"Insuficiencia” e “inquietud” son palabras predominantes en la evaluación sobre las acciones del gobierno calderonista en materia de seguridad y justicia.
Así lo señalan magistrados, militares, abogados, líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Aunque con reservas, se habla con optimismo de la reforma de justicia penal y, con cierta urgencia y resignación, del uso del Ejército en labores de seguridad pública.
En contraste, preocupa el nivel de violencia en el país, el aumento de las ejecuciones, la descoordinación policiaca, la ausencia de una estrategia en contra de las redes financieras del crimen organizado y la vulnerabilidad de las garantías fundamentales.
A dos años del 2 de julio, del triunfo panista, estas son las voces de análisis…
El largo camino. “Lo bueno y lo malo está a la vista, estamos en medio de una inseguridad intensa, con resultados críticos, por decir lo menos. El saldo es inquietante, pese a la batalla emprendida por algunos brazos gubernamentales”, dice el constitucionalista Sergio García Ramírez.
En su ámbito, el de la justicia penal, advierte “facetas interesantes” en la reforma de justicia que recién entró en vigor. “En principio, el cambio normativo ofrece puntos alentadores, pero también riesgos visibles”, dijo.
—¿Cómo cuáles?
—Veo riesgos en la reducción de garantías y derechos, la reforma parece ambivalente. Entre lo cuestionable está la flexibilización o facilitación de la acción penal que puede llevar a consignaciones ligeras; la ampliación de las facultades policiacas en la investigación, con independencia y sin control del Ministerio Público, además de la formalización de un régimen de privación de libertad.
En una frase, su conclusión: “El camino todavía es muy largo”.
El relumbrón. El magistrado César Esquinca Muñoa, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, también coincide en que la citada reforma es un paso importante desde el punto de vista constitucional. “Ahora habrá que aterrizarla en las leyes procesales. Fue muy rescatable su aprobación después de los desencuentros del sexenio pasado, pero el reto es sacarla del papel y hacerla efectiva”, indicó.
Afirma que en el sector justicia nunca hay tarea terminada: “Es un renglón que merece especial atención de manera permanente, no se trata de obras de relumbrón ni de obras que se pueden inaugurar cortando un listón y levantando el pecho, son obras que afectan a la sociedad todos los días y que pueden alterar la paz social”.
En la lucha contra el narcotráfico, detecta “resultados limitados” y fórmulas mediáticas que más que resolver problemas han acelerado el pánico entre la sociedad. “Debería haber más avances y acciones más alentadoras, hay falta de resultados contundentes”, asegura.
Además, señala rezagos respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales.
¿Su frase? “Hay muchas metas por cumplir”.
Un gerente más. María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, desmenuza caso por caso. En la PGR, dice, es de resaltar que el dinero incautado en este lapso –incluido el asegurado a Ye Gon Li– haya pasado a las arcas federales y nota avances en piratería, contrabando, decomisos de droga y armas, “pero se ha olvidado la profesionalización de Ministerios Públicos y delegados federales”.
En la Secretaría de Seguridad Pública elogia la base de datos de Plataforma México, la realización de exámenes de confianza y la homologación de procedimientos en los tres niveles de gobierno, pero alerta: “Falta otra parte trascendental: el ataque a las redes financieras de la delincuencia organizada y al cual deberían entrarle PGR y Hacienda. No nos comemos el anzuelo de que es dinero que nadie encuentra. Para el crimen ha sido tan fácil como cambiar de gerente: agarran a uno y ellos colocan a otro”.
—Las autoridades hablan de llegar al fondo…
—Si así fuera estarían combatiendo las telarañas de corrupción y las complicidades delincuenciales con mandos policiacos y funcionarios de gobierno. Se predica en el discurso, pero no ha sido realidad.
En los delitos del fuero común observa falta de compromiso del DF y el resto de los estados. “Representan el 92% de la gama delincuencial, por eso el 60% de la población percibimos que hay gran inseguridad en el país, un poco por el efecto mediático de las ejecuciones, pero también porque salimos a la calle y nos roban, nos secuestran, nos extorsionan”.
Igualmente, etiqueta como positiva la reforma penal, aunque aboga por leyes secundarias. Su veredicto final: “No descalificaría el proyecto Calderón, pero sí diría que ha dejado temas pendientes”.
La militarización. Quien sí está convencido del éxito en enviar a militares a las calles es el General Luis Garfias Magaña, pero no encuentra eco en el trabajo realizado entre autoridades civiles.
“Se ha hecho un enorme esfuerzo en seguridad, siempre respaldado por el Ejército y las fuerzas armadas, que con menos apoyo económico han encabezado las principales detenciones y decomisos. Históricamente, se les ha regateado, por eso tienen un equipo viejo y obsoleto, pero aún así han dado buenos golpes”.
—¿Y la policía?
—Si no fuera por los soldados la fórmula calderonista se vendría abajo, por eso necesitan más apoyo legal para complementar sus acciones. En el ámbito civil es evidente la descoordinación, la corrupción y la falta de visión.
De ahí que sugiera crear una policía nacional militarizada, “lo que ya ha funcionado con carabineros de otros países”.
Su frase: “El país necesita medidas más duras”.
¡Cautela! “Sí, la coyuntura obliga a echar mano de la legión militar, por falta de policías y por su bajo nivel de adiestramiento, pero hay un perjuicio: el aumento en la violación a garantías fundamentales de los ciudadanos”, refiere el maestro Víctor Martínez Bullé Goyri, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos.
Y recuerda retratos sombríos, que ya han dado origen a varias recomendaciones en contra de la Sedena: la ejecución de familias enteras en retenes militares, el uso excesivo de alcohol y drogas entre algunos soldados y la “siembra” de pruebas para hacer creer a la opinión pública que los asesinatos se han derivado de enfrentamientos violentos o que los civiles afectados eran en realidad “grandes narcos”.
No son extrañas, dice, las trasgresiones a derechos humanos, “porque la seguridad pública no está entre las tareas del Ejército, no se les capacita para eso”.
De ahí que su pregunta final sea: “¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que los cuerpos policiacos realicen sus labores con eficacia y los militares puedan volver a sus cuarteles?”.
La pluma. Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, añade un tema a la ruleta de inseguridad: la agresión a periodistas. “No ha habido gran cosa en lo que se refiere a protección a comunicadores, siguen siendo agredidos, perseguidos; por ahí se sumó un arma legislativa para protegerlos en delitos de difamación y calumnia, lo que sigue sin reflejarse a nivel estatal”.
De Calderón, comenta: “Reconoce la violencia, pero no ha impulsado políticas serias para detenerla, las amenazas y hostigamientos subsisten, aunque todavía hay oportunidad de evitar la inundación”.
En su resumen, opta por enfatizar las cifras negras: “Durante la presente administración contabilizamos cuatro periodistas desaparecidos y seis asesinados”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 1º de julio.
