La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede entregar de manera unilateral ningún permiso o concesión al Canal del Congreso, pues de hacerlo estaría infringiendo la regulación del sector, pero al mismo tiempo generaría un diferendo con otros operadores tanto públicos como privados.
Así lo reconocieron legisladores y autoridades del sector quienes advirtieron que en caso de que la SCT se decida otorgar su autorización para que el Canal del Congreso utilice un canal de televisión abierta, provocaría un galimatías jurídico al interior del sector, pues la Cofetel es la única entidad pública encargada de la administración de las frecuencias del espectro.
En ese sentido, Eduardo Ruiz Vega, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) explicó que aunque la SCT giró un oficio para evaluar esta posibilidad, hasta el momento la Cofetel “no ha recibido ninguna solicitud formal del Congreso”, por lo que consideró “difícil” pensar que la SCT pueda entregar “un permiso”.
Explicó que de acuerdo con la ley vigente, la Cofetel tiene todas las atribuciones legales para administrar el espectro radioeléctrico, además, el organismo es el único que puede autorizar la entrega de permisos para operar un canal de televisión abierta.
Asimismo, fuentes del Congreso reconocieron que se han tenido reuniones oficiales entre la Cofetel y los legisladores, quienes han manifestado su intención de que el Canal del Congreso cuente con un canal digital en la zona conurbada de la Ciudad de México; sin embargo, “en la Cofetel nadie se ha comprometido a entregarlo”, debido a la fuerte problemática legal y económica que generaría.
Según las fuentes, la Cofetel ha insistido en que resultaría discriminatorio otorgar al Congreso un canal local para transmitirse sólo en el valle de México, cuando se trata de un parlamento federal, pero además dijeron que sería económicamente imposible transmitir en otras ciudades por las fuertes inversiones necesarias para montar el equipo.
Las fuentes legislativas informaron que si la SCT pretende entregar una concesión o un permiso, la legislación vigente no incluye al Poder Legislativo como candidato.
