La reforma al sistema de justicia penal, que deberá estar implementada en todo el País a más tardar en el 2016, permitirá superar el modelo actual de procuración e impartición de justicia, el cual está roto, pues no funciona en ninguna de sus etapas, consideraron ayer líderes de organizaciones ciudadanas y académicas.
José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que el sistema de justicia que opera actualmente en la mayor parte del País no protege a la víctimas, no garantiza un castigo eficaz para los responsables y no permite una defensa adecuada.
"El reto que tenemos ante nosotros es muy grande, nos quedan cuatro años para realizar un cambio y el reto más importante para todos nosotros es desacostumbrarnos a un sistema que se encuentra roto y exigir el funcionamiento de un sistema como el que todos quisiéramos tener", apuntó.
Durante una conferencia de prensa, en la que se anunció la realización del Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que impulsan distintas organizaciones civiles, se informó que a cuatro años de que se aprobó la reforma constitucional sólo tres entidades han implementado el nuevo sistema de justicia, 10 lo están aplicando parcialmente y las 19 restantes tiene diversos grados de avance en la preparación de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo.
Caballero señaló que el Foro, que se llevará a cabo en la Ciudad de México los próximos 22, 23 y 24 de mayo próximos, permitirá evaluar a los estados que ya están aplicando la reforma y presionar a los restantes a acelerar el paso en el proceso de implementación.
"Ciertamente hay estados que ya han iniciado las reformas, pero también la discusión es la calidad de la reforma, el hecho de se anuncie en un estado determinado que ya existen los llamados procesos orales no implica que los procesos necesariamente tengan suficiente calidad, y es materia del Foro analizar también ese tipo de cuestiones", adelantó.
Ernesto Canales, quien es integrante de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de apoyo a los Juicios Orales y Debido Proceso, recordó que la reforma lo que busca es que exista transparencia y eficiencia en los procesos penales.
"Consideramos que la reforma es una medida adecuada para la época de violencia que vive el País, en el sentido que busca un mayor número de denuncias, que le dé información a los cuerpos policiales, mejor información, para que puedan perseguir a los delincuentes", indicó.
El Presidente de México SOS, Alejandro Martí, señaló que en algunos casos ha habido una falta de voluntad por parte de algunas autoridades para acelerar el ritmo de implementación de la reforma, pues en esta ocasión no se puede argumentar que los recursos que se han destinado sean insuficientes.
"Les quiero decir que hay dinero de sobra para que cumplan, fíjense, los recursos fiscales y los préstamos que existen para la reforma penal se van a fondo perdido, nada más pagan (los estados) los intereses", resaltó.
Rafael Heredia, quien es el abogado de la cinta Presunto Culpable, indicó que la reforma penal permitirá contar con agentes del Ministerio Público sujetos a mayores controles, pues actualmente las procuradurías sirven como brazo represor de los gobernantes en turno.
"Queremos las cárceles vacías de primodelincuentes y de gente pobre, las cárceles están llenas de pobres... (mejor) vamos a dejar a los peligrosos en las cárceles y a quienes han cometido errores vamos a darles una oportunidad, no se puede tener las cárceles como colegios del crimen", indicó.
A distintos ritmos
Las 32 entidades del País han implementado la reforma constitucional en materia penal a velocidades diferentes.
EN OPERACIÓN
· Chihuahua, Morelos, Estado de México.
OPERANDO PARCIALMENTE
· Nuevo León, Yucatán, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Puebla.
EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
· Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz.
Rolando Herrera, Reforma, 9 de mayo.
Mostrando entradas con la etiqueta Reforma Judicial. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Reforma Judicial. Mostrar todas las entradas
Urgen a aplicar la reforma judicial
Reforma Judicial Medios México miércoles, 9 de mayo de 2012 0 comentarios
Inicia reforma penal a medias y parchada
La primera parte de la reforma al sistema de justicia penal entrará en vigor este domingo, pero a medias y con parches.
De acuerdo con la reforma constitucional de junio de 2008, para este fin de semana tiene que haber a nivel nacional un nuevo sistema de prisiones de reinserción social de delincuentes, así como jueces especializados para un nuevo régimen de modificación y duración de penas.
Pero dichos sistemas aún no existen en la realidad porque el Congreso de la Unión no ha expedido las leyes secundarias correspondientes no obstante que así lo ordena el artículo quinto transitorio de la reforma.
El nuevo sistema de readaptación social "debe estar organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad", dice el Artículo 18 de la Carta Magna.
En materia de ejecución de sanciones, el cambio consiste en que ahora serán supervisadas por jueces, no por el Ejecutivo.
El Consejo de la Judicatura Federal tuvo que salir ayer al paso y, ante la inminente entrada en vigor de la reforma, creó tres juzgados especializados en ejecución de penas del ámbito federal que estarán en Tlalnepan- tla y atenderán a unos 23 mil reos federales.
Pero los jueces tendrán que operar con base en una ley que data de 1971.
A nivel estatal, algunos reportes señalan que Chiapas, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León y Baja California ya designaron a sus jueces para atender a los reos con delitos del fuero local.
Víctor Fuentes,Reforma, 17 de junio.
Reforma Judicial Medios México viernes, 17 de junio de 2011 0 comentarios
Es irreversible la reforma penal que incluye los juicios orales, advierten
La reforma penal que incluye los llamados juicios orales “no tiene reversa”, aseveró Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Dijo que el caso de Marisela Escobedo (asesinada en Chihuahua cuando exigía la reaprehensión del homicida confeso de su hija) es “excepcional” entre miles de expedientes que siguen un curso ordinario y otros tantos que ya se desahogan, precisamente con base en los juicios orales.
“Hay que diferenciar claramente (lo que son) juicios excepcionales y tradicionales. Creo que el caso de Chihuahua, el de Rubí (Frayre, hija de Marisela), es excepcional; es decir, no necesariamente se da en todos los juicios. Si vemos las estadísticas, el número de juicios es inmenso, a comparación de los juicios en los que pudo haber existido una falla o error judicial o del Ministerio Público, pero no por ello debemos generalizar y decir que el sistema de los juicios adversariales es defectuoso”, expresó.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación (SG), Borrego Estrada dijo que a casi tres años del decreto de reforma constitucional que prevé la oralidad como sustento de juicios, ocho entidades ya cuentan con este marco jurídico, entre éstas Chihuahua, Oaxaca, Morelos, estado de México, Durango, Zacatecas y Nuevo León, y están por concluirse las enmiendas respectivas en Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, y posiblemente se realizarán en Puebla.
El lapso que se fijó para la aplicación del nuevo sistema es de ocho años, el cual vence en 2016, y aunque sólo hay avance en la cuarta parte de las 32 entidades del país, Borrego Estrada asegura que no hay dilación. “No vamos lentos; lo que pasa es que vamos con paso firme”.
Defendió este método, que cada vez es utilizado con mayor frecuencia en naciones de América y Europa, mientras en México está a punto de ser publicado un código que busca garantizar equilibrio en los juicios, proteger a las víctimas y evitar el “hipergarantismo” al reo.
Pese a la situación de violencia en el país, en especial en Chihuahua, el responsable de coordinar las reformas de este tipo dijo que los cambios constitucionales deben confirmarse.
El caso “excepcional” al que se refirió es el de la lucha de una madre para que se reaprehendiera al homicida confeso de su hija. Los jueces absolvieron al sujeto, y este miércoles trascendió que fue asesinado uno de los testigos –y dos integrantes de su familia– que participaron en ese juicio oral. Sin embargo, para el gobierno federal este tipo de procedimientos debe ser lo que impere en el país.
Los juicios incluyen la filmación de este proceso, denominado “acusatorio adversarial”.
En momentos en que hay una polémica por el documental Presunto culpable, Felipe Borrego advirtió que “hoy más que nunca se han puesto a la luz las terribles deficiencias de nuestro actual sistema de justicia penal”.
La cinta, aseveró, muestra que la lentitud, desigualdad, corrupción e impunidad son el denominador común en los procesos penales en México.
“La reforma constitucional de junio de 2008 se traduce en un esfuerzo por transformar este proceso inoperante, rebasado y con mucha oscuridad, en el que la sociedad no se entera de lo que sucede; es el primer paso para implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que busca no sólo la transformación normativa a lo largo de nuestro país, sino la restructuración integral del funcionamiento y forma de ser de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”.
Es decir, este nuevo modelo de justicia no radicará en un sistema de transcripciones e intercambio de papeles, sino en un conjunto de audiencias orales en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación.
Dijo que el caso de Marisela Escobedo (asesinada en Chihuahua cuando exigía la reaprehensión del homicida confeso de su hija) es “excepcional” entre miles de expedientes que siguen un curso ordinario y otros tantos que ya se desahogan, precisamente con base en los juicios orales.
“Hay que diferenciar claramente (lo que son) juicios excepcionales y tradicionales. Creo que el caso de Chihuahua, el de Rubí (Frayre, hija de Marisela), es excepcional; es decir, no necesariamente se da en todos los juicios. Si vemos las estadísticas, el número de juicios es inmenso, a comparación de los juicios en los que pudo haber existido una falla o error judicial o del Ministerio Público, pero no por ello debemos generalizar y decir que el sistema de los juicios adversariales es defectuoso”, expresó.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación (SG), Borrego Estrada dijo que a casi tres años del decreto de reforma constitucional que prevé la oralidad como sustento de juicios, ocho entidades ya cuentan con este marco jurídico, entre éstas Chihuahua, Oaxaca, Morelos, estado de México, Durango, Zacatecas y Nuevo León, y están por concluirse las enmiendas respectivas en Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, y posiblemente se realizarán en Puebla.
El lapso que se fijó para la aplicación del nuevo sistema es de ocho años, el cual vence en 2016, y aunque sólo hay avance en la cuarta parte de las 32 entidades del país, Borrego Estrada asegura que no hay dilación. “No vamos lentos; lo que pasa es que vamos con paso firme”.
Defendió este método, que cada vez es utilizado con mayor frecuencia en naciones de América y Europa, mientras en México está a punto de ser publicado un código que busca garantizar equilibrio en los juicios, proteger a las víctimas y evitar el “hipergarantismo” al reo.
Pese a la situación de violencia en el país, en especial en Chihuahua, el responsable de coordinar las reformas de este tipo dijo que los cambios constitucionales deben confirmarse.
El caso “excepcional” al que se refirió es el de la lucha de una madre para que se reaprehendiera al homicida confeso de su hija. Los jueces absolvieron al sujeto, y este miércoles trascendió que fue asesinado uno de los testigos –y dos integrantes de su familia– que participaron en ese juicio oral. Sin embargo, para el gobierno federal este tipo de procedimientos debe ser lo que impere en el país.
Los juicios incluyen la filmación de este proceso, denominado “acusatorio adversarial”.
En momentos en que hay una polémica por el documental Presunto culpable, Felipe Borrego advirtió que “hoy más que nunca se han puesto a la luz las terribles deficiencias de nuestro actual sistema de justicia penal”.
La cinta, aseveró, muestra que la lentitud, desigualdad, corrupción e impunidad son el denominador común en los procesos penales en México.
“La reforma constitucional de junio de 2008 se traduce en un esfuerzo por transformar este proceso inoperante, rebasado y con mucha oscuridad, en el que la sociedad no se entera de lo que sucede; es el primer paso para implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que busca no sólo la transformación normativa a lo largo de nuestro país, sino la restructuración integral del funcionamiento y forma de ser de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”.
Es decir, este nuevo modelo de justicia no radicará en un sistema de transcripciones e intercambio de papeles, sino en un conjunto de audiencias orales en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación.
Fabiola Martínez, La Jornada, 17 de marzo.
Reforma de Justicia, Reforma Judicial Medios México jueves, 17 de marzo de 2011 0 comentarios
Recortes "matan" la reforma judicial
El recorte presupuestal de 3 mil 487 millones de pesos que sufrió el Poder Judicial evitará la creación de 71 juzgados y tribunales que se requieren en el país para atender el creciente número de juicios, especialmente en materia penal, estimó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Afirmó que la disminución de recursos también afectará el cumplimiento de las medidas que se ordenó llevar a cabo con motivo de las recientes reformas para implementar un sistema de juicios orales y para contar con un esquema de justicia exclusivo para los adolescentes.
Además, impactará en la edificación de los juzgados de extinción de dominio que se ordenó poner en marcha —con base en la última reforma penal— a fin de atender los juicios que promueva la Procuraduría General de la República (PGR) para que los bienes de la delincuencia organizada pasen a manos del Estado.
Para el presupuesto del próximo año, el Consejo de la Judicatura Federal había solicitado 34 mil 870 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le autorizó sólo 31 mil 383 millones de pesos. La cantidad, aunque es menor a la solicitada, es mayor a los 28 mil 290 millones de pesos que recibió en este año.
Los recursos adicionales fueron solicitados, según se explicó en la propuesta que presentó el CJF a los legisladores, principalmente para crear 71 juzgados y tribunales, 33 de los cuales se requieren para atender asuntos penales, es decir, vinculados a delitos federales que se cometen en el país y que son consignados por la PGR.
Con dichos juzgados se buscaba atender básicamente los asuntos pendientes de resolución y la creciente demanda de servicios de impartición de justicia federal, así como las obligaciones en materia de reforma constitucional y los compromisos asumidos en materia de seguridad, justicia y legalidad.
En el documento que hizo llegar a los diputados, el CJF explicó que, “considerando que los asuntos en existencia en los órganos jurisdiccionales federales suman más de un millón, la carga que abatirían los 71 tribunales y juzgados de nueva creación, sería de más de 100 mil asuntos; es decir, aproximadamente 11%, lo que es congruente con el incremento en el porcentaje de órganos propuesto”.
La advertencia del CJF
A manera de advertencia, el CJF les dijo a legisladores que la falta de asignación de recursos para la creación de esos nuevos órganos “se traduciría no sólo en la denegación de una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano, sino también en un contexto nacional de menores niveles de seguridad, orden y paz sociales, producto de la incapacidad para dar respuesta a los conflictos jurídicos”.
El CJF había explicado a los legisladores que solicitó más recursos porque “existe un conjunto de obligaciones inaplazables que establece la propia Constitución con motivo del nuevo sistema de impartición de justicia penal, el cual requiere que en un término preciso, perentorio y progresivo se establezca, por parte del Poder Judicial de la Federación, un sistema de justicia oral y acusatorio”.
Afirmó que la disminución de recursos también afectará el cumplimiento de las medidas que se ordenó llevar a cabo con motivo de las recientes reformas para implementar un sistema de juicios orales y para contar con un esquema de justicia exclusivo para los adolescentes.
Además, impactará en la edificación de los juzgados de extinción de dominio que se ordenó poner en marcha —con base en la última reforma penal— a fin de atender los juicios que promueva la Procuraduría General de la República (PGR) para que los bienes de la delincuencia organizada pasen a manos del Estado.
Para el presupuesto del próximo año, el Consejo de la Judicatura Federal había solicitado 34 mil 870 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le autorizó sólo 31 mil 383 millones de pesos. La cantidad, aunque es menor a la solicitada, es mayor a los 28 mil 290 millones de pesos que recibió en este año.
Los recursos adicionales fueron solicitados, según se explicó en la propuesta que presentó el CJF a los legisladores, principalmente para crear 71 juzgados y tribunales, 33 de los cuales se requieren para atender asuntos penales, es decir, vinculados a delitos federales que se cometen en el país y que son consignados por la PGR.
Con dichos juzgados se buscaba atender básicamente los asuntos pendientes de resolución y la creciente demanda de servicios de impartición de justicia federal, así como las obligaciones en materia de reforma constitucional y los compromisos asumidos en materia de seguridad, justicia y legalidad.
En el documento que hizo llegar a los diputados, el CJF explicó que, “considerando que los asuntos en existencia en los órganos jurisdiccionales federales suman más de un millón, la carga que abatirían los 71 tribunales y juzgados de nueva creación, sería de más de 100 mil asuntos; es decir, aproximadamente 11%, lo que es congruente con el incremento en el porcentaje de órganos propuesto”.
La advertencia del CJF
A manera de advertencia, el CJF les dijo a legisladores que la falta de asignación de recursos para la creación de esos nuevos órganos “se traduciría no sólo en la denegación de una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano, sino también en un contexto nacional de menores niveles de seguridad, orden y paz sociales, producto de la incapacidad para dar respuesta a los conflictos jurídicos”.
El CJF había explicado a los legisladores que solicitó más recursos porque “existe un conjunto de obligaciones inaplazables que establece la propia Constitución con motivo del nuevo sistema de impartición de justicia penal, el cual requiere que en un término preciso, perentorio y progresivo se establezca, por parte del Poder Judicial de la Federación, un sistema de justicia oral y acusatorio”.
Carlos Avilés, El Universal, 17 de noviembre.
presupuesto 2011, Reforma Judicial Medios México miércoles, 17 de noviembre de 2010 0 comentarios
Persiste desconfianza hacia quienes imparten justicia, admiten jueces
Ixtapan de la Sal, estado de México, 11 de noviembre. La mayoría de los ciudadanos tiene una perspectiva negativa de la impartición de justicia, no hay confianza en la actuación de los órganos jurisdiccionales, ni certeza de cuáles son las funciones de los tribunales, reconocieron los participantes de la quinta asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Además, los juzgadores alertaron sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar en el año 2016.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la AMIJ, Rolando de Lassé, dijo en conferencia de prensa que los tribunales del país le solicitaron a la Cámara de Diputados una partida adicional de 640 millones de pesos para 2011, como un primer paso para enfrentar los temas “urgentes e inmediatos” que representa la reforma penal.
En un intento por paliar la desconfianza de la sociedad en los tribunales, la AMIJ aprobó la “carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México”, la cual admite que la sociedad mexicana demanda un servicio con mayor agilidad, eficiencia y transparencia.
La asociación, añade, asume el compromiso de mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos de impartición de justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma respetuosa, a recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, conocer el tipo de conductas de los funcionarios que pueden ser motivo de una responsabilidad penal o administrativa, y en caso de ser víctimas, ser informado de sus derechos, incluida la reparación del daño y garantizar el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena, entre otros puntos.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció, al inaugurar los trabajos de la asamblea, que los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo a su vez que “desafortunadamente, para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena”.
En ese contexto, el funcionario exhortó a los juzgadores a “transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que al final de cuentas no cumple” con las expectativas. La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, y la implementación de los juicios orales “es un paso adelante en favor de los mexicanos”, dijo.
Por su parte, el gobernador del estado de México –sede del encuentro–, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano tiene que modernizarse para cerrar “la inaceptable brecha que existe entre la ley y la realidad”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, presentó las conclusiones del “estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de la justicia en México”, cuya elaboración le encargó la AMIJ.
Explicó que, en general, los ciudadanos no acuden a los tribunales por diversas razones, que van desde la desconfianza, mala imagen de los tribunales, hasta el mal trato que reciben las personas cuando tiene problemas con la justicia.
El especialista universitario señaló que a la gente le da igual si su asunto es del fuero federal o penal, lo que le importa es que le hagan justicia.
Además, los juzgadores alertaron sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar en el año 2016.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la AMIJ, Rolando de Lassé, dijo en conferencia de prensa que los tribunales del país le solicitaron a la Cámara de Diputados una partida adicional de 640 millones de pesos para 2011, como un primer paso para enfrentar los temas “urgentes e inmediatos” que representa la reforma penal.
En un intento por paliar la desconfianza de la sociedad en los tribunales, la AMIJ aprobó la “carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México”, la cual admite que la sociedad mexicana demanda un servicio con mayor agilidad, eficiencia y transparencia.
La asociación, añade, asume el compromiso de mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos de impartición de justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma respetuosa, a recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, conocer el tipo de conductas de los funcionarios que pueden ser motivo de una responsabilidad penal o administrativa, y en caso de ser víctimas, ser informado de sus derechos, incluida la reparación del daño y garantizar el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena, entre otros puntos.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció, al inaugurar los trabajos de la asamblea, que los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo a su vez que “desafortunadamente, para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena”.
En ese contexto, el funcionario exhortó a los juzgadores a “transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que al final de cuentas no cumple” con las expectativas. La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, y la implementación de los juicios orales “es un paso adelante en favor de los mexicanos”, dijo.
Por su parte, el gobernador del estado de México –sede del encuentro–, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano tiene que modernizarse para cerrar “la inaceptable brecha que existe entre la ley y la realidad”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, presentó las conclusiones del “estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de la justicia en México”, cuya elaboración le encargó la AMIJ.
Explicó que, en general, los ciudadanos no acuden a los tribunales por diversas razones, que van desde la desconfianza, mala imagen de los tribunales, hasta el mal trato que reciben las personas cuando tiene problemas con la justicia.
El especialista universitario señaló que a la gente le da igual si su asunto es del fuero federal o penal, lo que le importa es que le hagan justicia.
Jesús Aranda, La Jornada, 12 de noviembre.
Enrique Peña Nieto, Reforma Judicial, SCJN, Segob Medios México viernes, 12 de noviembre de 2010 0 comentarios
Peña y Blake piden a jueces no bloquear reforma penal
El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, convocaron a los impartidores de justicia, federales y estatales, a cristalizar la reforma en materia penal, debido a que algunos juzgadores aún se oponen a la puesta en marcha de los juicios orales.
Al respecto, el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció que los mexicanos demandan mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla, por lo que el Poder Judicial Federal ya trabaja en esos cambios.
Luego de inaugurar la quinta Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Mayagoitia dijo que han actualizado sus estrategias y compromisos para que existan caminos más amplios que permitan a la sociedad acceder a los servicios judiciales.
Peña Nieto externó que el Estado debe modernizarse para cerrar la brecha que existe entre la ley y la realidad, por lo que es vital la aplicación de la reforma constitucional en materia penal.
“Es un reto formidable de una renovación ineludible que no puede postergarse y que nos exige la construcción, como lo hemos venido señalado desde el Estado de México, de manera reiterada, de un Estado más eficaz”, expresó.
Insistió que México requiere transformaciones en todos los órdenes y ello implica reformar todo el marco jurídico y el régimen institucional.
“Transformar requiere también el cambio de paradigmas y la aceptación de la mayoría que, a veces, expresa fuertes resistencias. Afortunadamente, a pesar de las diferencias propias de un régimen plural y democrático, se han presentado en el país importantes avances.
“Las reformas constitucionales de 2008 son ejemplo de ello; estamos frente a lo que hemos considerado la reforma penal de mayor alcance desde 1917, que modifica sustancialmente los procedimientos para la procuración y administración de justicia”, sustituyendo el modelo penal escrito por el acusatorio-adversarial y oral, puntualizó el mandatario.
Declaró que en el Estado de México son 12 los distritos que han comenzado a aplicar el sistema penal acusatorio y para 2011 sumarán 18.
Luchamos contra inercias
En su oportunidad, el secretario de Gobernación comentó a jueces y magistrados presentes que los obstáculos que enfrenta actualmente la aplicación de la reforma penal son las sinergias institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio entre algunos operadores del sistema de justicia penal.
“No es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal”, aseguró el encargado de la política interna durante su intervención.
Sin embargo, aseguró que el gobierno federal cuenta con aliados importantes en este tema, como la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
Sin embargo, aceptó que aún se deben impulsar reformas constitucionales —que están pendientes en el Congreso de la Unión— que permitirán adecuar el marco jurídico y perfeccionar las instituciones.
El funcionario federal señaló que entre los pendientes están “la reforma en materia de amparo para hacerlo más flexible y accesible, y las correspondientes a derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, pues son parte fundamental del esfuerzo para lograr una mayor protección de las personas”, apuntó.
Blake Mora recordó también que la justicia es el instrumento más poderoso que se tiene para hacer frente al dolor humano.
Tribunales quieren 640 mdp para aplicarla
••• Los 32 tribunales superiores de Justicia del país solicitaron 640 millones de pesos al Congreso de la Unión para cumplir con los requisitos más urgentes que demanda la reforma en materia de justicia penal, incluidos los jueces de control, de proceso y de ejecución de sentencias.
El secretario de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Rolando de Lassé Cañas, dio a conocer que hace unos días se reunió con integrantes de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para solicitar esos recursos, ya que queda menos de un año para concretar esa parte de la reforma constitucional aprobada en 2008.
Indicó que los integrantes del Poder Legislativo vieron con agrado la propuesta, pero aún falta por determinarse si en verdad se les apoyará con dicho monto.
Dejó claro que no necesariamente exigen recursos para aplicar toda la reforma, sino para aquellos puntos urgentes, en los cuales la Constitución prevé plazos.
“Hay que empezar por las partes más urgentes”, indicó, y aseguró que se necesitan más de 20 millones de pesos por cada tribunal de justicia.
Por su parte, el secretario técnico del Fondo Jurica, Alfredo Orellana, manifestó que hacen falta modificaciones a la estructura de los tribunales para adaptar salas para juicios orales y otros aspectos legales. (Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso)
Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso, Milenio, 12 de noviembre.
Al respecto, el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció que los mexicanos demandan mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla, por lo que el Poder Judicial Federal ya trabaja en esos cambios.
Luego de inaugurar la quinta Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Mayagoitia dijo que han actualizado sus estrategias y compromisos para que existan caminos más amplios que permitan a la sociedad acceder a los servicios judiciales.
Peña Nieto externó que el Estado debe modernizarse para cerrar la brecha que existe entre la ley y la realidad, por lo que es vital la aplicación de la reforma constitucional en materia penal.
“Es un reto formidable de una renovación ineludible que no puede postergarse y que nos exige la construcción, como lo hemos venido señalado desde el Estado de México, de manera reiterada, de un Estado más eficaz”, expresó.
Insistió que México requiere transformaciones en todos los órdenes y ello implica reformar todo el marco jurídico y el régimen institucional.
“Transformar requiere también el cambio de paradigmas y la aceptación de la mayoría que, a veces, expresa fuertes resistencias. Afortunadamente, a pesar de las diferencias propias de un régimen plural y democrático, se han presentado en el país importantes avances.
“Las reformas constitucionales de 2008 son ejemplo de ello; estamos frente a lo que hemos considerado la reforma penal de mayor alcance desde 1917, que modifica sustancialmente los procedimientos para la procuración y administración de justicia”, sustituyendo el modelo penal escrito por el acusatorio-adversarial y oral, puntualizó el mandatario.
Declaró que en el Estado de México son 12 los distritos que han comenzado a aplicar el sistema penal acusatorio y para 2011 sumarán 18.
Luchamos contra inercias
En su oportunidad, el secretario de Gobernación comentó a jueces y magistrados presentes que los obstáculos que enfrenta actualmente la aplicación de la reforma penal son las sinergias institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio entre algunos operadores del sistema de justicia penal.
“No es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal”, aseguró el encargado de la política interna durante su intervención.
Sin embargo, aseguró que el gobierno federal cuenta con aliados importantes en este tema, como la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
Sin embargo, aceptó que aún se deben impulsar reformas constitucionales —que están pendientes en el Congreso de la Unión— que permitirán adecuar el marco jurídico y perfeccionar las instituciones.
El funcionario federal señaló que entre los pendientes están “la reforma en materia de amparo para hacerlo más flexible y accesible, y las correspondientes a derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, pues son parte fundamental del esfuerzo para lograr una mayor protección de las personas”, apuntó.
Blake Mora recordó también que la justicia es el instrumento más poderoso que se tiene para hacer frente al dolor humano.
Tribunales quieren 640 mdp para aplicarla
••• Los 32 tribunales superiores de Justicia del país solicitaron 640 millones de pesos al Congreso de la Unión para cumplir con los requisitos más urgentes que demanda la reforma en materia de justicia penal, incluidos los jueces de control, de proceso y de ejecución de sentencias.
El secretario de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Rolando de Lassé Cañas, dio a conocer que hace unos días se reunió con integrantes de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para solicitar esos recursos, ya que queda menos de un año para concretar esa parte de la reforma constitucional aprobada en 2008.
Indicó que los integrantes del Poder Legislativo vieron con agrado la propuesta, pero aún falta por determinarse si en verdad se les apoyará con dicho monto.
Dejó claro que no necesariamente exigen recursos para aplicar toda la reforma, sino para aquellos puntos urgentes, en los cuales la Constitución prevé plazos.
“Hay que empezar por las partes más urgentes”, indicó, y aseguró que se necesitan más de 20 millones de pesos por cada tribunal de justicia.
Por su parte, el secretario técnico del Fondo Jurica, Alfredo Orellana, manifestó que hacen falta modificaciones a la estructura de los tribunales para adaptar salas para juicios orales y otros aspectos legales. (Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso)
Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso, Milenio, 12 de noviembre.
Enrique Peña Nieto, Reforma Judicial, SCJN, Segob Medios México 0 comentarios
La reforma penal fomenta los acuerdos extrajudiciales para evitar los procesos
La reforma penal que entrará en vigor en 2016 tiene como uno de sus elementos principales los juicios orales y la posibilidad de que, para evitar el juicio, las partes lleguen a acuerdos “extrajudiciales” que les permitan saldar diferencias, reducir penas, acordar indemnizaciones y apoyar (con el testimonio del acusado) a la policía en el combate a la delincuencia.
En Estados Unidos, de acuerdo con el juez federal Charles R. Simpson y el magistrado de la Corte del noveno distrito de ese país, Diarmuid F. O’Scannlain, ese sistema ha funcionado, al grado que 90 por ciento de los asuntos que conocen los órganos judiciales se resuelven mediante ese tipo de acuerdos.
Es decir, sólo 10 por ciento de los casos llega a un juicio formal, lo que permite, sostuvieron, cumplir en gran medida con el compromiso de impartir justicia de manera pronta y expedita
Entrevistados en la sede de la embajada de Estados Unidos en México, ambos juzgadores federales comentan que se reunirán aquí con consejeros de la Judicatura Federal y otros funcionarios judiciales para intercambiar información y experiencias sobre los sistemas de impartición de justicia; poniendo énfasis en el proceso de reforma judicial que está en marcha en el país.
Simpson, por su parte, fue cuestionado sobre la forma como el sistema judicial estadunidense protege a sus jueces cuando conocen asuntos delicados relacionados con narcotráfico y el crimen organizado.
“Es necesario sentirte seguro para actuar adecuadamente”, precisó, y aseguró que en sus 14 años como juez, el tema de la seguridad no le ha preocupado ni le preocupa, porque el servicio de marshalls (agentes policiacos federales) se encarga de la seguridad de los órganos jurisdiccionales y de los jueces, cuando éstos tienen en sus manos asuntos delicados relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
Rechazó la figura de los llamados “jueces sin rostro”, al señalar que los procesos penales también deben ser transparentes y abiertos a la sociedad, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la apertura y la seguridad.
Al igual que el magistrado O’Scannlain, evitó hacer comentarios o evaluaciones sobre el sistema judicial mexicano, la forma como operan los testigos protegidos en el país y otros temas que pudieran considerarse como una intromisión en los asuntos internos de México.
Nosotros no venimos a evaluar ni a dar consejos, venimos a intercambiar experiencias, insistieron. En el contexto de este intercambio, los estadunidenses hablarán sobre la aceptación de culpabilidad en los procesos penales en su país.
Señalaron que esta aceptación del acusado no es ni automática ni se da en todos los casos. Comentaron que muchas veces el acusado propone declararse culpable con el fin de reducir la sentencia en su contra o para llegar a acuerdos extrajudiciales con el gobierno federal en su beneficio.
Al respecto, señalaron que una vez que la fiscalía (equivalente al Ministerio Público) lleva ante la Corte a una persona que se declaró culpable, el juez de la causa tiene que cerciorarse de que el acusado está de acuerdo con el procedimiento y que la admisión de responsabilidad no fue hecha bajo presión.
En el caso de testigos protegidos, señalaron que ese tipo de testimonios tampoco son avalados por la autoridad en automático; incluso los dichos o versiones de los acusados son verificados por jurados, los cuales están en libertad de darle validez, a dichos testimonios.
Pero siempre, subrayaron, bajo la supervisión de los jueces, los cuales son los encargados de que los acuerdos o testimonios se den conforme a derecho, sin presiones de la autoridad y por voluntad propia.
En Estados Unidos, de acuerdo con el juez federal Charles R. Simpson y el magistrado de la Corte del noveno distrito de ese país, Diarmuid F. O’Scannlain, ese sistema ha funcionado, al grado que 90 por ciento de los asuntos que conocen los órganos judiciales se resuelven mediante ese tipo de acuerdos.
Es decir, sólo 10 por ciento de los casos llega a un juicio formal, lo que permite, sostuvieron, cumplir en gran medida con el compromiso de impartir justicia de manera pronta y expedita
Entrevistados en la sede de la embajada de Estados Unidos en México, ambos juzgadores federales comentan que se reunirán aquí con consejeros de la Judicatura Federal y otros funcionarios judiciales para intercambiar información y experiencias sobre los sistemas de impartición de justicia; poniendo énfasis en el proceso de reforma judicial que está en marcha en el país.
Simpson, por su parte, fue cuestionado sobre la forma como el sistema judicial estadunidense protege a sus jueces cuando conocen asuntos delicados relacionados con narcotráfico y el crimen organizado.
“Es necesario sentirte seguro para actuar adecuadamente”, precisó, y aseguró que en sus 14 años como juez, el tema de la seguridad no le ha preocupado ni le preocupa, porque el servicio de marshalls (agentes policiacos federales) se encarga de la seguridad de los órganos jurisdiccionales y de los jueces, cuando éstos tienen en sus manos asuntos delicados relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
Rechazó la figura de los llamados “jueces sin rostro”, al señalar que los procesos penales también deben ser transparentes y abiertos a la sociedad, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la apertura y la seguridad.
Al igual que el magistrado O’Scannlain, evitó hacer comentarios o evaluaciones sobre el sistema judicial mexicano, la forma como operan los testigos protegidos en el país y otros temas que pudieran considerarse como una intromisión en los asuntos internos de México.
Nosotros no venimos a evaluar ni a dar consejos, venimos a intercambiar experiencias, insistieron. En el contexto de este intercambio, los estadunidenses hablarán sobre la aceptación de culpabilidad en los procesos penales en su país.
Señalaron que esta aceptación del acusado no es ni automática ni se da en todos los casos. Comentaron que muchas veces el acusado propone declararse culpable con el fin de reducir la sentencia en su contra o para llegar a acuerdos extrajudiciales con el gobierno federal en su beneficio.
Al respecto, señalaron que una vez que la fiscalía (equivalente al Ministerio Público) lleva ante la Corte a una persona que se declaró culpable, el juez de la causa tiene que cerciorarse de que el acusado está de acuerdo con el procedimiento y que la admisión de responsabilidad no fue hecha bajo presión.
En el caso de testigos protegidos, señalaron que ese tipo de testimonios tampoco son avalados por la autoridad en automático; incluso los dichos o versiones de los acusados son verificados por jurados, los cuales están en libertad de darle validez, a dichos testimonios.
Pero siempre, subrayaron, bajo la supervisión de los jueces, los cuales son los encargados de que los acuerdos o testimonios se den conforme a derecho, sin presiones de la autoridad y por voluntad propia.
Jesús Aranda, La Jornada, 28 de septiembre.
Reforma Judicial Medios México martes, 28 de septiembre de 2010 0 comentarios
Jueces de EU comparten experiencia en México
Los jueces federales Diarmuid O’Scannlain y Charles L. Simpson realizan una visita a nuestro país para reunirse con sus homólogos mexicanos y compartir la experiencia del modelo judicial estadunidense, de cara al proceso de reforma judicial en México.
Entre los temas a tratar con los integrantes del Consejo de la Judicatura y del Inacipe se encuentra el proceso de declaratoria de culpabilidad, empleado en el sistema de justicia estadunidense.
En entrevista, resaltaron que en Estados Unidos 90 por ciento de los procesos se resuelven mediante un acuerdo extrajudicial y que por ello sólo 10 por ciento de los casos desarrolla un juicio completo.
Al hablar de la figura de testigos protegidos, el juez Simpson recordó que en Estados Unidos las declaraciones de estos personajes son valoradas por un jurado y no por los jueces federales, además de que cualquier testigo protegido debe comparecer ante un jurado.
En el caso de los acuerdos extrajudiciales, recordó que es finalmente el juez federal el que aprueba o desecha que este se lleve a cabo.
Además, dijo que cualquier acuerdo extrajudicial alcanzado con un testigo protegido deja de ser válido en el momento en que se compruebe que sus declaraciones son falsas.
México • Daniel Venegas, Milenio, 28 de septiembre.
Entre los temas a tratar con los integrantes del Consejo de la Judicatura y del Inacipe se encuentra el proceso de declaratoria de culpabilidad, empleado en el sistema de justicia estadunidense.
En entrevista, resaltaron que en Estados Unidos 90 por ciento de los procesos se resuelven mediante un acuerdo extrajudicial y que por ello sólo 10 por ciento de los casos desarrolla un juicio completo.
Al hablar de la figura de testigos protegidos, el juez Simpson recordó que en Estados Unidos las declaraciones de estos personajes son valoradas por un jurado y no por los jueces federales, además de que cualquier testigo protegido debe comparecer ante un jurado.
En el caso de los acuerdos extrajudiciales, recordó que es finalmente el juez federal el que aprueba o desecha que este se lleve a cabo.
Además, dijo que cualquier acuerdo extrajudicial alcanzado con un testigo protegido deja de ser válido en el momento en que se compruebe que sus declaraciones son falsas.
México • Daniel Venegas, Milenio, 28 de septiembre.
Reforma Judicial Medios México 0 comentarios
Ofrece FCH seguridad a jueces
El Presidente Felipe Calderón prometió seguridad personal y familiar a los jueces del Poder Judicial ante las amenazas que han recibido por parte de miembros del crimen organizado.
Durante el foro Diálogo por la Seguridad, Calderón advirtió que el principal reto es que los impartidores de justicia no sean presa de amenazas, intimidación o cooptación por parte de la delincuencia y cuente con mejores condiciones para trabajar.
Sin embargo, demandó a los jueces cerrar la puerta a la impunidad, al no permitir que sus deficiencias y omisiones abran rendijas para que los criminales evadan la justicia.
"El Ejecutivo ofrece información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y trabajará al máximo de sus capacidades por preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurarles condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñar con libertad su delicado deber.
"No podemos, ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos", afirmó.
Y más presupuesto
Representantes de los tribunales de justicia solicitaron al Presidente Felipe Calderón más recursos para encarar las nuevas competencias en materia de narcomenudeo y justicia para adolescentes que les han sido conferidas.
"Los tribunales locales lamentablemente no tenemos las fortalezas y recursos con que se cuenta en el Poder Judicial federal e incluso en el Poder Ejecutivo federal. Lamentablemente, y aquí tal vez sea un poco reiterativo con lo que algunos de mis compañeros han señalado, la carencia de recursos nos tiene limitados para afrontar legalmente esta reforma", advirtió Alejandro Etienne, segundo vicepresidente de la Región Norte-Centro de la Conferencia de Tribunales.
Calderón respondió que los gobiernos estatales también deben contribuir con recursos para lograr aplicar las reformas.
"Sería deseable que en el ámbito local, a la hora de elaborar los presupuestos, se considere esta realidad porque sí sería una situación muy compleja, y en algún sentido un despropósito, que en el diseño federal que tenemos sea el Presupuesto federal el que determine esta designación", dijo.
En tanto, prometió que su administración analizará un incremento de recursos si junto con la ciudadanía perciben el compromiso del Poder Judicial.
"Estoy seguro que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía se percibiera con claridad el grado de compromiso del Poder Judicial", sostuvo.
Durante el foro Diálogo por la Seguridad, Calderón advirtió que el principal reto es que los impartidores de justicia no sean presa de amenazas, intimidación o cooptación por parte de la delincuencia y cuente con mejores condiciones para trabajar.
Sin embargo, demandó a los jueces cerrar la puerta a la impunidad, al no permitir que sus deficiencias y omisiones abran rendijas para que los criminales evadan la justicia.
"El Ejecutivo ofrece información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y trabajará al máximo de sus capacidades por preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurarles condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñar con libertad su delicado deber.
"No podemos, ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos", afirmó.
Y más presupuesto
Representantes de los tribunales de justicia solicitaron al Presidente Felipe Calderón más recursos para encarar las nuevas competencias en materia de narcomenudeo y justicia para adolescentes que les han sido conferidas.
"Los tribunales locales lamentablemente no tenemos las fortalezas y recursos con que se cuenta en el Poder Judicial federal e incluso en el Poder Ejecutivo federal. Lamentablemente, y aquí tal vez sea un poco reiterativo con lo que algunos de mis compañeros han señalado, la carencia de recursos nos tiene limitados para afrontar legalmente esta reforma", advirtió Alejandro Etienne, segundo vicepresidente de la Región Norte-Centro de la Conferencia de Tribunales.
Calderón respondió que los gobiernos estatales también deben contribuir con recursos para lograr aplicar las reformas.
"Sería deseable que en el ámbito local, a la hora de elaborar los presupuestos, se considere esta realidad porque sí sería una situación muy compleja, y en algún sentido un despropósito, que en el diseño federal que tenemos sea el Presupuesto federal el que determine esta designación", dijo.
En tanto, prometió que su administración analizará un incremento de recursos si junto con la ciudadanía perciben el compromiso del Poder Judicial.
"Estoy seguro que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía se percibiera con claridad el grado de compromiso del Poder Judicial", sostuvo.
Érika Hernández y Carole SImonnet, Reforma, 11 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México jueves, 12 de agosto de 2010 0 comentarios
Advierten fallas en reforma penal
El nuevo sistema de justicia penal tiene fallas y riesgos advirtieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.
El Ministro Ortiz advirtió que la reforma constitucional, cuya implementación está en curso, podría generar un incremento en los delitos si las policías y los ministerios no hacen su parte.
"Puede generarse un riesgo de aumento de criminales... si no hay una acción directa para que nuestra Policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades del proceso de investigación, si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores", advirtió en el foro "Diálogo por la Seguridad", al precisar que se expresó únicamente a título personal.
"Muchos procesos pueden resultar fallidos como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por error en la forma de recabar una prueba, estaba por decretarse la libertad de una persona por un delito muy grave", ejemplificó.
Ortiz respondió así a un cuestionamiento del Presidente Felipe Calderón, quien en una intervención previa cuestionó por qué Chihuahua, uno de los Estados más avanzados en la aplicación de la reforma, es uno de los más violentos.
El Mandatario pidió también una explicación sobre por qué el número de delincuentes condenados es significativamente menor a los detenidos.
"¿Obedece a deficiencias que estamos teniendo en Ministerios Públicos estatales y federales?, ¿hay algo que pueda hacer con ello? También le pregunto al Procurador qué está sucediendo", lanzó Calderón.
El titular de la PGR admitió que el nuevo sistema de justicia penal, que entre otras cosas contempla la implementación de los juicios orales, tiene fallas en los estados donde se está aplicando.
"Hay entidades en donde no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano de una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal. El análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales", señaló.
Con la ayuda de las entidades donde ya opera el nuevo sistema -Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, Morelos y Baja California-, indicó el Procurador, se está elaborando un documento en el que se establecen qué errores se están cometiendo para adoptar las soluciones más adecuadas.
Debate de Poderes
El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia advirtió que los integrantes del Poder Judicial no pueden ser actores involucrados en la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado ya que su tarea es ser imparciales.
"Esto es de suma importancia: los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia porque en el momento que lo hiciéramos dejaríamos de ser juez. Nuestra cualidad esencial es la de la imparcialidad", señaló.
No obstante, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal no encubre ninguna actuación ilegal o indebida.
"Todas la instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado", planteó.
Ante ese posicionamiento del Ministro, el Presidente Calderón respondió que aún cuando el mayor peso de la seguridad nacional no recae en el Poder Judicial, sí es indispensable que acompañe las acciones contra el problema.
Dijo que su propuesta para fortalecer la lucha antinarco es evitar la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad pública, de la procuración y la administración de justicia, crear mecanismos eficaces de evaluación y control de la política de seguridad y la justicia, así como la corresponsabilidad de los poderes.
El Ministro Ortiz advirtió que la reforma constitucional, cuya implementación está en curso, podría generar un incremento en los delitos si las policías y los ministerios no hacen su parte.
"Puede generarse un riesgo de aumento de criminales... si no hay una acción directa para que nuestra Policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades del proceso de investigación, si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores", advirtió en el foro "Diálogo por la Seguridad", al precisar que se expresó únicamente a título personal.
"Muchos procesos pueden resultar fallidos como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por error en la forma de recabar una prueba, estaba por decretarse la libertad de una persona por un delito muy grave", ejemplificó.
Ortiz respondió así a un cuestionamiento del Presidente Felipe Calderón, quien en una intervención previa cuestionó por qué Chihuahua, uno de los Estados más avanzados en la aplicación de la reforma, es uno de los más violentos.
El Mandatario pidió también una explicación sobre por qué el número de delincuentes condenados es significativamente menor a los detenidos.
"¿Obedece a deficiencias que estamos teniendo en Ministerios Públicos estatales y federales?, ¿hay algo que pueda hacer con ello? También le pregunto al Procurador qué está sucediendo", lanzó Calderón.
El titular de la PGR admitió que el nuevo sistema de justicia penal, que entre otras cosas contempla la implementación de los juicios orales, tiene fallas en los estados donde se está aplicando.
"Hay entidades en donde no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano de una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal. El análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales", señaló.
Con la ayuda de las entidades donde ya opera el nuevo sistema -Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, Morelos y Baja California-, indicó el Procurador, se está elaborando un documento en el que se establecen qué errores se están cometiendo para adoptar las soluciones más adecuadas.
Debate de Poderes
El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia advirtió que los integrantes del Poder Judicial no pueden ser actores involucrados en la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado ya que su tarea es ser imparciales.
"Esto es de suma importancia: los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia porque en el momento que lo hiciéramos dejaríamos de ser juez. Nuestra cualidad esencial es la de la imparcialidad", señaló.
No obstante, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal no encubre ninguna actuación ilegal o indebida.
"Todas la instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado", planteó.
Ante ese posicionamiento del Ministro, el Presidente Calderón respondió que aún cuando el mayor peso de la seguridad nacional no recae en el Poder Judicial, sí es indispensable que acompañe las acciones contra el problema.
Dijo que su propuesta para fortalecer la lucha antinarco es evitar la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad pública, de la procuración y la administración de justicia, crear mecanismos eficaces de evaluación y control de la política de seguridad y la justicia, así como la corresponsabilidad de los poderes.
Carole Simonnet, Érika Hernández y Rolando Herrera, Reforma, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
El Poder Judicial marca distancia
Con seis preguntas a los jueces que ayer acudieron a su Diálogo por la Seguridad, el presidente Felipe Calderón pidió aclarar por qué la cifra de condenados es significativamente menor a la de detenidos y cómo puede combatirse la impunidad, al llamar a los representantes del Poder Judicial a no permitir que las deficiencias u omisiones abran rendijas para que los criminales eviten su castigo.
La respuesta del presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue que “los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia”, porque deben ser imparciales, y calificó la interrogante del mandatario sobre qué puede hacerse de “tan de sentido común, tan sencilla de expresar”, que no tiene una respuesta unívoca.
En defensa de la actuación del Poder Judicial, Ortiz señaló que no probar la responsabilidad plena de criminales y cometer errores al recabar pruebas deriva en la liberación de las personas detenidas; resaltó que 85% de los autos de formal prisión se condenan, mientras que en 15% los jueces estiman que no existen pruebas suficientes para demostrar de manera irrefutable la responsabilidad del acusado.
El presidente de la Corte aseguró además: “Todas las instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración del crimen organizado”, y “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida, todas las denuncias son investigadas”.
En su respuesta a las preguntas del jefe del Ejecutivo, Ortiz Mayagoitia dijo que ante el crimen, el Poder Judicial no está ajeno y tiene un compromiso con la sociedad, afirmó que pueden concretarse acciones administrativas, reformas legales y ejercer facultades como la creación de juzgados de distrito en materia penal especializados en cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, y en el ámbito jurisdiccional “nuestra respuesta debe ser una conducta ejemplar como juzgadores”, siempre aclarando que su respuesta es a título personal.
“¿Nuevos compromisos del Poder Judicial Federal frente a estos Diálogos de Seguridad? Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema”, dijo.
Luego de escuchar cinco intervenciones, incluida la del ministro Ortiz, Calderón interrumpió para lanzar seis interrogantes a los jueces: “Ante este grave problema de inseguridad, de violencia, de impunidad en el país ¿qué realmente se puede hacer desde el Poder Judicial?”.
Cuestionó también si tiene algo que ver la implementación de la reforma penal en Chihuahua con el hecho de que es la entidad más violenta y preguntó: ¿De qué manera verdaderamente puede transformarse la justicia, o sólo tiene que ver con la procuración de justicia o la policía?.
Algo que percibo, dijo el mandatario, es que la policía o las fuerzas armadas detienen a un alto número de personas, incluso en flagrancia o en compañía de presuntos criminales, y sin embargo la cifra de quienes son sujetas a proceso o condenadas “es significativamente menor. ¿Eso obedece realmente a deficiencias en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿a qué obedece? ¿hay algo que se puede hacer con ello? También le pregunto al procurador”.
El último cuestionamiento del Ejecutivo a los jueces fue: ¿Cómo puede acotarse la impunidad y el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen y que eso, por cierto, estimule la comisión de más delitos?
Calderón afirmó que los ciudadanos quieren ver “un comportamiento ejemplar, de plena integridad y claridad en la justicia que se imparte de los jueces y magistrados”.
- Claves
42 sancionados
• Guillermo Ortiz informó que desde 2007 se ha sancionado a 42 jueces y magistrados cuya conducta ilícita fue “debidamente comprobada, no por rumores” ni “acusaciones genéricas”.
• En tanto, Felipe Calderón ofreció protección a la integridad de los jueces y compartir información de inteligencia para combatir la corrupción y prevenir amenazas.
México • Lorena López e Ignacio Alzaga, Milenio, 12 de agosto.
La respuesta del presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue que “los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia”, porque deben ser imparciales, y calificó la interrogante del mandatario sobre qué puede hacerse de “tan de sentido común, tan sencilla de expresar”, que no tiene una respuesta unívoca.
En defensa de la actuación del Poder Judicial, Ortiz señaló que no probar la responsabilidad plena de criminales y cometer errores al recabar pruebas deriva en la liberación de las personas detenidas; resaltó que 85% de los autos de formal prisión se condenan, mientras que en 15% los jueces estiman que no existen pruebas suficientes para demostrar de manera irrefutable la responsabilidad del acusado.
El presidente de la Corte aseguró además: “Todas las instituciones del Estado mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración del crimen organizado”, y “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida, todas las denuncias son investigadas”.
En su respuesta a las preguntas del jefe del Ejecutivo, Ortiz Mayagoitia dijo que ante el crimen, el Poder Judicial no está ajeno y tiene un compromiso con la sociedad, afirmó que pueden concretarse acciones administrativas, reformas legales y ejercer facultades como la creación de juzgados de distrito en materia penal especializados en cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, y en el ámbito jurisdiccional “nuestra respuesta debe ser una conducta ejemplar como juzgadores”, siempre aclarando que su respuesta es a título personal.
“¿Nuevos compromisos del Poder Judicial Federal frente a estos Diálogos de Seguridad? Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema”, dijo.
Luego de escuchar cinco intervenciones, incluida la del ministro Ortiz, Calderón interrumpió para lanzar seis interrogantes a los jueces: “Ante este grave problema de inseguridad, de violencia, de impunidad en el país ¿qué realmente se puede hacer desde el Poder Judicial?”.
Cuestionó también si tiene algo que ver la implementación de la reforma penal en Chihuahua con el hecho de que es la entidad más violenta y preguntó: ¿De qué manera verdaderamente puede transformarse la justicia, o sólo tiene que ver con la procuración de justicia o la policía?.
Algo que percibo, dijo el mandatario, es que la policía o las fuerzas armadas detienen a un alto número de personas, incluso en flagrancia o en compañía de presuntos criminales, y sin embargo la cifra de quienes son sujetas a proceso o condenadas “es significativamente menor. ¿Eso obedece realmente a deficiencias en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿a qué obedece? ¿hay algo que se puede hacer con ello? También le pregunto al procurador”.
El último cuestionamiento del Ejecutivo a los jueces fue: ¿Cómo puede acotarse la impunidad y el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen y que eso, por cierto, estimule la comisión de más delitos?
Calderón afirmó que los ciudadanos quieren ver “un comportamiento ejemplar, de plena integridad y claridad en la justicia que se imparte de los jueces y magistrados”.
- Claves
42 sancionados
• Guillermo Ortiz informó que desde 2007 se ha sancionado a 42 jueces y magistrados cuya conducta ilícita fue “debidamente comprobada, no por rumores” ni “acusaciones genéricas”.
• En tanto, Felipe Calderón ofreció protección a la integridad de los jueces y compartir información de inteligencia para combatir la corrupción y prevenir amenazas.
México • Lorena López e Ignacio Alzaga, Milenio, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Admite Arturo Chávez fallas en el nuevo sistema de justicia penal
El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, dijo que el nuevo sistema de justicia penal ha presentado fallas en los estados donde comenzó a aplicarse, por lo que se diseñará un protocolo que permita “aterrizar” con más éxito la reforma para evitar que se repitan las deficiencias en otras entidades.
En los hechos no se han dado los resultados esperados, respondió el funcionario al presidente Felipe Calderón, quien durante el foro Diálogo por la Seguridad preguntó si la reforma ha tenido un impacto en la lucha contra el crimen.
“Es importante profundizar en este análisis, porque hay entidades donde no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano de una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal. El análisis nos está llevando a determinar si fueron fallas orgánicas o funcionales”.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, advirtió en tanto que una mala aplicación de las reformas aprobadas al sistema de justicia penal podría generar un incremento de la criminalidad.
“Si la reforma penal no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que deben participar en ello, puede generar efectivamente un riesgo de aumento de criminalidad”, agregó.
Durante el foro, el ministro se refirió también a la figura de Extinción de Dominio al señalar que, contrario a lo esperado en la lucha contra el crimen organizado, ha tenido un uso escaso frente a otras herramientas jurídicas como el abandono y el decomiso de bienes.
“Hemos creado un juzgado de distrito civil especializado en extinción de dominio, pero los casos que ha recibido no llegan a 10, por lo que tuvimos que ampliar sus tareas para que resuelva muchos más asuntos y no incurrir en el desperdicio de recursos humanos y materiales”.
Al respecto, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, admitió que la figura de extinción se ha utilizado poco por la complejidad de conciliar un proceso civil con una averiguación previa de tipo penal.
“Estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para tratar de superar estos escollos, porque sin duda en la práctica la figura que está teniendo mayor éxito es la de abandono de bienes”.
Sin embargo, señaló que se debe fortalecer el mecanismo de extinción, porque da una “potencia mucho mayor” en el combate a la delincuencia al otorgar mayor amplitud al daño patrimonial de los delincuentes.
México • Ignacio Alzaga y Lorena López, Milenio, 12 de agosto.
En los hechos no se han dado los resultados esperados, respondió el funcionario al presidente Felipe Calderón, quien durante el foro Diálogo por la Seguridad preguntó si la reforma ha tenido un impacto en la lucha contra el crimen.
“Es importante profundizar en este análisis, porque hay entidades donde no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano de una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal. El análisis nos está llevando a determinar si fueron fallas orgánicas o funcionales”.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, advirtió en tanto que una mala aplicación de las reformas aprobadas al sistema de justicia penal podría generar un incremento de la criminalidad.
“Si la reforma penal no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que deben participar en ello, puede generar efectivamente un riesgo de aumento de criminalidad”, agregó.
Durante el foro, el ministro se refirió también a la figura de Extinción de Dominio al señalar que, contrario a lo esperado en la lucha contra el crimen organizado, ha tenido un uso escaso frente a otras herramientas jurídicas como el abandono y el decomiso de bienes.
“Hemos creado un juzgado de distrito civil especializado en extinción de dominio, pero los casos que ha recibido no llegan a 10, por lo que tuvimos que ampliar sus tareas para que resuelva muchos más asuntos y no incurrir en el desperdicio de recursos humanos y materiales”.
Al respecto, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, admitió que la figura de extinción se ha utilizado poco por la complejidad de conciliar un proceso civil con una averiguación previa de tipo penal.
“Estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para tratar de superar estos escollos, porque sin duda en la práctica la figura que está teniendo mayor éxito es la de abandono de bienes”.
Sin embargo, señaló que se debe fortalecer el mecanismo de extinción, porque da una “potencia mucho mayor” en el combate a la delincuencia al otorgar mayor amplitud al daño patrimonial de los delincuentes.
México • Ignacio Alzaga y Lorena López, Milenio, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Los jueces no están inmersos en la lucha contra la delincuencia: Ortiz Mayagoitia
Presuntos delincuentes que no son sentenciados por falta de “pruebas contundentes”, nuevas leyes en materia penal que no han sido puestas en marcha a cabalidad por carecer de coordinación y presupuesto, así como deficiente integración de expedientes, son algunas de las fallas denunciadas ayer por integrantes del Poder Judicial Federal durante el Diálogo por la Seguridad, convocado por el presidente Felipe Calderón.
El mandatario preguntó a los representantes del Poder Judicial qué podían hacer los juzgadores ante el grave problema de inseguridad, de violencia y de impunidad que se vive en el país, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, le reviró que aunque todos los poderes de la Unión “estén del mismo lado y no han bajado la guardia”, los jueces no pueden declararse inmersos en la lucha contra la delincuencia.
En principio, el ministro precisó que 15 por ciento de los casos donde se dicta auto de formal prisión no llegan a sentencia condenatoria porque los jueces federales estiman que (la Procuraduría General de la República, PGR) no aporta las pruebas suficientes para demostrar, de manera irrefutable, la responsabilidad del acusado.
Aristas de la reforma penal
“Entonces en la reforma penal, si no se establece de manera integral tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generarse un riesgo de aumento de la criminalidad”, advirtió el ministro durante su exposición.
El jefe del Ejecutivo también manifestó su preocupación porque Chihuahua, pese a que existe un mayor avance y antigüedad en la aplicación de juicios orales, continúa como la entidad más violenta, con 30 a 35 por ciento de las ejecuciones registradas en el país.
Ortiz Mayagoitia le respondió –como “opinión personal”– que esa situación deriva de una ausencia de acción directa y pericia de los policías.
En el caso de Chihuahua, precisó, “si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación, si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos por el error en la forma de recabar una prueba cuando estaba por decretarse la libertad, y la verdad ya no sé qué paso al final (del proceso) de una persona por un delito muy grave”.
En el diálogo convocado por Los Pinos para tratar de definir una política de Estado en materia de seguridad, el presidente Calderón ofreció al Poder Judicial hallar la forma de entregarle más recursos e incluso brindarle datos de inteligencia que le ayude a ubicar los probables casos de corrupción o de agresión a juzgadores. Sin embargo, dejó ver su preocupación porque hay un alto número de personas detenidas en acciones de la Policía Federal o de las fuerzas armadas, incluso en flagrancia, pero un menor grupo de personas sujetas a proceso o condenadas.
“¿Eso obedece –preguntó el jefe del Ejecutivo– realmente a deficiencias que estamos teniendo en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿Hay algo que se pueda hacer con ello?”
Respecto del problema de la impunidad, cuestionó el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen. “¿De qué manera podemos acotar este asunto y, concretamente, qué podemos hacer en el gobierno federal a mi cargo, pero también los poderes judiciales federal y locales? ¿Qué pueden hacer o qué cosas debieran realmente revisarse a fondo para combatir este problema?”
El cúmulo de interrogantes del mandatario halló algunas respuestas en los propios diagnósticos de la PGR, de los legisladores presentes en el diálogo y de los representantes del Poder Judicial responsables de diversas regiones del país, quienes detallaron los “escollos” en este rubro, aun cuando hay avances en la aprobación y aplicación de leyes en materia penal.
Por ejemplo, el legislador Ricardo Fidel Pacheco (PRI), representante del Senado ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que el Congreso de la Unión ha avanzado en su tarea de aprobar diversas iniciativas enviadas por el Ejecutivo; no obstante, apuntó, comienzan a darse alertas respecto de la ejecución de penas, que habrá que atender en todo el país el próximo año con los jueces de control (juicios orales) o en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (incautar bienes producto de actos ilícitos).
Sobre ese último punto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que se trata de “una figura de poco uso”, pese a que existe un juzgado especializado para ello. “No tengo el dato exacto del número de casos que lleva, pero no llegan ni a 10 con toda seguridad; entonces, como son tan pocos, tuvimos que ampliar su conocimiento para no incurrir en desperdicio de recursos humanos”.
A su vez, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, reconoció que la gravedad del fenómeno delincuencial “empieza a corroer las estructuras básicas del Estado mexicano”, con la existencia de bandas de la delincuencia organizada y del narcotráfico que se han empoderado. Por ello, el funcionario convocó a concretar con más éxito las reformas penales en las entidades y se refirió asimismo a la urgencia de contar con un código de procedimientos penales para todo el país.
El mandatario preguntó a los representantes del Poder Judicial qué podían hacer los juzgadores ante el grave problema de inseguridad, de violencia y de impunidad que se vive en el país, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, le reviró que aunque todos los poderes de la Unión “estén del mismo lado y no han bajado la guardia”, los jueces no pueden declararse inmersos en la lucha contra la delincuencia.
En principio, el ministro precisó que 15 por ciento de los casos donde se dicta auto de formal prisión no llegan a sentencia condenatoria porque los jueces federales estiman que (la Procuraduría General de la República, PGR) no aporta las pruebas suficientes para demostrar, de manera irrefutable, la responsabilidad del acusado.
Aristas de la reforma penal
“Entonces en la reforma penal, si no se establece de manera integral tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generarse un riesgo de aumento de la criminalidad”, advirtió el ministro durante su exposición.
El jefe del Ejecutivo también manifestó su preocupación porque Chihuahua, pese a que existe un mayor avance y antigüedad en la aplicación de juicios orales, continúa como la entidad más violenta, con 30 a 35 por ciento de las ejecuciones registradas en el país.
Ortiz Mayagoitia le respondió –como “opinión personal”– que esa situación deriva de una ausencia de acción directa y pericia de los policías.
En el caso de Chihuahua, precisó, “si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación, si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos por el error en la forma de recabar una prueba cuando estaba por decretarse la libertad, y la verdad ya no sé qué paso al final (del proceso) de una persona por un delito muy grave”.
En el diálogo convocado por Los Pinos para tratar de definir una política de Estado en materia de seguridad, el presidente Calderón ofreció al Poder Judicial hallar la forma de entregarle más recursos e incluso brindarle datos de inteligencia que le ayude a ubicar los probables casos de corrupción o de agresión a juzgadores. Sin embargo, dejó ver su preocupación porque hay un alto número de personas detenidas en acciones de la Policía Federal o de las fuerzas armadas, incluso en flagrancia, pero un menor grupo de personas sujetas a proceso o condenadas.
“¿Eso obedece –preguntó el jefe del Ejecutivo– realmente a deficiencias que estamos teniendo en el Ministerio Público Federal y estatales? ¿Hay algo que se pueda hacer con ello?”
Respecto del problema de la impunidad, cuestionó el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen. “¿De qué manera podemos acotar este asunto y, concretamente, qué podemos hacer en el gobierno federal a mi cargo, pero también los poderes judiciales federal y locales? ¿Qué pueden hacer o qué cosas debieran realmente revisarse a fondo para combatir este problema?”
El cúmulo de interrogantes del mandatario halló algunas respuestas en los propios diagnósticos de la PGR, de los legisladores presentes en el diálogo y de los representantes del Poder Judicial responsables de diversas regiones del país, quienes detallaron los “escollos” en este rubro, aun cuando hay avances en la aprobación y aplicación de leyes en materia penal.
Por ejemplo, el legislador Ricardo Fidel Pacheco (PRI), representante del Senado ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que el Congreso de la Unión ha avanzado en su tarea de aprobar diversas iniciativas enviadas por el Ejecutivo; no obstante, apuntó, comienzan a darse alertas respecto de la ejecución de penas, que habrá que atender en todo el país el próximo año con los jueces de control (juicios orales) o en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (incautar bienes producto de actos ilícitos).
Sobre ese último punto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que se trata de “una figura de poco uso”, pese a que existe un juzgado especializado para ello. “No tengo el dato exacto del número de casos que lleva, pero no llegan ni a 10 con toda seguridad; entonces, como son tan pocos, tuvimos que ampliar su conocimiento para no incurrir en desperdicio de recursos humanos”.
A su vez, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, reconoció que la gravedad del fenómeno delincuencial “empieza a corroer las estructuras básicas del Estado mexicano”, con la existencia de bandas de la delincuencia organizada y del narcotráfico que se han empoderado. Por ello, el funcionario convocó a concretar con más éxito las reformas penales en las entidades y se refirió asimismo a la urgencia de contar con un código de procedimientos penales para todo el país.
Fabiola Martínez, La Jornada, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Delincuentes gozan de impunidad, señala Calderón al Poder Judicial
El presidente Felipe Calderón admitió que “algunos servidores públicos de los poderes judiciales han sido amenazados e incluso agredidos por los criminales”. Ante ello, su gobierno ofreció a los integrantes de este sector compartir información de los órganos de inteligencia que contribuyan a combatir la corrupción y prevenir amenazas.
Reconoció también que el problema de la justicia en México es la “impunidad de la que goza, por desgracia, la delincuencia”, así como la falta de presupuesto –a nivel federal y local– para aplicar algunas de las recientes reformas en materia penal.
Durante una nueva sesión del Diálogo por la Seguridad, esta vez con integrantes del Poder Judicial, así como legisladores y funcionarios públicos vinculados al tema de la procuración de justicia, nuevamente no se definieron acuerdos concretos e incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió tiempo para asumir compromisos.
“Nuevos compromisos del Poder Judicial federal frente a estos Diálogos de Seguridad. Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema. Mi compromiso en este momento es comentarlo con amplitud en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y será delante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación donde podamos asumir nuevos compromisos y acciones de los cuales daremos oportuna cuenta”, expresó el ministro.
Esta sesión fue convocada aparentemente de última hora; algunos de los presentes en el lugar en donde se desarrollan estos encuentros (Casino Militar del Campo Marte), procedentes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del Consejo de la Judicatura y de diversos tribunales superiores de justicia de los estados, comentaron que les avisaron de la cita “ayer por la tarde”.
El presidente Calderón ofreció recursos adicionales –en la definición del presupuesto para el próximo año– a fin de aligerar esta carencia, aspecto que, de acuerdo con integrantes del Poder Judicial, impide el óptimo desempeño y la aplicación de nuevas leyes y esquemas para castigar a delincuentes.
“Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales (…) precisamente para resolver problemas cercanos a la ciudadanía”, dijo el mandatario.
En el encuentro, que se prolongó tres horas, el ministro Ortiz Mayagoitia aseveró que el Poder Judicial no encubre ninguna actuación ilegal o indebida de sus miembros, aunque reconoció que sí existen amenazas para los juzgadores.
Señaló que el CJF está muy atento para velar por la honestidad e integridad de sus integrantes y señaló que todas las instituciones del Estado mexicano “estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado”.
De 2007 a la fecha, dijo, el CJF ha sancionado por faltas administrativas en diversos grados a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito, incluso con suspensión en el ejercicio de sus cargos y con destituciones definitivas; precisó que las sanciones son impuestas con base en datos objetivos y nunca por rumores o acusaciones genéricas. Las investigaciones de presuntos delitos de juzgadores son responsabilidad de la PGR.
Durante su mensaje, el presidente Calderón dijo a los asistentes que hoy México pasa por un momento particularmente delicado en materia de delincuencia, porque la acción criminal no sólo constituye una amenaza a la integridad física, familiar o patrimonial de los mexicanos, sino también a las instituciones democráticas.
No debemos permitir, agregó, que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia; debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Poder Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan, precisamente, generar mayores espacios de impunidad.
Reconoció también que el problema de la justicia en México es la “impunidad de la que goza, por desgracia, la delincuencia”, así como la falta de presupuesto –a nivel federal y local– para aplicar algunas de las recientes reformas en materia penal.
Durante una nueva sesión del Diálogo por la Seguridad, esta vez con integrantes del Poder Judicial, así como legisladores y funcionarios públicos vinculados al tema de la procuración de justicia, nuevamente no se definieron acuerdos concretos e incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió tiempo para asumir compromisos.
“Nuevos compromisos del Poder Judicial federal frente a estos Diálogos de Seguridad. Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema. Mi compromiso en este momento es comentarlo con amplitud en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y será delante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación donde podamos asumir nuevos compromisos y acciones de los cuales daremos oportuna cuenta”, expresó el ministro.
Esta sesión fue convocada aparentemente de última hora; algunos de los presentes en el lugar en donde se desarrollan estos encuentros (Casino Militar del Campo Marte), procedentes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del Consejo de la Judicatura y de diversos tribunales superiores de justicia de los estados, comentaron que les avisaron de la cita “ayer por la tarde”.
El presidente Calderón ofreció recursos adicionales –en la definición del presupuesto para el próximo año– a fin de aligerar esta carencia, aspecto que, de acuerdo con integrantes del Poder Judicial, impide el óptimo desempeño y la aplicación de nuevas leyes y esquemas para castigar a delincuentes.
“Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales (…) precisamente para resolver problemas cercanos a la ciudadanía”, dijo el mandatario.
En el encuentro, que se prolongó tres horas, el ministro Ortiz Mayagoitia aseveró que el Poder Judicial no encubre ninguna actuación ilegal o indebida de sus miembros, aunque reconoció que sí existen amenazas para los juzgadores.
Señaló que el CJF está muy atento para velar por la honestidad e integridad de sus integrantes y señaló que todas las instituciones del Estado mexicano “estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado”.
De 2007 a la fecha, dijo, el CJF ha sancionado por faltas administrativas en diversos grados a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito, incluso con suspensión en el ejercicio de sus cargos y con destituciones definitivas; precisó que las sanciones son impuestas con base en datos objetivos y nunca por rumores o acusaciones genéricas. Las investigaciones de presuntos delitos de juzgadores son responsabilidad de la PGR.
Durante su mensaje, el presidente Calderón dijo a los asistentes que hoy México pasa por un momento particularmente delicado en materia de delincuencia, porque la acción criminal no sólo constituye una amenaza a la integridad física, familiar o patrimonial de los mexicanos, sino también a las instituciones democráticas.
No debemos permitir, agregó, que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia; debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Poder Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan, precisamente, generar mayores espacios de impunidad.
Fabiola Martínez, El Universal, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Corte alerta de riesgos por la reforma penal
En el quinto día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el procurador Arturo Chávez Chávez debatieron sobre las deficiencias en el sistema judicial.
En su segunda intervención, Calderón Hinojosa cuestionó a Ortiz Mayagoitia por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
Al respecto, el presidente de la Corte contestó: “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, la verdad ya no sé qué paso al final, de una persona por un delito muy grave.
“Entonces, la reforma penal si no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generar un riesgo de aumento de la criminalidad. Esto, repito, es solamente opinión personal”, dijo.
PGR acepta “fallas”
Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse.
Comentó que “es importante profundizar y seguir profundizando en este análisis, porque efectivamente hay entidades donde [la reforma] no sólo no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal”.
Dijo que “el análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales y, desde luego, sus resultados están siendo compartidos también con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados”.
Tras el comentario del presidente de la Corte, en el sentido de que sólo se han recibido 10 casos de solicitudes de extinción de dominio, el procurador reconoció que esta ley ha sido utilizada en pocos casos, y anunció que el Poder Ejecutivo enviará una iniciativa para modificarla, por las dificultades que presenta en su aplicación.
El funcionario comentó que en su configuración hay un estrecho vínculo entre lo que es la averiguación previa y lo que constituyen los documentos base para la extinción de dominio, que se maneja por la vía civil.
Chávez Chávez agregó: “El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales nos obliga a la secrecía del contenido de la averiguación, sin embargo ésta tiene que ser vertida dentro de un juicio civil, dejando a potestad del juez civil que decrete o no su secrecía.
“Entonces nos representa en la práctica una serie de problemas. Desde luego, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para superar estos escollos”.
El reto, proteger a jueces
El presidente Felipe Calderón abrió la ronda y comentó que “uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia”, y les ofreció protección e información de inteligencia.
Afirmó que “un nombre clave del enemigo en el sistema judicial es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que criminales evadan la justicia. Y para extirpar el cáncer de la impunidad se necesita no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, el marco legal”.
Por ello, dijo, “con pleno respeto a la división de poderes, ofrezco compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades para preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurar condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñarse con la libertad que requiere su delicado deber.
“No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”.
Corte: no se encubre a nadie
Ortiz Mayagoitia tomó la palabra. Dijo que en el Poder Judicial “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida” de sus miembros, aunque admitió que le preocupan amenazas a jueces y la corrupción.
Informó a Calderón que han sancionado, de 2007 a la fecha, a por lo menos 42 jueces de distrito y magistrados con suspensión en el ejercicio de sus cargos y destituciones definitivas, con base en información “debidamente corroborada, no por rumores”, aunque la investigación de delitos compete a la PGR, aclaró.
El ministro dijo que “la ciudadanía debe tener muy claro el valor y la entrega de los jueces mexicanos, su compromiso y dedicación, el riesgo latente en el que cumplen con sus responsabilidades”.
El presidente de la SCJN afirmó que una vez más en el Poder Judicial asumen su responsabilidad y el compromiso que les corresponde: “En ningún momento hemos bajado la guardia. Estamos conscientes de lo que la sociedad espera de nosotros: dictar sentencias y hacer justicia”, con base en la investigación de las instancias del Poder Ejecutivo.
Precisó, además, que “la solidez del combate a las amenazas del orden público depende igualmente de la fortaleza de la investigación ministerial, que de la agilidad y eficiencia en la ejecución procedimental de la justicia”.
Poder Judicial, saturado
Daniel Francisco Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que hoy “el Poder Judicial, en general, está viéndose saturado en su capacidad de operación”, por lo que pidió más presupuesto; esto último también lo señalaron otros representantes del Poder Judicial.
Frente a la solicitud, Calderón respondió: “Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía también se percibiera con claridad el grado de compromiso y atingencia que por parte de los poderes públicos, y en particular, en este caso, del Judicial, se asume, precisamente, para resolver problemas cercanos a la ciudadanía” .
En su segunda intervención, Calderón Hinojosa cuestionó a Ortiz Mayagoitia por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
Al respecto, el presidente de la Corte contestó: “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, la verdad ya no sé qué paso al final, de una persona por un delito muy grave.
“Entonces, la reforma penal si no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generar un riesgo de aumento de la criminalidad. Esto, repito, es solamente opinión personal”, dijo.
PGR acepta “fallas”
Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse.
Comentó que “es importante profundizar y seguir profundizando en este análisis, porque efectivamente hay entidades donde [la reforma] no sólo no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal”.
Dijo que “el análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales y, desde luego, sus resultados están siendo compartidos también con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados”.
Tras el comentario del presidente de la Corte, en el sentido de que sólo se han recibido 10 casos de solicitudes de extinción de dominio, el procurador reconoció que esta ley ha sido utilizada en pocos casos, y anunció que el Poder Ejecutivo enviará una iniciativa para modificarla, por las dificultades que presenta en su aplicación.
El funcionario comentó que en su configuración hay un estrecho vínculo entre lo que es la averiguación previa y lo que constituyen los documentos base para la extinción de dominio, que se maneja por la vía civil.
Chávez Chávez agregó: “El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales nos obliga a la secrecía del contenido de la averiguación, sin embargo ésta tiene que ser vertida dentro de un juicio civil, dejando a potestad del juez civil que decrete o no su secrecía.
“Entonces nos representa en la práctica una serie de problemas. Desde luego, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para superar estos escollos”.
El reto, proteger a jueces
El presidente Felipe Calderón abrió la ronda y comentó que “uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia”, y les ofreció protección e información de inteligencia.
Afirmó que “un nombre clave del enemigo en el sistema judicial es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que criminales evadan la justicia. Y para extirpar el cáncer de la impunidad se necesita no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, el marco legal”.
Por ello, dijo, “con pleno respeto a la división de poderes, ofrezco compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades para preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurar condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñarse con la libertad que requiere su delicado deber.
“No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”.
Corte: no se encubre a nadie
Ortiz Mayagoitia tomó la palabra. Dijo que en el Poder Judicial “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida” de sus miembros, aunque admitió que le preocupan amenazas a jueces y la corrupción.
Informó a Calderón que han sancionado, de 2007 a la fecha, a por lo menos 42 jueces de distrito y magistrados con suspensión en el ejercicio de sus cargos y destituciones definitivas, con base en información “debidamente corroborada, no por rumores”, aunque la investigación de delitos compete a la PGR, aclaró.
El ministro dijo que “la ciudadanía debe tener muy claro el valor y la entrega de los jueces mexicanos, su compromiso y dedicación, el riesgo latente en el que cumplen con sus responsabilidades”.
El presidente de la SCJN afirmó que una vez más en el Poder Judicial asumen su responsabilidad y el compromiso que les corresponde: “En ningún momento hemos bajado la guardia. Estamos conscientes de lo que la sociedad espera de nosotros: dictar sentencias y hacer justicia”, con base en la investigación de las instancias del Poder Ejecutivo.
Precisó, además, que “la solidez del combate a las amenazas del orden público depende igualmente de la fortaleza de la investigación ministerial, que de la agilidad y eficiencia en la ejecución procedimental de la justicia”.
Poder Judicial, saturado
Daniel Francisco Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que hoy “el Poder Judicial, en general, está viéndose saturado en su capacidad de operación”, por lo que pidió más presupuesto; esto último también lo señalaron otros representantes del Poder Judicial.
Frente a la solicitud, Calderón respondió: “Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía también se percibiera con claridad el grado de compromiso y atingencia que por parte de los poderes públicos, y en particular, en este caso, del Judicial, se asume, precisamente, para resolver problemas cercanos a la ciudadanía” .
Jorge Ramos, El Universal, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Poderes se reclaman reforma penal fallida
El presidente Felipe Calderón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el procurador Arturo Chávez debatieron ayer sobre las deficiencias en el sistema judicial en el quinto día del Diálogo por la Seguridad.
En su intervención, Calderón Hinojosa cuestionó por qué Chihuahua es la entidad con mayor violencia, si presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
En respuesta, Ortiz Mayagoitia mencionó que la reforma tiene que llevarse de manera coordinada con todos los actores. “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos”, expresó.
Dijo que habrá un riesgo de aumento de criminalidad, si la reforma no se establece de manera integral.
El titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta fallas en estados donde ha comenzado a aplicarse; incluso, la percepción ciudadana es completamente adversa al objetivo de la reforma.
Reconoció que la Ley de Extinción de Dominio presenta una serie de problemas y dio a conocer que se elabora una propuesta de iniciativa para “superar escollos”. En ese sentido, Ortiz Mayagoitia dijo que dicha ley se ha usado muy poco.
En su intervención, Calderón Hinojosa cuestionó por qué Chihuahua es la entidad con mayor violencia, si presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
En respuesta, Ortiz Mayagoitia mencionó que la reforma tiene que llevarse de manera coordinada con todos los actores. “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos”, expresó.
Dijo que habrá un riesgo de aumento de criminalidad, si la reforma no se establece de manera integral.
El titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta fallas en estados donde ha comenzado a aplicarse; incluso, la percepción ciudadana es completamente adversa al objetivo de la reforma.
Reconoció que la Ley de Extinción de Dominio presenta una serie de problemas y dio a conocer que se elabora una propuesta de iniciativa para “superar escollos”. En ese sentido, Ortiz Mayagoitia dijo que dicha ley se ha usado muy poco.
Jorge Ramos Pérez, EL Universal, 12 de agosto.
Felipe Calderón, Reforma Judicial, SCJN Medios México 0 comentarios
Dudo de reforma judicial: Mancera
“Si no estoy tan convencido de la aplicación del sistema de justicia penal en el Distrito Federal es porque todavía no se qué vamos a hacer con los delitos más delicados: homicidios, secuestros, violaciones, delincuencia organizada. Esa es la parte que más me preocupa porque no se puede entrar a un esquema tan garantista sin diferenciar el tratamiento jurídico para los delincuentes comunes y para los de crimen organizado”, asegura Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador capitalino.
Temeroso de las consecuencias sociales que pueda tener una mala implementación de la reforma, el encargado de la procuración de justicia en el Distrito Federal advierte que en países como Chile y Paraguay, el sistema de justicia penal acusatorio tuvo que sufrir algunas modificaciones luego de vivir agresiones en las audiencias.
El plan de Mancera para la aplicación de la reforma que entrará en vigor en 2015 es que la delincuencia organizada no se procese mediante ese sistema. En su opinión, dada la problemática de la ciudad, lo mejor sería que esta estructura jurídica se emplee sólo para los delitos patrimoniales.
En junio de 2008, el Congreso aprobó la modificación del sistema de justicia penal. En 2015, los estados tendrán que operar bajo un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos.
Para el procurador del DF la oralidad de las audiencias también tiene sus riesgos. “No será sencillo que una víctima de secuestro acepte ser expuesta ante el grupo de personas que participaron en el plagio y tenga que sostener en público su acusación. No creo que tengan éxito este sistema para juzgar delitos de alto impacto”.
Además, advierte que será complicado para los policías investigadores defender frente a los jueces y los abogados la evidencia. “Tendremos que trabajar para que estén listos cuando los vayan a cuestionar”.
Como abogado penalista opina que con el nuevo sistema de justicia penal se pretende atacar la saturación de reos en las cárceles, pero “el riesgo cuando buscas despresurizar, es que resuelvas casos de alto impacto a través de salidas alternas”.
Se aplicará de forma gradual
Explica que en el DF se va a aplicar gradualmente y de forma territorial. El reclusorio sur será el laboratorio del sistema en la ciudad. “Vamos a hacer una reforma que llamamos especial porque vamos a trabajar con la carga legislativa de adolescentes. Nos vamos a concentrar en ellos para la implementación del sistema penal acusatorio, nos vamos enfocar en la oralidad de los juicios para ese sector”.
La aplicación del sistema judicial penal implica una fuerte erogación de recursos. Chihuahua ha invertido, en tres años de operación, más de mil 600 millones de pesos en capacitación, desarrollo de infraestructura y de tecnología.
“Estamos haciendo las cuantificaciones... Se requieren muchos los recursos. Hay lugares en los que han gastado miles de millones de pesos, en Chile nos informaron que la inversión superó 6 mil millones de pesos. No sé cuánto nos vamos a gastar aquí pero de inicio lo que está marcando el secretario ejecutivo son más o menos de 500 a 600 millones de pesos como para el arranque. Eso es lo que tenemos ahorita nosotros en la mira”.
Hasta hoy, no ha recibido recursos para trabajar en la infraestructura requerida. “Estamos formados en la fila para recibir los apoyos federales, esperamos recibirlos el próximo año. No hemos recibido de organismos internacionales”, comenta.
En Chihuahua, el gobierno de Estados Unidos apoyó con 5 millones de dólares.
En el Distrito Federal, el avance que se lleva, de acuerdo con el procurador, es la conformación de una instancia que va a coordinar los trabajos. El equipo está integrado por representantes de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior y de Gobierno del Distrito Federal, representado por el jefe de gobierno y por personas de la comunidad intelectual de la ciudad. “Ya se firmó el acuerdo para la implementación del sistema acusatorio”.
Después, dice, seguiremos con la creación de un consejo que trabajará en aterrizar las ordenanzas de la reforma federal en la ciudad. “Ahí vamos a participar actores más individualizados como son los diputados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, el consejero federal, el procurador”, añade.
En esta etapa se nombra al procurador como el encargado de la secretaria ejecutiva, el que tendrá que trabajar en las líneas de aplicación de la reforma.
Mancera Espinosa advierte que aunque el modelo chileno de reforma judicial es el que sería más viable aplicar en el Distrito Federal, hay diferencias que se deben evaluar. “En Chile, hay 14 millones de habitantes en todo el país, mientras que nosotros, aquí en la ciudad en las horas pico tenemos entre 14 y 15 millones de habitantes”
Temeroso de las consecuencias sociales que pueda tener una mala implementación de la reforma, el encargado de la procuración de justicia en el Distrito Federal advierte que en países como Chile y Paraguay, el sistema de justicia penal acusatorio tuvo que sufrir algunas modificaciones luego de vivir agresiones en las audiencias.
El plan de Mancera para la aplicación de la reforma que entrará en vigor en 2015 es que la delincuencia organizada no se procese mediante ese sistema. En su opinión, dada la problemática de la ciudad, lo mejor sería que esta estructura jurídica se emplee sólo para los delitos patrimoniales.
En junio de 2008, el Congreso aprobó la modificación del sistema de justicia penal. En 2015, los estados tendrán que operar bajo un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos.
Para el procurador del DF la oralidad de las audiencias también tiene sus riesgos. “No será sencillo que una víctima de secuestro acepte ser expuesta ante el grupo de personas que participaron en el plagio y tenga que sostener en público su acusación. No creo que tengan éxito este sistema para juzgar delitos de alto impacto”.
Además, advierte que será complicado para los policías investigadores defender frente a los jueces y los abogados la evidencia. “Tendremos que trabajar para que estén listos cuando los vayan a cuestionar”.
Como abogado penalista opina que con el nuevo sistema de justicia penal se pretende atacar la saturación de reos en las cárceles, pero “el riesgo cuando buscas despresurizar, es que resuelvas casos de alto impacto a través de salidas alternas”.
Se aplicará de forma gradual
Explica que en el DF se va a aplicar gradualmente y de forma territorial. El reclusorio sur será el laboratorio del sistema en la ciudad. “Vamos a hacer una reforma que llamamos especial porque vamos a trabajar con la carga legislativa de adolescentes. Nos vamos a concentrar en ellos para la implementación del sistema penal acusatorio, nos vamos enfocar en la oralidad de los juicios para ese sector”.
La aplicación del sistema judicial penal implica una fuerte erogación de recursos. Chihuahua ha invertido, en tres años de operación, más de mil 600 millones de pesos en capacitación, desarrollo de infraestructura y de tecnología.
“Estamos haciendo las cuantificaciones... Se requieren muchos los recursos. Hay lugares en los que han gastado miles de millones de pesos, en Chile nos informaron que la inversión superó 6 mil millones de pesos. No sé cuánto nos vamos a gastar aquí pero de inicio lo que está marcando el secretario ejecutivo son más o menos de 500 a 600 millones de pesos como para el arranque. Eso es lo que tenemos ahorita nosotros en la mira”.
Hasta hoy, no ha recibido recursos para trabajar en la infraestructura requerida. “Estamos formados en la fila para recibir los apoyos federales, esperamos recibirlos el próximo año. No hemos recibido de organismos internacionales”, comenta.
En Chihuahua, el gobierno de Estados Unidos apoyó con 5 millones de dólares.
En el Distrito Federal, el avance que se lleva, de acuerdo con el procurador, es la conformación de una instancia que va a coordinar los trabajos. El equipo está integrado por representantes de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior y de Gobierno del Distrito Federal, representado por el jefe de gobierno y por personas de la comunidad intelectual de la ciudad. “Ya se firmó el acuerdo para la implementación del sistema acusatorio”.
Después, dice, seguiremos con la creación de un consejo que trabajará en aterrizar las ordenanzas de la reforma federal en la ciudad. “Ahí vamos a participar actores más individualizados como son los diputados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, el consejero federal, el procurador”, añade.
En esta etapa se nombra al procurador como el encargado de la secretaria ejecutiva, el que tendrá que trabajar en las líneas de aplicación de la reforma.
Mancera Espinosa advierte que aunque el modelo chileno de reforma judicial es el que sería más viable aplicar en el Distrito Federal, hay diferencias que se deben evaluar. “En Chile, hay 14 millones de habitantes en todo el país, mientras que nosotros, aquí en la ciudad en las horas pico tenemos entre 14 y 15 millones de habitantes”
Evangelina Hernández, El Unviversal, 20 de julio.
GDF, Reforma Judicial Medios México martes, 20 de julio de 2010 0 comentarios
Reforma judicial, otra víctima del crimen
Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de cien de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado lo que ha impedido que, en estos tres años de aplicación, se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en el estado.
Sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado de 2008 a la fecha a 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados. Todos ellos recibieron capacitación para aplicar, en el terreno de los hechos, las reformas judiciales que le iban a dar un giro de 180 grados al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.
Un año duró “la luna de miel”, porque en enero de 2008 inició una escalada de violencia en el estado, que ha abonado la mayor parte de los 24 mil muertos que se contabilizan en el país por la guerra entre los cárteles de droga y del gobierno federal contra ellos.
Chihuahua es el primer estado del país en aplicar este sistema. En diciembre de 2008 se aprobó la reconfiguración, a nivel nacional, del sistema de justicia, el cual transitará del tradicional inquisitorio al acusatorio que consiste en introducir el desahogo de casos a través de juicios orales y mediante procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.
El estado de Chihuahua se consideró como el laboratorio de la transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a los otros estados, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero la llamada guerra con los cárteles de la droga ha “hecho imposible que le mostremos a la ciudadanía las bondades del sistema”, advierte Patricia Martínez Ramírez, procuradora General de Justicia en esa entidad.
La encargada de la procuración de justicia lamenta la coincidencia entre la entrada en vigor del sistema y la crisis de violencia que se vive en el estado, y reconoce que “tanto crimen nos está colapsando el trabajo”.
Explica en entrevista que fue necesario enfocarse en los homicidios que tienen una línea de investigación, en los que existe alguna hipótesis. “Los demás los ponemos en archivo temporal, que es imprescriptible según la ley vigente en el estado, y lo reactivamos hasta que surge un nuevo indicio”.
La funcionaria agrega que son tantos las asesinatos que se cometen en Chihuahua que “sería imposible investigarlos todos por eso no le quitamos el tiempo a los fiscales con todos los casos”.
A su diagnóstico se suma la opinión del propio gobernador de la entidad, Fernando Reyes Baeza, quien acepta que el sistema penal acusatorio, al cual se le han invertido más de mil 600 millones de pesos, ha sido “víctima” del crimen organizado.
Ante la contundencia de los hechos reconoce que “la reforma coincidió con una coyuntura de violencia que puso en riesgo la certidumbre y la viabilidad del sistema de justicia”.
Objetivos a medias
Así, la ola de violencia que se ha agudizado en Chihuahua, que ya alcanzó a la capital del estado y se ha incrementado de forma exponencial en Ciudad Juárez, fracturó el esquema de lo planteado como el inicio del abatimiento de la corrupción en los órganos de procuración de justicia, además de la gradual reducción de los niveles de impunidad y la despresurización de un sistema colapsado por todos los costados.
Mario Trevizo, uno de los impulsores de la reforma penal en esa entidad, especialista en derecho constitucional y ex director de Estudios Penales y Forenses de la procuraduría del estado, asegura que actualmente el sistema opera con personal nuevo y poco capacitado, principalmente en el área de investigación de los delitos, unos de los tres ejes que sostienen la norma jurídica.
“La capacitación de los operadores del sistema, desde la investigación, persecución y administración de justicia fue de alto nivel. Vino gente de varios países a dar cursos y talleres, desgraciadamente, por las amenazas cumplidas del crimen organizado, muchos de ellos murieron en el cumplimiento de su deber, otros se fueron por miedo y, la menor parte, cedió ante las presiones de los narcotraficantes”.
Muchos de los policías que han sido asesinados, advierte Trevizo, eran muy buenos elementos pero estorbaban a los intereses de los actores de esta guerra y por eso los mataron. “Es tal el número de bajas que la procuraduría tiene que reclutar gente todo el año, elementos menos capacitados y sin vocación policiaca son los que están realizando el trabajo, lo que representa un constante gasto de recursos y no garantiza la consolidación del esquema”.
En su opinión, las carencias técnicas y científicas en las investigaciones pueden provocar el colapso del sistema. Pero, acepta, es imposible que se obtengan buenos resultados cuando los agentes que realizan las indagatorias son constantemente amenazados, corrompidos o asesinados.
Bajas de operadores coyunturales
Entre los agentes ministeriales, policías, abogados y peritos asesinados había operadores coyunturales de la reforma. Su labor era agilizar el 90 por ciento de los casos, que constituyen el universo de los delitos más comunes, como patrimoniales, robos y asaltos, para dejar espacio y tiempo a ilícitos de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero.
En los dos últimos años, 13 funcionarios cercanos a la procuradora del estado han sido asesinados. Los abogados y los agentes ministeriales llevaban, al momento de ser asesinados, la investigación o la defensa de casos que implicaban la liberación o encarcelamiento de algún integrante de la delincuencia organizada.
Óscar Acosta, presidente de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que los crímenes contra abogados fueron cometidos por miembros de las bandas rivales de sus defendidos. “Los litigantes estamos trabajando en condiciones de guerra, el sistema no estaba planeado para esta crisis, por eso hay partes en las que se está colapsando, principalmente en la procuración de justicia”.
Buen inicio
El sistema empezó funcionando correctamente, dicen quienes lo diseñaron y lo pusieron en práctica hace tres años. En 2007 se cosecharon los primeros resultados en la capital del estado y el plan era que 2008 fuera el año de la consolidación.
Pero la reforma no fue pensada para operar en un esquema de guerra y ahí fue cuando se acabó la luna de miel y comenzó la prueba de fuego, admiten sus impulsores.
Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, explica que se equivocan quienes piensan que la impunidad en el estado fue provocada por el nuevo sistema de justicia penal.
“Grave error. El nuevo sistema, en estados donde no hay tanta violencia como aquí, hubiera funcionado de maravilla, pero en las condiciones que estamos viviendo, cualquiera habría fracasado”, asegura Acosta Muñoz, quien defiende la operación del sistema.
Fuego cruzado
Si bien, los asesinatos contra funcionarios han hecho mella en el sistema, en el seno de las estructuras de justicia afloran las contradicciones y las posturas que ubican al otro como responsable de los atrasos del nuevo esquema.
Pese a las presiones y desajustes que vive el nuevo esquema en la entidad, la procuradora de Chihuahua sostiene que “las fallas radican en el Poder Judicial porque es muy conservador… se resisten al cambio, algunos tienen una cultura muy inquisitiva”.
Desde su oficina en la capital del estado, reclama: “Con los jueces y los magistrados batallamos horrores, ellos no quieren cambiar. Hemos luchado mucho para que se establezca un centro que verifique que se cumplan las medidas cautelares, esa es tarea del Poder Judicial”.
Patricia González reconoce que al interior de la procuraduría también se han presentado reticencias para realizar el cambio cultural del sistema inquisitorio al acusatorio. “Los policías son los que más se resistieron al cambio”.
El sistema penal acusatorio en Chihuahua todavía tiene que madurar, dice la funcionaria. “Ser fiscales es una cuestión de convicción pero tenemos algunos que sólo quieren conservar un trabajo. En estos dos años y medio hemos tenido un intenso trabajo en la investigación, asociados a delincuencia organizada y se ha perdido un poco la mística de vigilar la capacitación de los ministerios públicos. Pero así como hay algunos limitados en la argumentación tenemos algunos buenísimos”.
En cuanto a los lastres provenientes del sistema inquisitorio y las debilidades como la corrupción, Acosta Muñoz opina que estos esquemas se siguen replicando por la “descomposición que existe entre los cuerpos policiacos”.
“El Poder Judicial no es el responsable de la impunidad. Los jueces no tenemos en nuestras manos la persecución del delito, eso le corresponde al ejecutivo pero la corrupción que hay en todos los niveles de la policía limita la impartición de justicia”.
Rafael Acosta Muñoz asegura que para evitar que el sistema fracase es necesario que haya armonía y coordinación entre “los ministerios públicos, los policías investigadores y los defensores (públicos o privados), pero los más importantes es que todos están debidamente capacitados”.
Oscar Acosta, de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que “la pata más débil de la mesa en el nuevo esquema penal es el ministerio público, por falta de capacitación.”
El abogado penalista insiste en que las fallas no son del sistema, sino de los operadores que actúan bajo las inercias del pasado.
Las reformas de la reforma
Desde otra perspectiva, la juez de Garantías de Ciudad Juárez, Anabel Chumacero, señala que alrededor del sistema se han creado mitos que la “sociedad nos reprocha, pero que en la realidad no son ciertos”.
Por ejemplo, dice, este no es un sistema de justicia de puertas giratorias, ni tampoco es verdad que en la mayoría de los procesos los inculpados estén sustraídos de la justicia. En su opinión los señalamientos sobre el “exagerado garantismo” del sistema son falsos.
Chumacero advierte que en efecto se concede “la segunda oportunidad” a los infractores sin antecedentes penales, pero “sólo una”.
Explica que los problemas que han enfrentado estos tres años son de operatividad, no de diseño.
La juez de Garantías critica la oleada de reformas que se han hecho a la legislación del nuevo sistema de justicia penal, “le han hecho tantas modificaciones que cada vez se parece más al sistema inquisitorio”.
Resume la actual situación del nuevo esquema de justicia penal señalando que “el sistema acusatorio es como una mesa de tres patas. El equilibrio del sistema depende de la capacidad de operar la reforma del Ministerio Público, el defensor público y el juez.
A pesar del clima de violencia creciente en puntos determinados de la entidad, las reformas en materia judicial siguen avanzando, criticadas por unos y defendidas por otros en un contexto que difícilmente permite ver los aspectos positivos de su aplicación.
En estas condiciones se han realizado de 2007 a la fecha 113 modificaciones al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua. Tan sólo en enero de 2010 se hicieron 37 reformas.
Por la coyuntura que ha puesto a prueba al sistema, entre funcionarios ejecutados, delincuentes liberados en juicios inmediatos pero sin que haya mecanismos o instancias para darles seguimiento una vez en la calle, y por las insuficiencias para capacitar y actualizar al personal de Ministerios Públicos y agentes ministeriales que son la base del esquema, el diagnóstico resulta contundente y gélido para sus operadores: “El sistema de justicia penal de Chihuahua es una víctima más del crimen organizado”, sentencia Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado de 2008 a la fecha a 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados. Todos ellos recibieron capacitación para aplicar, en el terreno de los hechos, las reformas judiciales que le iban a dar un giro de 180 grados al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.
Un año duró “la luna de miel”, porque en enero de 2008 inició una escalada de violencia en el estado, que ha abonado la mayor parte de los 24 mil muertos que se contabilizan en el país por la guerra entre los cárteles de droga y del gobierno federal contra ellos.
Chihuahua es el primer estado del país en aplicar este sistema. En diciembre de 2008 se aprobó la reconfiguración, a nivel nacional, del sistema de justicia, el cual transitará del tradicional inquisitorio al acusatorio que consiste en introducir el desahogo de casos a través de juicios orales y mediante procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.
El estado de Chihuahua se consideró como el laboratorio de la transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a los otros estados, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero la llamada guerra con los cárteles de la droga ha “hecho imposible que le mostremos a la ciudadanía las bondades del sistema”, advierte Patricia Martínez Ramírez, procuradora General de Justicia en esa entidad.
La encargada de la procuración de justicia lamenta la coincidencia entre la entrada en vigor del sistema y la crisis de violencia que se vive en el estado, y reconoce que “tanto crimen nos está colapsando el trabajo”.
Explica en entrevista que fue necesario enfocarse en los homicidios que tienen una línea de investigación, en los que existe alguna hipótesis. “Los demás los ponemos en archivo temporal, que es imprescriptible según la ley vigente en el estado, y lo reactivamos hasta que surge un nuevo indicio”.
La funcionaria agrega que son tantos las asesinatos que se cometen en Chihuahua que “sería imposible investigarlos todos por eso no le quitamos el tiempo a los fiscales con todos los casos”.
A su diagnóstico se suma la opinión del propio gobernador de la entidad, Fernando Reyes Baeza, quien acepta que el sistema penal acusatorio, al cual se le han invertido más de mil 600 millones de pesos, ha sido “víctima” del crimen organizado.
Ante la contundencia de los hechos reconoce que “la reforma coincidió con una coyuntura de violencia que puso en riesgo la certidumbre y la viabilidad del sistema de justicia”.
Objetivos a medias
Así, la ola de violencia que se ha agudizado en Chihuahua, que ya alcanzó a la capital del estado y se ha incrementado de forma exponencial en Ciudad Juárez, fracturó el esquema de lo planteado como el inicio del abatimiento de la corrupción en los órganos de procuración de justicia, además de la gradual reducción de los niveles de impunidad y la despresurización de un sistema colapsado por todos los costados.
Mario Trevizo, uno de los impulsores de la reforma penal en esa entidad, especialista en derecho constitucional y ex director de Estudios Penales y Forenses de la procuraduría del estado, asegura que actualmente el sistema opera con personal nuevo y poco capacitado, principalmente en el área de investigación de los delitos, unos de los tres ejes que sostienen la norma jurídica.
“La capacitación de los operadores del sistema, desde la investigación, persecución y administración de justicia fue de alto nivel. Vino gente de varios países a dar cursos y talleres, desgraciadamente, por las amenazas cumplidas del crimen organizado, muchos de ellos murieron en el cumplimiento de su deber, otros se fueron por miedo y, la menor parte, cedió ante las presiones de los narcotraficantes”.
Muchos de los policías que han sido asesinados, advierte Trevizo, eran muy buenos elementos pero estorbaban a los intereses de los actores de esta guerra y por eso los mataron. “Es tal el número de bajas que la procuraduría tiene que reclutar gente todo el año, elementos menos capacitados y sin vocación policiaca son los que están realizando el trabajo, lo que representa un constante gasto de recursos y no garantiza la consolidación del esquema”.
En su opinión, las carencias técnicas y científicas en las investigaciones pueden provocar el colapso del sistema. Pero, acepta, es imposible que se obtengan buenos resultados cuando los agentes que realizan las indagatorias son constantemente amenazados, corrompidos o asesinados.
Bajas de operadores coyunturales
Entre los agentes ministeriales, policías, abogados y peritos asesinados había operadores coyunturales de la reforma. Su labor era agilizar el 90 por ciento de los casos, que constituyen el universo de los delitos más comunes, como patrimoniales, robos y asaltos, para dejar espacio y tiempo a ilícitos de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero.
En los dos últimos años, 13 funcionarios cercanos a la procuradora del estado han sido asesinados. Los abogados y los agentes ministeriales llevaban, al momento de ser asesinados, la investigación o la defensa de casos que implicaban la liberación o encarcelamiento de algún integrante de la delincuencia organizada.
Óscar Acosta, presidente de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que los crímenes contra abogados fueron cometidos por miembros de las bandas rivales de sus defendidos. “Los litigantes estamos trabajando en condiciones de guerra, el sistema no estaba planeado para esta crisis, por eso hay partes en las que se está colapsando, principalmente en la procuración de justicia”.
Buen inicio
El sistema empezó funcionando correctamente, dicen quienes lo diseñaron y lo pusieron en práctica hace tres años. En 2007 se cosecharon los primeros resultados en la capital del estado y el plan era que 2008 fuera el año de la consolidación.
Pero la reforma no fue pensada para operar en un esquema de guerra y ahí fue cuando se acabó la luna de miel y comenzó la prueba de fuego, admiten sus impulsores.
Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, explica que se equivocan quienes piensan que la impunidad en el estado fue provocada por el nuevo sistema de justicia penal.
“Grave error. El nuevo sistema, en estados donde no hay tanta violencia como aquí, hubiera funcionado de maravilla, pero en las condiciones que estamos viviendo, cualquiera habría fracasado”, asegura Acosta Muñoz, quien defiende la operación del sistema.
Fuego cruzado
Si bien, los asesinatos contra funcionarios han hecho mella en el sistema, en el seno de las estructuras de justicia afloran las contradicciones y las posturas que ubican al otro como responsable de los atrasos del nuevo esquema.
Pese a las presiones y desajustes que vive el nuevo esquema en la entidad, la procuradora de Chihuahua sostiene que “las fallas radican en el Poder Judicial porque es muy conservador… se resisten al cambio, algunos tienen una cultura muy inquisitiva”.
Desde su oficina en la capital del estado, reclama: “Con los jueces y los magistrados batallamos horrores, ellos no quieren cambiar. Hemos luchado mucho para que se establezca un centro que verifique que se cumplan las medidas cautelares, esa es tarea del Poder Judicial”.
Patricia González reconoce que al interior de la procuraduría también se han presentado reticencias para realizar el cambio cultural del sistema inquisitorio al acusatorio. “Los policías son los que más se resistieron al cambio”.
El sistema penal acusatorio en Chihuahua todavía tiene que madurar, dice la funcionaria. “Ser fiscales es una cuestión de convicción pero tenemos algunos que sólo quieren conservar un trabajo. En estos dos años y medio hemos tenido un intenso trabajo en la investigación, asociados a delincuencia organizada y se ha perdido un poco la mística de vigilar la capacitación de los ministerios públicos. Pero así como hay algunos limitados en la argumentación tenemos algunos buenísimos”.
En cuanto a los lastres provenientes del sistema inquisitorio y las debilidades como la corrupción, Acosta Muñoz opina que estos esquemas se siguen replicando por la “descomposición que existe entre los cuerpos policiacos”.
“El Poder Judicial no es el responsable de la impunidad. Los jueces no tenemos en nuestras manos la persecución del delito, eso le corresponde al ejecutivo pero la corrupción que hay en todos los niveles de la policía limita la impartición de justicia”.
Rafael Acosta Muñoz asegura que para evitar que el sistema fracase es necesario que haya armonía y coordinación entre “los ministerios públicos, los policías investigadores y los defensores (públicos o privados), pero los más importantes es que todos están debidamente capacitados”.
Oscar Acosta, de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que “la pata más débil de la mesa en el nuevo esquema penal es el ministerio público, por falta de capacitación.”
El abogado penalista insiste en que las fallas no son del sistema, sino de los operadores que actúan bajo las inercias del pasado.
Las reformas de la reforma
Desde otra perspectiva, la juez de Garantías de Ciudad Juárez, Anabel Chumacero, señala que alrededor del sistema se han creado mitos que la “sociedad nos reprocha, pero que en la realidad no son ciertos”.
Por ejemplo, dice, este no es un sistema de justicia de puertas giratorias, ni tampoco es verdad que en la mayoría de los procesos los inculpados estén sustraídos de la justicia. En su opinión los señalamientos sobre el “exagerado garantismo” del sistema son falsos.
Chumacero advierte que en efecto se concede “la segunda oportunidad” a los infractores sin antecedentes penales, pero “sólo una”.
Explica que los problemas que han enfrentado estos tres años son de operatividad, no de diseño.
La juez de Garantías critica la oleada de reformas que se han hecho a la legislación del nuevo sistema de justicia penal, “le han hecho tantas modificaciones que cada vez se parece más al sistema inquisitorio”.
Resume la actual situación del nuevo esquema de justicia penal señalando que “el sistema acusatorio es como una mesa de tres patas. El equilibrio del sistema depende de la capacidad de operar la reforma del Ministerio Público, el defensor público y el juez.
A pesar del clima de violencia creciente en puntos determinados de la entidad, las reformas en materia judicial siguen avanzando, criticadas por unos y defendidas por otros en un contexto que difícilmente permite ver los aspectos positivos de su aplicación.
En estas condiciones se han realizado de 2007 a la fecha 113 modificaciones al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua. Tan sólo en enero de 2010 se hicieron 37 reformas.
Por la coyuntura que ha puesto a prueba al sistema, entre funcionarios ejecutados, delincuentes liberados en juicios inmediatos pero sin que haya mecanismos o instancias para darles seguimiento una vez en la calle, y por las insuficiencias para capacitar y actualizar al personal de Ministerios Públicos y agentes ministeriales que son la base del esquema, el diagnóstico resulta contundente y gélido para sus operadores: “El sistema de justicia penal de Chihuahua es una víctima más del crimen organizado”, sentencia Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Evangelina Hernández enviada a Chihuahua, El Universl, 19 de julio.
Chihuahua, Reforma Judicial Medios México lunes, 19 de julio de 2010 0 comentarios
Defiende Secretaría resultados
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) trabaja con "rumbo claro", indica un informe que este órgano de la Secretaría de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados a finales de enero.
"Cuenta ya con una estructura administrativa, funciones bien determinadas, recursos humanos calificados, un rumbo claro contenido en su programa de trabajo, una agenda de vinculación con autoridades y una agenda de trabajo con el Consejo de Coordinación", señala.
Según documentos de la Setec, los avances recientes más significativos son la aprobación de la estrategia de implementación a nivel nacional; la validación del programa de capacitación y difusión; y la publicación de los lineamientos para el otorgamiento de subsidios federales.
También está la redacción del "Modelo de Simulación" para las entidades federativas; la elaboración del programa de infraestructura y equipamiento del nuevo sistema; la creación de un portal web; y la redacción de las "Bases para Información Estadística".
El programa de trabajo de la Setec consta de nueve ejes rectores: estudios y proyectos normativos; planeación y prospectiva; capacitación de los operadores; vinculación y cooperación; reorganización institucional; infraestructura y equipamiento; difusión nacional; evaluación y seguimiento; y finanzas y administración de recursos.
Apenas el 27 de abril, Felipe Borrego, titular de la Setec, expuso ante legisladores que su objetivo es que el próximo año todas las entidades de la República tengan "totalmente trabajada" la implementación de la reforma.
Desde que un estado comienza a instaurar el nuevo sistema hasta que se dirime el primer caso con las características de uno acusatorio, dijo, pasa alrededor de año y medio, por lo que al término de ocho años que se fijó para terminar de implementar la reforma es "razonable".
"(Así) se tiene el colchón de algún tropiezo, que es natural que se pueda tener. Esta modificación constitucional es inédita, es la primera vez en esta generación que rompemos un sistema y damos paso a uno totalmente diferente.
"Eso nos hace dar pasos que deben ser muy concretos, no deben ser en falso y sobre todo muy responsables", expuso ese día ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
"Cuenta ya con una estructura administrativa, funciones bien determinadas, recursos humanos calificados, un rumbo claro contenido en su programa de trabajo, una agenda de vinculación con autoridades y una agenda de trabajo con el Consejo de Coordinación", señala.
Según documentos de la Setec, los avances recientes más significativos son la aprobación de la estrategia de implementación a nivel nacional; la validación del programa de capacitación y difusión; y la publicación de los lineamientos para el otorgamiento de subsidios federales.
También está la redacción del "Modelo de Simulación" para las entidades federativas; la elaboración del programa de infraestructura y equipamiento del nuevo sistema; la creación de un portal web; y la redacción de las "Bases para Información Estadística".
El programa de trabajo de la Setec consta de nueve ejes rectores: estudios y proyectos normativos; planeación y prospectiva; capacitación de los operadores; vinculación y cooperación; reorganización institucional; infraestructura y equipamiento; difusión nacional; evaluación y seguimiento; y finanzas y administración de recursos.
Apenas el 27 de abril, Felipe Borrego, titular de la Setec, expuso ante legisladores que su objetivo es que el próximo año todas las entidades de la República tengan "totalmente trabajada" la implementación de la reforma.
Desde que un estado comienza a instaurar el nuevo sistema hasta que se dirime el primer caso con las características de uno acusatorio, dijo, pasa alrededor de año y medio, por lo que al término de ocho años que se fijó para terminar de implementar la reforma es "razonable".
"(Así) se tiene el colchón de algún tropiezo, que es natural que se pueda tener. Esta modificación constitucional es inédita, es la primera vez en esta generación que rompemos un sistema y damos paso a uno totalmente diferente.
"Eso nos hace dar pasos que deben ser muy concretos, no deben ser en falso y sobre todo muy responsables", expuso ese día ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Antonio Baranda, Reforma, 1º de junio.
Reforma Judicial Medios México martes, 1 de junio de 2010 0 comentarios
Urgen trazar ruta de reforma penal
El Gobierno federal ha carecido de liderazgo para impulsar un plan integral de implementación del nuevo sistema de justicia, lo que ha provocado que las entidades apliquen modelos distintos o ni siquiera hayan iniciado el proceso de cambio, acusaron especialistas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, me parece lamentable".
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación -en los estados- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Según un informe de la Setec, 19 entidades tienen un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en la implementación de la reforma penal que se aprobó en junio de 2008.
Aprobados y reprobados
Relación de avances que sobre la implementación de la reforma penal presentan las distintas entidades:
Grupo I
Estados con grado de avance alto, cuya fecha de entrada en vigor del nuevo sistema fue antes de la reforma constitucional de 2008.
Grupo II
Estados con grado de avance medio, cuya fecha para iniciar los trabajos de implementación se da después de la reforma constitucional.
Grupo III
Estados con grado de avance incipiente que han realizado acciones que permiten suponer voluntad política de al menos uno de los poderes involucrados en el proceso.
Grupo IV
Estados con avance poco significativo o no sistemático.
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- DF
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Grupo I:
Chihuahua
· Es el estado pionero en la reforma de justicia.
· Realiza programas que promueven la participación social para ayudar a la consolidación del nuevo esquema.
Estado de México
· Su instauración es gradual. 1 de octubre de 2009 en Tenango, Toluca, Lerma y Tenancingo; 1 de abril de 2010 en Chalco, Otumba y Texcoco; 1 de octubre de 2010 en Neza, El oro, Ixtlahuaca, Sutepec y Temascaltepec. 1 de abril de 2011 en Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango. 1 de octubre de 2011 en Ecatepec, Jilotepec y Valle de Bravo.
Morelos
· Actualmente el proceso penal de corte acusatorio se encuentra vigente en 17 municipios.
Nuevo León
· Universidades, colegios y barras de abogados ya trabajan en la difusión de información sobre la oralidad y la justicia alternativa.
Oaxaca
· Su instauración ha sido gradual y terminará después de seis etapas. La última concluirá el 9 de septiembre de 2012 en la Cañada y la Sierra.
· El Poder Judicial capacita a la tercera generación de jueces.
Zacatecas
· Desde junio de 2008 se inició el proceso de selección de conciliadores, mediadores y facilitadores de salidas alternas de conflictos.
Grupo II:
Baja California
· Su implementación es gradual. El nuevo sistema ya se aplica en Mexicali, aunque el calendario para el resto de la entidad es 1 de febrero de 2011 en Ensenada; y 1 de febrero de 2012 en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
· Cada dependencia que participa en el esquema mide sus indicadores.
Durango
· Tiene definido que la implementación será por distritos judiciales, empezando por aquellos con mayor número de expedientes. Empezó con el Distrito de Durango, y seguirá con el de Gómez Palacio.
Hidalgo
· Planea llevarla a cabo en cuatro etapas en sus 17 distritos judiciales.
· La primera se contempla para julio de 2010 en Pachuca; la segunda en julio de 2011 en Actopan, Atotonilco, Tula y Tulancingo; la tercera en julio de 2012 en Apan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mextitlán, Mixquiahuala y Tizayuca; la cuarta en julio de 2013 en Huejutla, Jacala, Molango, Tenango, Zacuiltipan y Zimapan.
Grupo III:
Guanajuato
· Analiza una propuesta para que el nuevo sistema entre en vigor de forma simultánea en los 23 partidos judiciales que comprende el estado.
· Firmaron ayer la Ley Penal para el Estado de Guanajuato, que contempla la instauración del proceso acusatorio y oral.
Tabasco
· Aún no hay una estrategia definida de gradualidad, sin embargo, existe consenso para implementar la reforma en etapas.
· Se creó un Manual Básico de Operación Policial.
Tlaxcala
· Se plantea la posibilidad de que la implementación sea en dos etapas: primero en el Municipio de Apizaco, y después en Tlaxcala tomando en cuenta la incidencia delictiva.
Yucatán
· Se esboza un esquema de gradualidad dividido en dos etapas que comience en mayo de 2011 en los distritos judiciales de Tekax y Valladolid, y concluya en Mérida.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, me parece lamentable".
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación -en los estados- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Según un informe de la Setec, 19 entidades tienen un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en la implementación de la reforma penal que se aprobó en junio de 2008.
Aprobados y reprobados
Relación de avances que sobre la implementación de la reforma penal presentan las distintas entidades:
Grupo I
Estados con grado de avance alto, cuya fecha de entrada en vigor del nuevo sistema fue antes de la reforma constitucional de 2008.
Grupo II
Estados con grado de avance medio, cuya fecha para iniciar los trabajos de implementación se da después de la reforma constitucional.
Grupo III
Estados con grado de avance incipiente que han realizado acciones que permiten suponer voluntad política de al menos uno de los poderes involucrados en el proceso.
Grupo IV
Estados con avance poco significativo o no sistemático.
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- DF
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Grupo I:
Chihuahua
· Es el estado pionero en la reforma de justicia.
· Realiza programas que promueven la participación social para ayudar a la consolidación del nuevo esquema.
Estado de México
· Su instauración es gradual. 1 de octubre de 2009 en Tenango, Toluca, Lerma y Tenancingo; 1 de abril de 2010 en Chalco, Otumba y Texcoco; 1 de octubre de 2010 en Neza, El oro, Ixtlahuaca, Sutepec y Temascaltepec. 1 de abril de 2011 en Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango. 1 de octubre de 2011 en Ecatepec, Jilotepec y Valle de Bravo.
Morelos
· Actualmente el proceso penal de corte acusatorio se encuentra vigente en 17 municipios.
Nuevo León
· Universidades, colegios y barras de abogados ya trabajan en la difusión de información sobre la oralidad y la justicia alternativa.
Oaxaca
· Su instauración ha sido gradual y terminará después de seis etapas. La última concluirá el 9 de septiembre de 2012 en la Cañada y la Sierra.
· El Poder Judicial capacita a la tercera generación de jueces.
Zacatecas
· Desde junio de 2008 se inició el proceso de selección de conciliadores, mediadores y facilitadores de salidas alternas de conflictos.
Grupo II:
Baja California
· Su implementación es gradual. El nuevo sistema ya se aplica en Mexicali, aunque el calendario para el resto de la entidad es 1 de febrero de 2011 en Ensenada; y 1 de febrero de 2012 en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
· Cada dependencia que participa en el esquema mide sus indicadores.
Durango
· Tiene definido que la implementación será por distritos judiciales, empezando por aquellos con mayor número de expedientes. Empezó con el Distrito de Durango, y seguirá con el de Gómez Palacio.
Hidalgo
· Planea llevarla a cabo en cuatro etapas en sus 17 distritos judiciales.
· La primera se contempla para julio de 2010 en Pachuca; la segunda en julio de 2011 en Actopan, Atotonilco, Tula y Tulancingo; la tercera en julio de 2012 en Apan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mextitlán, Mixquiahuala y Tizayuca; la cuarta en julio de 2013 en Huejutla, Jacala, Molango, Tenango, Zacuiltipan y Zimapan.
Grupo III:
Guanajuato
· Analiza una propuesta para que el nuevo sistema entre en vigor de forma simultánea en los 23 partidos judiciales que comprende el estado.
· Firmaron ayer la Ley Penal para el Estado de Guanajuato, que contempla la instauración del proceso acusatorio y oral.
Tabasco
· Aún no hay una estrategia definida de gradualidad, sin embargo, existe consenso para implementar la reforma en etapas.
· Se creó un Manual Básico de Operación Policial.
Tlaxcala
· Se plantea la posibilidad de que la implementación sea en dos etapas: primero en el Municipio de Apizaco, y después en Tlaxcala tomando en cuenta la incidencia delictiva.
Yucatán
· Se esboza un esquema de gradualidad dividido en dos etapas que comience en mayo de 2011 en los distritos judiciales de Tekax y Valladolid, y concluya en Mérida.
Antonio Baranda, Reforma, 1º de junio.
Reforma Judicial Medios México 0 comentarios
Suscribirse a:
Entradas (RSS)
