Avala la CIRT ley secundaria de telecomunicaciones

Tristán Canales, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), afirmó que la ley secundaria de la reforma de telecomunicaciones traerá beneficios para todos los mexicanos y promoverá la convergencia tecnológica en beneficio de los consumidores.

En el marco de la décima primera sesión del Consejo Directivo de la CIRT, Canales señaló que "por primera vez en nuestra historia tenemos una ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión, que regula a dos sectores que la tecnología acerca cada día más. Hoy, la frontera entre ellos está desapareciendo. De ahí la trascendencia de modernizar la ley", destacó.

Hizo un reconocimiento al trabajo "responsable" y con visión de futuro del presidente Enrique Peña Nieto, quien impulsó la reforma constitucional con el respaldo de todos los partidos, así como el compromiso de los legisladores por buscar los acuerdos para concretar la ley reglamentaria.

Canales también destacó la apertura de los funcionarios del gobierno de la República, para escuchar los argumentos de la Industria de radio y televisión. Anteriormente, la CIRT había externado su preocupación sobre la posibilidad de que las concesionarios sociales pudieran comercializar sus espacios para operar con fines de lucro, lo cual, a decir de la cámara, generaría distorsiones en el mercado.

"Estamos ante a un marco jurídico más adecuado a la realidad de nuestro país", añadió Canales.

Adrián Arias, La Crónica, 9 de julio.

Se opone la Cirt a que estaciones públicas comercialicen

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (Cirt), en sesión extraordinaria del consejo directivo, destacaron el enorme riesgo que significa la competencia desleal a la que se enfrentaría la industria si se permite comercializar a las estaciones públicas y sociales. La comercialización sí implica lucro. La reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones define en el artículo 28 constitucional que las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro. Para ser consistentes con la Constitución, el Congreso debe tener en cuenta que al permitir a las estaciones sociales que comercialicen les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado, en detrimento de las concesiones comerciales, afirmó el organismo.

La Jornada, 28 de mayo.

Rebasa Ifetel plazo para dar a conocer los lineamientos para la concesión única

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) incumplió anoche el plazo constitucional para dar a conocer los lineamientos que deberán cumplir los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión que quieran migrar a la concesión única o busquen dar servicios adicionales, reglas con las que se definirán las condiciones en que agentes preponderantes como Teléfonos de México (Telmex) podrían entrar a negocios como el de la televisión o cualquier otro en el mercado. El decreto de reforma constitucional a telecomunicaciones y radiodifusión ordena que en cuanto el Ifetel declarara preponderantes, lo cual ocurrió el 6 de marzo pasado, tendría un plazo de 60 días para dar a conocer los lineamientos para la migración a la concesión única, plazo que venció la medianoche de este 6 de mayo sin que hasta las 0:50 horas de hoy el instituto concluyera la sesión extraordinaria de pleno en la que trataba el tema.

La importancia de conocer estos lineamientos consiste en que el Ifetel cumplirá con el mandato constitucional de poner reglas claras para que los agentes preponderantes que son Telmex, Telcel y Televisa y los grupos económicos de interés a los que pertenecen sepan con qué condiciones deberán cumplir para poder tener la concesión única que les dará oportunidad de participar en todos los negocios que el mercado y la tecnología permitan, u ofrecer servicios adicionales.

En el caso de Telmex las expectativas son mayores debido a que en la iniciativa de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo al Senado se estipula que la empresa tendrá que cumplir durante 24 meses ininterrumpidos con todas las obligaciones asimétricas que le impuso el Ifetel por ser preponderante, antes de aspirar a tener la concesión convergente.

El artículo cuarto transitorio precisa que la concesión única podrá otorgarse a las empresas preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones tercera y cuarta del artículo octavo transitorio de este decreto. El instituto deberá resolver sobre la procedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

La fracción tercera del artículo octavo transitorio señala que el Ifetel deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, lo cual ocurrió el 6 de marzo pasado.

Defienden radiodifusores sus legítimos derechos: CIRT

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Tristán Canales Najjar, aseguró que los radiodifusores han hecho una defensa institucional y constructiva de sus legítimos derechos en la discusión de la iniciativa de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusiónenviada por el Ejecutivo al Senado.

Durante la novena sesión del consejo directivo de la CIRT, Tristán Canales consideró que la iniciativa del gobierno federal en materia de radiodifusión es positiva para la industria, y dijo que los radiodifusores confían en que el Congreso hará su parte responsablemente. Pronto tendremos las leyes secundarias que nuestro país requiere para impulsar el crecimiento de las industrias y el progreso de las familias mexicanas.

El senador Javier Lozano, invitado de la CIRT, reconoció la disposición de los afiliados a la CIRT para dialogar y enriquecer el debate.

Miriam Posada García, La Jornada, 7 de mayo.

Se opone la CIRT a que radios públicas o sociales comercialicen publicidad

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se manifestó en contra de que en la iniciativa de legislación secundaria a telecomunicaciones y radiodifusión se permita que las radiodifusoras públicas o sociales puedan comercializar espacios publicitarios, porque derivaría en una competencia desleal y, a decir de los radiodifusores, se estaría desvirtuando la esencia del servicio público para el que fueron creadas.

Como parte del proceso de reforma del sector telecomunicaciones y radiodifusión se ha considerado la posibilidad de que las pequeñas estaciones de radio comunitarias o públicas, que hacen transmisiones en zonas marginadas del país, o cuyo contenido no es comercial, puedan comercializar algunos espacios publicitarios para ser autosuficientes, propuestas a las que la CIRT siempre se ha opuesto por considerar que el mercado publicitario no es tan amplio.

Durante la séptima sesión de consejo directivo los radiodifusores afiliados a la CIRT, que aglutina a grandes grupos de radio y televisión como Televisa y Televisión Azteca, acordaron hacer un llamado a los legisladores para quehagan un análisis real sobre las implicaciones de una regulación de esta naturaleza.

El organismo empresarial que preside Tristán Canales Najjar dijo que está de acuerdo con la iniciativa de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, pero acotó que resulta preocupante la posibilidad de que se autorice la comercialización a las concesiones públicas y sociales, lo que derivaría en una competencia desleal.

La CIRT argumentó que los legisladores no deben olvidar que la industria de radio y televisión concesionada ha sido sobrerregulada a lo largo de los años, ya que debe pagar no sólo una contraprestación por el uso de la frecuencia, sino además destinar tiempo aire para mensajes oficiales y enfrentar regulación de contenidos y publicitaria; reglas que no están consideradas para las concesiones públicas o sociales.

La Jornada, 9 de abril.

Expertos apoyan recomendaciones de la OCDE sobre ley de telecom

La Cámara Alta tiene que ser receptiva a los comentarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de que “existen serias deficiencias” en la propuesta del Ejecutivo de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, aseguró el senador Javier Corral (PAN), secretario de la comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC).

El legislador dijo que el Senado está obligado tomar en cuenta la opinión del organismo internacional, porque hay recomendaciones de gran relevancia que señalan contradicciones en el proyecto.

“Yo envíe esta petición al secretariado de la OCDE con el propósito de conocer una opinión general y a partir de ahí elaboraré un cuestionario sobre otros temas que la OCDE no se pronunció y que nos interesa mucho su opinión como en el tema de la transmisión de contenidos tanto en televisión de paga como de televisión abierta”.

La OCDE y el IFT coincidieron en que la regulación que se aplicará en telecomunicaciones y radiodifusión debe contemplar el constante cambio y convergencia del sector.

Jorge Fernando Negrete, director general de MediaTelecom Policy and Law, indicó que el sector de telecomunicaciones cambia mucho de un año a otro por lo que los criterios regulatorios también, por eso las recomendaciones de la OCDE sobre la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones son congruentes con las nuevas directrices europeas que indican que no se debe sobreregular el mercado y se deben generar procesos de fusión y capitalización.

Ayer EL UNIVERSAL adelantó los comentarios realizados por la OCDE al Senado respecto a la iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo. En el documento, la organización internacional destacó que la ley es demasiado prescriptiva, con lo que “introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado”.

Corral Jurado declaró en entrevista que no sólo son especialistas académicos, legisladores nacionales, lo que señalan deficiencias en el proyecto, sino que ahora hay un organismo internacional que hay contradicciones.

Sobre la posición del IFT que pidió a los senadores mayor flexibilidad regulatoria, Corral lamentó la ausencia de los comisionados en el Senado pues dijo que ese es un signo muy desalentador del papel del órgano regulador. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) pidió que no se permita la comercialización de concesiones públicas y sociales.

Alberto Morales, Carla Martínez y Juan Arvizu, El Universal, 9 de abril.

Pide CIRT freno a comercialización de radio pública

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) afirmó que las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones deben prohibir que los concesionarios sociales y públicos comercialicen sus espacios publicitarios, pues ello generaría una competencia desleal en el mercado.

En el marco de la séptima sesión del consejo de la CIRT, los afiliados a la cámara externaron su preocupación sobre la posibilidad de que los dueños de concesiones sociales y públicas para radio y televisión puedan comercializar sus espacios, pues ello “desvirtuaría la esencia del servicio público para el cual fueron creadas”, además de generar una distorsión en el mercado, pues estos concesionarios no estarían obligados a cumplir con las mismas obligaciones que se les impuso a las empresas ya están establecidas.

Adrián Arias, La Crónica, 9 de abril.

Eliminan Telmex y Telcel el cobro de roaming y desbloquean celulares

A partir de ayer entraron en vigor las reglas que obligan a Teléfonos de México (Telmex) y Telcel a ofrecer beneficios a sus usuarios, como la eliminación por el cobro del roaming nacional, el desbloqueo de aparatos celulares y ofrecer información detallada en las facturas de sus clientes.

Estas medidas forman parte de las obligaciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) le impuso a ambas empresas dentro de la declaratoria de preponderancia, a fin de reducir su poder de mercado y buscar una competencia más equilibrada en el mercado para el beneficio de los usuarios.

De acuerdo con la declaratoria, Telcel ya no podrá cobrar a sus clientes por el roaming, por lo que todas las llamadas que se realicen dentro de su red se facturarán como locales, independientemente del lugar en donde se encuentren sus usuarios. Telcel será la única empresa que deberá cumplir con esta prohibición, pues el resto de las firmas celulares como Iusacell, Nextel o Unefón, mantienen el derecho de aplicar el roaming.

Telcel también deberá desbloquear los teléfonos celulares de prepago, a fin de que estos puedan ser utilizados en la red de otras empresas en cualquier momento. Para el esquema de pospago, los teléfonos se desbloquearán cuando termine el plazo del plan contratado o cuando el usuario pague la penalización por cancelar anticipadamente su plan. Los usuarios podrán desbloquear los aparatos en los centros de atención a clientes de Telcel mediante una clave que podrán solicitar vía SMS.

La firma de telefonía celular también deberá enviar a sus clientes de prepago un mensaje de texto gratuito cada vez que realicen una recarga de saldo, para ofrecer información sobre sus tarifas, pues Telcel ya no podrá realizar cobros por servicios que no hayan sido requeridos por sus clientes.

A su vez, Telmex deberá ofrecer todas las facilidades para que sus usuarios cancelen sus servicios sin poner trabas. La telefónica no deberá cobrar cargos extra por cancelación pero sí tendrá la capacidad de reclamar el pago de adeudos de sus clientes. Finalmente, Telmex también deberá desglosar detalladamente los cobros aplicados a sus usuarios en las facturas, a fin de que los consumidores cuenten con toda la información sobre sus pagos y servicios.

DEBATE. Por otro lado, las leyes secundarias para la reforma de telecomunicaciones despertaron la preocupación y críticas por parte de toda la industria, pues la iniciativa elaborada por el Ejecutivo federal contiene medidas que afectan los intereses de diversos actores del sector. Se espera que la minuta llegue al pleno del Senado el próximo 25 de abril para su posible aprobación, a fin de enviarla a la Cámara de Diputados.

La semana pasada los senadores celebraron varios foros en donde acudieron diversos actores de la industria para externar sus opiniones con respecto a la minuta. Dentro de los asistentes se encuentran las empresas más grandes del sector como América Móvil, controladora de Telmex y de Telcel, así como Televisa, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), MVS, así como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), entre otros.

América Móvil fue una de las empresas que mayores preocupaciones externaron por el proyecto de leyes secundarias, pues la iniciativa propone medidas que afectan directamente su nicho de negocios y que incluso rebasan las obligaciones que le impuso el Ifetel dentro de la declaratoria de preponderancia.

A su vez, la CIRT externó su preocupación con respecto a las sanciones que se plantean para las empresas de radiodifusión, pues la minuta plantea aplicar multas que van desde el 2 al 5 por ciento de los ingresos anuales de las empresas que infrinjan la ley y de hasta el 10 por ciento en caso de reincidencia.

Adrián Arias, La Crónica, 7 de abril.

'Duelen' multas a concesionarios

Concesionarios de radio y televisión denunciaron ayer que la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones contiene sanciones desproporcionadas contra las empresas que violenten el marco legal.

Durante un foro convocado por el Senado, representantes de diversas cámaras de la industria expresaron su preocupación por los montos establecidos en la iniciativa, que podrían rebasar los 11 mil millones de pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de la falta en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Eduardo Ruiz Vega, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), pidió a los senadores cuidar la proporcionalidad de los castigos monetarios.

"Resulta muy preocupante para los industriales de la radio y televisión que se pretendan imponer sanciones determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de las estaciones de radiodifusión.

"Un pilar de la reforma constitucional consiste en ensanchar el ámbito de las libertades de expresión e información. Los criterios desproporcionales para sancionar a los medios radiodifundidos deben ser vistos como un escollo contrario al ejercicio de estas libertades", expuso.

José Antonio García, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), consideró que los montos de las sanciones podrían frenar el crecimiento de empresas que no tienen la capacidad para pagarlas.

"Estamos hablando del 5 por ciento de los ingresos, sin tomar en cuenta gastos operativos, inversiones, gastos de proveedores, además de impuestos.

"Hay empresas que tan pequeñas que no tendrían ni para tener un crecimiento en inversión", expresó.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), pidió revisar los criterios para determinar las penalidades.

ALERTAN POR DISCRECIÓN

Los ponentes también exigieron a los legisladores modificar la propuesta del Ejecutivo para otorgar certidumbre jurídica en la prórroga de los títulos de concesión.

"Al dejarse abierta la posibilidad de que en la prórroga implique cualquier nueva condición que determine la autoridad sin acotar en qué rubros, se deja abierta la puerta a actos discrecionales que disminuyen la certidumbre jurídica", denunció el enviado de la CIRT.

Gutiérrez Martínez advirtió que, si una empresa recibió la concesión, debiera de poder asegurarse una prórroga, de haber cumplido con todas las obligaciones previstas.

Claudia Salazar y José David Estrada, Reforma, 3 de abril.

Cascada de quejas de la CIRT por la reforma de Peña Nieto

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) demandó en el Senado que se modifique la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de reducir aún más los requisitos para la prórroga de concesiones para el pago de la contraprestación al Estado por el uso de las frecuencias radioeléctricas.

Exigió asimismo a los legisladores supervisar que se cumpla la prohibición de publicidad a los medios públicos y sociales y revisar las sanciones económicas a la concesionarios por incumplimiento de la ley, ya que son ‘‘desproporcionadas’’.

En el primer día de las audiencias públicas convocadas por las comisiones dictaminadoras, representantes de las cámaras de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnología de la Información (Canieti) y de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) expresaron también preocupación por las sanciones y por las obligaciones que se les imponen de bloquear e inhibir señales, así como de intervenir teléfonos.

Muchas empresas no podrán pagar

En nombre de la CIRT, Eduardo Ruiz Vega dijo que las sanciones fijadas en la iniciativa violentan ‘‘el pilar’’ de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que es ‘‘ensanchar el ámbito de las libertades de expresión y de información de los mexicanos’’.

Resaltó que ‘‘resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión’’ que se pretenda imponer sanciones determinadas con base en el nivel de ingresos de los concesionarios.

Por su parte, el representante de la Canitec, José Antonio García Herrera, apuntó que las multas son de cinco por ciento de los ingresos gravables. ‘‘Estamos hablando de sanciones de 82 millones de salarios mínimos, que equivalen a más de 5 mil 500 millones de pesos, que más de 250 empresas cableras pequeñas no podrán pagar’’.

Aunque en la ya conocida como iniciativa Peña-Televisa los apoyos a los medios públicos y privados son mínimos y no se les permite obtener publicidad, el representante de la CIRT insistió en que deben fijarse los mecanismos y procedimientos objetivos que garanticen ‘‘la observancia cabal de las restricciones para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones’’.

García Herrera, así como el representante de Canieti, Víctor Martínez Gutiérrez, pidieron que se modifique el capítulo de colaboración con la justicia, en que se obliga a los concesionarios a bloquear –sin orden judicial– señales de todo tipo de frecuencias y a intervenir comunicaciones privadas en caso de delincuencia organizada, además de guardar hasta por dos años los datos de los usuarios. Hicieron notar que ello es muy caro y se cobrará al usuario, además de que consideraron riesgoso que agentes del Ministerio Público puedan exigir a los concesionarios tales medidas.

En nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely advirtió que el bloqueo de señales en los reclusorios y demás penales, que también se exige a los concesionarios, no soluciona el problema de delincuencia organizada, ya que esto se da por la corrupción de las autoridades que permiten el ingreso de teléfonos celulares a esos centros de reclusión.

El senador panista Javier Corral Jurado no participó ayer en esa consulta, ya que, dijo, se da ‘‘bajo un panorama tendencioso y apresurado’’, con un desequilibrio entre los invitados, la mayor parte afines a la empresa Televisa.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 3 de abril.

Industria de radio y televisión critica sanciones "excesivas" ante senadores

Sanciones excesivas en radiodifusión y contenidos, en cuestiones de seguridad y falta de detalle en la determinación y obligaciones de preponderancia, fueron las preocupaciones reflejadas por miembros de la industria durante el primer bloque del Foro Análisis sobre las leyes Secundarias de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), dijo que las sanciones que se imponen en radiodifusión son muy altas y no se pueden equiparar al mercado de telecomunicaciones pues el segmento de radio y televisión ofrece servicios gratuitos.

“Resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión que se pretendan imponer sanciones determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de la estación de radiodifusión cuando existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión respecto al resto de las telecomunicaciones”, expresó Ruiz Vega.

Del mismo modo, José Antonio García Herrera, representante de la Canitec, coincidió en que las sanciones económicas que están en la iniciativa son desproporcionales comparadas con las inversiones, pago a proveedores e impuestos que las empresas de televisión por cable deben realizar.

En cuanto a las definiciones de preponderancia contenidas en la iniciativa del Ejecutivo, destacó que se deben reforzar los temas sobre tarifas y que se detalle la forma en que Telmex y Telcel podrían entrar a la televisión.

“Preocupa mucho el tema Telmex y Telcel, de la posibilidad de que puedan dar televisión restringida, nos preocupa mucho porque sabemos el poderío que tienen estas empresas”, comentó el representante de Canitec.

Por ello, pidió que se revise que se haya cumplido con el título de concesión “que a la fecha tengo conocimiento de que no se ha cumplido o demostrado haber cumplido”, que se obligue a la desagregación de red y compartición de infraestructura, medidas de separación contable para evitar subsidios cruzados, depredación de precios y se obligue a la interconexión y ofertas públicas de interconexión.

En el tema de colaboración con la justicia, tanto el representante de la CIRT y como el de la Canitec, pidieron que se disminuya el lapso de 24 meses que se impone a las empresas para que guarden información y que se indique a ciencia cierta qué autoridad será la que requiera información sobre usuarios.

Ajustes a preponderancia

Víctor Gutiérrez, presidente de la Canieti, coincidió en que las sanciones son excesivas y comentó que es necesario hacer precisiones y ajustes a la iniciativa en materia de preponderancia, considerando que deben hacerse compatibles las recientes resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con lo que indica la iniciativa.

Respecto al tema de seguridad pidió que se limite a los actores que podrán tener información sensible de los usuarios. Además, señaló que “los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales, esperamos que lo que se solicite sea técnicamente factible”.

Para Gutiérrez, el tema de que los operadores tengan que guardar durante 24 meses la información podría convertirse en un costo adicional para los clientes.

Gabriel Szekely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), coincidió en que se debe de reconsiderar el tema de la información y destacó que les sorprende que la ley no distingue claramente las responsabilidades entre concesionarios y autoridades en materia de seguridad.

En tanto, Raúl Trejo, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, calificó como lamentable la iniciativa del Presidente de la República la cual es “tendencialmente stalinista”.

Subrayó que es una iniciativa diseñada de acuerdo con el interés de Televisa y TV Azteca, las cuales defienden los contenidos con base en derechos de autor lo cual calificó de “mera palabrería”.

Carla Martínez, El Universal, 3 de abril.

Critican empresarios ley secundaria de telecom

Empresarios y especialistas criticaron ayer la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo federal, y pidieron hacerle varios cambios

Durante un foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, organizado por las comisiones senatoriales que estudian la iniciativa del Ejecutivo federal en la materia, José Antonio García Herrera de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable expresó que entre las preocupaciones está la sobrerregulación de contenidos y señaló que en la iniciativa se llega al grado de controlar la moral en las transmisiones.

Por su parte, Gabriel Székely, de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, expresó que la obligación de bloquear las señales que salen de celulares desde los reclusorios no debe ser de las empresas, ya que eso corresponde a los tres niveles de gobierno, pero sí corresponde a las empresas asegurarse de que los bloqueadores de señales funcionen.

Refirió que las autoridades han reconocido que falta control en los centros penitenciarios para evitar que los reos utilicen celulares para delitos como la extorsión.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica en Telecomunicaciones e Informática (Canieti), comentó que en materia de seguridad, se debe delimitar con precisión quiénes serán los actores que pudieran tener información sensible, y que el intercambio de ese tipo de información entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales sea clara, sobre todo en caso de delitos graves.

Remarcó que los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales y mensajes no solicitados.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dijo que es indispensable que el proceso de transición de la radio de Amplitud Modulada o AM a la de Frecuencia Modulada o FM se lleve a cabo respecto de la totalidad de las estaciones que operan actualmente, ya que sólo así se podrá dar paso a la digitalización de las redes radiodifundidas.

Dijo que deben establecerse en la ley secundaria los mecanismos y procedimientos que garanticen la observancia cabal de la restricción para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones; de lo contrario, el mercado se distorsionaría y contaminaría ante una inequidad inherente al hecho de que los nuevos concesionarios no están sujetos a las reglas de la licitación pública para obtener sus títulos de concesión.

A decir del analista Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que la iniciativa del presidente de la República tiene retrocesos.

Refirió que se pretende la restauración del presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de comunicación; el gobierno se adjudica la supervisión de contenidos en la radio y la televisión.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 3 de abril.

Iniciativa de ley secundaria sepulta posibilidad de tv pública: expertos

Especialistas advirtieron que la propuesta de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión, además de mermar de forma preocupante las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), representa un retroceso, porque sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, ya que el sistema de radiodifusión propuesto estará controlado por la Secretaría de Gobernación.

Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que con la propuesta es definitivo que Teléfonos de México (Telmex) no podrá participar en la licitación de las dos cadenas de televisión, y destacó que una de las mayores aberraciones jurídicas radica en que las multas y la desincorporación de activos que ordene el Ifetel no procederán hasta que se resuelvan los juicios de amparo que pudieran interponerse.

El director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, advirtió que intencionalmente la iniciativa no incluye la definición de servicio público, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que será imposible defender los derechos de las audiencias.

Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Televisión Azteca, dijo que la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) defenderá que no procedan reglas de multiprogramación que se pretenden imponer y van contra sus intereses, así como las sanciones y multas, ya que se trata igual a los radiodifusores pequeños que a los gigantes de telecomunicaciones, lo cual no es equitativo.

Preocupa al sector en este ánimo de convergencia que las sanciones no son proporcionales porque están ligadas a los ingresos de las empresas y no estamos hablando de lo mismo en el caso de los radiodifusores; en concreto, de la radiodifusión sonora y muy particularmente del caso de muchísimas estaciones que operan en pequeñas ciudades, zonas rurales que todavía están en AM, y no se puede medir de la misma manera a estas empresas que a las de telecomunicaciones que por la prestación de sus servicios reciben una contraprestación por los usuarios.

En tanto, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) señaló que la iniciativa requiere ajustes porque resulta preocupante la inhibición de la libertad de expresión que sufrirá cualquier radiodifusor, desde las televisoras y radiodifusoras privadas hasta las comunitarias e indígenas, frente a la amenaza de sanciones desproporcionadas por transmitir contenidos incómodos al gobierno. Señaló que hay una gran permisividad para el operador preponderante en telecomunicaciones, con el consecuente menoscabo a la competitividad del mercado, porque podrá continuar cobrando tarifas discriminatorias en función de la red de destino de la llamada.

Durante su participación en un foro convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Irene Levy dijo que la iniciativa merma las facultades y autonomía del Ifetel al darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el derecho de imponer la agenda del regulador; aseguró que la iniciativa es inconstitucional al incluir que la Secretaría de Gobernación se encargue de la regulación de contenidos, cuando la reforma constitucional faculta al Ifetel para ese tema. Y criticó que el Ejecutivo sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, al desaparecer al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), y crear el Sistema de Radiodifusión que también estará a cargo de Gobernación.

Por Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que sin la definición expresa de servicio público como obligación de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se violenta la reforma constitucional y no se compromete el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los derechos de las audiencias y los usuarios, ni las obligaciones de las empresas en cuanto a independencia de los medios públicos cobertura e inversión.

Miriam Posada García, La Jornada, 27 de marzo.

Necesario, castigo a Telmex: Televisa

Telmex debe ser castigado porque se beneficia de la gratuidad en materia de must offer y must carrya través de Dish, de lo contrario la medida tomada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no servirá, dijo Alejandro Bustos, vicepresidente jurídico corporativo de Grupo Televisa.

“Si esto no se castiga como el artículo 28 constitucional dice ‘severamente’, ya que así lo imponen las autoridades a todos los actos de concentración y todas las actividades anticompetitivas realizadas por los agentes en el mercado. Esta medida detiene el objeto de emparejar la cancha en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, de lo contrario no va a servir para nada”, precisó Alejandro Bustos.

La piedra angular de este sistema para que genere competencia en los dos sectores es que ningún preponderante se beneficie de la gratuidad, comentó.

Durante un foro organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el directivo aseguró que Dish dio una lectura tergiversada de la reforma constitucional, indicando que tiene la obligación de transmitir las señales de televisión abierta, con lo que beneficia a Telmex.

“En el caso de Dish se autoimpone una obligación interpretando el precepto constitucional, dice ‘estoy obligado’, pero yo radiodifusor no quiero que lleves las señales, el must carry es derecho del radiodifusor y no quiero que la lleves porque en el caso tuyo no hay un tema de competencia como lo habría en el caso de otros participantes de la televisión restringida”, comentó el directivo.

Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de TV Azteca, coincidió en que al beneficiarse Dish con la transmisión de televisión abierta, también se beneficia Telmex.

Ruiz Vega recordó que TV Azteca interpuso diversos recursos ante el IFT sobre los lineamientos demust offer y must carry así como de la alianza Dish-Telmex y, a la fecha, no tienen respuesta.

Anteriormente, se dio a conocer que Telmex tiene un posible contrato para poder adquirir a Dish.

Tema preocupante

A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) le preocupa la forma en que la propuesta de ley en telecomunicaciones aborda los temas de sanciones, multiprogramación y publicidad, dijo Eduardo Ruiz Vega.

“Nos preocupa este tema de cambio de régimen que se está pretendiendo hacer a la multiprogramación para los servicios digitales, porque en todo el mundo la multiprogramación ha servido para incentivar la penetración de los servicios digitales en la población”, mencionó el también representante de estudios legislativos de la CIRT.

En materia de contenidos y publicidad, la posición es buscar que el capítulo evolucione conforme las tendencias para que se puedan aplicar las normas de manera objetiva y clara.

Carla Martínez, El Universal, 27 de marzo.

Titular de la SCT defiende legislación, pues promueve la competencia en radiodifusión

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió la legislación secundaria en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, al asegurar que es respetuosa de la reforma constitucional al sector y de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Por separado, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) advirtió que hará una defensa decidida de sus intereses al referirse al contenido de la legislación secundaria que regula a su principal afiliado, Televisa.

Ante el señalamiento de que el decreto de legislación secundaria contraviene la reforma constitucional e invade funciones del Ifetel, Ruiz Esparza declaró en entrevista radiofónica que la propuesta del Ejecutivo cumple con el principio básico de generar condiciones para que haya más competencia en telecomunicaciones y radiodifusión.

Insistió en que la iniciativa sí se apega a la reforma, cuidamos que no hubiera distorsiones. Hubo puntos de vista de organizaciones nacionales e internacionales y puntos de vista políticos; creemos que sí se logra. Lo importante es que ya está el proceso legislativo y es donde se van a ver las convergencias y divergencias.

Explicó que al final del proceso legislativo habrá quien tenga más o menos facultades, pero lo fundamental es no perder de vista la filosofía de la reforma constitucional que consiste en tener más competencia, mejores servicios, precios y calidad.

La ley pretende seguir la filosofía de la reforma constitucional, darle cumplimiento y tener un marco regulatorio que derive de la reforma, sostuvo.

Por separado, el presidente de la CIRT, Tristán Canales Najjar, señaló que el proyecto de ley reglamentaria es un parteaguas para la industria, porque por primera vez tenemos una ley convergente para radiodifusión y telecomunicaciones, que incorpora elementos de gran impacto para incentivar la competencia en estos sectores estratégicos de la economía.

Durante la sexta sesión del consejo consultivo de la CIRT, a la que asistió el subsecretario de Comunicaciones José Ignacio Peralta, Tristán Canales advirtió que los miembros de esta cámara harán una defensa decidida y enérgica de nuestros intereses, pero siempre de manera responsable e institucional, y aseguró que la industria está viviendo tiempos definitorios.

También asistieron a la sesión el director General de RTC de la Secretaría de Gobernación, Andrés Chao, y el diputado Federico González Luna Bueno.

Miriam Posada García, La Jornada, 26 de marzo.

Legislación incentivará a industria, opina CIRT

El proyecto de ley reglamentaria en telecomunicaciones significa un parteaguas para la industria, porque “por primera vez tenemos una ley convergente para radiodifusión y telecomunicaciones, que incorpora elementos de gran impacto para incentivar la competencia en estos sectores estratégicos de la economía”, explicó el presidente del Consejo Directivo de la de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Tristán Canales Najjar.

Indicó que “estamos viviendo tiempos definitorios para el futuro de nuestra industria” y aseguró que los miembros de la Cámara “haremos una defensa decidida y enérgica de nuestros intereses, pero siempre de manera responsable e institucional”.

Televisa prevé trabas

En un comunicado, Grupo Televisa consideró que la iniciativa de ley contiene nuevas obligaciones en preponderancia que carecen de precedente.

“Estas obligaciones traerían como efecto, en caso de ser aprobadas, limitaciones a la operación de Grupo Televisa, en cuanto al uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos”, dijo.

Carla Martínez, El Universal, 26 de marzo.

Daremos prioridad al diálogo en la defensa “enérgica” de nuestros intereses: CIRT

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) señaló que defenderá de manera decidida y enérgica sus intereses con relación a las leyes secundarias de telecomunicaciones, pero dará prioridad al diálogo y a los consensos para contribuir con el perfeccionamiento de la iniciativa.

Tristán Canales Najjar, presidente de la CIRT, afirmó que el proyecto de ley reglamentaria significa un parte aguas para la industria, porque “por primera vez tenemos una ley convergente para radiodifusión y telecomunicaciones, que incorpora elementos de gran impacto para incentivar la competencia en estos sectores estratégicos de la economía”.

El directivo afirmó que “estamos viviendo tiempos definitorios para el futuro de nuestra Industria” y aseguró que los miembros de la Cámara “haremos una defensa decidida y enérgica de nuestros intereses, pero siempre de manera responsable e institucional”.

A la sesión fue invitado el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, quien estuvo acompañado por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (Segob), Andrés Chao, y por el diputado Federico González Luna Bueno.

Los concesionarios aprovecharon el diálogo con los funcionarios para expresar sus inquietudes sobre la iniciativa de ley reglamentaria presentada al Senado por el Ejecutivo federal. Canales Najjar confió en que el Congreso desempeñará con responsabilidad su papel para conducir este proceso, y que al final la nueva  legislación privilegiará los beneficios para todos los mexicanos.

Adrián Arias, La Crónica, 26 de marzo.

CIRT ve nuevas y severas cargas

La iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones, implica “nuevas y severas cargas” para la industria de la radiodifusión, pues impone obligaciones y limitaciones adicionales a las ya vigentes, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Radio y televisión (CIRT).

El organismo puntualizó que “el proyecto de ley cambia radicalmente las condiciones de operación para la radio y la televisión en México” y consideró que se incorporan disposiciones que se traducen en una sobrerregulación. Resaltó que las infracciones que corresponderán a porcentaje de los ingresos de concesionario, lo que magnifica el efecto gravoso de las sanciones.

El Universal, 25 de marzo.

Iniciativa implica nuevas y severas cargas para la industria: CIRT

La iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones que envió el Ejecutivo al Senado implica "nuevas y severas cargas" para la industria de la radiodifusión, pues se imponen obligaciones y limitaciones adicionales a las ya vigentes, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

En una circular enviada a sus agremiados, el organismo señala que el "proyecto de ley cambia radicalmente las condiciones de operación para la radio y la televisión en México".

Refiere que en la iniciativa de ley se incorporan disposiciones que se traducen en una sobrerregulación y fomentan la evaluación subjetiva de los contenidos y de lo que puede considerarse como contenido publicitario, así como de la propia información noticiosa que se radiodifunda.

"La ética ha sido un parámetro permanente en el servicio que la radiodifusión mexicana ofrece a sus audiencias. El hecho de imponer una regulación con criterios para la elaboración de códigos de ética constituye un probable riesgo de intromisión a la independencia editorial", señala.

La Crónica, 25 de marzo.

Desde diciembre, la CIRT expresó al Ifetel desacuerdo sobre retransmisión

Desde diciembre pasado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) a la que están afiliadas Televisa y Televisión Azteca, expresó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) su desacuerdo con los lineamientos generales para la retransmisión de señales de televisión abierta porque no consideraba en ningún momento el respeto a los derechos de autor, y advirtió que de no incluirlos las empresas dejarían de invertir en la producción de contenidos. El principal alegato de Televisa en el litigio promovido ante el juzgado 32 por el que el Ifetel detuvo la aprobación de las reglas para el must carry y must offer es la protección a los derechos de autor.

Como parte de la consulta pública que realizó el Ifetel sobre los lineamientos para que las empresas cumplan con el mandato constitucional del must carry ymust offer, la CIRT aportó un documento en el defendió que ninguna de sus agremiadas tiene 50 por ciento de cobertura nacional en la transmisión de señales porque se trata de estaciones independientes y la programación es diferente para cada una.

Y señaló que el regulador está equivocado al pretender que las empresas de televisión (TV) abierta ejerzan como una obligación pedirle a las de TV restringida que transmitan sus señales abierta, cuando en realidad es un derecho, porque entonces los otros tendrían el mismo derecho a exigir correspondencia.

Evidentemente, si y sólo sí se ejerce tal derecho y se cumplen los demás requisitos legales que se establecen para cierta figura, nacerá la obligación correlativa imponible y exigible al sujeto que se trate. Así, si o se exige el derecho en comento, no habrá obligación correlativa que exigir, argumentó la Cámara.

En el documento el director general de la CIRT, Miguel Orozco Gómez alegó que la preocupación de la CIRT es que el Ifetel desconoce los derechos y obligaciones previstos en el artículo 8 transitorio de la reforma constitucional, y alertó al regulador de que en los lineamientos contravienen los derechos conexos que tiene los radiodifusores y que facultan a estos empresarios aautorizar o prohibir la retransmisión de la señal radiodifundida.

Esos derechos conexos, explicó la CIRT son entre otros los derechos de autor, los cuales no están considerados en los lineamientos diseñados por el Ifetel. Señaló que la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitir libremente las señales radiodifundidas por organismos de radiodifusión, debe encontrar su limitante invariablemente en los derechos conexos de los que son titulares los radiodifusores, derechos derivados de los autorales que son derechos humanos de alta e insoslayable jerarquías.

La CIRT advirtió que si el Ifetel no considera en los lineamientos los derechos conexos tendrá como consecuencia que sus agremiados dejen de invertir en la industria de la radiodifusión, al no ser otorgadas por el regulador las mínimas garantías a efecto de proteger sus derechos.

Orozco Gómez dijo que el objetivo del must carry es que la señal abiertallegue a más hogares y no sea desplazada por los contenidos de televisión restringida que compiten por la misma audiencia, de lo contrario, a medida que creciera la penetración de la TV restringida la efectividad de la TV abierta disminuiría y la restringida sería la que captara la audiencia de los hogares y personas en el país.

Miriam Posada García, La Jornada, 15 de febrero.

Acusan ineficiencias del Ifetel en must carry-must offer

Los lineamientos que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para regular la transmisión de los canales de televisión abierta en los sistemas de televisión de paga (must carry-must offer) contienen diversas ineficiencias, además de que violentan varias disposiciones y tratados internacionales en materia de derechos de autor, aunado a que fueron emitidos de una manera "sesgada", denunciaron Televisa, TV Azteca y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

Las televisoras y la CIRT enviaron sus respectivos comentarios al instituto, como parte de la consulta pública que convocó el Ifetel para reunir las sugerencias de la industria. "El Ifetel carece de competencia para limitar la titularidad de los derechos de autor que tiene Televisa sobre las obras audiovisuales que se contienen en las señales radiodifundidas", denunció Alejandro Araujo, representante de Televisa.

El directivo detalló que la reforma en telecomunicaciones no modificó el artículo 28 Constitucional, en el cual se reconocen los derechos de autor sobre sus obras.

"Los lineamientos están emitidos de una manera sesgada, sin considerar diversas leyes y tratados internacionales en materia de radiodifusión, mismas que deben ser aplicadas en armonía, sin alterar el orden jurídico, so pena de convertirse en una regulación arbitraria", indicó a su vez, Guadalupe Botello, representante de TV Azteca.

desagregación en telmex. En otro orden de ideas, el Ifetel ya inició el proceso de desagregación del bucle local de Teléfonos de México (Telmex). Con ello,  el organismo regulador impondrá una serie de reglas para permitir que los competidores de la compañía puedan utilizar la infraestructura de Telmex, como resultado de las medidas que se incluyeron en la reforma de telecomunicaciones, detalló el Ifetel en su informe trimestral.

Adrián Arias, La Crónica, 27 de diciembre.