Ordena la Corte a juez admitir amparo en ñañu

La comunidad indígena de San Ildefonso, Hidalgo, logró que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concediera un amparo para el efecto de que su demanda de garantías, escrita en ñañu, contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea admitida por un juez federal en la materia.

En un comunicado, la segunda sala de la Corte informó este miércoles que al realizar el análisis del recurso de revisión interpuesto advirtió la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que obliga a ordenar su reposición dado que el juez de distrito que conoció del mismo no cumplió con la obligación que le impone el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo vigente en la época de los hechos, al dejar de atender que los principales motivos de agravio del quejoso consistieron, por una parte, en que la autoridad responsable no dio respuesta a su solicitud en lengua ñañu y, por otra, que tampoco les contestaron lo que él pidió.

De esta forma, añadió, se ordena reponer el procedimiento, para resolver la cuestión efectivamente planteada, que dicho juzgador tome en consideración el documento en el que se hizo la petición, pues sólo a partir del conocimiento que tenga sobre los términos en que la comunidad la formuló estará en condiciones de determinar si la respuesta dada es acorde a lo que pidió.

César Cruz Benítez, quien encabeza la Organización de Defensa de los Pueblos Indígenas y es gobernador ñañu del pueblo de San Ildefonso, sentó un precedente al amparar a la comunidad contra Telmex y que esta empresa fuera reconocida como figura de gobierno.

Aunque cuando quiso ampliar la demanda para amparar a varias comunidades indígenas de Hidalgo, el juez de distrito desechó su demanda de garantías, por no acompañar traducción a su escrito inicial de demanda en idioma español.

La segunda sala de la Corte, especializada en temas laborales y administrativos, resolvió este miércoles que con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo abrogada, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, consideró necesario revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo recabe el escrito señalado, firmado por la comunidad, que fue presentado ante la autoridad responsable, pero no está en el expediente del juicio de amparo y que es necesario para la resolución del asunto, y que una vez integrado debidamente el expediente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la cuestión efectivamente planteada en la demanda de amparo.

Alfredo Méndez, La Jornada, 19 de junio.

Indígenas presos, discriminados

La gran mayoría de los 8 mil indígenas presos en México padecen discriminación por su origen étnico, falta de información sobre los derechos humanos que les asisten y escasa visita debido a la lejanía de sus comunidades al lugar donde está ubicado el centro de reclusión, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló también que los internos que pertenecen a alguno de los pueblos originarios del país sufren deficiente atención médica, insuficientes oportunidades para la actividad laboral y desconocimiento de ante qué autoridades podrían solicitar los beneficios de libertad anticipada en el nuevo sistema de justicia penal.

La Jornada, 14 de junio.

Padecen acoso y discriminación dos mujeres otomíes que estuvieron presas

Las otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –quienes permanecieron presas del 5 de agosto de 2006 al 28 de abril de 2010–, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) las acusó de haber secuestrado, junto con Jacinta Francisco Marcial, a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, dicen que son objeto de discriminación y señalamientos de incurrir en un delito que no cometieron. Pero no sólo ellas, también la hija de Teresa, de cinco años, quien es hostigada por sus compañeros de la escuela, por haber estado ella en la cárcel.

A cuatro años de haber salido del penal femenil de San José El Alto, y que se demostró que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, señalan que el daño que les ocasionó la PGR alcanzó a la pequeña Jazmín, quien pregunta: Es cierto que estuvimos en la cárcel, mamá. Qué le voy a contestar a una niña de cinco años, comenta en entrevista Teresa González. La niña nació en el centro penitenciario, y cuando Teresa salió el 28 de abril de 2010, Jazmín tenía más de un año.

Acompañada de Alberta Alcántara, Teresa afirma que las acusaciones de la PGR en su contra afectaron a las familias de ambas, que tuvieron que vender un terreno y un tractor, y pedir préstamos para pagar a los abogados que inicialmente llevaron su caso. Aún están endeudadas.

Por ello, piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que su caso sea revisado; que la PGR ofrezca una disculpa pública y sean indemnizadas económicamente. En qué momento va haber justicia si ellos mismos son los que no quieren reconocer su error, reprocha.

Algunos vecinos le han pedido a Teresa que contienda por un cargo de elección popular por su ahínco al exigir a las autoridades correspondientes que atiendan las necesidades de los indígenas, quienes, señala, sólo reciben promesas, sobre todo cuando se acercan las elecciones.

Recuerda que durante el tiempo que estuvieron recluidas desfilaron legisladores y funcionarios de distintas dependencias, quienes les prometieron apoyos.

Como parte de esos apoyos, en su vivienda, ubicada en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, hay un invernadero para la producción de jitomate.

A cuatro años de haber obtenido su libertad, Alberta y Teresa señalan que regresaron a la misma realidad: la pobreza y falta de trabajo. Las familias tienen que emigrar de su comunidad para poder vender sus artesanías.

Mariana Chávez corresponsal, La Jornada, 9 de junio.

TEPJF: deben autoridades ser más flexibles con los indígenas

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que para garantizar la protección de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas se deben eliminar mecanismos formales y tomar en consideración las condiciones geográficas, así como la distancia y medios de comunicación entre el domicilio del actor y de la autoridad ante la que se interpone el recurso para facilitar el acceso a la justicia.

Al emitir la jurisprudencia 7/2014, el pleno determinó que, si bien es cierto que el término para interponer el recurso de reconsideración es de tres días, tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, las autoridades deben ser más flexibles y valorar el tiempo de recorrido del actor, así como los obstáculos técnicos y las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado una situación de discriminación jurídica hacia este sector, asegura en un comunicado.

El texto advierte que el derecho constitucional de los integrantes de los pueblos originarios a acceder plenamente a la jurisdicción estatal no se agota en la obligación de tomar en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, la asistencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura, sino que es necesario establecer protecciones jurídicas especiales en su favor.

La jurisprudencia aprobada en la sesión pública del 15 de abril de 2014 considera la oportunidad de interposición del recurso de reconsideración como medida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo el derecho de acceso integral a la jurisdicción en condiciones equitativas, a fin de conseguir la igualdad material, más allá de la formal, conforme al criterio de progresividad.

La jurisprudencia Comunidades indígenas: interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al criterio de progresividad se fundamenta en los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 2 y 4 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La Jornada, 2 de junio.

Piden diputados a PGR acatar resolución de reparar el daño a Jacinta Francisco

Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) exhortaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a acatar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que reconoció la inocencia de la indígena Jacinta Francisco.

Elena Tapia, Carlos de Jesús Alejandro, Ricardo Mejía Berdeja y Loreta Ortiz consideraron que la PGR y su titular tienen obligación, sin demora, de acatar la resolución del citado tribunal, que también exoneró a Teresa Gonzáñez y Alberta Alcántara.

Las tres mujeres fueron detenidas en agosto de 2006 acusadas de privar la libertad a seis agentes de la Policía Federal en Querétaro.

El caso, que cobró notoriedad por lo absurdo de sus argumentos, llegó al extremo cuando autoridades del Poder Judicial Federal las condenaron a 21 años de prisión.

Tras un largo litigio, Jacinta, Alberta y Teresa ganaron el proceso y demostraron su injusto encarcelamiento. El miércoles pasado, el TFJFA reconoció la inocencia de la primera.

Ahora, los diputados señalan que no existe excusa de carácter fiscal o presupuestario para evadir la obligación de destinar recursos a la reparación del daño provocado a la indígena, y por lo tanto a sus compañeras. Confiamos en que la PGR entienda la trascendencia de esta decisión y se desista de impugnar los fallos jurisdiccionales que favorecen a estas tres mujeres.

Roberto Garduño, La Jornada, 31 de mayo.

Jacinta Francisco lucha por reintegrarse a su comunidad

La discriminación hacia la mujer indígena persiste, aseguró Jacinta Francisco Marcial, otomí que pasó más de tres años en la cárcel acusada de secuestrar a seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, delito que no cometió, y a quien la Procuraduría General de la República debe indemnizar por orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

En entrevista, Jacinta señaló este jueves que desde que salió de prisión, indígenas la buscan en su domicilio particular en busca de apoyo y consejo, ante los problemas legales y de discriminación que enfrentan. Destacó que antes le daba pena ser indígena, sobre todo porque no la comprendían por no hablar español, pero permanecer en la cárcel la hizo fuerte, aprendió y ahora ella exige a los habitantes de su comunidad Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco,que no se avergüencen de su vestuario y sus ropas.

Lamentó que en poblaciones indígenas no existan fuentes de trabajo. Ella y su familia tienen un establecimiento donde venden paletas heladas desde hace 30 años, y que se vio mermado durante el tiempo que estuvo en la cárcel.

También destacó que el miedo impera en las poblaciones indígenas, pues aunque sus habitantes conozcan un poquito sus derechos, prefieren callar y no expresar abiertamente las humillaciones de las que son objeto.

Lamentó que a pesar de contar con estudios profesionales, los jóvenes originarios de comunidades indígenas no tienen acceso a fuentes de trabajo al ser rechazados por su origen étnico. Yo tengo una hija que trabaja en el hospital, es enfermera, y ya tiene tiempo que trabaja ahí y (labora como personal eventual) va de contrato y de contrato, y en cambio a otras compañeras les dan sus plazas (...) Entonces yo digo que sí, todavía nos discriminan, relató.

Comentó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, entre 2006 y 2009, sus familiares contrajeron deudas para pagar abogados, lo que los dejó medio traumados a todos.

Jacinta Francisco señaló que continúa con sus actividades diarias con la venta de paletas, nieves y aguas, a pesar de que en su misma comunidad es señalada por haber estado en la cárcel e incluso es motivo de envidias, porque hay quien considera que a diferencia de otras personas, recibe apoyo constante de instancias gubernamentales, e incluso ya tiene dinero por concepto de reparación del daño.

Mariana Chávez, El Universal, 30 de mayo.

Ordenan a PGR resarcir a Jacinta

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la PGR reparar el daño patrimonial y moral a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial.

Junto con Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara fueron acusadas y condenadas en 2006 a 21 años de cárcel por secuestrar a seis agentes federales durante un operativo antipiratería en Querétaro.

En 2009, Jacinta fue liberada debido a que la PGR presentó conclusiones no acusatorias en su contra, mientras que Alberta y Teresa quedaron absueltas al año siguiente por la Suprema Corte de Justicia, que adujo graves irregularidades en el proceso.

De 10 magistrados del TFJFA, ocho votaron a favor del proyecto de sentencia de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel que planteó reparar el daño moral e indemnizar a Jacinta.

Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh que lleva el caso, explicó que el Tribunal Fiscal también determinó que la Procuraduría debe de dar una disculpa pública a Jacinta, reconociendo su inocencia, la cual siempre ha negado.

"Esto se suma a lo que ya el 20 de noviembre pasado el mismo pleno había establecido en torno al caso de Alberta y de Teresa: se condena a la PGR a una indemnización patrimonial; es decir, por lo que dejó de percibir por el tiempo que estuvo injustamente en prisión, que son tres años, tres meses", expresó.

Con los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, aseguró Díaz, se sienta jurisprudencia, puesto que no hay un real mecanismo de reparación del daño.

Indicó que por voluntad de Jacinta, el monto económico de la reparación se mantiene bajo reserva.

"No es sólo una cuestión de dinero, también que constituya mecanismos de no repetición.

"A ellas lo que les ha afectado más es en su honor, haber sido exhibidas, las imágenes que se presentaron de ellas tras el set televisivo de la PGR, presentadas como presuntas secuestradoras", indicó el abogado.

SIGUE SU LUCHA

Aunque Jacinta Francisco Marcial celebró que el Tribunal Fiscal fallara a su favor, dudó que la Procuraduría General de la República cumpla con la reparación del daño.

"Me siento bien, estoy esperando ver qué se resuelve o qué se va a hacer. Falta ver qué tiene que decir la PGR. Ellos todavía no reconocen que cometieron errores. No lo quieren reconocer. Pienso que van a hacer lo mismo como con las otras dos (Teresa y Alberta)", dijo.

Para la PGR, sostuvo, no es fácil reconocer errores y dar una disculpa pública.

No obstante, aseguró que seguirá luchando porque se haga justicia para mucha gente.

"Si ellos (la PGR) no están de acuerdo, si no quieren pedir disculpas públicamente, que por lo menos no vuelva a pasar otra vez", expresó.

Silvia Garduño, Reforma, 29 de mayo.

La PGR deberá reconocer la inocencia de Jacinta Francisco

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien había sido sentenciada a 21 años de prisión.

La decisión prevé una indemnización por los más de tres años que no pudo trabajar por estar en prisión, por daño moral y las repercusiones morales, físicas y por las consecuencias de que ‘‘su pueblo le haya perdido el respeto’’.

Sin embargo, los magistrados no informaron sobre el monto de la indemnización, con el argumento de que así lo prevé la ley de transparencia, mientras los abogados defensores de Jacinta Francisco dijeron que por razones de ‘‘seguridad’’ no revelarían la cantidad.

La magistrada ponente, Nora Elizabeth Urby Genel, adelantó en breve entrevista que la resolución permitirá al tribunal emitir criterios jurídicos y tesis sobre reparación del daño en casos de personas que son liberadas luego de haber estado en prisión injustamente.

Explicó que el tribunal ha resuelto tres casos similares en favor de personas encarceladas injustamente, lo que permite avanzar hacia una jurisprudencia en la que se obligue al Estado a reparar el daño.

Los abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevaron la defensa de Jacinta, alertaron que la PGR podrá impugnar la decisión, aunque eso denotaría –sostuvieron– una brecha entre el discurso en favor de los derechos humanos y los hechos.

Al término de la sesión, Jacinta Francisco dijo que más que la reparación económica, lo importante es que se reconoció su inocencia y que se hizo justicia.

A las autoridades que la detuvieron y juzgaron, sólo les dijo que tomen en cuenta su asunto ‘‘para que hagan bien su trabajo’’. Los magistrados concluyeron que en este caso el Estado mexicano incurrió en una ‘‘actividad irregular’’ al acusarla del ‘‘secuestro’’ de seis agentes federales el 26 de marzo de 2006, luego de un zafarrancho ocurrido en esa fecha en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro.

En agosto de 2006 (tres meses después de los hechos), Jacinta fue detenida junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron sentenciadas y liberadas posteriormente, y siguen a la espera de que la PGR las indemnice por daño moral.

Jacinta fue sentenciada a 21 años en prisión y liberada en 2009, a raíz de que un tribunal unitario le concedió un amparo para que el juzgado de la causa emitiera una nueva sentencia en la que se tomaran en cuenta diversas violaciones procesales, lo que obligó al Ministerio Público a no formular acusación en su contra.

Además, la PGR y el Poder Judicial Federal habían sido duramente criticados por organismos nacionales e internaciones defensores de derechos humanos, por haber actuado penalmente en contra de la indígena otomí, toda vez que las acusaciones en su contra eran inverosímiles, como el hecho de que, junto con dos de sus compañeras, hubieran ‘‘secuestrado’’ a seis agentes federales armados.

Jacinta exigió a la Procuraduría General de la República la reparación del daño, y la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam se negó a reconocer su responsabilidad, razón por la cual la defensa de la acusada interpuso un recurso, que fue el que resolvió ayer el TFJFA.

Jesús Aranda, La Jornada, 29 de mayo.

Ordenan a PGR indemnizar a Jacinta, encarcelada injustamente tres años

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que la PGR debe reparar el daño a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo encarcelada de manera injusta durante tres años, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La reparación económica del daño estará compuesta por dos cantidades, la primera como indemnización por  daño patrimonial y actualización, calculada al 30 de abril de 2014, al no haber podido trabajar el tiempo que estuvo en la cárcel.

La segunda parte de la reparación será por daño moral, al haber sido lesionados el honor, los sentimientos, la vida privada, el decoro, la reputación y el aspecto físico de la mujer encarcelada injustamente.

De acuerdo con la determinación del Tribunal, la PGR deberá asimismo reconocer la inocencia de Jacinta, otorgándole una disculpa pública, al menos en los mismos medios en los cuales fue difundida la acusación en su contra.

La sentencia no se dio por unanimidad, pues dos de 10 magistrados votaron en contra de la ponencia presentada por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel y se reservaron su derecho a exponer su opinión en el expediente.

Jacinta Francisco Marcial fue detenida en 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, en un hecho en el cual habrían participado también Alberta Alcántara y Teresa González.

Jacinta, quien junto con su esposo y sus abogados –miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro— estuvo presente en la sesión del TFJFA, fue liberada tres años después por desistimiento de la PGR.

Consultada sobre su estado de ánimo ante el fallo del Tribunal, señaló:

“Estar feliz no, lo que yo hago y pido al estar aquí es justicia, porque no es por el dinero, yo siempre he trabajado y me gusta trabajar y voy a seguir trabajando, como siempre”.

Los abogados informaron que la PGR tiene 10 días a partir de la notificación del fallo para aceptar o impugnar la sentencia.

En noviembre pasado, el TFJFA dictó un fallo similar en los casos de Alberta Alcántara y Teresa González, con lo cual –señalaron los abogados—quedó sentado un precedente histórico en lo que respecta a la reparación del daño en nuestro país.

Sin embargo, dichas sentencias no fueron aceptadas por la PGR y siguen en revisión.

Cecilia Higuera, La Crónica, 29 de mayo.

Investiga la CNDH agresión de la PF a 3 reporteros

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las agresiones de que fueron objeto los reporteros Guadalupe Castorena, de La Tarde de Reynosa; Édgar Quintanilla, de El Mañana de Reynosa, y Fernando Mendoza de La Prensa de Reynosa, presuntamente por parte de elementos de la Policía Federal (PF).

De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, elementos de la PF arrestaron y golpearon a los reporteros, además de borrar las fotografías que tomaron de una manifestación realizada por vecinos de la Colonia Ferrocarril Poniente, en Reynosa, Tamaulipas.

Los agentes pidieron a los reporteros que les entregaran las cámaras, a lo cual se resistieron, por lo que fueron golpeados a culatazos y los despojaron de sus cámaras y celulares, los cuales les fueron devueltos, pero ya con el material gráfico borrado.

La Jornada, 4 de mayo.

Documentan 41 ataques contra periodistas y defensoras de derechos

La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos (Rnddhm) informó que en lo que va del año ha documentado 41 agresiones directas contra 25 activistas de esas garantías y comunicadoras, así como seis ataques contra sus organizaciones. En un comunicado destacó el incremento y sistematicidad de agresiones, hostigamiento, detenciones arbitrarias y emisión de órdenes de aprehensión contra ellas. Explicó que fueron 10 actos de intimidación e igual número de amenazas, de las cuales ocho fueron de muerte, seis ataques al patrimonio personal, cuatro actos de uso excesivo de la fuerza, tres accciones de criminalización y judicialización, e igual número de actos de campaña de difamación y desprestigio. Además, dos detenciones arbitrarias, dos agresiones físicas y verbales y un ataque al patrimonio de la organización. Entre los casos refirió el de Enedina Rosas Vélez, comisaria de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, Puebla, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Puebla, Tlaxcala y Morelos; Rosina González, de Greenpeace, y Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, entre otras. La Rnddhm expuso su preocupación por la sentencia de un año y tres meses de prisión contra Gabriela Hernández, Luna Flores, por el delito de ultrajes a la autoridad; las amenazas contra María del Carmen Ruiz y Sara Bartolo López, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, la cual está en contra de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

La Jornada, 22 de abril.

Solalinde encabeza marcha de periodistas para exigir respeto a la libertad de expresión

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, responsable del albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, encabezó en Oaxaca una marcha con periodistas del diario El Imparcial del Istmo, en el municipio de Ixtaltepec, para exigir a la autoridad municipal respetar la libertad de expresión.

La protesta se originó porque el lunes pasado el voceador de esa empresa, Froylán Rueda Meléndez, salió en motocicleta a vender sus ejemplares pero fue detenido por policías municipales, que le dijeron que debía presentarse en la alcaldía. Al llegar, el secretario municipal le exigió no vender más ejemplares, debido a que el diario publicó información no grata para el alcalde Rubén Antonio Altamirano.

La acción molestó a los comunicadores, que marcharon por las principales calles acompañados del voceador Froylán Rueda, Solalinde, integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ciudadanos que protestaron por la censura del alcalde de Ixtaltepec.

Solalinde Guerra detalló que no es posible que en pleno siglo XXI, autoridades gubernamentales no respeten la libre expresión, y comentó:hermanos todos, esta acción que realizaron funcionarios municipales no fue la correcta, la reprobamos, pues no es posible que autoridades trunquen la libertad de expresión, que aún no se respete la voz de los periodistas, puntualizó.

Se espera que el miércoles el alcalde Antonio Altamirano reciba a los periodistas y al sacerdote Solalinde, para abordar la situación de los comunicadores.

Amenazan a periodista en Colima

En Colima, el periodista Óscar Adrián Galindo Luna envió una queja ante la CNDH, porque, asegura, recibió amenazas de personal la Procuraduría General de la República por una nota relacionada con el caso Zacualpan, publicada el 21 de febrero.

La queja fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero fue turnada a la CNDH por ser de competencia federal. El afectado detalló que el viernes 11 de abril su compañero Nelson Aldape Martínez, coordinador de publicidad del portal Periodismo, recibió una llamada desde un teléfono de la Policía Federal Ministerial donde le pidieron el nombre, domicilio y teléfono del autor de la nota mencionada y le pidieron presentarse a declarar. Cuando se les respondió que hicieran la solicitud por escrito, respondieron que conocían el domicilio del periodista.

La publicación se refiere a la agresión de dos funcionarios de la Procuraduría Agraria –entre ellos el hijo de la titular de la dependencia, María Elena Díaz Rivera–, contra dos activistas de la organización ecologista Bios Iguana. Ahora se sabe que también fue amenazado el abogado de esa organización, Johnatan Ochoa.

Diana Manzo y Juan Carlos Flores, La Jornada, 16 de abril.

Centroamericanos en tránsito tendrán medidas de protección: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal cuenta ya con un ‘‘plan integral’’ que permitirá dar seguridad a los migrantes’’ centroamericanos que pasan por México en tránsito hacia Estados Unidos.

‘‘Hemos venido hablando de este proyecto y el gobierno de la República lo está aplicando con mucha responsabilidad, pues no es un asunto sólo de recursos económicos, sino en el que debe haber una gran coordinación de los estados del país y las naciones de Centroamérica’’, expuso.

Subrayó que la dependencia a su cargo ha venido ‘‘trabajando con otras autoridades de estos gobiernos y vamos avanzando (…) hoy contamos ya con una estrategia que nos permitirá tener un mejor y mayor control de nuestra frontera sur, que les dé a los migrantes centroamericanos seguridad’’.

El funcionario federal agregó que dicho proyecto permitirá la implementación de ‘‘los controles mínimos que necesitamos para evitar que algunos de éstos (viajeros) vengan a cometer actos al margen de la ley en nuestro país’’.

Osorio Chong dijo lo anterior en una conferencia de prensa que ofreció la noche del martes en Tuxtla Gutiérrez, luego de presidir la Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste, a la que asistieron los integrantes del gabinete de seguridad, informó la Secretaría de Gobernación.

Al encuentro asistieron los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz Gispert.

También participaron los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; Campeche, Fernando Ortega Bernés; Yucatán, Rolando Zapata Bello; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y el anfitrión, Manuel Velasco Coello, de Chiapas.

Elio Henríquez, La Jornada, 10 de abril.

‘‘México es un país de pesadilla’’, dicen migrantes de CA mutilados por La Bestia

‘‘En Honduras hay una regla no escrita que se cumple a rajatabla: cuando pasas de los 30 años, ya no puedes encontrar ningún trabajo.’’

Para los que ya rebasaron ese límite de edad –que parece marcar la diferencia entre los seres humanos ‘‘útiles’’ y los ‘‘desechables’’– una de las pocas alternativas que quedan es simplemente huir de la pobreza, de la violencia, de la falta de oportunidades. Huir de una guerra para encontrarse con otra.

Con la mirada fija en el suelo, Norman Saúl Varela lo cuenta como si fuera cualquier cosa, a un ritmo lento y pausado. Pero a veces no encuentra las palabras indicadas para seguir su relato o no las puede decir. Entonces, por unos segundos guarda un silencio de plomo y mira la prótesis de metal que tiene donde antes estuvo su pierna derecha.

Norman forma parte de un grupo de migrantes hondureños mutilados al caer de La Bestia, el tren en el que viajan miles de trabajadores internacionales sin documentos en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, y que hoy están en México para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que detenga la persecución contra los migrantes.

‘‘Aquí le hacen el trabajo sucio a Estados Unidos’’

Él fue uno de los fundadores de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis), organismo que agrupa a 451 personas mutiladas por las ruedas del tren, y que solicita reunirse con el jefe del Poder Ejecutivo para plantearle directamente sus demandas.

‘‘México ya no se llama México: ahora se llama el país de las pesadillas, porque le hace el trabajo sucio a Estados Unidos. Desde que uno pisa esta tierra siente una transformación inmensa, porque aquí dejamos nuestra carne y nuestra sangre’’, señala Norman, quien dice estar decidido a cualquier cosa con tal de que los reciba el Presidente.

‘‘Lo que más duele es el abandono de las autoridades. No entendemos por qué tanta discriminación, por qué tantas persecuciones al estilo animal, si no venimos a hacerles daño ni a quitarles el trabajo. Por eso no nos vamos a ir sin verlo (a Peña Nieto). No nos importa si nos morimos de hambre y de sed, pero lo vamos a ver’’.

Por su parte, José Luis Hernández Cruz, presidente de la Amiredis, es ‘‘soltero y sin compromisos’’. Al menos eso dice cuando contesta el teléfono, aunque no reconozca el número, quizá para demostrar que a pesar de todo no ha perdido el buen humor. En 2005, víctima del cansancio que le produjo estar más de 20 días encima del tren, aguantando el hambre y el sueño, se desmayó, perdió el equilibrio y cayó a las vías a la altura de Ciudad Delicias, Chihuahua. Cuando despertó en un hospital de la Cruz Roja, ya no tenía el brazo ni la pierna del lado derecho, ni parte de la mano izquierda.

‘‘No logramos nuestro propósito de llegar a Estados Unidos, y cuando regresamos a Honduras nos encontramos con que había un montón de gente en nuestras mismas condiciones. Por eso nos unimos para concientizar sobre los riesgos de migrar y para exigir que nuestros gobiernos nos apoyen con lo que es justo’’, dice en entrevista con La Jornada.

‘‘Parece que Honduras estuviera en guerra. Pero lamentablemente la guerra es la pobreza, el desempleo, la corrupción. Eso es lo que lo hace a uno salir obligadamente de su país, porque uno no ve cómo superarse’’, dice José Luis, quien lamenta que lo único que le interesa al gobierno hondureño de sus migrantes son las remesas de 3 mil millones de dólares al año que generan.

Aunque coincide con Norman en que México ‘‘es una pesadilla’’, los activistas hondureños hicieron un esfuerzo por regresar a este país, muchos años después de haber sufrido accidentes que les cambiaron la vida, porque están convencidos de la necesidad de presionar de alguna forma para evitar que esto siga ocurriendo.

‘‘Lo justo es que nuestros gobiernos nos ayuden, pero parece que fuéramos invisibles. México, comparado con Centroamérica, es una potencia, y podría presionar a nuestros gobiernos para que se ocupen de esta problemática. Si tienen voluntad política para hacerlo, esto puede cambiar’’, enfatiza.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 9 de abril.

Migrantes mutilados por trenes buscan visas humanitarias

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha autorizado visas humanitarias a 15 hondureños mutilados por trenes, quienes pretenden viajar al Distrito Federal con el objetivo de entrevistarse con autoridades y hacerles ver los peligros que enfrenan los indocumentados en tránsito hacia Estados Unidos, informó José Luis Hernández, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad de Progreso y Oro Honduras (Amiredis).

Subrayó que el INM les ha puesto muchas trabas, porque hemos averiguado que si quisieran podrían hacer los trámites el mismo día, pues no quieren vivir en México, sino llegar al Distrito Federal para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades y luego regresar a sus países.

No nos han resuelto nada y ya no aguantamos, pues si cuando estábamos físicamente bien batallábamos en estas ciudades mexicanas, no digamos ahora que andamos en sillas de ruedas o con prótesis, aseveró Hernández, quien con 14 de sus compañeros se encuentra desde hace una semana en el albergue Jesús El Buen Pastor, de Tapachula, frontera con Guatemala.

Imposible ver a Peña Nieto

Un funcionario del municipio de Tapachula nos dijo en tres ocasiones que es imposible ver al presidente Peña Nieto, pero yo digo que imposible es que me crezca la mano o la pierna; eso es imposible, pero ver a un ser humano igual que nosotros no es imposible aunque sea Barack Obama (presidente de Estados Unidos), expresó.

Creemos que no hay voluntad y es triste porque nos damos cuenta de la realidad del migrante, porque si no nos hacen caso cuando venimos en representación de 450 mutilados, no digamos todo lo que sufre un simple migrante que va solo y desprotegido, reiteró.

Afirmó que si tuvieran la oportunidad de hablar con Peña Nieto le dirían que “haga algo por los migantes, ya que existen muchos riesgos y persecución en México y debido a la presencia de los grupos criminales, es que uno se ve en la obligación de andar huyendo, pasar uno o hasta tres días sin comer; va uno con un cansancio bárbaro, todo débil. En mi caso me desmayé porque llevaba 20 días que fueron una pesadilla y llegando a Delicias, Chihuahua, me caí del tren.

Fuentes gubernamentales reportaron que un migrante salvadoreño fue encontrado sin vida en las vías del tren en el municipio de Arriaga el martes por la mañana. El cuerpo estaba hecho pedazos. Se presume que el hombre, de unos 35 años de edad, cayó del tren en movimiento la noche del lunes. El cadáver fue localizado por elementos del grupo Beta en el punto El Basurero, situado a cinco kilómetros de Arriaga, en la zona istmo-costa del estado.

Elio Henríquez, La Jornada, 3 de abril.

Contra indocumentados, demandar a ferroviarias por dajarlos viajar: MMM

Xalapa, Ver., El Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) advirtió que la determinación del gobierno de Veracruz de demandar a dos empresas ferroviarias por los asaltos que se cometen contra indocumentados mientras viajan a bordo de los vagones, no ayudará a construir un clima de seguridad para quienes transitan por el sur de la entidad. Rubén Figueroa, integrante del MMM, consideró que denunciar a Ferro Sur y Kansas City porque permiten que los centroamericanos viajen en sus vagones lo único que ocasionará es que se criminalice a los migrantes. Les prohibirán subirse y éstos buscarán otras vías de transporte, y es muy probable que muchas de ellas sean más peligrosas, expuso.

Eirinet Gómez, La Jornada, 2 de abril.

Urgen especialistas para facilitar acceso a la justicia a pueblos indígenas: Lavalle

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, destacó la necesidad de formar especialistas que faciliten el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que bajo las condiciones actuales se está cometiendo una omisión a un mandato constitucional.

El legislador advirtió que de no realizar las modificaciones necesarias para que exista una verdadera estructura que garantice el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría desatendiendo el “Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio de Caso en Oaxaca”, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

Es menester, dijo, crear todos los mecanismos necesarios para que los pueblos indígenas puedan ser verdaderamente interpretados ante la justicia, lo cual, precisó, no debe estar limitado a la traducción lingüística sino también a manifestar a la autoridad el contenido cultural, social y político de estos, respetando siempre el Estado de Derecho.

Ante tal panorama, el legislador por el PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda.

Enfatizó que para garantizar el acceso al debido proceso y a la interlocución de estas poblaciones es fundamental fortalecer la formación y los servicios de los intérpretes, ya que más allá del conocimiento jurídico y de una lengua indígena, se deben de conocer y considerar las funciones comunicativa, lingüística, cultural de las comunidades, aseveró.

En este mismo sentido, resaltó que uno de los objetivos principales del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es agilizar los procesos, “lo cual de no contar con los suficientes intérpretes no se logrará”.

Subrayó que esto cobra mayor relevancia si se contempla que en el Código se establece la oralidad de los juicios, los cuales, se dice expresamente, serán en español, por lo que prevé la presencia de un intérprete o traductor.

Cecilia Higuera, La Crónica, 30 de marzo.

Exigen ONG compromiso para que funcione el mecanimso de protección a periodistas

Diversas organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la decisión de los integrantes del consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de no asistir a las reuniones de la junta de gobierno de dicho organismo hasta que las autoridades se comprometan a resolver la problemática de la misma.

En conferencia de prensa, los activistas subrayaron que a casi dos años de la creación del mecanismo, éste no ha sido capaz de salvaguardar al ciento por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.

Después de destacar que este organismo tiene un rezago de 70 por ciento en las 152 solicitudes de protección que ha recibido desde su creación y no ha podido utilizar los 263.9 millones de pesos de su fideicomiso, los colectivos apoyaron a los consejeros, que se retiraron de la sesión de la junta de gobierno del pasado 24 de marzo.

Los defensores y periodistas que integran el consejo consultivo, señalaron las organizaciones, no volverán a las reuniones mensuales del máximo órgano de decisión del mecanismo mientras no se garantice que en la elección del próximo coordinador ejecutivo –tras la renuncia de Juan Carlos Gutiérrez– se designará a alguien con probada experiencia en temas de derechos humanos.

Asimismo, exigieron que las autoridades impongan una política laboral dentro del mecanismo que respete los derechos de sus integrantes, y que de manera urgente se elabore un programa de atención a los problemas internos de dicha entidad, con acciones definidas, plazos y resultados a obtener.

Los colectivos indicaron que desde hace varios meses habían denunciado lasfallas estructurales del mecanismo, sin que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, emprendiera acciones reales para solucionarlas.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, señaló que debido a la estrategia inconexa e ineficaz del gobierno en este tema y la falta de voluntad política de sus funcionarios, el mecanismo está en su mayor crisis a poco más de año y medio de su surgimiento.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante del consejo consultivo del mecanismo, lamentó que las unidades de evaluación de riesgos y de análisis no funcionan adecuadamente.

En el acto trascendió que en las cámaras de Diputados y de Senadores se emitieron sendos puntos de acuerdo para llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de que explique las fallas del mecanismo y tome cartas en el asunto para solucionarlas.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 28 de marzo.

Fallas estructurales en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas

El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tiene varias fallas estructurales que no le han permitido funcionar como debería ser, entre ellas la falta de consolidación de su equipo de trabajo, lo cual lo expone a la desconfianza y el escepticismo de los sectores que busca proteger, señalaron Edgar Cortez y Agniezska Raczynska, integrantes del consejo consultivo de dicho organismo.

Luego de que el pasado lunes los miembros de esta entidad dieran a conocer una carta pública dirigida a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, en la que lamentaron la imposibilidad de contar con un equipo estable y cualificado, ayer se reunieron con integrantes de organizaciones de la sociedad civil para discutir el tema.

En ese encuentro, afirmó Edgar Cortez, se advirtió que desde hace tiempo el mecanismo tiene una serie de problemas que no sólo se mantienen sino que están creciendo, entre ellos que hay mucha rotación de personal y eso hace que tengan un equipo de trabajo que no se logra estabilizar y haya rezago de atención de casos.

Un ejemplo de ello es que hasta febrero de este año, detalló, el mecanismo había recibido 152 peticiones de ayuda, de las cuales 22 no fueron aceptadas, 89 estaban pendientes de análisis y sólo 41 ya habían sido revisadas y discutidas.

Además de los constantes despidos –que Limón parece justificar con el argumento de que muchos colaboradores no se ponen la camiseta–, se suma el hecho de que aún no se pueden utilizar los recursos del fideicomiso del organismo, a pesar de que éste ya comenzó a funcionar desde hace más de un año y medio.

No son problemáticas ocasionales, sino estructurales, recurrentes y sistemáticas, por deficiencias en el seno del mecanismo. Estamos en un momento de crisis, difícil, porque los defensores de derechos humanos y periodistas cada vez miran con más escepticismo este órgano y se puede perder la confianza y la expectativa de sus destinatarios, alertó Cortez.

Por su parte, Raczynska coincidió en que hay una serie de fallas estructurales en el mecanismo, relacionadas sobre todo con el constante recambio de su personal y la falta de un programa de trabajo a largo plazo.

Algo no se está haciendo bien para consolidar el equipo de trabajo. Es algo que la subsecretaria debe revisar y atender, pero más que hablar de los riesgos, creo que estamos ante una oportunidad para que Gobernación resuelva todas las fallas del mecanismo, estimó.

Mientras las autoridades no den alguna muestra de voluntad para resolver estas carencias, dijo la activista, los integrantes del consejo consultivo determinaron no asistir a las reuniones mensuales que realiza la junta de gobierno del mecanismo.

Fernando Camacho Servín, la Jornada, 26 de marzo.

Solalinde teme por su vida ante amenazas de cacique

El responsable de la Casa del Migrante en Ciudad Ixtepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, declaró que teme por su vida, debido a que se enteró de que en una asamblea comunitaria efectuada en Santiago Tutla, el agente municipal José Raymundo Fabián dijo que va a contratar un sicario para matarlo ante las constantes declaraciones en su contra.

Santiago Tutla es agencia municipal de San Juan Maza-tlán y se localiza en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Solalinde Guerra ha declarado que en este lugar el gobierno de Oaxaca debe investigar los negocios o intereses sucios, ya que se sabe que hay tráfico de droga y armas.

El sacerdote manifestó que ante esta oleada de advertencias a pobladores, en el albergue Hermanos en el Camino se encuentran dos familias, cinco mujeres y dos hombres de Tutla, quienes huyeron por las amenazas y persecusiones en su contra.

Detalló que ya envió varios oficios al gobernador Gabino Cué explicándole la situación de caciquismo que impera en la zona mixe del Istmo de Tehuantepec,pero nadie ha hecho nada. Incluso el diputado federal Samuel Gurrión llegó al lugar ofreciendo las piedras de la virgen a cambio de votos y (poder) ganar así la elección en 2012.

El sacerdote supuso que a raíz de la corrupción que ha denunciado ante las dependencias de justicia, sabe que el cacique José Raymundo Fabián está enojado y molesto y que ahora quiere desprestigiar su nombre para ponerlo en tela de juicio.

Siempre he sido claro, he dado la cara, denunciado, he sido lastimado, ha habido intento de secuestro y muerte hacia mi persona; mi función en este mundo es apoyar a los que me necesitan y si eso les molesta a los políticos y empleados del gobierno, pues no es mi culpa. He sido respetuoso, pero también temo por mi vida, manifestó.

Diana Manzo, La Jornada, 24 de marzo.