Impulsará el FAP amplia campaña nacional sobre riesgos de la reforma

Los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) impulsarán una amplia campaña de difusión entre los ciudadanos para dar a conocer “los riesgos” que entraña la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) presentada por el presidente Felipe Calderón.

La estrategia de “contacto directo” con la población será un contrapeso al calendario oficial delineado en el Senado de la República para la discusión de esa iniciativa, señaló Ramón Pacheco Llanes, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

De manera simultánea al debate que encabezarán senadores, el FAP promoverá la movilización ciudadana adicional al debate oficial, es decir, llevar la discusión de este tema a todos los rincones del país, en el marco del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. El otro eje, agregó, es el formal, donde la comisión de Energía de la Cámara de Senadores ha elaborado un calendario (a partir del 13 de mayo) que incluye, al final del periodo de debate, el análisis y dictamen conjunto de las comisiones de Energía de las cámaras de Diputados y de Senadores.

La próxima semana el FAP (integrado por PRD, PT y Convergencia) dará a conocer su agenda del “debate alterno” y la difusión de los “riesgos de la reforma privatizadora de Felipe Calderón”.

El legislador perredista –ex vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas– dijo que tras revisar la iniciativa calderonista “no encontramos un hueso sano en la estrategia que plantean”.

Agregó que el principal riesgo es la iniciativa de reforma a prácticamente todos los artículos de la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional, en la cual se resta a Pemex el control de funciones estratégicas como exploración y refinación. “Eso es un golpe seco privatizador que no permitiremos”, consideró.

Pacheco Llanes advirtió que “por más que se intenten acercar las posturas en el Poder Legislativo”, será imposible la definición de “autonomía” incluida en la iniciativa calderonista.

Lo anterior, expuso en entrevista, porque “se trata de una privatización salvaje del consejo de administración que le permitirá a un grupito de empleados de Calderón revocar contratos de servicios múltiples”.

Por el contrario, nuestro concepto de autonomía se refiere a cambios normativos para que Pemex pueda reinvertir sus utilidades y que tome decisiones estratégicas con una perspectiva energética y no la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concluyó

Nota de Fabiola Martínez, La Jornada, 2 de mayo.

Defender la soberanía es aprovechar el potencial energético del país: Calderón

Defender la soberanía nacional es aprovechar el potencial energético del país y no sembrar ni exacerbar el encono y la división, afirmó el presidente Felipe Calderón.

Por segundo año consecutivo, el michoacano no celebró el Día del Trabajo y en vez de ello encabezó por primera vez una ceremonia con la que recordó el 63 aniversario de la llegada de los pilotos del Escuadrón 201 a Filipinas para combatir durante la Segunda Guerra Mundial.

Acompañado de los secretarios de Defensa, general Guillermo Galván, y de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y de 16 veteranos de guerra, el mandatario afirmó que defender la soberanía nacional es privilegiar la legalidad, garantizarla y luchar con toda la fuerza del Estado contra quienes la amenazan, especialmente las organizaciones criminales.

En el monumento a las Aguilas Caídas, erigido en la primera sección del Bosque de Chapultepec en memoria de los cinco pilotos mexicanos que murieron en la conflagración mundial, advirtió que actuar con patriotismo es privilegiar el diálogo, los acuerdos y la democracia que contribuyan al fortalecimiento de la vida institucional del país.

En el contexto del debate sobre la reforma energética dijo que defender la soberanía es fortalecer la industria petrolera, aprovechar el potencial de la nación para que quede siempre en manos del Estado y de los mexicanos, sus legítimos propietarios, y al mismo tiempo pueda actualizar su desempeño a la altura de las mejores industrias del mundo.

Antes aseguró que hoy los enemigos de la nación son la inseguridad y el crimen, la marginación y la pobreza, la falta de empleos y el deterioro de los recursos naturales del medio ambiente.

Convocó a los mexicanos a consolidar un México de libertades en el que la democracia, la pluralidad y la inclusión sean el camino para forjar el porvenir que anhela el país.

Señaló que en tiempos de guerra los mexicanos han acudido y acudirán al llamado de la patria para defenderla, pero no sólo en tiempos de conflicto bélico es cuando se debe hacer gala de férreo compromiso con el país.

Por eso pidió seguir el ejemplo de patriotismo que ha legado el Escuadrón 201 “en esta hora en que la nación exige de todos los mexicanos unidad y corresponsabilidad para construir un México mejor”.

Antes, Manuel Víctor Estrada Ricárdez, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, señaló que en momentos de nacientes amenazas al Estado mexicano los integrantes de ese cuerpor militar refrendan su absoluta entrega al servicio de la patria como garantes de la soberanía.

Al final del acto conmemorativo Calderón depositó una ofrenda floral e hizo una guardia de honor mientras se escuchaba el toque militar de silencio. Una vez que concluyó la ceremonia y cuando el Presidente estaba a punto de abordar su camioneta, tuvo que regresar al pie del monumento, ya que había olvidado despedirse de los 16 ex combatientes homenajeados.

Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 2 de mayo.

Serán “insaculados” los nombres de ponentes en el debate sobre energía

El debate en torno a la llamada reforma energética dejará clara ante los mexicanos la intención del gobierno de Felipe Calderón de entregar la renta petrolera a extranjeros, sostuvieron el perredista Carlos Navarrete y el coordinador petista, Alejandro González Yáñez.

La convocatoria emitida el pasado miércoles por la Comisión de Energía incluye las reglas específicas: habrá ocho ponentes por sesión cuyos nombres serán “insaculados” para definir el orden en que habrán de intervenir. El secretario de ese organismo, el perredista Graco Ramírez, explicó que no había otra opción para regular el debate.

La próxima semana cada fuerza política presentará su propuesta de participantes en los 23 foros de debate sobre la reforma energética, que se iniciarán el próximo 13 de mayo con el criterio de elegir a personalidades y expertos que aporten elementos a la discusión.

Para el PRD, subrayó Navarrete, es fundamental poner en evidencia la intención de privatizar Pemex que está implícita en las cinco iniciativas de Calderón, así como dejar claro que la paraestatal puede modernizarse y operar con toda eficiencia sin necesidad del capital privado.

Por ello, junto con los demás coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) y del Movimiento en Defensa del Petróleo, “evaluaremos los nombres de los posibles participantes que representen nuestras posiciones, así como el tema de la difusión en los medios electrónicos de comunicación”, agregó.

Navarrete dijo que aún no está definido si Andrés Manuel López Obrador asistirá a los foros de discusión, ya que ello es parte de las decisiones que tomará el FAP en los primeros días de mayo.

Al respecto, el petista González Yáñez comentó que es importante también la amplia difusión del debate en los medios de comunicación masiva, con el propósito de contrarrestar la “mentirosa” campaña de propaganda que el gobierno de Calderón paga en radio y televisión.

Los grupos parlamentarios en el Senado podrán disponer de tiempos oficiales en los medios electrónicos para transmitir cápsulas informativas en torno a lo expuesto en los foros de discusión.

La Comisión de Energía expidió el miércoles la convocatoria a los 23 foros de discusión, en la que se precisa que sólo podrán participar en ese debate sobre la reforma de Pemex “aquellas personas que han sido invitadas por las directivas de las comisiones convocantes, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política”.

Hay ya un acuerdo, comentó el perredista Graco Ramírez, de que sean ocho ponentes por sesión, propuestos por los grupos parlamentarios con base en la representación de cada fuerza. PAN, PRI y PRD elegirán a dos cada uno y los dos restantes los definirán PT, Convergencia y PVEM.

En la convocatoria, en tanto, se indica que el orden en que participarán los ponentes se decidirá “por insaculación”; contarán hasta con 30 minutos iniciales para exponer sus puntos de vista y después de que todos hayan intervenido, “se abrirá una ronda de debate entre ellos, con derecho a réplica y contrarréplica hasta por cinco minutos”.

Los senadores inscritos podrán formular preguntas o hacer comentarios a los ponentes hasta por cinco minutos. Tanto unos como otros tendrán derecho a réplica y contrarréplica.

La Comisión de Energía determinó que sus integrantes “tendrán prioridad en el uso de la palabra” y fijó un máximo de diez participaciones de legisladores, “distribuidas conforme a la representación numérica de cada grupo parlamentario”.

En esas “disposiciones generales y reglas para los foros de debate sobre la reforma energética”, publicadas en la Gaceta del Senado, se precisa que “los ponentes, legisladores y demás asistentes estarán obligados a conducirse con respeto a las normas establecidas para el debate”.

Habrá un control rigorista del tiempo: se utilizará un reloj para contabilizar el uso de la palabra, se instalará un sistema electrónico que avise a los oradores sobre la proximidad del fin de sus intervenciones y la presidencia del foro podrá solicitar al ponente que concluya, “e incluso ordenar el cierre de los micrófonos que se estén usando”.

Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 2 de mayo.

Miles de trabajadores rechazan las reformas laboral y energética

El repudio a las reformas laboral y energética marcó la movilización obrera de este primero de mayo, en el que las organizaciones del Frente Sindical Mexicano (FSM), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otras advirtieron al gobierno federal que sus iniciativas “no pasarán”, y anunciaron incluso que están dispuestos a llevar acciones de resistencia civil contra la privatización del petróleo y establecer un “frente común” contra la política antilaboral del gobierno calderonista.

Este día, las demandas de salario y empleo cedieron su lugar a la alerta sobre el “peligro” en que se encuentra toda la clase laboral si se modifica la Ley Federal del Trabajo (LTF) y, a pesar de las diferencias entre las organizaciones, hubo una gran coincidencia: “O nos unimos o el día de mañana nos arrepentiremos” de no haber defendido la Constitución.

En el Zócalo, contingentes de electricistas, telefonistas, trabajadores del Seguro Social y del Instituto Mexicano del Petróleo, tranviarios, mineros, universitarios e incluso la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC), entre muchos otros, llegaron marchando desde el Monumento a la Revolución. Una pequeña pancarta parecía definir el sentir obrero en este Día del Trabajo: “¿Qué festejamos?”

No faltaron los cohetones ni los monigotes de Mouriño y Calderón, que recibían rechiflas de los manifestantes. Pero este año las mantas en su mayoría cuestionaban las reformas; la movilización además cambió porque algunos contingentes marcharon alrededor del Zócalo, en lugar de permanecer en la plancha durante el mitin. No obstante, la plaza se vio colmada de trabajadores que portaban camisetas blancas o rojas contra la Ley del ISSSTE, la privatización energética y la que ya se conoce como “reforma Lozano”.

Uno de los contingentes más numerosos fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo dirigente, Martín Esparza, al tomar el micrófono preguntó a los trabajadores si estaban dispuestos a que “la renta petrolera se la lleven las trasnacionales, a que Pemex se comparta con los inversionistas extranjeros o a dejar que los chinos vengan a hacer el trabajo de los mexicanos”. La respuesta fue un “¡nooo!” multiplicado por miles de voces.

Fue este dirigente el que planteó que los trabajadores llevarán a cabo su propia resistencia civil pacífica en contra de la reforma energética, y quien dijo que “si pasa la reforma petrolera, pasará también la laboral”, vendrán por lo Ley Federal del Trabajo, por los contratos colectivos para acabar con el sindicalismo y aumentar la explotación laboral, por lo que llamó a reflexionar sobre la unidad de las dirigencias porque, dijo: “El enemigo no está entre nosotros, está en Los Pinos”.

El primero en hablar en este acto fue Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quien advirtió que este día “no es motivo de fiesta, sino de resistencia indignada” para defender los derechos que se conquistaron con sangre y luchas.

Advirtió que hoy está en peligro la Ley Federal del Trabajo, ya que el gobierno quiere arrebatar al movimiento obrero sus conquistas centrales, y dijo que si “los golpes legislativos, los golpes elitistas y de la alta burocracia se han dado, es porque no hemos podido ocupar esos espacios o porque se los hemos dejado a los viejos intereses charros del sindicalismo mexicano”. Planteó que el SNTSS asume la defensa de las industrias petrolera y eléctrica, está contra la ruta de la “flexibilización salvaje” y también para decirle a los “autistas” del gobierno que el movimiento obrero “está en el límite”.

Por su parte, Carlos Pavón, secretario de Acción Política del sindicato minero, reiteró al secretario del Trabajo, Javier Lozano, la invitación para que deje su escritorio y visite las tres minas en huelga –Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas–, y así verifique las pésimas condiciones de seguridad e higiene industrial existentes. Dijo que el gremio minero llega a este primero de mayo “enmedio de una de las más difíciles luchas en la historia de nuestro sindicato”.

Los líderes de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y del STUNAM, Agustín Rodríguez, no tomaron la palabra. Sin embargo, en entrevista, el segundo reconoció que el sindicalismo mexicano llega “pulverizado” a esta conmemoración por las diferencias que existen entre las organizaciones. Planteó que esto “debilita” a los sindicatos y por ello se tienen que proponer acciones conjuntas para retomar la unidad.

Durante la marcha se pidió justicia por los cuatro estudiantes mexicanos asesinados por el ejército colombiano en Ecuador justamente hace dos meses. Familiares y amigos de Natalia Velázquez, Fernando Franco, Soren Avilés y Juan González se sumaron a la movilización, junto con estudiantes de UNAM e IPN.

A su vez, Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización de la sección 22 del SNTE en Oaxaca, convocó a la creación de un frente único y a realizar una huelga política nacional, y aseguró que, como magisterio democrático, se sumarán a las acciones promovidas por las organizaciones integrantes del Diálogo Nacional. Dijo además que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “se prepara con todo para participar en la defensa del petróleo y para echar abajo la nefasta Ley del ISSSTE”.

Jorge Cázares, de la sección 18 del SNTE en Michoacán, afirmó que es momento de que “nos movilicemos con la Convención Nacional Democrática, con Andrés Manuel López Obrador, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los pueblos originarios, con intelectuales y empresarios nacionalistas”, para la defensa del país.

Nota de Carolina Gómez, Patricia Muñoz, Laura Poy y Emir Olivares, La Jornada, 2 de mayo.

Plantean a EU discutir reforma migratoria

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, hizo dos planteamientos a congresistas estadounidenses: discutir una reforma migratoria con responsabilidad y menos demagogia, y no al muro fronterizo, porque su construcción es un retroceso en la relación bilateral.

Solicitó en cambio reiniciar el debate sobre el tema migratorio porque, consideró, la política debe servir para que este tipo de problemas se discuta con más responsabilidad y con menos demagogia.

En Washington, el mandatario estatal mexicano se reunió, por separado, con congresistas y un senador. A todos ellos les pidió dejar en claro, ante sus colegas en las diversas cámaras, que levantar un muro en la frontera significa una severa regresión.

Dijo que “es innegable que los migrantes legales e ilegales hacen aportaciones sustanciales al desarrollo de Estados Unidos. La economía de esta nación los necesita”.

Además, comentó acerca del grave daño que provocará el muro divisorio a la relación bilateral, cuya construcción calificó como un error y una humillación para México.

También, manifestó que otras naciones derriban los obstáculos porque aplican una visión de futuro. A todos los representantes estadounidenses, el gobernador tamaulipeco les dejó en claro: “Ese muro es una forma demagógica de abordar un problema estructural”.

Hernández Flores dialogó con los congresistas Silvestre Reyes, Rubén Hinojosa, Henry Cuéllar, Dan Burton y Loretta Sánchez, así como con el senador John Cornyn.

El primero preside el Comité Permanente de Inteligencia; el segundo es integrante de los comités de Educación y Trabajo, Servicios Financieros y Asuntos Exteriores; el tercero es integrante de los comités de Seguridad Nacional, de Pequeñas Empresas y de Agricultura.

El congresista Burton participa en el subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, y su colega Sánchez preside el subcomité de Antiterrorismo Fronterizo, Marítimo y Global, y del Comité de Seguridad Nacional.

Y el senador Cornyn pertenece a los comités de Servicios Armados, de Presupuesto y al Judicial.

A todos ellos, el gobernador Hernández Flores les expuso que los problemas migratorios se deben a la ausencia de una reforma, que lo único que genera es la aplicación de regulaciones locales discriminatorias, pero también a la falta de visión de la nación norteamericana para atender este caso como un problema estructural.

Nota de El Universal, 2 de mayo.

Regresan los invisibles

WASHINGTON.— Los ejércitos de “invisibles” que, hace dos años, tomaban las calles y plazas de Estados Unidos —para exigir el reconocimiento de sus derechos adquiridos—, reaparecieron ayer en Washington, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, como un recordatorio de los intentos fallidos por conseguir una reforma migratoria que saque a la luz a 12 millones de indocumentados:
Las manifestaciones más numerosas fueron las de Chicago, Nueva York y Los Ángeles. En todas ellas reinó un ambiente festivo, con los inmigrantes luciendo tanto banderas de sus países de origen como estadounidenses.

En Los Ángeles, los inmigrantes se vieron acompañados por los líderes empresariales locales, que manifestaron en repetidas ocasiones el daño que una expulsión o éxodo masivo de inmigrantes podría producir a la economía del país.

“Las redadas están aterrorizando a los trabajadores y agobiando a sus empleadores. Y son muchos los negocios los que se van a pensar dos veces antes de seguir operando en lugares donde persiste este ambiente de persecución”, aseguró Samuel Garrison, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

En Washington, un centenar de personas se congregó ante las sedes centrales de los partidos Republicano y Demócrata para entregar una carta en la que solicitan la regularización de todos los indocumentados. Después se manifestaron ante el Capitolio, sede del Congreso estadounidense.

“Antes, la clase política podía darse el lujo de ignorarnos. Hoy, todos ellos reconocen que nuestro voto está en relación directa con nuestra demanda a favor de una reforma migratoria”, dijo Angela Sanbrano, una de las más antiguas líderes del movimiento a favor de una reforma migratoria, mientras apuraba el paso rumbo al Capitolio para entrevistarse con esos congresistas que, desde su punto de vista, han pasado demasiado tiempo escurriendo el bulto. Sus quejas, sin embargo, caen por el momento en saco roto, pues es políticamente imposible afrontar un asunto tan sensible en un año electoral, no sólo en el Congreso, sino también en la Casa Blanca.

“Nos siguen tratando peor que a esclavos”, se lamentó Emma Lozano de la organización Sin Fronteras en Chicago.

“Pero si hace dos años fuimos capaces de derrotar iniciativas antinmigrante como la HR447 (que, entre otras, impedía a las Iglesias y otros grupos ayudar a indocumentados), hoy hemos advertido a los candidatos a la presidencia que los estamos observando y que, esta vez, no seremos los convidados de piedra en las elecciones de noviembre próximo”, aseguró Lozano, que ayer encabezó los actos en Chicago, menos numerosos que los de hace dos años cuando se congregaron 400 mil personas, paralizando el tráfico y atascando avenidas.

La primera que lo vio ayer fue Hillary Clinton, comprometida a poner en marcha la reforma migratoria en sus primeros cien días en la Casa Blanca si alcanza la presidencia de Estados Unidos. Mientras que su rival Barack Obama, quien fue testigo de las marchas en Chicago en 2006, dijo en un comunicado: “Dos años después, nuestro problema sigue sin resolverse, y aquellos que quieran un cambio tendrán que votar por un cambio en noviembre”. (Con información de agencias)

Nota de J. Jaime Hernández, El Universal, 2 de mayo.

Estatizan siderúrgica

El presidente Hugo Chávez decretó el miércoles la nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Durante un acto con trabajadores en Chávez anunció que había firmado un decreto-ley para nacionalizar la mayor compañía siderúrgica del país y convertirla en una “empresa socialista” que servirá para “´impulsar la revolución bolivariana”. La empresa fue recuperada por el gobierno revolucionario, dijo.

Nota de AP, El Universal, 2 de mayo.

Piden a Corte que proteja a migrantes

WASHINGTON.— Con una protesta simbólica ante la Suprema Corte de Estados Unidos, líderes comunitarios y religiosos exigieron ayer el fin de las redadas y la enmienda de las leyes de inmigración para proteger y salvaguardar los derechos de los casi 2millones de niños que han sufrido la separación de sus padres.

El acto, en las escalinatas de la Suprema Corte, marcó el inicio de una jornada de movilizaciones en distintos puntos del país a favor de una reforma migratoria y se convirtió en preámbulo de las entrevistas que representantes de la comunidad inmigrante mantuvieron aquí con los líderes del Congreso y el Senado para presentar una iniciativa de reforma —Plan de Unidad para una Reforma Migratoria— que contemple la legalización de casi 12 millones de indocumentados.

“Hemos venido para exigir a la Suprema Corte una enmienda de la ley de inmigración que permita a los niños menores de 21 años que sean ciudadanos amparar a sus padres para que éstos puedan regularizar su situación”, aseguró Ángela Sanbrano, presidente de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC).

“Y también, hemos venido para exigir la anulación de las disposiciones de jurisdicción que supusieron la pérdida de derechos (para millones de inmigrantes) cuando, durante la administración del presidente Bill Clinton, se promulgó la ley de 1996 para la Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Inmigratoria”, aseguró Sanbrano en el inicio de una ofensiva que pretende atajar por la vía legal la oleada de las redadas y deportaciones que han separado a cientos de miles de familias.

“Al separar a estas familias están cometiendo un acto inmoral y violando los derechos constitucionales de millones de niños que son ciudadanos de este país”, aseguró el padre Richard Estrada, de la Parroquia de La Placita en Los Ángeles, una de las Iglesias que congrega al mayor número de inmigrantes al sur de California.

La actividad de este grupo de líderes religiosos y comunitarios, en la Suprema Corte y el Capitolio, discurrió de forma paralela a las marchas que ayer se realizaron desde Nueva York, Washington, Chicago, Houston y Los Ángeles para conmemorar el inicio de un movimiento pro inmigrante que marcó un punto de inflexión en mayo del 2006.

“Nos hemos reunido con Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, para entregarle nuestra iniciativa de reforma migratoria (United Blueprint for Immigration Reform) y para anunciarle que estaremos presentes en la convención demócrata de agosto en Denver para que nuestra voz sea escuchada”, aseguró Gloria Saucedo, de la organización Hermandad Mexicana.

La iniciativa presentada ayer en el Capitolio solicita anular las leyes de sanciones contra empleadores, prohibir la aplicación retroactiva de las leyes de inmigración, conceder la suspensión de deportaciones a inmigrantes con más de 5 años de residencia, prohibir las detenciones masivas de inmigrantes, dejar de considerar como un delito la asistencia humanitaria a indocumentados y promulgar un programa de legalización que sea realmente integral.

Nota de J. Jaime Hernández, El Universal, 2 de mayo.

Beneficios, dudas y pendientes del nuevo sistema

Las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que inciden en las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII y 123, apartado B, fracción XIII, determinan todo un nuevo sistema de justicia penal, en el que se privilegian una serie de principios que, aunque de manera interpretativa y jurisprudencial ya se reconocían en México, se elevan al rango de disposición expresa, haciéndolos obligatorios e imperativos para todo el país.

Mediante este nuevo sistema de justicia penal en la Norma Suprema de la Nación se explicitan ciertos principios y garantías de quien se vaya a ver sometido a un procedimiento punitivo penal, pero, también, se otorgan importantes herramientas al Estado para combatir eficazmente la delincuencia organizada, que, sin duda, se ha convertido en un azote de la sociedad, pues altera la seguridad personal, el libre tránsito y afecta de manera directa y, muchas veces irremediable, a la población mexicana, especialmente a los jóvenes y aun a los niños.

Quedan, sin embargo, algunas cuestiones que corresponderán a las leyes secundarias y que tienen importancia procesal. Así, es necesario que en la ley secundaria se precise si va a existir un sistema de apelación en el que el órgano superior pudiera revisar, con base en la lectura de antecedentes, la apreciación de la prueba rendida ante un tribunal de primera instancia que la ha presenciado directamente. ¿Será contrario al principio de inmediación y concentración?

De ser así, ¿los tribunales que resuelvan, quizá en única instancia, serán colegiados? ¿Qué posibilidades tendrán los tribunales de amparo para pronunciarse sobre la valoración de pruebas?

Los puntos más importantes que involucran una actuación rápida y eficiente del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que entre en vigor la reforma constitucional y se expidan las leyes secundarias, son: estudiar la posibilidad de crear más juzgados de distrito en materia de procesos penales federales, que sin conocer del juicio de amparo puedan ocuparse de los juicios orales y cumplir con el imperativo de asistir a todas las diligencias del proceso.

Al respecto puede plantearse establecer juzgados de distrito en materia de procesos penales en prácticamente toda la República para que puedan cumplir con las disposiciones aplicables, sin que conozcan de juicios de amparo. E incluso, en un primer paso, poder establecer juzgados de distrito en procesos penales federales en ciertas zonas que se consideren estratégicas atendiendo al número de delitos y cercanía con las poblaciones mayores o zonas de incidencia delictiva.

De asumirse esta opción podrían dejarse a los juzgados de la Ciudad de México, de Toluca y quizá de Guadalajara, si se crean, el conocimiento de aquellos asuntos exclusivos de delincuencia organizada. Todo esto lo debe analizar el Consejo con mucho cuidado y bases analíticas.

Otra disposición que será urgente cumplir es la capacitación, selección y nombramiento de los Jueces de Control, que quizá se establezcan en la ciudad de México, y cuyo número habrá que analizar con cuidado, conforme a los datos que arroje la estadística en la materia de las medidas que se requieren, pero que probablemente sea en unos primeros cinco juzgados de Control atendidos por uno o dos Jueces de Distrito que permitan el funcionamiento continuo las 24 horas del día, con el personal adecuado, que será, sin duda reducido, y con los locales con que haya que dotarlos.

Recordemos que el proceso de concurso para la designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito lleva tiempo (unos cinco meses) y genera gastos adicionales, eso suponiendo que hubiera juristas ya conocedores de las nuevas disposiciones.

El rediseño de los locales para la celebración de juicios orales, lo cual implicará un gasto considerable. Previendo que, en materia de delincuencia organizada, el traslado de reos es poco recomendable, pero que la mayoría de los centros de reclusión no cuentan con las facilidades para que los jueces puedan llevar al cabo su labor, ya que los juzgados están lejos de esos centros y existe dificultad material para establecer locales anexos donde residan los juzgados y den seguridad tanto a los funcionarios judiciales como a la población, evitando el riesgo de fugas o intentos de rescate de las bandas organizadas de delincuentes.

Será necesario, cuanto antes, el establecimiento de cursos de preparación específica para que los jueces de distrito sepan llevar, conducir y resolver, conforme a los nuevos principios, los juicios penales.

Para lo cual habrá que dar apoyo al Instituto de la Judicatura Federal para que en su sede central y en las diversas extensiones en toda la República, puedan ser capaces de tener profesores y locales adecuados para la capacitación de jueces, magistrados, secretarios y demás personal, y quizá establecer cursos para abogados y agentes del ministerio público, a más de la capacitación necesaria de los defensores públicos.

Creo que lo que más se debe destacar de estas reformas constitucionales, es el propósito de fortalecer el Estado de Derecho, estableciendo normas claras y precisas que delimitan, por un lado, las facultades de las autoridades persecutorias del delito y, por otra, respaldan y elevan a nivel de norma suprema garantías individuales y, por tanto, derechos humanos que es indispensable respetar e impulsar para una convivencia pacífica dentro del marco de la ley.

Lo que debe quedar muy claro es que el compromiso de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación con la vigencia del Estado de Derecho es fuerte y definitivo, para eso se trabaja todos los días sin descanso, para eso jueces y magistrados resuelven las controversias y velan por el respeto de las garantías de todos. Por ello, en el Consejo de la Judicatura Federal enfrentaremos los retos que derivan de las nuevas reglas de nuestra Carta Suprema no sólo con decisión sino con imaginación, entusiasmo y esfuerzo denodado.

Texto del Magistrado Luis María Aguilar, Morales, El Universal, 2 de mayo.

Aún es tiempo de corregir y enmendar las inconsistencias

La reforma procesal penal en la Constitución, es inminente y, por ende, los jueces de toda la República tendremos que interpretarla y aplicarla.

Existen opiniones a favor y en contra; los académicos de gabinete que han participado en su elaboración la festejan con “bombo y platillo” y, la presentan como la panacea que solucionará los problemas de justicia en México; en cambio, voces muy autorizadas no están del todo de acuerdo y se han referido a ella, en forma coloquial, como “una tomada de pelo” o “un vaso de agua con gotas de veneno”; incluso, hay quienes se preguntan: ¿Era necesario cambiar nuestro actual proceso penal?, ¿Por qué copiar del extranjero sistemas que no corresponden a nuestra realidad nacional?

Comparto la idea de que era apremiante mejorar nuestro sistema de justicia penal, y, que por eso, era necesario reformar la Constitución Federal de manera cuidadosa, previa consulta pública suficiente y experta.

Desde mi perspectiva, la reforma es una amalgama de buenas propuestas, con algunos vicios en su estructura y congruencia.

Contiene figuras jurídicas y temas novedosos que son positivos para nuestro sistema de justicia pen al, como son entre otros: los medios alternos de solución de controversias. El nuevo proceso acusatorio, con principios garantistas como la oralidad, inmediación, contradicción y concentración, así como otros que ya existían en el actual juicio. Los derechos de la víctima o del ofendido, el establecimiento de los jueces de control y ejecución y, para algunos, el derecho de excepción para la delincuencia organizada. Sin embargo, el proyecto de decreto contiene algunas inconsistencias generadas por una desafortunada redacción.

De manera que, sin ser detractor de la reforma, pero honesto en mis convicciones, expreso algunas de esas incosistencias no me explico cómo la reforma separa a la policía investigadora del Ministerio Público, lo cual resulta muy peligroso, pero además no se abordó el tema de la autonomía de esta institución. También resulta incomprensible, que si se pretende aumentar las garantías del imputado, porque se disminuye el estándar de prueba en orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso. También falta claridad en la prisión preventiva, pues la tendencia es desaparecerla conforme al nuevo modelo y sólo en casos excepcionales el juez la decrete; sin embargo, el texto del artículo 18, señala que habrá lugar a prisión preventiva en los delitos que tengan pena privativa de libertad. Desaparece la libertad provisional bajo caución, pero no se propone otra que la sustituya y que sirva de herramienta al juez para poder decretar la libertad cuando el delito tenga pena privativa y de lugar a prisión preventiva. Finalmente, la duración de los procesos fue un argumento para cambiar nuestro sistema, pese a ello, el plazo de un año, no sólo se deja tal cual, sino que contradictoriamente, en diversa fracción, se señalan dos años (art. 20 inciso B, fracciones VII y IX).

Estas inconsistencias e incongruencias, son producto de la falta de cuidado al copiar modelos jurídicos extranjeros distintos al nuestro, como Chile, que es una República centralista, con menos habitantes y que hasta 1997, tenía un modelo inquisitivo puro, donde el juez investigaba y juzgaba, pues no contaba con la figura del Ministerio Público, lo que también sucedió en Colombia; y no se diga con los países anglosajones.

No obstante las imprecisiones e inconsistencias de la reforma constitucional, aún tiene solución y toca ahora al legislador federal y local, emitir cuidadosamente las leyes ordinarias que corrijan y enderecen lo que se pretendió hacer, con la intervención, no sólo de los académicos de gabinete, sino de expertos en esos temas y juzgadores federales y locales que fueron ignorados. Cambiar radicalmente de sistema penal, conlleva un cambio brutal en la cultura jurídica y social de los mexicanos, lo que no es fácil. La reforma es un hecho, por lo que los juzgadores mexicanos, que injustamente fueron acusados de la ineficacia del sistema, tienen que cambiar su cultura jurídica y adaptarse a la reforma constitucional.

Estoy seguro que los miembros del Poder Judicial de la Federación, con la tenacidad y entrega desinteresada al servicio de la patria que les caracteriza, sabrán salir triunfadores ante este reto que les presenta la historia, hasta que poco a poco, se fortalezca el nuevo sistema penal o se cambie nuevamente.

Texto del Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, El Universal, 2 de mayo.

Los retos de la reforma penal

En el papel y en la teoría, con la aprobación de la reforma penal a la Constitución que avaló el Congreso de la Unión desde marzo pasado, el sistema de justicia penal y de seguridad que ha regido en el país durante el último siglo ya cambió.

Pero en la práctica, el camino a seguir para que la reforma se materialice todavía es largo y tiene frente a sí una serie de retos y de riesgos que amenazan con generar más problemas que los que pretende solucionar.

Una vez que la reforma recibió el aval de 17 congresos locales, en la Constitución quedará próximamente grabada una serie de medidas polémicas que lo mismo han generado aplausos que fuertes críticas a la labor de los legisladores, quienes no tomaron en cuenta la opinión de la mayoría de los sectores de la población, entre ellos el del Poder Judicial.

Entre las medidas que más críticas les ganaron, porque presuntamente atentan contra la protección de los derechos humanos, destacan la disminución de los requisitos para catear domicilios, arraigar a sospechosos, intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra.

Mientras que entre los temas que lo mismo generaron aplausos que posturas en contra se encuentra la obligación de implementar en todo el país el sistema de juicios orales, en un periodo de transición de ocho años.

Para que la mayoría de estas medidas se pueda comenzar a aplicar en la práctica, es necesario que a nivel federal y estatal los legisladores hagan leyes secundarias en las que aterricen y regulen las nuevas disposiciones adoptadas en la Constitución.

Y es aquí donde diversos especialistas advierten que es necesario cuidar que las leyes permitan una transición sin sobresaltos, del actual sistema penal al que se pretende establecer con la reforma.

Los retos, se asegura, son muchos, y van desde cambiar la formación de los abogados y destinar los recursos económicos necesarios, hasta garantizar que las medidas que se van a implementar sí van ayudar a mejorar el sistema de justicia penal y a lograr un mejor combate a la delincuencia que, a su vez, ayude a disminuir los índices de inseguridad.

Texto de Carlos Avilés, El Universal, 2 de mayo.

FCH llama a la unidad ante crimen

El presidente Felipe Calderón hizo un llamado a unir fuerzas para enfrentar agresiones y amenazas en contra del país, “especialmente de las organizaciones criminales” que atentan contra la soberanía y el territorio nacionales.

El mandatario pidió unidad “en estos momentos de importancia para el país”, con el fin de evitar encono y para lograr el progreso de la nación y de las instituciones.

Al encabezar el 63 aniversario de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (FAEM) Escuadrón 201, Felipe Calderón se convirtió en el primer presidente de la República en hacerse presente en esta conmemoración.

Ante un grupo de 14 sobrevivientes —de los 299 elementos que originalmente integraron el Escuadrón 201—, Calderón dijo que “defender la soberanía es fortalecer la economía y la industria petrolera, y apuntalar el potencial energético de México, para que los mexicanos podamos vivir mejor”.

Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, y de Marina (Semar), almirante Francisco Saynez, y del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), general Víctor Manuel Estrada, el Presidente indicó que la defensa del petróleo es para que el hidrocarburo “esté en manos del Estado y de los mexicanos, que son sus legítimos propietarios, y para que al mismo tiempo podamos aprovechar este recurso para estar a la altura de las mejores industrias del mundo”.

En la ceremonia efectuada en el Bosque de Chapultepec, Calderón rindió homenaje a los integrantes del Escuadrón 201, en especial al capitán Pablo Luis Rivas, al teniente, José Espinosa Fuentes, teniente Héctor Espinosa, así como al subteniente Fausto Vega Santander, subteniente Mario López Portillo, subteniente Crisóforo Salido y a los tenientes Javier Martínez Valle y Roberto Gómez Moreno, caídos en acción.

El general Estrada Ricárdez recordó que el Escuadrón 201 “realizó más de 50 misiones de combate, apoyando a las fuerzas terrestres aliadas, con un alto grado de efectividad en las misiones asignadas”.

Nota de Jorge Alejandro Medellín, El Universal, 2 de mayo.

Listo el PAN para el 2009, asegura Anaya

Tras reformar sus estatutos el PAN se encuentra listo para enfrentar las elecciones intermedias del 2009, por lo que ya se está preparando para entrar en campaña y buscando la unidad del partido, afirmó Guillermo Anaya, secretario general del albiazul.

"En estas elecciones vienen Nayarit, Coahuila, nuevamente Hidalgo, pero sobre todo las del 2009 que vienen 6 gobernaturas y la Cámara de Diputados, entonces ya estamos empezando a trabajar sobre ello, y con unas nuevas reglas intrapartidistas para poder tener mayor unidad en el partido", comentó.

El también senador panista agregó que la dirigencia del partido confía en que el IFE apruebe sin problemas la reforma de estatutos con la que se facilitará el registro de militantes, además de que se creará un órgano nacional para la organización de elecciones dentro de AN, pues refirió que se cumplió con los requisitos establecidos, y que incluso se consultó al Consejo Nacional, lo cual no es obligatorio.

Precisó que ya se encuentran preparando una campaña institucional para arrancar rumbo al 2009. "Se prevé toda una estrategia y estamos en eso, pero hasta que den los tiempos formales, previo a ello tenemos que hacer todos los preparativos y la estrategia formal. Que en eso estamos ya trabajando y sabemos la importancia de la renovación de la Cámara y las 6 gobernaturas, cada uno tiene diferentes complejidades, entonces estamos haciendo ya los preparativos para ello".

Nota de Omar Brito, El Economista, 2 de mayo.

El procedimiento de los spots sigue vivo

El IFE y el PRI están en problemas. Con la resolución del TEPJF de declarar ilegal la reposición del procedimiento oficioso ordenado contra el tricolor por no reportar el origen de spots de campaña 2006, prevén consejeros, "ya se nos cayó el cierre del expediente 2006".

El Consejo General tendrá que ajustar drásticamente los expedientes del PAN, PVEM y Convergencia, que hoy mismo concluiría, pero al mismo tiempo ya no podrá dar por concluidos los promocionales no comprobados por el Revolucionario Institucional, porque el fallo judicial abre la puerta para profundizar las investigaciones.

Hoy, en sesión extraordinaria, el tema será discutido por los consejeros como el más importante de la jornada, por encima de la sanción de 5.2 millones contra TV Azteca por no transmitir desde el 12 de marzo hasta el 29 de abril, aunque sin dejar de lado la toma de protesta de Gregorio Guerrero Pozas como nuevo contralor general.

Desde noviembre del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó los procedimientos oficiosos decretados por la desaparecida Comisión de Fiscalización del IFE contra los partidos políticos que no comprobaron el origen de 281,026 spots de campaña. Sólo impugnaron el Panal y el PRD.

El Consejo General tendría que haber cerrado hoy los oficiosos al modificar resoluciones por acatamiento a sentencias del TEPJF en el caso de la desaparecida Alianza por México (PRI-PVEM), del Socialdemócrata y de Convergencia, pero el fallo del jueves miércoles pasado le cambió el panorama y, en esencia, tendrá que empatar el criterio general.

Nota de Humberto Ortiz, El Economista, 2 de mayo.

"Amarrada", reforma judicial.

El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda (PAN), anunció que la reforma constitucional en materia de seguridad pública e impartición de justicia ya cuenta con el voto aprobatorio de la mayoría de los congresos locales -trámite necesario para la promulgación de las modificaciones a la Carta Magna.

"Haremos del conocimiento de la Comisión Permanente esta situación, porque teniendo ya la mayoría de los congresos locales tenemos ya una reforma constitucional de la trascendencia que es esta reforma de seguridad y justicia", anunció el miércoles pasado el Senador panista.

Así, la Permanente sería la instancia encargada de hacer la declaratoria de aprobación.

Nota de Mauricio Rubí, El Economista, 2 de mayo.