Frena el PRI a estados en su plan petrolero

La bancada del PRI en el Senado decidió no apoyar la propuesta de reforma energética presentada por sus gobernadores, con la que pretendían convertir a sus estados en socios de Pemex, con la intención de explotar crudo en los llamados pozos abandonados.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, adelantó que el tricolor no avalará esa exigencia de los mandatarios, ya que se corre el riesgo de afectar el pacto federal, primero con el petróleo y luego con otros productos como el agua y los alimentos.

El priista advirtió además que para hacer realidad el proyecto de los gobernadores, impulsado por el veracruzano Fidel Herrera, sería necesario una reforma a los documentos internos del PRI, para aprobar -después- una reforma a por lo menos tres artículos de la Constitución.

"Nosotros no vamos a respaldar que los gobiernos de los estados entren en la explotación del petróleo o del gas, simplemente hacerlo va en contra de nuestras declaraciones y de nuestra postura.

"Hacerlo, meter a los gobiernos de los estados la explotación del petróleo y del gas creo que implicaría que tuviéramos que modificar el 25, el 27 y quizás el 28 constitucional, dado que la Constitución no establece que son los gobiernos de los estados los que pueden explotar petróleo.

"Me parece que abre un riesgo, que es que se inicie por el petróleo y que luego discutamos sobre el agua, sobre la producción de alimentos, es decir, implica el riesgo de generar un poco la división del País", denunció.

Sin embargo, Labastida no descartó la posibilidad de que los gobiernos estatales puedan participar, junto con empresas regionales, en contratos para otorgar diversos servicios que Pemex ya contrata con particulares.

"En lo que estamos de acuerdo es que en los servicios que contrata Pemex podemos favorecer que entren empresas localizadas en las regiones para proporcionar los servicios que hoy Pemex contrata, pero servicios, no producción petrolera.

"Serían los servicios que Pemex contrata, lo que permite la ley y que Pemex ya está haciendo", explicó.


La condición


Por otro lado, Labastida advirtió que cualquier modificación al régimen de pensiones de Pemex, debe pasar primero por un acuerdo entre el Ejecutivo y el sindicato.

El legislador federal insistió en que se trata de un tema que deben resolver el patrón y sus trabajadores.

Labastida respondió luego de que el panista Gustavo Madero adelantó la posibilidad de que los trabajadores de Pemex entren a un esquema de jubilaciones y pensiones como el contenido en la polémica Ley del ISSSTE.

En respuesta, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se pronunció a favor de que Pemex realice una negociación contractual con los sindicalizados para conseguir un esquema como el que se pretende aplicar en el IMSS.
Claudia Guerrero, Reforma, 1º de julio.

Garantiza Cofetel proceso de portabilidad para el 5 de julio

A pesar de que las pruebas de portabilidad realizadas en diferentes ciudades de México no han sido ciento por ciento satisfactorias para todas las empresas de telefonía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) asegura que el servicio comenzará el 5 de julio y será satisfactorio para los usuarios.

José Luis Peralta, comisionado de la Cofetel, indicó que todas las empresas de telecomunicaciones que hay en el país, tanto de telefonía fija como móvil, han participado de manera “entusiasta” en las pruebas de portabilidad, sin que hasta la fecha se haya presentado ningún problema.

“Es evidente que habrá un cambio importante en la tecnología de las redes de comunicación, y por tanto que se presente una desestabilización de la misma, pero no tiene nada que ver con que haya fallas importantes en los sistemas”, aseguró.

De acuerdo con el comisionado, lo que sucede técnicamente es que las centrales telefónicas dan de baja el software con el que trabajan normalmente, y de alta el nuevo con el que empezarán a manejarse todas sus bases de datos.

Por tal razón, aseguró que efectivamente se han presentado errores, pero los calificó de “normales”, dada la magnitud de los cambios tecnológicos y de información que tienen que realizarse.

Aseguró que con el fin de corregir cualquier falla que pudiera presentarse se realizó una serie de pruebas de manera previa y así poder dar el servicio de manera adecuada en cuanto se inicie en forma regular.

Explicó además que con la finalidad de dar seguridad a los usuarios que decidan cambiarse de empresa de telefonía, se instaló un comité que está pendiente del funcionamiento de la portabilidad desde que empezaron las pruebas en mayo pasado, y lo estará hasta 15 días después de haber iniciado el servicio.

“Precisamente es para dar seguridad que se han hecho las pruebas en fin de semana, cuando el tráfico de llamadas disminuye considerablemente, y se realizará una última prueba éste miércoles 2 de julio en las ciudades de México y Monterrey”, comentó.

Además, agregó, los miembros del comité de verificación tendrán una reunión este martes con la finalidad de intercambiar información sobre lo ya revisado, que permita identificar la situación de cada empresa y así trabajar mejor.

Si alguna de las empresas, continúa con fallas después de los 15 días que se mantendrá la vigilancia permanente en las redes, será sancionada según corresponda y de acuerdo con las leyes.
Susana Mendieta, Milenio, 1º de julio.

Mercosur rechaza ley antimigrante europea

El presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Alvarez, anticipó ayer que los gobiernos del Mercosur rechazarán en la cumbre número 35 de presidentes que se celebrará hoy la nueva ley migratoria europea para expulsión de indocumentados.

Alvarez llamó además a que el bloque actúe junto con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para impedir la aplicación de esa política comunitaria.

“El Mercosur no sólo rechazará en una declaración esta resolución, sino que tiene que aunar esfuerzos con otros organismos de la región, como la Comunidad Andina o la Organización de Estados Americanos para tratar que la aplicación o la reglamentación se pueda revertir”, dijo.

La ley aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de junio permite arrestar hasta por 18 meses a los inmigrantes declarados ilegales que se nieguen a partir por iniciativa propia y les prohíbe por cinco años regresar a la Unión Europea (UE).

“Europa ha perdido la memoria intempestivamente, porque se olvidó de cuando millones de sus compatriotas venían a nuestros países perseguidos por los totalitarismos, las confrontaciones, el hambre y la injusticia”, señaló.

Mientras, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien se mostro en contra de la dura normativa europea dijo.

“Muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes que llegaron en su momento desde Europa, de España, Italia, Francia, Alemania, Suiza..., y aquí en América Latina siempre se les recibió con los brazos abiertos. Es muy ingrato olvidarse de esa situación y tomar medidas como las que se han tomado”.

En tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo ante periodistas que la ley “es indigna, es la ley del bochorno, de la ignominia”, comentó el mandatario a los reporteros que lo aguardaban en el aeropuerto y apuntó que la norma “es el reflejo de la gran hipocresía de las élites europeas, como dijo Fidel (Castro) hace poco”. “Me parece muy buena la forma unánime y firme en que los gobiernos de América latina nos hemos parado ante la ignominia europea para llamarlos a que reflexionen”, indicó.
Agencias en Tucumán, Milenio, 1º de julio.

Firma Bush fondos para Iniciativa Mérida

El presidente George W. Bush firmó hoy la ley de gasto suplementario para Irak y Afganistán por 162 mil millones de dólares, que incluye el paquete de ayuda para México y Centroamérica en el contexto de la Iniciativa Mérida.

Bush dijo que los fondos por 465 millones de dólares para la Iniciativa Mérida constituyen “una prioridad nacional” y explicó que estos permitirán combatir a las bandas del crimen organizado y del narcotráfico.

De esta porción, 400 millones se destinarán a México y los restantes 65 millones a Centroamérica.

En la ley firmada este lunes por Bush se excluyó el lenguaje que imponía a México ciertas condiciones, y que fueron declaradas “inaceptables” por el gobierno de Felipe Calderón.

No obstante, mantiene el requisito de que la Secretaría de Estado estadunidense reporte al Congreso mejoras en el sistema judicial mexicano, pero “en concordancia” con las leyes mexicanas.

Al afirmar que la Iniciativa Mérida representa una nueva era de cooperación entre México y Estados Unidos, el embajador Antonio Garza celebró la decisión de “superar sensibilidades” en la colaboración bilateral en materia de seguridad, para hacer frente juntos al narcotráfico y al crimen organizado.

“Las organizaciones del narcotráfico están realizando una campaña sangrienta para controlar nuestras regiones fronterizas, intimidar a nuestras respectivas autoridades gubernamentales, hacer inseguras nuestras calles y mantener a la gente dependiente de las drogas. Sin embargo, no podemos permitir que ganen”, puntualizó el representante diplomático.

En un mensaje difundido por la embajada de Estados Unidos en México, Garza remarcó que la Iniciativa Mérida ampliará de manera significativa la cooperación y coordinación entre ambos países, con el fin de atacar el tráfico de drogas, dinero, personas y armas, así como combatir las organizaciones criminales que operan en ambos países.

“Nuestros esfuerzos conjuntos tendrán más éxito en desafiar la amenaza de criminales que operan a través de nuestras fronteras”, concluyó el embajador.
Notimex en Washington y Redacción, Milenio, 1º de julio.

Si es necesario, habrá toma de tribunas: PRD

El senador perredista Ricardo Monreal advirtió que su partido evitará que haya un albazo relacionado con la reforma energética, y para ello llevarán a cabo acciones de resistencia civil pacífica.

Monreal no detalló qué tipo de acciones serán, incluso no descartó que vayan a tomar las tribunas otra vez; no obstante, dijo que en esta ocasión utilizarán “métodos novedosos”, porque su partido no permitirá que haya un periodo extra para aprobar esta reforma sin que se tome en cuenta lo dicho en los foros que se han realizado.

Además, advirtió que no les importa el “costo político” ni la reducción de su dieta que les pudiera acarrear llevar a cabo este tipo de acciones.

“Nos podrán llamar radicales, nos podrán llamar minoría furiosa, pero no nos preocupa eso. Lo único que estamos haciendo es defendiendo la Constitución, así es que sobre aviso no hay engaño”, advirtió.

Acompañado por las senadoras María Rojo y Rosario Ibarra, hizo hincapié en que no les importa que les sigan “descontando porque no estamos aquí por un sueldo, y creo que es más importante la defensa de la soberanía del país y la defensa del petróleo. Por esa razón los senadores del PRD haremos actos de resistencia civil pacífica sin interesarnos el costo político o personal que tengamos, a partir del momento en que ellos intenten, precisamente, con albazos o apresuradamente aprobar esta reforma privatizadora”.

Incluso, aseguró, no les importará que estas acciones puedan acarrear un costo político rumbo a las elecciones de 2009, porque ellos no están, dijo, en la lógica de ganar votos, sino de no permitir que se viole la Constitución a través de una legislación ordinaria. “No vamos a permitir la privatización, no vamos a permitir que Pemex sea entregado a manos extranjeras o particulares por encima del mandato constitucional”, expresó.

Por ello, conminó y llamó “a la cordura, porque tenemos que reflejar todos los debates del Senado y plasmarlos en modificaciones o en una nueva legislación que pueda proteger a Pemex y pueda reforzar su carácter público”.

- Claves

Que trabajen: Verde

• El Partido Verde exhortó a los legisladores del FAP para que se desistan de cualquier intento por tomar las tribunas del Congreso, si es que se llega a un acuerdo para convocar a un periodo extra de sesiones para discutir el tema energético.

• El senador Arturo Escobar pidió a los legisladores de PRD, PT y Convergencia que trabajen de manera responsable, democrática e institucional, aunque puedan tener opiniones diferentes respecto a la reforma.

• El legislador dvirtió que con la toma de tribunas del Congreso no se cumple con la obligación de legislar en beneficio del país; por el contrario, “profundizarán su descrédito ante la ciudadanía”.
Valeria Berumen, Milenio, 1º de julio.

Labastida: si el FAP hace mal las preguntas, el ejercicio no servirá

Francisco Labastida anticipó el rechazo de su bancada a los resultados de la consulta energética que intentará el Frente Amplio en tres etapas, al señalar que de poco servirá si la pregunta se limita a un “está de acuerdo en privatizar el petróleo”.

Sobre la propuesta de los estados, confirmó que el PRI presentará su iniciativa el 22 o 23 julio y sólo se aceptará la colaboración de empresas locales en la prestación de servicios, pero no en refinación, explotación de petróleo o de gas porque ello va contra los principios de su partido, en los que está fuera de discusión una reforma constitucional a los artículos 27 y 28.

Entrevistado sobre el anuncio del Frente Amplio de llevar la consulta más allá del 27 de julio, el presidente de la comisión de Energía del Senado dijo que el PRI ha sido claro en que ni diputados, senadores o la dirigencia respaldarían la supuesta privatización de Pemex, “lo digo con claridad, lo reitero”.

De modo que si en la consulta se cuestiona: “¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la privatización de Pemex?”, es preguntar sobre un supuesto que no se va a dar.

“Yo creo que las preguntas tendrían que ser, aunque no sé que vayan a preguntar a final de cuentas: ‘¿Están de acuerdo con la autonomía de gestión? ¿Están de acuerdo con aminorar la carga financiera de Pemex? ¿Creen que es bueno reducirle los derechos que paga por la extracción del petróleo?’ O que sé yo”.

Cuando se le preguntó si será tomada en cuenta, subrayó que si no incluyen preguntas bien formuladas “no creo que resulte de mucha utilidad una consulta”.

Hizo notar que el PRI presentará su iniciativa entre el 22 y 23 de julio, por lo que para dicha consulta “sólo pregunto: ¿van a incluir también las modificaciones que nosotros vamos a proponer? Obviamente no está bien planteada”, acotó.

- Claves

Carstens, hoy

• El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, participará en el debate “Situación financiera y presupuestal de Pemex: vías para mejorarla”, en el que los legisladores tendrán oportunidad de preguntarle por el destino de los excedentes.

• También estarán invitados Gerardo Vargas Ateca, Esteban Levín Balcells, Francisco Suárez Dávila, Juan Manuel Romero Ortega, Sergio Benito Osorio Romero, Carlos Tello Macías y Alejandro Villagómez Amezcua.
Angélica Mercado, Milenio, 1º de julio.

Pasarán a los diputados del PRD la charola para consulta

Los diputados leales a Andrés Manuel López Obrador “pasarán la charola” entre los integrantes de su bancada para apoyar la consulta energética, con una “aportación” de 20 mil pesos por cada uno de los 127 legisladores de la fracción.

A propuesta de los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Aleida Alavez Ruiz, el grupo del Partido de la Revolución Democrática integraría así una bolsa de 2 millones 540 mil pesos para la organización del referend0.

Sánchez Camacho refrendó, además, la determinación perredista de recurrir a la toma de las tribunas parlamentarias, así como al bloqueo de carreteras y edificios públicos, como parte de las acciones de resistencia contra la reforma calderonista.

“Queremos enviarle un mensaje al bravucón líder de los senadores del PAN (Gustavo Enrique Madero), de que no nos quedaremos con los brazos cruzados si intentan convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el único y exclusivo propósito de discutir la privatización de Petróleos Mexicanos”, advirtió.

En rueda de prensa, el diputado federal del PRD demandó a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los gastos del Ejecutivo federal en los spots a favor de la reforma energética, pues según dijo, tan sólo en junio se transmitieron 40 mil cápsulas, con un costo aproximado de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con sus cálculos, cada spot tiene un costo promedio de 200 mil pesos, y por ello es preciso que el órgano superior de fiscalización audite ese “derroche de recursos”.

Los diputados perredistas de la corriente Izquierda Unida anticiparon que este martes formalizarán su propuesta para que cada uno de los legisladores de su bancada aporte a la consulta pública una cooperación de 20 mil pesos.

Adicionalmente, indicó Sánchez Camacho, la fracción del Partido de la Revolución Democrática discutirá un planteamiento para reactivar las aportaciones mensuales de entre 5 mil y 10 mil pesos por legislador al gobierno legítimo de López Obrador.

Dijo que muchos de los diputados federales de su partido dejaron de aportar a las actividades del tabasqueño, por lo cual se hará un llamado a todos los integrantes de la bancada a cooperar en la medida de las posibilidades de cada uno.

Hay recursos, dice Navarrete

••• Entrevistado tras la reunión semanal con Andrés Manuel López Obrador, Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, sostuvo que no habrá impedimentos para el financiamiento de las dos fases de la consulta que seguirán a la que se hará en el Distrito Federal el 27 de julio.

Sostuvo que contará con el apoyo económico de legisladores y alcaldes emanados de los partidos del Frente Amplio, en tanto que la organización de la misma correrá por cuenta de los ciudadanos que simpaticen con ella y que quieran sumarse a su convocatoria.

El senador dijo que la credibilidad de la consulta nacional sobre la reforma energética la darán los ciudadanos que participen y no los convocantes.

“La credibilidad no la dan los convocantes ni los organizadores; la credibilidad la dan los ciudadanos en las urnas y nadie puede ignorar a miles o cientos de miles de ciudadanos haciendo fila en una casilla, recogiendo una boleta, conociendo las preguntas y contestándolas; ese no es un ejercicio que pueda ser descalificado fácilmente”, advirtió. (México • Liliana Padilla)
Fernando Damián, Milenio, 1º de julio.

Francia y Suiza avanzan con las FARC

Bogotá, 30 de junio. Dos emisarios europeos, uno de Francia y otro de Suiza, avanzan con éxito en la búsqueda de contactos con el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alfonso Cano, tendientes a lograr la liberación de más de 40 secuestrados canjeables por medio millar de guerrilleros presos, entre ellos la colombo-francesa Ingrid Betancourt, informó una fuente de la presidencia colombiana. De su lado, la Iglesia católica denunció que las afirmaciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de que el ejército tiene ubicado el lugar donde están miembros de la cúpula de las FARC, dificulta un encuentro. El gobierno autorizó que la Iglesia católica buscara acercamientos con los rebeldes para un acuerdo humanitario.

Reuters, La Jornada, 1º de julio.


Impedirán los legisladores del PRD el periodo extraordinario

Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las cámaras de Senadores y de Diputados aseguraron que no permitirán se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para dictaminar las iniciativas presidenciales de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), y exhortaron a las otras fuerzas políticas a que, en el proceso legislativo, se tome en cuenta el resultado de los debates en el Senado.

No obstante, senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negaron que se busque aprobar la reforma en un albazo legislativo. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, afirmó: “No habrá albazos ni privatización, lo hemos dicho en todos los tonos. ¿En qué tono quieren que se los explique? ¿En do, re, mi?”

Inclusive, el tricolor en la Cámara de Diputados rechazó la versión de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, de que al concluir el debate sobre la reforma petrolera se dictaminarán las iniciativas presidenciales en la materia. “La secretaria no es legisladora. Nosotros tenemos nuestros tiempos”, declaró el priísta José Ascención Orihuela.

El legislador michoacano aseguró que la diputación federal del tricolor aún no define su agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 60 Legislatura, y por tanto “no tenemos por qué establecer fechas mortales antes de ello, ni tenemos una idea prestablecida” sobre la reforma.

No obstante, el panista Juan José Rodríguez Prats confirmó la versión de la funcionaria: “Tengo entendido que existe un compromiso de que, al terminar los debates el 22 de julio, se convocaría (a un extraordinario) para discutir el dictamen”.

Posible, nueva toma de tribunas
Diputados perredistas afirmaron que si PRI y PAN pretenden dar un albazo, no se descarta recurrir nuevamente a la toma de las tribunas del Congreso.

El legislador del del sol azteca Alejandro Sánchez Camacho informó que este martes el grupo parlamentario se reunirá para definir las acciones de resistencia civil, en caso de que esos partidos busquen imponer un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma.

También informó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación se investigue el origen de los fondos con los que el gobierno federal estaría financiando la emisión de mensajes publicitarios para defender las iniciativas presidenciales.

Dijo que, de acuerdo con estimaciones de la diputación perredista, se han emitido casi 160 mil promocionales en cuatro meses para apoyar la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos mediante la reforma legal. “Es inaceptable que lo que no pueden ganar en los debates en el Senado, quieran hacerlo con un derroche millonario para tratar de convencer a la población”.

Sánchez Camacho y Aleyda Alavez confirmaron que, por acuerdo de la bancada perredista, se solicitó que cada diputado de ese partido contribuya con 20 mil pesos de sus dietas para financiar la consulta del 27 de este mes. Se trata, explicaron, de una aportación voluntaria.

Por su parte, en conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal sostuvo que “el PRD no ve un periodo extraordinario para aprobar la reforma de Pemex. Nosotros presentaremos una iniciativa en agosto, por tanto, llamamos a la cordura a los otros partidos para que reflejen en la reforma todas las propuestas que se han hecho en el debate que organiza el Senado”.

Monreal y las senadoras Rosario Ibarra y María Rojo sostuvieron que “nos podrán llamar radicales, nos podrán llamar minoría furiosa, eso no nos preocupa; lo único que estamos haciendo es defender la Constitución, por ello no importa que nos sigan descontando salario, es más importante la defensa de la soberanía del país”.

En tanto, Labastida Ochoa resaltó que su partido no respaldará la intención de los gobernadores que “quieren explotar el petróleo y el gas, porque ello va en contra de nuestra declaración de principios y de nuestra postura. Meter a los gobiernos de los estados en la explotación de los hidrocarburos y del gas implicaría modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”.

Precisó que ello sería necesario porque la Constitución no establece “que son los gobiernos estatales los que pueden explotar el petróleo, y además no respaldamos esa propuesta porque ello implica un riesgo, genera la división del país, ya que se puede iniciar con el petróleo, después con el agua y luego con la producción de alimentos. El PRI no va a respaldar la supuesta privatización de Pemex”.

Enrique Méndez y Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de julio.


Desde 2001 se intensificó la participación privada en Pemex, señalan especialistas

Al iniciarse en la Cámara de Diputados el foro Análisis sobre la Reforma Energética y Pemex, académicos y especialistas de universidades del estado de México señalaron que las iniciativas del presidente Felipe Calderón Hinojosa sólo pretenden dar continuidad a la participación privada que desde 2001 se intensificó en la empresa paraestatal, así como a la contratación de financiamiento externo, que actualmente suma un pasivo de casi 52 mil millones de dólares.

Refirieron que las exportaciones petroleras han contribuido a equilibrar el déficit de la balanza comercial, pero alertaron que más de la mitad de los ingresos por venta de crudo, mediante los derechos de extracción, se destina para financiar las actividades del gobierno federal.

Durante el citado foro, que se realizó en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro –dirigido principalmente a estudiantes universitarios–, la académica de la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados de la Comunidad, Ana María Castillo Romero, quien ha formado parte de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, afirmó que los proyectos privados de inversión en la empresa Petróleos Mexicanos ya existen.

“Cada trimestre, Hacienda informa al Congreso de la Unión sobre la situación de Pemex con esas empresas privadas. ¿Por qué se sorprenden de que habrá inversión privada?”, preguntó a los estudiantes y a los diputados del PRD, quienes convocaron al encuentro. Explicó que esas relaciones con empresas se reflejan en los pasivos reportados por la Secretaría de Hacienda. Así, refirió, los pasivos contingentes derivados de inversiones privadas suman 30 mil 574 millones de dólares, mientras que otra parte, por la contratación de deuda en el Project Funding Master Trust –en las Islas Caimán–, asciende a 32 mil 125 millones.

Señaló que del total de las exportaciones nacionales, 15.76 por ciento tienen su origen en la venta de hidrocarburos, por un total de 42 mil 889.6 millones de dólares, pero dentro de los ingresos presupuestarios del sector público los petroleros represaron 35.42 por ciento al mes de diciembre de 2007.

De ese total –amplió–, que representa 880 mil 459.3 millones de pesos, 57 por ciento se destina a financiar al gobierno federal. “Por eso es que Petróleos Mexicanos está prácticamente ahorcado”, señaló.

Al respecto, el investigador de la Universidad de Chapingo, Juan Antonio Leos Rodríguez, resaltó que lo importante de la discusión de la reforma no es si los ciudadanos mexicanos son o no propietarios de Pemex, porque ya está privatizado en parte e inclusive el sindicato petrolero tiene en la paraestatal “un coto de caza. ¿Cuántas fortunas no se hicieron al amparo de la paraestatal y los funcionarios se llevaron la lana? Pemex no era nuestro, ni será nuestro”, dijo.

También evaluó que el reto es cómo utilizar la renta petrolera porque, señaló, a diferencia de Estados Unidos, que a partir de 2001 inició una acelerada compra de hidrocarburos para constituir reservas, el gobierno de México incrementó la exportación de su mezcla de crudo, pero al mismo tiempo sus importaciones de granos de ese país.

“Los estadunidenses concentraron un bien no renovable, como una manera de ahorrarlo, y nosotros lo hacemos al revés: nos comemos todos los ingresos de Petróleos Mexicanos, se desperdician”, expuso.

Detalló que si bien el comercio con Estados Unidos refleja una balanza positiva por 82 mil millones de dólares, México cerró 2007 con un déficit de 11 mil millones, porque se incrementaron las importaciones de Asia por 71 mil millones de dólares –de los cuales 27 mil millones son con China– y Europa, por 21 mil millones. “Sin exportaciones petroleras, el déficit sería de 53 mil millones de dólares”, afirmó el académico.

Por su parte, Alma Rosa Martínez Ortigosa, fiscalista por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), planteó volver a reintegrar las subsidiarias al corporativo Pemex, así como reducir el tamaño de la burocracia en el gobierno, acotar el pago de sueldos excesivos y no supeditar el progreso interno a factores externos, como el alto precio de los combustibles, a modo de alternativas de solución a los problemas que enfrenta la paraestatal.

Refirió finalmente que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, la enajenación del combustible entre Pemex Exploración y Pemex Refinación se realiza a los precios internacionales, no al costo de extracción original, y ello constituye una afectación al erario.

Enrique Méndez, La Jornada, 1º de julio.


Reforzarán órganos especializados en arraigos, cateos y escuchas telefónicas

Entre ocho y diez jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones serán designados en breve por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y entrarán en funciones a más tardar en diciembre próximo.

Trabajarán día y noche. Sus juzgados estarán instalados en el Distrito Federal. Tendrán vigilancia permanente. Además, aunque forman parte del Poder Judicial Federal (PJF), se les considerará órganos auxiliares de la autoridad ministerial, ya que únicamente resolverán las peticiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que tengan relación con investigaciones sobre delincuencia organizada.

Las solicitudes las podrá realizar el Ministerio Público Federal (MPF) las 24 horas del día, ya sea por escrito –como se hace actualmente– o mediante un novedoso método electrónico similar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que sirve a los abogados litigantes para consultar el desarrollo de sus juicios por Internet.

Reveló lo anterior a La Jornada el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar Morales, quien agregó que durante los próximos ocho años que fijó de plazo el Constituyente Permanente para desarrollar la reforma de justicia penal, el PJF planea invertir unos 20 mil millones de pesos en la creación de órganos jurisdiccionales especializados.

“No se trata de 20 mil millones extras, pues al menos 80 por ciento de esa inversión puede tomarse del mismo presupuesto asignado cada año al Poder Judicial”, puntualizó el magistrado.

Tan sólo para el ejercicio fiscal de 2008 el Congreso de la Unión asignó al PJF un presupuesto de 23 mil 800 millones de pesos. Según el consejero federal, la propuesta que están discutiendo en el pleno de la Judicatura va encaminada a que poco menos de 10 por ciento del presupuesto de cada año se invierta en la creación de órganos jurisdiccionales especiales.

Aguilar Morales agregó que ya se ordenó que algunos jueces de distrito en procesos penales federales empiecen a adoptar los procedimientos orales conforme la normatividad secundaria que está pendiente de ser legislada lo vaya obligando. “Hay que ir viendo que dentro de los circuitos de territorio nacional los jueces puedan irse especializando en los procesos orales”, refirió.

Otro factor positivo es que se quitará a los jueces una sobrecarga de asuntos que hoy no les permiten ser ágiles en la emisión de sus resoluciones. “Generalmente los jueces hasta ahora son mixtos: conocen amparos y procesos. El juez tiene que desdoblarse para que se le especialice en procesos o en amparo”, indicó.

Darán vigor a reforma judicial
Antes de que entrara en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, la PGR tenía que solicitar cualquier medida cautelar de urgencia a los jueces en materia de procesos penales adscritos a cualquier entidad del país.

Como en esos juzgados se ventilan cotidianamente asuntos vinculados con procesos penales o con juicios de amparo, los jueces tenían que suspender su labor diaria para dedicarse todo un día a la resolución de medidas cautelares que por su naturaleza, relacionada con la investigación de un delito, deben resolverse con rapidez.

Entrevistado ayer en las instalaciones de la Judicatura, Aguilar Morales refirió que “serán entre ocho y diez jueces dedicados las 24 horas a arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. Deberán estar siempre listos para poder resolver estas peticiones, que son de urgencia”.

Agregó que las solicitudes de medidas cautelares se harán de manera electrónica, lo que permitirá al Ministerio Público que pueda comunicarse directamente con los jueces. “Así habrá certidumbre para saber en qué momento exacto, con minutos y segundos, se pidió la medida cautelar, y como la petición la recibe directamente el juez accediendo al sistema con su clave, se evitarán filtraciones”, destacó.

Los jueces serán escogidos fundamentalmente del grupo de los que hoy ya están a cargo de algún órgano jurisdiccio- nal en el país, para aprovechar su experiencia en materia de medidas cautelares.

Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de julio.


Con el plan de Washington, sólo nosotros seremos los evaluados, señala académico

La aprobación de la Iniciativa Mérida en el Congreso estadunidense y la aceptación de ésta por el gobierno mexicano es “muy grave” para nuestro país, porque nos coloca dentro de la política interna de Estados Unidos, además de que favorece la estrategia de seguridad nacional que aplica el vecino país a través del Comando Sur, consideró Abelardo Rodríguez Sumano, doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California en Berkeley.

El académico, también egresado de la UNAM, cuestionó el que en la iniciativa –que destinará a México 400 millones de dólares en equipos y materiales divesos para combatir al narcotráfico– “no haya reciprocidad, porque es la Casa Blanca y el Congreso de ese país los que están diseñando y aprobando el marco, los recursos y la resolución sobre los fondos otorgados, además de que sólo nosotros seremos evaluados”.

Es lamentable, añadió, que el gobierno mexicano repita errores cometidos en años anteriores en los que llegó a acuerdos con Estados Unidos sin hacer antes un análisis sobre el impacto negativo que tiene para México la aceptación de compromisos sin hacer antes un análisis sobre lo que nos conviene como país.

Comentó que si bien se eliminaron “los condicionamientos más puntillosos”, relacionados con las fuerzas armadas en materia de respeto a derechos humanos y lo que respecta a la reforma judicial, “en lo estructural la ayuda conlleva que el legislativo estadunidense llame a cuentas a la Casa Blanca sobre la evolución de la iniciativa y, cuando lo considere pertinente, realizará exhortos, cuestionamientos y condicionamientos sobre México”, señala el académico, autor del libro La urgente seguridad democrática. La relación de México con Estados Unidos. Asevera también que la iniciativa está ligada a la prioridad estadunidense actual: la guerra preventiva y la seguridad territorial.

–La evaluación de las acciones, ¿en qué rubros y cómo se harán?

–En todas las áreas en las que Estados Unidos asigne presupuesto, y cuando lo considere pertinente intervendrá en el uso y manejo que le den las autoridades mexicanas a dichos recursos. Estados Unidos es una democracia hegemónica en el que la injerencia en terceras naciones es una constante; México no es la excepción.

La estrategia de seguridad nacional e interior estadunidense consiste en vincular esos aspectos a la seguridad territorial; en concordancia con lo anterior, el año pasado se dio a conocer un documento que es compatible con el marco general de la iniciativa, denominado Strategy 2016, del Comando Sur, en el que se detalla que dicha fuerza tiene la misión central de proteger la seguridad territorial estadunidense de amenazas provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica por cualquier vía imaginable.

El Comando Sur tiene previsto escalar su participación en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos, entrar de manera directa en el apoyo a la seguridad interior con un enfoque de “derechos humanos” y “democracia”, como lo “establece la ley estadunidense”, además de que busca vincular su aparato gubernamental en los niveles de seguridad interna, soberanía y cooperación, indica.

La aprobación de la iniciativa coadyuva con este propósito del Comando Sur y de su Estrategia de Seguridad Nacional, añade el especialista, quien concluye: “¿Por qué nada de esto se menciona por parte del gobierno de Felipe Calderón?; ¿dónde esta su plan estratégico de seguridad nacional y política exterior en el nivel de Estado para anticiparse a los riesgos que implica ser evaluados por el Congreso y Ejecutivo estadunidenses?; ¿el Congreso mexicano avalará el que nuestro país se convierta en apéndice de la doctrina de seguridad nacional de Washington?”

Jesús Aranda, La Jornada, 1º de julio.


Bush promulga la ley para dotar de fondos a la Iniciativa Mérida

Nueva York, 30 de junio. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó hoy la ley que asigna 400 millones de dólares para asistencia antinarcóticos a México, mediante la Iniciativa Mérida, la cual incluye mecanismos de “consultas” entre el gobierno mexicano y organizaciones de derechos humanos para abordar preocupaciones sobre justicia e impunidad en casos de abusos por parte de policías y militares al sur de la frontera.

El mandatario dijo que la mencionada iniciativa es una de las “prioridades críticas” de Estados Unidos. Al firmar la ley en la Casa Blanca, Bush dijo que los 465 millones de dólares en fondos (400 millones para México y 65 millones para países centroamericanos) son destinados a “una asociación” entre las naciones para combatir las “bandas violentas del narcotráfico”.

Fue la única referencia a la Iniciativa Mérida, ya que está incrustada dentro de una ley cuyo principal objetivo es otorgar 162 mil millones de dólares para financiar la guerra en Irak este año fiscal.

La nueva ley establece que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el narcotráfico y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar los programas del gobierno mexicano para combatir esta amenaza, junto con otros 116.5 millones de “cooperación militar” entre Estados Unidos y México.

Establece que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, debe informar al Congreso sobre el debido uso de estos fondos, incluido un mínimo de 73.5 millones de dólares sólo para reforma judicial, fortalecimiento de instituciones, esfuerzos de lucha contra la corrupción y actividades de régimen de ley.

Un 15 por ciento de los fondos, según esta norma, no serán liberados en espera de que Rice informe por escrito al Congreso que el gobierno de México está estableciendo un mecanismo para “consultas” constantes con grupos de derechos humanos y otras organizaciones civiles “relevantes”, para elaborar recomendaciones sobre la aplicación de la Iniciativa Mérida acordes con las leyes mexicana e internacional. Además, que el gobierno mexicano está mejorando “la transparencia y rendimiento de cuentas de las fuerzas policiacas federales; que se está avanzando en las investigaciones penales de integrantes de esas corporaciones policiacas y militares acusados de violaciones de derechos humanos, y que se está aplicando la prohibición de la tortura”.

El reporte legislativo que acompaña a esta ley –donde el Congreso da instrucciones sobre cómo desea que se gasten los fondos aprobados– establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, y organismos no gubernamentales “para promover el respeto a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas militares”, y expresa particular preocupación por violaciones a garantías realizadas por fuerzas de seguridad pública en Oaxaca –destaca el asesinato del periodista estadunidense Brad Will–, San Salvador Atenco y otros. También incluye financiamiento para un programa de “alfabetización de policías mexicanos”.

Los fondos asignados bajo esta ley son para el primero de los tres años propuestos en la Iniciativa Mérida.

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, consideró que con la aprobación de los recursos para la Iniciativa Mérida, “los esfuerzos conjuntos tendrán más éxito en desafiar la amenaza de criminales que operan en nuestra frontera”. Destacó que los presidentes de ambos países y los congresos lograron allanar diferencias en torno al esquema utilizado para la transferencia de esos fondos.

David Brooks, La Jornada, 1º de julio.


El ‘triple play’, más barato en México

De acuerdo con un comparativo hecho por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre las tarifas del servicio triple play (telefonía, internet y televisión de paga en un paquete) entre los países que conforman el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), hay ofertas comerciales en México más baratas que las de Estados Unidos y Canadá.

En esta lista, el servicio más caro es ofrecido en Estados Unidos por BellSouth, con un costo de 117.6 dólares al mes, mientras que el más barato es el que tiene Maxcom en Puebla, por 60.5 dólares mensuales.

Este paquete incluye renta básica, llamadas locales y de larga distancia nacional ilimitadas, servicio de televisión restringida e internet de banda ancha para usuarios residenciales.

En 17 ejemplos presentados por la Cofetel, entre los que hay empresas de los tres países, el paquete ofrecido por la alianza entre Cablemás y Axtel en Tijuana es el tercero de los más caros y el de mayor precio entre los operadores mexicanos, con una tarifa de 100.5 dólares al mes.

En medio de la tabla está Cablevisión con una renta mensual de 94.4 dólares y ofrece el servicio triple play en la ciudad de México y zona metropolitana.

El operador mexicano que sigue en este comparativo, por precio, es Telum, que opera en Monterrey y que tiene disponible un paquete por 84.7 dólares.

Después está Megacable, en su alianza con Bestphone, cuya oferta del paquete de tres servicios en Monterrey se cotiza en 81.2 dólares al mes.

‘Doble play’

En servicios doble play (internet y telefonía), los servicios más caros están en México: en primer lugar Axtel, con un precio de 92.5 dólares, seguido de Telmex con 80.4 dólares, y Telum (Monterrey) con 77.2 dólares.

Este paquete que se compara incluye renta básica, llamadas locales y de larga distancia nacional ilimitadas, así como internet de banda ancha para usuarios residenciales.

En la tabla se comparan 14 empresas de México y EU y es Cablevisión la que figura como la más barata de estas compañías analizadas, con una tarifa de 50.5 dólares al mes por ambos servicios.

En este análisis, la empresa estadounidense que ofrece el servicio más alto es por 73.8 dólares (BellSouth) y la que tiene el precio más barato es de 59.9 dólares (Optimum), según la Cofetel.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 1º de julio.

La portabilidad beneficiará a los usuarios, prevén

Con la entrada de la portabilidad numérica en el país se espera un efecto importante en la competencia de los servicios de telecomunicaciones, lo cual derivará en una reducción de los precios en beneficio del consumidor, coincidieron analistas.

La portabilidad es un derecho del usuario de telefonía, por el cual se convierte en dueño de éste, y cuando se cambie de operador puede conservarlo.

Hay estimaciones, como las de la firma Everis, de que el precio por minuto en el servicio móvil bajará 30% entre 2008 y 2018. En tanto, en el servicio de mensajes cortos (SMS) se espera que las tarifas se mantengan, no así en telefonía fija cuyo costo podría reducirse 11% en el mismo periodo, según la firma.

El precio promedio por minuto para llamadas desde un teléfono fijo a un móvil se reducirá 34%, para pasar de 18 a 12 centavos de dólar, según esta empresa, que realizó un estudio para la Cofetel.


Invierte Telcel 45mdd

En es proceso de portabilidad, que entrará en vigor el 5 de julio, Telcel informó que invirtió 45 millones de dólares, y se declaró lista para iniciar el sábado.

Aseguró que realizó de forma exitosa las pruebas de interconectividad e intercambio de archivos con el Administrador de la Base de Datos (ABD), con lo cual todo está listo para este procedimiento.

“Telcel ha completado con el resto de los operadores las pruebas establecidas por la Cofetel, cumpliendo así con los tiempos indicados por dicha autoridad y en apego a los acuerdos asentados por el Comité Técnico de

Portabilidad”, sostuvo mediante un comunicado.

Con este hecho todas las empresas se declaran listas para competir, convirtiendo a México en el el segundo país en América Latina en aplicar la portabilidad numérica, sólo después de Puerto Rico.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 1º de julio.