El proyecto de dictamen de reforma energéticapropone cambios constitucionales para quePetróleos Mexicanos (Pemex) pueda asignar a particulares superficies de terreno para la exploración y extracción de hidrocarburos, a través de contratos de riesgo, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida. El Estado se obliga a pagar con un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida.
El documento menciona que también se permitirá la inversión privada en las actividades de generación y comercialización de electricidad y de transmisión y distribución, bajo contrato con laComisión Federal de Electricidad (CFE).
Construido con el aval del PRI, del PAN y delPVEM, el proyecto prevé la transición de Pemex al modelo de empresa pública productiva, para que por sí sola o con la contratación de particulares pueda realizar actividades de exploración y explotación.
Sin la figura de concesiones, que planteaba la iniciativa del PAN, el proyecto introduce las formas de contratación y de pago a las compañías petroleras —del diseño de Acción Nacional— y propone la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, que es idea panista.
La selección del contratista será a través de una licitación pública, en la que la variable de decisión es el porcentaje de utilidades que recibirá y la ganancia la fijará el mercado.
El contratista asume el riesgo de su inversión; el Estado podrá incorporarse al proyecto desde su inicio o cuando las actividades de exploración hayan resultado exitosas.
Modalidades de participación
El documento que fue presentado también a los senadores de izquierda prevé los contratos de riesgo, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida, con lo que el Estado se obliga a pagar con un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, o con cualquier combinación de estas fórmulas.
La iniciativa descartó el concepto de concesión, pero introduce el de licencias, ante lo cual los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Luis Sánchez (PRD), y Manuel Bartlett (PRD) advirtieron que en los resultados es lo mismo: se entrega la renta petrolera a las compañías extranjeras.
El panista Salvador Vega dijo que el anteproyecto es un gran avance porque no plantea la privatización de Pemex. “El PAN ha propuesto muchos de los contenidos del documento y hay que decirlo: hay más cosas en que podemos avanzar”.
Por el PRI, Miguel Ángel Chico Herrera expuso que el país requiere esta reforma energética que nos dará un mayor crecimiento económico, el número de empleos que requiere el país; el documento tiene una buena noticia para México.
Reformas constitucionales
El esquema propuesto reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución; considera la transición de Pemex al modelo de empresa pública productiva para que pueda realizar, por sí sola, actividades de exploración y explotación o contratar a particulares para ello.
La discusión se realizará entre los senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado. Se espera que el PRD exija el derecho de intervenir con su bancada completa (22 integrantes).
A las 10 horas de hoy están citadas las comisiones dictaminadoras. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, las discusiones sólo podrán prolongarse hasta las 21 horas, y en ese caso se citará para el día siguiente.
No se otorgan concesiones
En la modificación al artículo 27, en materia de hidrocarburos establece que “la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”. En el mismo párrafo se replantea que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
La idea es tener mecanismos que “constituyan esquemas atractivos para que capitales privados colaboren en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”.
En este esquema, Pemex llevaría la mano con el mecanismo “ronda cero”; esto es la primera asignación que el Estado hará en favor de la paraestatal sobre campos específicos en los que habrán de tener lugar las actividades de exploración y, en su caso, extracción de petróleo y demás hidrocarburos.
Producción y utilidades
En los contratos de utilidad compartida, la propiedad de los hidrocarburos es del Estado, pero se “compromete un porcentaje de la monetización de la producción como retribución”.
El proceso de selección del contratista será mediante una licitación pública en la que la variable de decisión es el porcentaje de utilidades que recibirá. La inversión de los trabajos corre por cuenta del contratista bajo su propio riesgo y el Estado tiene la opción de incorporarse al proyecto desde su inicio, o bien, en los casos en que las actividades de exploración hayan resultado exitosas.
Las ganancias del contratista dependen de las condiciones de mercado (precio del producto y costo de su extracción) y de su desempeño en las actividades de extracción.
Los ingresos remanentes se dividen entre el Estado y la empresa contratista, en los porcentajes que se hayan pactado con antelación.
Respecto de los contratos de producción compartida, el Estado también mantiene la propiedad de los hidrocarburos, pero se “compromete un porcentaje de la producción obtenida como retribución”.
En la licitación que tiene lugar para seleccionar al contratista, la variable de decisión puede ser la proporción de producción requerida para el pago.
El riesgo de la inversión corre por cuenta del contratista y el Estado, al igual que en los contratos de utilidad compartida, tiene la opción de incorporarse al proyecto desde su inicio, o bien, cuando los trabajos de exploración hayan tenido éxito.
Las ganancias del contratista dependerán de las condiciones de mercado y de su desempeño, y los costos del proyecto estarán sujetos a las mismas reglas que las establecidas para los contratos de utilidad compartida.
El documento también contempla la posibilidad de celebrar contratos en los que el Estado pagaría como contraprestación a sus empresas productivas o a los particulares, la transmisión onerosa de la propiedad de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo.
De acuerdo con el proyecto de reforma energética, podría adicionarse en cerca de 1.5 millones debarriles de petróleo crudo diarios para 2025, lo que representa un aumento de 60% respecto de la producción actual.
En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual.
El incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 1% anual en 2018 y hasta 1.6% anual antes de 2025.
El dictamen prevé la creación de un fideicomiso público, en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. Este fideicomiso se denominará Fondo Mexicano del Petróleo (Fondo Petrolero) y será responsable de administrar y realizar los pagos que se establezcan en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida.
Nuevos organismos
También se contempla la creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
En el primer caso, el nuevo organismo administrará los contratos suscritos en la materia por Pemex y sus subsidiarias, mientras que en el segundo, la agencia, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de medio ambiente, tendrá como funciones sustantivas las de regulación y supervisión.
Reconversión
El documento propone acelerar la sustitución de combustóleo y diesel, que representan 20.7% de la generación para el servicio público y más de 21% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, por generación limpia y de gas natural, a fin de reducir costos.
En cuanto a CFE, también se reservará exclusivamente para el Estado la operación del sistema y la transmisión y distribución de la energía eléctrica, y podrá contratar particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que habrán de determinar la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria y se abrirá a la competencia la generación y comercialización.
Se creará el Centro Nacional de Control de Energía, a fin de garantizar que la operación delSistema Eléctrico Nacional se lleve a cabo con imparcialidad y permita el acceso abierto y no discriminatorio a las redes eléctricas.
Las empresas públicas y privadas de generación de electricidad colocarán su producción haciendo ofertas a precios competitivos; a este mercado también acudirán los comercializadores de electricidad para satisfacer la demanda.
Finalmente, prevé que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, identificar y sancionar severamente casos de corrupción o ilícitos a cargo de asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético. de manera directa o indirecta.
Juan Arvizu y Noé Cruz, El Universal, 8 de diciembre.
