios de comunicación, generar condiciones para acabar con los monopolios, fomentar competencia en el sector y hacer efectivos el derecho a la información, la libertad de expresión y el acceso a las tecnologías y la pluralidad.
En la reunión del consejo estuvieron los presidentes priísta, César Camacho; panista, Gustavo Madero, y perredista, Jesús Zambrano, así como el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. En esta ocasión no acudió el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Las organizaciones sociales quedaron representadas por un grupo de especialistas en materia de telecomunicaciones, encabezados por Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Camacho Quiroz, presidente en turno del consejo rector del Pacto por México, resaltó que como ha ocurrido con otras iniciativas, del mecanismo de concertación política saldrán los prolegómenos de la ley secundaria en telecomunicaciones, pues la última palabra al respecto, la tienen diputados y senadores.
Frente a quienes auguran la próxima muerte del pacto, Gustavo Madero ratificó que persiste la voluntad de construir acuerdos y llegar hasta la leyes reglamentarias, es decir, no quedarse en expresiones genéricas.
Jesús Zambrano calificó el planteamiento de las organizaciones sociales de insumo fundamental, el cual se trabajará junto com lo que el gobierno se comprometió a presentar y lo que se ha avanzado en el mecanismo de concertación política. Queremos que vaya una iniciativa lo más consensuada posible, expresó.
Calleja presentó la propuesta de las organizaciones sociales, la cual plantea transparencia en el otorgamiento de las concesiones de uso comercial, público y social, con un régimen simplificado para las comunidades indígenas. Demanda condiciones de financiamiento para el desarrollo de los medios públicos y sociales y límites a la concentración.

Georgina Saldierna y Alma Muñoz, La Jornada, 5 de septiembre.

Propone la Amedi que el Ifetel garantice el derecho de réplica

A unos días de que se inicien las negociaciones en el Congreso de la Unión para discutir y en su caso aprobar las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) presentó al consejo rector del Pacto por México una iniciativa ciudadana en esa materia, donde exige la obligación del derecho de réplica entre otras propuestas.

El proyecto de Amedi plantea que, en materia administrativa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantice el derecho de réplica; administración transparente de medios; estudios técnicos entre Ifetel y organizaciones civiles y la aplicación de un régimen simplificado para radios indígenas.

Establece que ningún concesionario podrá tener más de tres emisoras en una misma plaza y no podrá tener 30 por ciento de la difusión regional.

Sobre las empresas multimedia, destaca que podrán manejar televisión abierta, radio e internet pero sin rebasar difusión en el 50 por ciento del territorio nacional.

Los concesionarios podrán operar televisión y radio abierta y satelital pero no telefonía ni acceso a internet y siempre y cuando su cobertura no supere el 30 por ciento del territorio nacional.

El presidente del Consejo rector del Pacto por México, César Camacho Quiroz estableció el compromiso de que la iniciativa “será debidamente procesada y escuchada”.

La iniciativa de la Amedi, también plantea sancionar la información que se transmita como periodística cuando sea propaganda o publicidad.

Para contar con programación nacional independiente, plantea un Fondo Nacional de Apoyo a la Producción Independiente en Contenidos Audiovisuales.

Contempla medidas específicas para acceso Universal a tecnologías de información y programas de cobertura social anuales para zonas rurales e indígenas.

También garantiza la figura legal “Cláusula de Conciencia” para proteger los derechos de profesionales de la información que trabajen en radio y televisión; y propone que se sancione la reincidencia y que se aumenten las multas de 25 mil a 1 millón de salarios mínimos de acuerdo con el tipo de concesionario.

Sobre contenidos, propone que se establezca que los medios de uso público incluyan mecanismos para garantizar la diversidad y el pluralismo. Para lograr que los medios públicos sean independientes, propone que sean descentralizados y tengan diferentes tipos de financiamiento y que el 30 por ciento de su programación sea independiente y que cuenten con códigos de ética y mediadores de audiencia.

Alejandro Páez, La Crónica, 5 de septiembre.

Derecho de réplica, exigen maestros a Televisa

En demanda de que los medios de comunicación “abran sus espacios a la voz de los docentes y cese la campaña de mentiras y hostigamiento”, casi 300 profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y Distrito Federal marcharon del Zócalo capitalino a Televisa Chapultepec.
Como parte de su jornada de lucha contra la reforma educativa, los docentes exigieron ante las puertas de la concesionaria que “se nos escuche. Que se diga la verdad sobre la educación, las condiciones que enfrentamos en el aula y los efectos nocivos de la reforma”.
José Antonio Altamirano Ojeda, de la dirección política de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que “esta empresa mediática ha mentido sistemáticamente sobre la lucha que ha emprendido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por la defensa de la educación pública, y pese a sus acusaciones, nunca ha garantizado el derecho de réplica”.
El contingente de maestros, que arribó poco después de las 11:30 horas a la televisora, coreó: “¡Miente, miente, miente. Televisa siempre miente, y con todas sus mentiras apoya al presidente!”, y colocó en las banquetas mantas y carteles contra la reforma educativa.
Altamirano Ojeda señaló que una comisión de profesores entregó copia de la minuta de acuerdo firmada con la Secretaría de Gobernación, el pasado jueves, en la que se convoca a celebrar nueve foros regionales y uno nacional para debatir la reforma educativa, y en los que “podrán participar los actores sociales interesados, aun organizaciones ligadas a Televisa, como Mexicanos Primero”.
Desde las primeras horas del jueves pasado, cientos de docentes que permanecen en el plantón nacional instalado en la Plaza de la Constitución desde el 8 de mayo, se organizaron para partir en marcha poco después de las 10 horas, y movilizarse por avenida Pino Suárez, seguir por Izazaga hasta Chapultepec.
Luego de permanecer poco más de dos horas ante las instalaciones de Televisa, el contingente de maestros regresó a su campamento para reintegrarse a las labores de brigadeo y volanteo contra la reforma educativa, y concluir los preparativos para un foro nacional de educación, este sábado en Ciudad Universitaria.

Laura Poy Solano, La Jornada, 25 de mayo.

Presionaron televisoras para eliminar derechos de audiencias

Al pronunciar su discurso en la presentación de la iniciativa de reforma constitucional sobre telecomunicaciones, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, presidente del consejo rector del Pacto por México, destacó que debe obligarse a los concesionarios de radio y televisión a “respetar los derechos de las audiencias”, pero ese punto desapareció del documento.
En el borrador que se discutió el 4 de marzo existía un párrafo tercero en el artículo sexto, en el cual se precisaba que la ley “garantizará el derecho de las audiencias y establecerá las condiciones que deben regir a los contenidos y a la contratación de los servicios ofrecidos por los concesionarios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por terceros”.
En la reunión del consejo rector del jueves pasado, cuando quedó listo el articulado, ese párrafo desapareció del documento que presentaron el lunes 11 el presidente Enrique Peña Nieto, los dirigentes de PRI, PAN y PRD, y los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras.
La decisión de suprimir de la iniciativa el derecho de las audiencias se debió a las presiones que ejercieron las televisoras, revelaron algunos de los participantes en las negociaciones y la elaboración de los 23 borradores antes del documento final.
El derecho de las audiencias, de acuerdo con los legisladores consultados, esá vinculado a la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía y de los comunicadores; así como a los mecanismos de participación ciudadana para evitar, por ejemplo, que se despida a un periodista por criterios no laborales.
Además, el derecho de las audiencias tiene que ver con el de réplica, que no se fraccionen los contenidos y que no haya publicidad engañosa, entre otros puntos.
La supresión del artículo sexto de la iniciativa de reforma constitucional, que se refiere a las obligaciones de los concesionarios con las audiencias, trató de justificarse mencionando el tema sólo en la exposición de motivos.
Por eso en su discurso Madero insistió en que con esa reforma “las telecomunicaciones y la radiodifusión adquieren el carácter de servicios públicos y quienes los proveen están obligados a respetar los derechos de las audiencias y fortalecer nuestra democracia”.
En otra reunión también quedó fuera de la iniciativa un punto acerca del otorgamiento de concesiones para radio y televisión comunitarias o indígenas.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 13 de marzo.

Democratizar medios y regular gasto en publicidad oficial, piden expertos

México no podrá avanzar hacia una democracia real sin pasar por la democratización de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, indicaron académicos y expertos en el tema.

Durante un foro sobre la democratización de este sector, organizado por el movimiento #YoSoy132, analistas se pronunciaron por una mayor apertura para contrarrestar la concentración; por la regulación del gasto gubernamental en propaganda, por asegurar el derecho a la réplica, a la diversidad y a la tolerancia.

La investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alma Alva de la Selva, sostuvo que en el análisis de la situación del sistema de medios y telecomunicaciones en primer lugar se debe considerar la concentración, pues es la antítesis de la diversidad y pluralidad.

Este marco resulta aún más preocupante con la alianza Televisa-Iusacel, sostuvo.

Agregó que los derechos de las audiencias son un capítulo olvidado, aun cuando es ésta la razón de ser de los medios. Se pronunció por garantizar los derechos a la réplica, a la diversidad y a la tolerancia, además de regularizar la publicidad oficial.

En una de las cuatro mesas de la jornada, Virgilio Caballero, de la AMEDI, propuso que la sociedad civil (en particular agrupaciones y movimientos como el 132) demanden la revocación de la concesión a Televisa y TV Azteca.

Uno de los puntos que más polémica generara fue la propuesta de #YoSoy132 de desaparecer la publicidad gubernamental. Al respecto, los analistas señalaron que, por el contrario, ésta debe ser regulada, pues son los medios pequeños y medianos –sobre todo impresos– los que dependen más de esos ingresos que las grandes cadenas de televisión.

En tanto, Mony de Swan, presidente de la Cofetel, dijo que prácticamente está todo listo para la tercera cadena de televisión.

El periodista Jenaro Villamil planteó la necesidad de reformar la ley de radio y televisión, de incluir el derecho de réplica, de propiciar que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos y de crear un observatorio que pueda realizar juicios ciudadanos a los gobernantes o servidores públicos que compren espacios en medios para beneficio personal. Además, afirmó que debe existir un rechazo generalizado al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, en inglés).

Al finalizar la jornada, el movimiento #YoSoy132 dio a conocer un pronunciamiento en el que convocó a la sociedad civil organizada a construir una agenda nacional para democratizar el sistema de medios de comunicación, luchar por el derecho a informarse y reivindicar el derecho a indignarse por un problema que nos afecta a todos y que permite que una parte de la realidad permanezca oculta.

Emir Olivares Alonso, La Jornada 26 de noviembre.

Presenta Corral iniciativa para crear la ley de réplica; habrá presión de televisoras

Con el aval de gran parte de integrantes de su bancada, de legisladores de PRD y PT, el panista Javier Corral Jurado presentó ayer una iniciativa de ley federal para ejercer la réplica en los medios de comunicación, dirigida fundamental a la radio y la televisión.

Su propuesta prevé la realización de un procedimiento judicial sumario en materia civil que no excederá de 22 días para los casos en que los concesionarios de medios electrónicos se nieguen a dar el derecho de réplica a quienes se sientan lesionados por informaciones falsas, imprecisas o calumniosas.

En tribuna, Corral señaló que su iniciativa pretende acabar con una aberrante omisión legislativa, ya que no hay normas precisas para la réplica en el caso de los medios electrónicos, por lo que se acude a la vetusta Ley de Imprenta, que data de 1917 e incluye sanciones penales.

Recordó que la Ley Federal de Radio y Televisión da a los concesionarios la facultad de decidir si se concede la réplica, lo que constituyeun ridículo monumental.

En entrevista, el senador panista –experto en medios de comunicación– dijo saber de las presiones que ejercerán Televisa y Tv Azteca para que no pase la ley, pero confió en que el Congreso no se arredrará. Se mostró optimista porque ayer se sumaron a su propuesta legisladores del PRI, como Omar Fayad, y el coordinador del PT, Manuel Bartlett, quien ante el pleno calificó de muy valiente la decisión de presentar ese proyecto de ley.

Corral resaltó que en la pasada reforma electoral de 2007 se señaló el compromiso de crear la legislación reglamentaria al artículo sexto constitucional en materia de réplica, lo que después de cinco años no se ha cumplido.

Detalló luego su propuesta, en la que se prevé un mecanismo ágil de autorregulación, a fin de evitar el uso de procedimientos desgastantes para ambas partes. En caso de que la conciliación no funcione y el medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente se niegue a otorgar la réplica, se acudiría al Poder Judicial, con etapas procesales claramente definidas, a fin de agotar el juicio en un término de 22 días hábiles.

Quien ejerza el derecho de réplica podrá presentar la demanda ante un juez de distrito en materia civil contra informaciones que resulten falsas o inexactas, pero también contra opiniones sustentadas en esa información.

La iniciativa incluye también la posibilidad de apelación, con el propósito de que un magistrado del tribunal unitario de circuito correspondiente resuelva en segunda instancia la demanda dirimida en el juzgado de distrito.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de septiembre.

Ratifica el TEPJF el derecho de réplica

Al resolver una queja interpuesta por Televisión Azteca en contra del Instituto Federal Electoral (IFE) para regular el derecho de réplica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las reformas reglamentarias para posibilitarlo, al considerar que, si bien no hay una legislación secundaria, es un derecho humano que la autoridad está obligado a garantizar a las personas que se sientan afectadas en su honra, se consideren calumniadas o afectadas por informaciones inexactas o excesos de los medios de comunicación. La carencia de esa legislación no puede ser obstáculo para que ese derecho sea garantizado, dijo el magistrado Manuel González Oropeza, quien destacó la importancia de que el IFE asegure el cumplimiento del derecho de réplica de ciudadanos, partidos o candidatos, porque el derecho de réplica es la contraparte de la libertad de expresión. Es más, la libertad de expresión tiene límites porque en el debate no nada más es una voz, sino es un debate donde hay una reacción que debe ser considerada como un derecho con esa misma magnitud. De tal suerte, agregó el magistrado, hay una suerte de bilateralidad entre la expresión y la réplica; por eso es tan importante la réplica para cualquier persona que se considere afectada, aludida, no solamente por una calumnia; también puede ser por la falta de precisión en la afirmación que se hace. El proyecto presentado por el magistrado Salvador Nava Gomar subraya que la persona que sea titular de dicho derecho humano (réplica), en forma directa, puede exigir a la autoridad competente que ejerza sus atribuciones para que en forma inmediata se respete dicho derecho por aquellos que afecten su vida privada o familiar, así como ataquen legalmente su honra o reputación mediante informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión que se dirijan al público en general. Más adelante subraya que el citado derecho, contrariamente a lo que se alega (por Tv Azteca), no es una norma de eficacia indirecta, sino directa, por lo que el IFE, en tanto órgano del Estado mexicano, está obligado a garantizarlo porque forma parte de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, por lo que al emitir el reglamento de quejas y denuncias, incluyendo el derecho de réplica, no usurpa funciones del legislador. A su vez, Pedro Penagos dijo que este derecho puede reivindicarse cuando se considere que en la información que presenten los medios se están distorsionando los hechos, en menoscabo, por ejemplo, de la vida privada, familiar; ataques ilegales a la honra, a la reputación o simplemente cuando se considere que las informaciones son inexactas y causan perjuicio. En su oportunidad, el magistrado Constancio Carrasco refirió que el derecho de réplica está igualmente garantizado por diversos instrumentos internacionales y por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo consideran fundamental. De estas disposiciones se desprende la necesidad de que los órganos del Estado mexicano garanticen su ejercicio. Alonso Urrutia, La Jornada, 24 de noviembre.

Lapsos iguales y derecho de réplica

El IFE consultará a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no sólo lo relativo a los espots sino el proyecto de lineamientos de noticiarios. Sugiere, sin ningún viso de obligatoriedad para los radiodifusores, que las empresas otorguen el mismo tiempo de expresión a los contendientes en el proceso electoral federal. Propone que diferencie las noticias de las opiniones; otorgue el derecho de replica; promocione debates entre los candidatos y fomente el respeto a la vida privada de los abanderados. La Cirt se llevó el documento para analizarlo con su consejeros y comisionados, y deberá dar sus sugerencias al IFE, para que el árbitro electoral apruebe los lineamientos generales a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos durante 2011-2012. El IFE sugiere que los contendientes sean incluidos en las barras dedicadas a este proceso electoral, criterio que debe hacerse evidente en el número de entrevistas, así como la presencia de ellos en programas de análisis. Es decir, distinguir entre el anecdotario de las campañas y la oferta política de los candidatos. El IFE pide no lesionar a los abanderados con base en la difusión de su vida privada, siempre que ésta no tenga implicaciones públicas. Como en años anteriores, una institución universitaria de prestigio evaluará el monitoreo de estos materiales. Fabiola Martínez, La Jornada, 25 de septiembre.

Demanda López Obrador a Televisa derecho de réplica

Andrés Manuel López Obrador exigió a Televisa derecho de réplica, porque, dijo, todos los días lo critican y atacan, pero nunca le han dado tiempo para defenderse, y elogió el trabajo de Marcelo Ebrard al frente del Gobierno del Distrito Federal. La mafia del poder nos quiere ver divididos, pero no lo va a lograr, subrayó. En un acto público realizado en el municipio de Guadalupe Victoria, a 85 kilómetros de Durango capital, ante unos 3 mil simpatizantes, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se refirió al rechazo de Carlos Salinas a debatir, aunque todos los días la mafia del poder busca discutir con él mediante sus achichincles. Luego corrigió y anunció que ya no les llamará así, porque se molestan. Por ello prefirió decirles empleados. En Televisa, señaló, los conductores de diferentes programas lo critican y atacan diariamente, principalmente los miércoles por la noche, pero siempre le han negado el derecho de réplica. Cuatro (horas) se me hacen muchas. Con dos basta para defenderse. O bien, un debate con los conductores de los programas de noticias de Televisa. Si nos dan horario triple A, mejor. Sobre Marcelo Ebrard, comentó que ha hecho un excelente trabajo en estos cinco años al frente del Gobierno del Distrito Federal. Es un buen gobernante. Señaló que la mafia del poder quiere verlos divididos a él y a Ebrard Casaubon, pero es mi amigo y no se les va a hacer. La izquierda no se dividirá. En su discurso, López Obrador dijo que ha llegado el momento de que el pueblo tome conciencia, de que se una como lo hizo hace 201 años y se decida a sacar del poder a los caciques. Si el pueblo quiere ser libre, sabe lo que tiene que hacer. Por ello le pidió que no venda su libertad por migajas. López Obrador estuvo más tarde en Parral, Chihuahua, donde dijo que los recursos naturales de México, entre ellos el oro y la plata, están siendo saqueados por empresas extranjeras, que sólo dejan al país contaminación y daño ambiental. Ante cientos de personas que lo esperaron más de hora y media para escucharlo, bajo un sol fuerte, el político tabasqueño censuró la entrega de 52 millones de hectáreas por el gobierno federal a empresas mineras, principalmente de capital canadiense, para que exploten oro y plata en minas a cielo abierto, el método más nocivo para el medio ambiente. Expresó que dichas compañías están devastando amplias regiones de México, sin que ayuden en nada al desarrollo regional ni se les cobren impuestos especiales. Canadá les cobra 15 por ciento de impuestos por extracción de minerales y el gobierno de México sólo un derecho, una cantidad ridícula de 5 pesos por hectárea. Están saqueando los recursos naturales del país, insistió. Al mitin en Parral acudieron simpatizantes de 27 municipios del sur de Chihuahua, ante quienes anunció que el domingo 2 de octubre el Morena se constituirá en asociación civil en el Auditorio Nacional de la ciudad de México y la directiva del movimiento estará constituida por representantes de todos los sectores y clases sociales del país. Saúl Maldonado y Miroslava Breach, La Jornada, 18 se septiembre.

Mantiene la CIRT la disputa con el IFE y sus 950 recursos de impugnación ante el TEPJF

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) aclaró que no ha tenido ningún acuerdo extraoficial con el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre las casi mil impugnaciones presentadas en contra del Reglamento de Radio y Televisión.

En un comunicado reiteró que el reglamento fue aprobado sin fundamentos técnicos y que el IFE se extralimitó e invadió facultades del Poder Legislativo. El órgano empresarial señaló que algunos consejeros del IFE afirmaron en sesiones públicas y privadas que los radiodifusores habían llegado a acuerdos extraoficiales con el instituto sobre el reglamento de radio y televisión aprobado hace unas semanas e impugnado por 950 radiodifusores, lo cual, puntualizó, es falso.

La CIRT reitera que dicho reglamento fue aprobado por los consejeros electorales sin un peritaje de la operación de Radio y Televisión. Tan es así, que 950 estaciones de radio y televisión afiliadas a la CIRT presentaron el pasado 6 de julio, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recursos de apelación al reglamento.

El rechazo de los radiodifusores al reglamento que se pretende aplicar en el próximo proceso electoral se basa en que se trata de un documento que se elaboró sin consultar a la industria sobre los procedimientos e impedimentos técnicos para transmitir miles de promocionales en los espacios y tiempos marcados por el IFE.

Asimismo, reclama que se haya creado la figura de radios comunitarias, con lo que el IFE se extralimitó invadiendo funciones del Poder Legislativo, al incluir una figura de radiodifusión inexistente en el derecho mexicano.

Con estos elementos, la CIRT sostuvo que el IFE ignora los procedimientos de operación de la radio y televisión mexicanas.

Ante la resolución de los 950 recursos de impugnación presentados por sus afiliados, señaló que confía plenamente que en apego a la ley, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizarán a fondo y con total transparencia las impugnaciones y resolverán en beneficio de nuestra democracia.

La Jornada, 26 de julio.

Rechaza CIRT acuerdo extraoficial con el IFE

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) rechazó tener algún acuerdo extraoficial con el Instituto Federal Electoral respecto a las impugnaciones que presentó contra el reglamento de acceso a radio y televisión.

En un comunicado de prensa, la organización patronal descartó haber llegado a algún acuerdo para resolver las diferencias en la materia.

“La CIRT desmiente categóricamente las afirmaciones que algunos consejeros del IFE han difundido en sesiones públicas y privadas, en el sentido de que hemos llegado a acuerdos extraoficiales sobre las impugnaciones presentadas”, enfatizó en el texto.

Asimismo, el organismo reiteró que el reglamento fue aprobado por los consejeros electorales sin un peritaje de la operación de radio y televisión,

El pasado 6 de julio, 950 estaciones radiofónicas y televisivas afiliadas a la CIRT presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que se invadieron funciones del Poder Legislativo y se violentó su derecho de audiencia cuando no se realizó el mencionado peritaje.

El 27 de junio pasado el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó por unanimidad algunas reformas a dicho reglamento, bajo el argumento de buscar mayor eficacia operativa y brindar certeza procedimental a los sujetos obligados y a las autoridades electorales.

En las modificaciones se establecieron los conceptos de mapa de cobertura y pauta de intercampaña, se detallaron los procedimientos relacionados con el soporte técnico de los promocionales, así como la transmisión de los pautados aprobados por la autoridad electoral, y se definieron las conductas irregulares.

También se incluyó el reconocimiento a los permisionarios privados sin fines de lucro, es decir, las radiodifusoras comunitarias, norma que también fue impugnada por la CIRT, debido a que la figura no se encuentra en la Ley de Radio y Televisión.

“La CIRT reitera que el IFE se extralimitó invadiendo funciones del Poder Legislativo al incluir una figura de radiodifusión inexistente en el derecho mexicano, que ignora los procedimientos de operación de la radio y televisión mexicana, y que mantendremos la firme posición de hacer uso de todos los recursos legales a nuestro alcance”, señaló en el boletín de prensa.

Finalmente, el organismo expresó su confianza en que los Magistrados del TEPJF analizarán a fondo y con total transparencia las impugnaciones y resolverán en beneficio de la democracia.

- Claves

Sanción al PAN

• Luego de que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral realizó una investigación a los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos en las elecciones intermedias de 2009, el Consejo General del organismo aprobó sancionar con más de 600 mil pesos al PAN por rebasar los topes establecidos en 33 distritos durante las campañas para diputado federal en el Estado de México, Distrito Federal, Tamaulipas y Yucatán.

México • Mariana Otero-Briz, Milenio, 26 de julio.

Radios comunitarias piden al TEPJF ratificar dictamen

axaca, Oax., 21 de julio. Las radios comunitarias de Oaxaca, adheridas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificar la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) para integrarla en su nuevo reglamento de radio y televisión, porque es un avance en el reconocimiento de sus formas de operación y funcionamiento en las próximas campañas electorales de 2012.

Sócrates Vásquez García, integrante de Radio Jënpoj, dijo que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), desde la determinación del órgano electoral, ha acusado a las radios comunitarias de piratas e ilegales, lo cual demuestra una vez más su oposición a la pluralidad de los medios y su desconocimiento de la legalidad.

Explicó que a pesar de que las cuatro radios permisionadas en Oaxaca y las 11 restantes del país no cuentan con financiamiento gubernamental, éstas luchan en instancias gubernamentales para ejercer su derecho como medios de comunicación comunitarios diferentes en constitución y objetivos a los concesionarios de la CIRT, que tienen claros fines de lucro.

En días pasados, la CIRT presentó un recurso de queja ante el TEPJF, en el que acusó al IFE de establecer pautas en radios piratas y concederles un tratamiento especial en detrimento de todos los concesionarios de esa industria.

Acompañado de Emilio Santiago Ambrosio y Manuel González Tomás, miembros de Radio Calenda y Zaachila Radio, indicó que la CIRT pretende hacer creer que el IFE está reglamentando radios ilegales, cuando se sabe que el órgano electoral se basa en el catálogo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre estaciones concesionadas y permisionadas para cumplir con lo pautado.

Subrayó que la CIRT se ha opuesto históricamente al reconocimiento alternativo que ofrecen las radios comunitarias, en desprestigio de la pluralidad informativa, de entretenimiento y recreación cultural requeridos en un Estado democrático.

Destacó que la CIRT, respaldada por la Asociación Internacional de Radiodifusión, cae en acusaciones absurdas sobre una supuesta competencia desleal de las radios comunitarias con su inclusión en el reglamento del IFE. A nosotros se nos tiene prohibida la publicidad comercial y, por tanto, no podemos participar en el mercado, anotó.

Vásquez García confió en que el IFE mantenga la inclusión de las radios comunitarias en el reglamento, como un acto que concuerde con los tratados internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión firmados por el Estado mexicano.

Octavio Vélez, La Jornada, 22 de julio.

Pide el IFE esperar resolución del TEPJF sobre radio y tv

El Instituto Federal Electoral (IFE) pidió a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno al reglamento en esta materia, aprobado el mes pasado por el Consejo General.

Dijo que la actualización de las normas reglamentarias se ha realizado con base en las atribuciones que marca el código electoral, por lo que el instituto no genera leyes ni invade facultades del Poder Legislativo.

Los cambios aprobados por el Consejo General del IFE (relacionados con la transmisión de promocionales, derecho a réplica y propaganda) provocaron la oposición de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), así como de partidos políticos como PRI y PVEM.

En el caso específico de la reducción de tiempo para la sustitución de mensajes de los contendientes (de cinco a tres días), los concesionarios y partidos interpusieron, en conjunto, poco más de 300 recursos de apelación ante el tribunal.

Hasta el momento, no hay fecha tentativa para la sesión en la que los magistrados fijen sus criterios y voten estos asuntos.

Ante el volumen de los recursos, cada magistrado recibió más de 40 expedientes. Según las previsiones que trascienden en el TEPJF, es posible que las audiencias en las que los involucrados presentan sus alegatos se inicien la próxima semana y la sesión final de estos asuntos sea posterior al 10 agosto, fecha en que será elegido el sucesor de María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del máximo tribunal electoral del país.

Mientras tanto, el IFE pidió esperar a la resolución del tribunal y aseveró que los recientes cambios aprobados por su Consejo General tienen como fin otorgar mayor equidad y dinamismo a la difusión de los promocionales de los partidos políticos, a fin de que la ciudadanía se informe de manera oportuna y cuente con mayores elementos para ejercer un voto razonado.

En respuesta a un desplegado de la Asociación Internacional de Radiodifusión, publicado el pasado lunes, el instituto subraya –tal como respondió en su momento a la CIRT– que su actuación no busca censurar ni coaccionar la libertad de expresión.

Respecto del derecho de réplica, el IFE señala que los cambios en el reglamento de quejas (y la colocación de esta garantía como un artículo transitorio de dicha normatividad) se hicieron conforme a una tesis del TEPJF.

En lo que toca a las modificaciones al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión, dijo que se otorga mayor equidad y dinamismo a la difusión de los espots de los partidos políticos.

De la misma forma en que el instituto llamó al diálogo a través de un comunicado, el consejero electoral Benito Nacif, presidente del Comité de Radio y Televisión, destacó la pertinencia de avanzar en el intercambio de información con los miembros de la CIRT.

Consultado acerca de las críticas emitidas por los concesionarios, especialmente por la reducción de plazos para la sustitución y transmisión de espots, el consejero señaló: En el IFE creemos que los problemas técnicos se solucionan precisamente con un análisis en torno a este tema y no por la vía de politizar el asunto.

Dijo que cuando hay cambios invariablemente las expectativas se alteran, por lo que hoy más que nunca –añadió– es necesario seguir dialogando (con los concesionarios) precisamente para reducir esa incertidumbre ante el nuevo contexto normativo y avanzar hacia un proceso electoral ejemplar.

Nosotros vamos a mantenernos en una actitud y en una política de diálogo. El diálogo es real, existe; queremos profundizarlo, elevar su nivel técnico y enfocarlo a la solución de problemas, concluyó Nacif.

Dura crítica de la AIR

La Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), integrada por 17 mil emisoras privadas de radio y televisión de América Latina, Asia y Europa, criticó que el IFE haya actuado con amplias atribuciones para calificar los contenidos de radio y televisión, incluyendo la supervisión de programas informativos en época prelectoral y electoral, y afirmó que combinado con facultades discrecionales para sancionar, el instituto constituye una seria amenaza para la libertad de expresión, configura mecanismos de censura y presión indebida sobre los medios e induce a la autocensura afectando gravemente la independencia editorial.

La AIR, que preside Luis Pardo Sáinz, envió una representación a la ciudad de México ante la constatación de graves riesgos a la libertad de expresión, derivados de la aprobación del Reglamento de Radio y Televisión aprobado por el IFE.

Fabiola Martínez, La Jornada, 20 de julio.

El IFE llama a concesionarios de radio y TV a esperar fallo del Trife

El IFE salió al paso de los señalamientos de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) al rechazar acciones de censura o coacciones a la libertad de expresión en los contenidos de programas que se transmiten en los medios de comunicación electrónica durante las precampañas y campañas de los procesos electorales en el país y negó que genere leyes o invada facultades del poder legislativo.

El Instituto defendió todas las acciones que ha tomado en las últimas semanas rumbo al proceso electoral del 2012 y llamó a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las impugnaciones que se interpusieron en contra del Reglamento de Radio y Televisión del Instituto que redujo los tiempos para la transmisión de spots en campañas y precampañas en esos comicios.

De hecho rechazó que el manejo de unos 40 millones de spots con este nuevo reglamento sea un “escenario crítico y riesgoso” para el 2012 como advierte la AIR y aseguró que las modificaciones se realizaron conforme a la experiencia del Instituto en la administración de los tiempos de estado y garantizan la transmisión en tiempo y forma de los promocionales de candidatos, partidos políticos y autoridades electorales.

Por ello el IFE dejó en claro a los concesionarios y permisionarios su voluntad para dialogar y encontrar los mejores acuerdos que permitan el buen desarrollo del proceso electoral del próximo año.

La AIR publicó un desplegado donde acusa de ejercer excesivas atribuciones” en torno al reglamento de radio y televisión y acusó al IFE de tomar decisiones que amenazan y coaccionan la libertad de expresión en el país.

En un comunicado, el IFE explicó que la prohibición a partidos políticos y particulares para contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión se aprobó en la reforma del 2007 y rechazó que esa disposición legal censure o coaccione la libertad de expresión.

El organismo que preside Leonardo Valdés Zurita defendió su reglamento de Radio y Televisión y consideró que otorga mayor equidad y dinamismo a la difusión de los promocionales de los partidos políticos, a fin de que la ciudadanía se informe de manera oportuna y cuente con mayores elementos que permitan al ciudadano ejercer un voto razonado en las elecciones del 2012.

Sobre los cuestionamientos al derecho de réplica que establece sanciones —previo mecanismo de conciliación para llegar a un acuerdo—a los concesionarios y permisionarios que no otorguen ese derecho, el IFE estableció que su aplicación se realizó conforme a una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El IFE estableció que la reforma constitucional realizada en 2007, que modificó el Sistema de Comunicación Política, garantiza el libre intercambio de ideas y de debate en el espacio público, al permitir a candidatos y partidos políticos el acceso equitativo a los medios de comunicación electrónicos, así como al ciudadano ejercer libremente su derecho a la información y su libre participación.


Alejandro Páez, La Crónica, 20 de julio.

Las televisoras pueden transmitir espots en el plazo fijado por el IFE

Los dos principales concesionarios de canales de televisión en el país (Televisa y Televisión Azteca) tienen la estructura operativa para transmitir promocionales en el plazo que fijó el Instituto Federal Electoral (IFE).

En sus catálogos de oferta comercial estas empresas informan a sus clientes que deben entregar los materiales con tiempo suficiente para su difusión; este plazo no rebasa los tres días. Es decir, precisamente lo que dictó el IFE para sustituir los mensajes políticos (que se difundan en radio y televisión) cuando el contendiente así lo requiera.

En los próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dará su veredicto sobre las apelaciones promovidas por los concesionarios y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la resolución del IFE.

La decisión del tribunal –definitiva e inapelable– repercutirá sobre uno de los puntos medulares del modelo actual de comunicación política, que incluye la prohibición a los radiodifusores de vender espacios para la transmisión de mensajes políticos proselitistas.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que la venta de espacios durante el proceso electoral 2005-2006 dio ganancias a los concesionarios de radio y televisión por más de 2 mil millones de pesos y, como demuestran los monitoreos de ese bienio, hubo días en que se transmitían mensajes casi al doble de tiempo de lo que marca la norma hoy día.

Un estudio del IFE, elaborado con el apoyo de la videoteca del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana-Puebla, muestra que en la campaña presidencial de 2006, en los principales espacios de Televisa los espots políticos rebasaron el límite que ahora marca la ley para la difusión de estos materiales.Por ejemplo, el 28 de junio de ese año, 47 por ciento del tiempo de duración del principal noticiero nocturno de esa empresa fue de mensajes político-electorales.

En la contienda 2008-2009, regida por la reforma electoral en la que fue aprobado el nuevo esquema de comunicación política, fueron transmitidos 33.4 millones de promocionales dentro de los llamados tiempos del Estado. En aquel momento los concesionarios subrayaron que su nivel de cumplimiento en la difusión de pautas de transmisión (horarios y frecuencia en que deben pasar al aire los mensajes) fue de 97 por ciento.

En el fondo del embate promovido por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en contra del IFE, así como la resistencia a aceptar la reducción de plazos, está la intención de reventar la reforma 2007-2008 y volver al esquema que les permite captar millones de pesos del erario entregado a los partidos políticos para campañas en medios de comunicación. Por supuesto que ése era el negocio más jugoso, advirtió Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, organización que exhortó al TEPJF a resolver conforme a derecho las impugnaciones a los reglamentos sin ceder a las presiones del poder mediático.

Si el tribunal valida las reglas expedidas por el IFE para garantizar una contienda electoral equitativa y democrática, añadió, se podría cerrar la puerta a ese mercado negro que los legisladores no previeron; es decir, la vía que han encontrado los radiodifusores para dar la vuelta a la ley y seguir comercializando espacios durante los procesos electorales.

Ése es el verdadero motivo –y no razones técnicas– de su rechazo a la orden de cambiar los espots en un menor tiempo durante los tiempos oficiales, dijo.

Calleja subrayó que la campaña en contra del instituto contiene acusaciones muy fuertes, como aseverar que las normas aprobadas por el órgano electoral ponen en riesgo el proceso. Creemos que es una acusación muy fuerte para una institución del Estado... Lo que está haciendo el IFE es aprobar normas para que todos los jugadores en las contiendas electorales tengan posibilidad de expresar sus ideas, dijo.

Por otra parte, el Código Federal Electoral faculta al instituto para cambiar los aspectos relacionados con las pautas de transmisión.

Alfredo Figueroa, integrante del Comité de Radio y Televisión del IFE –y uno de los promotores del reglamento criticado por la CIRT–, dijo que existen evidencias a lo largo de la historia, particularmente en 2006, tras el debate de candidatos a la Presidencia de la República,con los promocionales contratados con celeridad, a manera de réplica, fueron difundidos un día después de que los partidos los entregaron a las televisoras.

Defendió los resolutivos del IFE y dijo que los tres días en referencia constituyen un plazo prudente, parte de un modelo eficaz. El Instituto Federal Electoral está sometido a una campaña pública encabezada por las dos principales televisoras del país y sus aliados en la CIRT, subrayó.

Las ofertas televisivas

Documentos de ambas empresas confirman que la oferta comercial para quienes busquen publicitar sus mensajes en los canales de televisión abierta puede ser transmitida incluso un día después de que el cliente envíe el material a difundir.

En las Políticas de Tv abierta nacional, Televisa indica en el punto 2-f (operación) que son requisitos indispensables para la transmisión que el cliente y/o agencia haya entregado el material con el tiempo de anticipación suficiente para su transmisión (72 horas antes para televisoras locales y 24 para canales nacionales).

Cuenta –entre otras alternativas– con mecanismos tecnológicos para recibir los materiales de espots comerciales por Internet en las señales de los canales 2, 5, 9 y Forotv, así como vías para que el cliente verifique el estatus de sus materiales: activos, inactivos, en proceso de control de calidad, etcétera, además de facilidad para cambios de estatus y soportes para mantener la integridad y confidencialidad de los archivos.

Indica a sus clientes que en caso de existir una afectación por el cambio de programación o tarifa, la vendedora notificará vía telefónica para que le indique si prefiere cancelar el promocional afectado o decide volverlo a colocar en algún espacio determinado, incluso en diferente horario al contratado inicialmente.

Televisa ofrece además a sus clientes o potenciales compradores de espacios información acerca de los niveles de audiencia (ratings), incluso con estimados mensuales por canal, programa y día de la semana.

En el caso de Televisión Azteca, su área de ventas detalla que todos los materiales deberán ser entregados en nuestras instalaciones y en los formatos adecuados, con 72 horas de anticipación a la fecha de transmisión.

De igual forma, ofrece mecanismos de adquisiciones en bloque, información de ratings y compra exprés garantizada.

Detalla los sobreprecios que se aplicarán en algunos de sus espacios con mayor audiencia, como Sábado apantallante, Cinema estelar, Series prime time, futbol soccer, eventos deportivos y especiales, finales de telenovelas y partidos de futbol de la selección nacional.

Este punto derivó en un caudal de apelaciones y críticas en contra del Instituto Federal Electoral, promovidas por los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, así como del Partido Revolucionario Institucional.

Fabiola Martínez, La Jornada, 18 de julio.

Descalificaciones contra el IFE ponen en riesgo elecciones de 2012: Amedi

La presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Aleida Calleja, advirtió que las acciones para descalificar al Instituto Federal Electoral (IFE) –promovidas por concesionarios de radio y televisión– sí ponen en riesgo la contienda del año entrante.

Es necesario, agregó, que todos los involucrados en el proceso electoral (consejeros, representantes partidistas, gobiernos y legisladores) privilegien el cumplimiento de las normas electorales por la mayoría en la más reciente reforma 2007-2008.

Además, los integrantes de las diversas instancias del IFE, enviados por los partidos políticos y el Poder Legislativo deben apegarse a las leyes que ellos mismos aprobaron, porque ahora resulta que hay una reforma electoral huérfana, expresó Calleja en entrevista.

Está fuera de proporción la cobertura que le está dando la radio y la televisión a sus especialistas respecto de otras voces; evidentemente no están generando un debate con todas las instancias. Ello genera falta de equidad en la discusión, dijo.

Proceso sin precedente

La dimensión del proceso electoral que se inicia en octubre próximo no tiene precedentes. En 2012, el IFE organizará la jornada electoral más grande en la historia del país.

Según las previsiones del organismo, se calcula que más de 80 millones de ciudadanos estarán inscritos en la lista nominal de electores y podrán sufragar en 150 mil casillas distribuidas en todo el territorio nacional.

Esto significa un incremento de 20 mil casillas y 7 millones de ciudadanos respecto de los que participaron en la pasada elección presidencial y legislativa de 2006.

Asimismo, habrá 15 elecciones concurrentes para elegir 925 representaciones municipales; 559 curules en los poderes legislativos locales; seis gobernadores y un jefe de Gobierno.

A escala federal, se elegirán 128 senadores, 500 diputados federales y el presidente de la República.

En todas esas elecciones estará presente e involucrado el IFE, por conducto de diversas responsabilidades legales, como la actualización y depuración del padrón electoral, la emisión de las listas nominales de elector y, en especial, la administración de los tiempos del Estado en la radio y la televisión

De igual forma, el IFE deberá verificar el monitoreo de los promocionales que difundan los partidos políticos y las autoridades electorales en las contiendas.

Luego participará en las actividades de fiscalización de los recursos que autoricen los partidos en las contiendas federales y locales.

Fabiola Martínez, La Jornada, 16 de julio.

Comunitarias defienden reglas del IFE

El Instituto Federal Electoral (IFE) no excedió sus atribuciones al generar normas y criterios para facilitar la transmisión de spots electorales en las radios comunitarias, asegura Raúl Gabriel Benet Keil, presidente de la radio comunitaria Teponaztle Cultura y Comunicación.

En un escrito presentado en calidad de tercero interesado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Benet Keil aclara que el reconocimiento a la radios comunitarias en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral propiciará el cumplimiento de las reglas electorales en el caso de las emisoras con características especiales que cuentan con permiso.

El escrito fue presentado como respuesta a las impugnaciones que presentó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) al reglamento mencionado.

Dichas impugnaciones fueron presentadas el pasado 6 de julio ante el IFE, para que éste las remitiera al TEPJF.

“Las radios comunitarias somos emisoras sin presupuesto público… Operamos los pautados de spots con personal voluntario y de forma manual, mientras que los concesionarios cuentan con equipos tecnológicos de punta en varios casos, y otros permisionarios también”, precisa Benet Keil.


Dan amparo a La Voladora

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a La Voladora Radio, una radiodifusora comunitaria, en contra de la negativa de la Secretaría de Salud (Ssa) para contratar con ella publicidad oficial, por ser violatoria de la libertad de expresión y el derecho a informar.

Los ministros determinaron que la negativa de la dependencia es inconstitucional, y puede generar restricciones indebidas a la comunicación y la circulación de ideas, mediante la asignación discriminatoria de la publicidad oficial.

Por otra parte, el TEPJF confirmó las sanciones impuestas por el IFE al PRI y a Televisión Azteca, por la difusión de spots que retomaban contenidos de la revista Vértigo, relativos a la toma de protesta del presidente de ese partido, el ex gobernador Humberto Moreira.

No obstante, revocó la sanción impuesta por el instituto a Grupo Editorial Diez —editor de la revista Vértigo— y dio a los consejeros electorales 15 días naturales para emitir una nueva resolución, en la que especifiquen la relación del monto de la multa con el número de impactos y días en que fueron difundidos los promocionales. (Con información de Luz González)


Nayeli Cortés, EL Universal, 14 de julio.