ONG se deslindan del llamado a reiniciar protestas en los penales de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) se deslindó ayer de un documento público, presuntamente firmado por presos de varias organizaciones sociales de Chiapas, en el que se llama a movilizaciones de protesta en el contexto de la visita de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los penales de la entidad.

Asimismo, la Voz del Amate y el “grupo zapatista”, ambos desde el penal El Amate, de Cintalapa de Figueroa, desmintieron haber firmado esa convocatoria.

“Tuvimos conocimiento de que en la página web de Indymedia Chiapas, en el apartado de artículos de colocación libre, se publicó un documento firmado por distintas organizaciones sociales en el que se utilizó sin nuestro consentimiento el nombre de este centro para firmar tal pronunciamiento”, expresó el CDHFBC por medio de su director, Diego Cadenas Gordillo.

El centro “se deslinda de dicho documento y de las acciones que resulten de él”. También señaló que prosigue la revisión de expedientes de los aún presos con representantes gubernamentales. Otros ocho estarían en posibilidades de dejar la prisión próximamente.

La inserción en el sitio electrónico de Indymedia Chiapas fue remitida bajo el nombre de Alejandro Ruiz Estrada. Otros firmantes son MOCRI-CNPA-MN y Antorcha Campesina. Los primeros también se deslindaron esta tarde del documento.

Sin embargo, antes de la una de la madrugada de hoy se inició un operativo policiaco en el Cereso 14 de El Amate, se presume que para inhibir la posible “protesta”. Se dio a entender que la movilización policiaca amenazaba con reprimir el plantón de la Voz del Amate y el “grupo zapatista” en el interior del penal.

Por vía telefónica, en nombre de la Voz del Amate, Alberto Patishtán Gómez declaró hoy que “en ningún momento la Voz del Amate y el ‘grupo zapatista’ firmamos un documento en el que se dice que vamos a estar en ayuno. Podemos decir de manera categórica que es falso. Nos enteramos que un grupo de personas, que se denomina Justicia por Chiapas, y que desconocemos si existe”, divulgó ese documento.

Refirió que después de la medianoche del miércoles “vimos movimiento y entonces nos acercamos y supimos por comentarios de los mismos internos de que había un posible traslado”.

El profesor Patishtán afirmó: “nosotros conocemos a las personas con quién tratar. Si alguien quiere hacer algo sería mejor que se platicara directamente, y no tomar una actitud negativa, usando nuestros nombres, ya que también pueden traer otras consecuencias y eso no se vale. Pedimos a la sociedad civil que esté pendiente. Claro que estamos viendo lo de nuestra libertad pero vamos a ver hasta dónde”.

Por lo demás, en efecto, llegó a la ciudad de México el Subcomité de la Prevención de la Tortura la ONU, parte del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que visitará lugares de detención en el Distrito Federal, Oaxaca, estado de México, Jalisco y Nuevo León, pero que suspendió la visita a Chiapas que tenía programada. Esto, al parecer, por “indicaciones” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si bien se espera que analice la situación de los presos y en general de los derechos humanos en dicha entidad.

Herman Bellinghausen, La Jornada, 29 de agosto.


Cercano, pacto migratorio con Cuba

El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, ayer consideró posible que se firme un acuerdo o un memorando de entendimiento sobre el tema migratorio entre los dos países durante la próxima visita del canciller cubano Felipe Pérez Roque.

“Estamos trabajando para firmarlo lo antes posible, pero no nos hemos puesto una meta de fecha, porque preferimos firmar un buen acuerdo, sin apuros”, subrayó, luego de participar en la presentación del libro Martí en México, recuerdos de una época, que se realizó en el Senado.

El diplomático explicó que el objetivo del acuerdo es lograr una migración legal, ordenada y segura, y se negocia sobre la base de que los dos países puedan intercambiar información y colaborar en el combate de los traficantes, devolver a la isla a quienes sean interceptados después de haber entrado a México de manera indocumentada y facilitar el ingreso a territorio mexicano por vías legales de cubanos que tengan que viajar por razones de negocios, familiares o de otro tipo.

En breve entrevista rechazó comentar los detalles sobre la negociación bilateral, pero al preguntarle si es posible que se firme durante la visita de Pérez Roque, consideró que existen tal probabilidad.

Manuel Aguilera de la Paz también informó que las administraciones de Felipe Calderón y Raúl Castro trabajan en la integración de la agenda que desarrollará Pérez Roque durante su estancia en México, prevista para el 11 y 12 de septiembre próximo.

Sobre el trafico de indocumentados cubanos, el diplomático caribeño refirió que este problema tiene su origen en la Ley de Ajuste vigente en los Estados Unidos, la cual permite a sus connacionales ingresar a territorio estadunidense de manera indocumentada y obtener la residencia en un breve periodo de tiempo.

Georgina Saldierna, La Jornada, 29 de agosto.


La inseguridad pública se ha nutrido de la “indiferencia de la sociedad”: Calderón

Hermosillo, Son., 28 de agosto. El presidente Felipe Calderón reconoció esta noche que el problema de la inseguridad pública se explica no sólo por un paulatino deterioro institucional, que se ha nutrido de la incapacidad de las autoridades en el país, sino también por la “indiferencia, apatía y laxo margen de tolerancia de la sociedad”, y llamó a la ciudadanía a dejar en claro “quién hace las cosas y quién no para combatir el crimen organizado”.

“Nos sometemos con gusto a la exigencia ciudadana, y a la vez señalar que esta exigencia (tiene que) marcarle a cada quien, a cada poder, lo que debe hacer”, afirmó en un amplio discurso centrado en el tema de la inseguridad, en el cual afirmó que “la descentralización del poder también descentralizó la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia”, por lo que, consideró, existe un esfuerzo disperso del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y el de los municipios, lo cual a su vez posibilitó la debilidad institucional del Estado.

Calderón se dirigió a los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), que iniciaron su reunión plenaria en esta ciudad, previa al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del último año de la 60 Legislatura. El encuentro se retrasó debido a una falla en el sistema eléctrico del hotel Fiesta Americana, la cual dejó atrapados por casi 40 minutos a 14 integrantes de la bancada panista en los dos elevadores. El resto se instaló en el bar del hotel.

El mandatario aseguró que la responsabilidad de superar esta crisis de inseguridad no sólo es del gobierno, de quienes están al mando de las instituciones públicas y de los tres poderes de la Unión, sino también de la sociedad.

“Es responsabilidad de la Federación, sí, y jamás hemos evadido esa responsabilidad; antes bien hemos hecho una lucha sin dar y pedir tregua ni cuartel a la criminalidad”, abundó.

Añadió que en algunas entidades de la República, no haber atajado la germinación de este mal provocó que los gobiernos hayan sido rebasados por la delincuencia organizada.

“Hay responsabilidad de los estados, de los municipios, de todos” por permitir que la delincuencia germinara y creciera y esto, insistió, debe ser enmarcado en el ámbito “de la responsabilidad compartida”.

Afirmó que la falta de asideros ha permitido que la criminalidad permee las estructuras sociales y que en ciertas regiones se haya permitido y propiciado que la delincuencia forme parte de su vida cotidiana y se haya configurado lo que definió como “una toma de poder regional, en los hechos, de la criminalidad”.

En ese contexto, el Presidente refirió que 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país y que más afectan a la ciudadanía, como el robo, el homicidio y el secuestro, son del orden común.

“No es un afán de evadir nuestra responsabilidad, pero sí es cierto que hay una distribución de competencia.”

Refirió que por cada policía federal hay por lo menos 20 agentes de estados y municipios, que están en las zonas donde los delitos se cometen.

Convocó a los diputados panistas a aprobar las reformas que permitan cerrar el paso a la impunidad y a los “artificios de la ley y de la justicia que solapan” a los delincuentes.

Por ejemplo, expresó, “la cadena perpetua es un paso de la solución para que quien comete este tipo de delitos no deba volver a pisar la calle nunca”. Aseguró que su gobierno está decidido a extirpar el “cáncer que ha supurado el cuerpo nacional”.

Calderón consideró que en todos los partidos políticos y en todos los gobiernos hay gente buena y personas malas, pero apeló en especial a la reserva ética y moral del PAN para enfrentar la dramática situación de inseguridad que vive el país.

Al cerrar su discurso, citó a Juan de Dios Castro para animar a sus compañeros de partido en esta coyuntura de violencia: “en la penumbra de tormenta veo soles de medianoche”.

Al inicio del encuentro, el presidente del PAN, Germán Martínez comprometió el respaldo “sin titubeos” de ese instituto político a la batalla contra la delincuencia en que se ha empeñado la administración federal.

“Agradecemos, y lo decimos sin rubor, la labor que hace el Ejército y las fuerzas del orden público”, dijo, y aseguró que “no es hora de repartir culpas en el incremento de las acciones del crimen organizado”.

A su vez, el coordinador de los diputados, Héctor Larios, señaló que la bancada aprobará un mayor presupuesto en favor de la seguridad pública, legislará en materia de secuestro y aprobará una ley de policía nacional y, en momentos que desde el PRI en el Senado se impulsa una modificación al esquema de aplicación del gasto social, dijo que el blanquiazul “no caerá en el engaño de aquellos que pretenden desmantelar los programas sociales”.

Claudia Herrera y Enrique Méndez, La Jornada, 29 de agosto.


AMLO: movilizaremos a toda la sociedad en la defensa de Pemex

Linares, NL, 28 de agosto. Si el PRI y el PAN insisten en aprobar en el Congreso de la Unión una reforma petrolera entreguista y privatizadora, “no vamos a permitir siquiera que el dictamen llegue al pleno de la Cámara de Senadores. Nos vamos a movilizar y vamos a movilizar a toda la sociedad, aunque haya un desgaste político, aunque nos afecte la imagen como dirigentes, lo vamos a hacer, porque a nosotros no nos van a medir con el rasero del político tradicional, que es ladrón y corrupto. A nosotros nos van a medir con el rasero de la historia”, advirtió aquí Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar una gira de tres días por la entidad, López Obrador enfatizó que cualquier intento de violentar la Constitución y de despojar al pueblo de México de un recurso fundamental para el desarrollo tendrá como respuesta un movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país.

“No nos vamos a confiar, porque ya sabemos cómo actúan el PRI y el PAN. Ya sabemos cómo andan de la mano (Manlio Fabio) Beltrones y (Felipe) Calderón. Ellos se entienden allá arriba y van a tratar de aprobar una reforma privatizadora, pero desde ahora les advertimos que no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el gobierno espurio siga beneficiando a unos cuantos, que continúe con la idea de que el gobierno beneficie sólo a unos cuantos. No vamos a permitir siquiera que el dictamen de esa iniciativa que acuerden el PRI y el PAN llegue al pleno de la Cámara, no vamos a pasar a la historia como traidores ni vamos a permitir que el día de mañana nuestros hijos nos cuestionen por qué ante el saqueo no hicimos nada”.

En su gira por la zona citrícola de Nuevo León, López Obrador enfatizó que no hay ninguna justificación, económica o administrativa, para insistir en promover la privatización del sector energético del país. “Esa es una mentira. Nunca en la historia de México un gobierno ha recibido tanto dinero como el de Felipe Calderón y, sin embargo, quiere entregar Petróleos Mexicanos a los extranjeros”, destacó el tabasqueño luego de señalar que el gobierno “espurio” ha pretendido convencer a la opinión pública de que no es posible legalmente construir una refinería si no hay de por medio una reforma energética: “Esa es una nueva mentira”.

Por la tarde, en Montemorelos, López Obrador destacó que el movimiento social por la defensa del petróleo y por el cambio de la política económica va a continuar: “Lo que queremos es que las cosas mejoren en nuestro país. Tenemos que seguir luchando porque sólo con este movimiento se va a poder resolver los grandes y graves problemas nacionales.

“La verdad es que quienes detentan el poder, los usurpadores, no tienen el menor interés en que el país cambie ni en renovar la vida pública del país. Hay quien piensa que los potentados no van a permitir una transformación pacífica, sin violencia, pero yo quiero decirles que es posible un cambio pacífico, si nos organizamos y seguimos luchando. Yo creo que ya es justo que se den estos cambios en el país. No podemos pensar en este momento, como están las cosas, que vamos a salir adelante con una política caduca de opresión y privilegios; nada va a cambiar con cambios cosméticos y de simulación”, enfatizó.

Destacó que las administraciones panistas desgastaron la palabra “cambio” y la convirtieron en “gatopardismo”, al continuar con la política tradicional en la que todos los intereses cuentan, menos los del pueblo, lo cual se traduce “en una monstruosa desigualdad económica y social”.

Esto, insistió, se refleja no sólo a escala nacional, sino en el propio estado de Nuevo León, donde los ex gobernadores panistas y el actual gobernador priísta, Natividad González Parás, “han sido peleles de Carlos Salinas de Gortari y no les extrañe que González Parás entregue el poder a un panista, porque son la misma cosa, entre ellos no hay diferencias, forman parte de la misma mafia que encabeza desde Los Pinos otro pelele, Felipe Calderón, junto con Juan Camilo Mouriño, Vicente Fox, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo”.

López Obrador visitó también los municipios de Allende y Santiago; mañana estará en Villa García, Santa Catarina, Garza García, Guadalupe, Ciudad Benito Juárez, Apodaca y San Nicolás.
Ciro Pérez Silva y David Carrizales, La Jornada, 29 de agosto.

Kessel: el Congreso, ante el reto de acordar la reforma a Pemex

Ensenada, BC, 28 de agosto. Tras asegurar que existe consenso para reformar Petróleos Mexicanos (Pemex), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, comentó que el Congreso de la Unión ahora tiene un reto histórico doble: construir un proyecto que logre el acuerdo de la mayoría necesaria para su aprobación, y que signifique un cambio que ayude estructuralmente a la paraestatal.

Ante el presidente Felipe Calderón dio la bienvenida a las propuestas presentadas y se congratuló de que todas las fuerzas políticas estén asumiendo su lugar dentro de las instituciones, al participar plenamente en el debate parlamentario.

La titular de Energía adoptó un discurso conciliador y dijo que las propuestas planteadas merecen el respeto y el reconocimiento de todos, ya que enriquecen el debate y permitirán contar con una mejor legislación, más completa y alimentada por la visión de todos los partidos políticos.

Reiteró que el gobierno federal sigue abierto para discutir y enriquecer las iniciativas, ya que “nos sentimos orgullosos y satisfechos del debate que se ha generado, de escuchar todas las voces”.

En opinión de Kessel, las iniciativas de reforma han generado un debate muy importante en México y han permitido construir el consenso de que la reforma de Pemex es necesaria, indispensable e impostergable.

“No podemos –añadió– perder la oportunidad de alcanzar cambios estructurales después de todo el esfuerzo de aquellos que han trabajado y participado ampliamente en este debate”.

Al defender la participación de la iniciativa privada en el sector energético, dijo que se puede ampliar la capacidad de operación de la paraestatal en refinación, transporte, almacenamiento y distribución sin comprometer recursos que son indispensables para las empresas y para el país en otras actividades de igual o mayor importancia.

Defendió las iniciativas que Calderón envió al Congreso, porque –según la funcionaria– responden a diversas necesidades del sector energético y mantienen en todo momento la propiedad de los hidrocarburos y la rectoría del Estado en la materia.

El Presidente, por su parte, se refirió de manera tangencial a la reforma, cuando aseguró que el mejor escenario al que pueden aspirar los mexicanos es producir su propio gas y dejar de importarlo de Texas, de las Rocallosas, de Trinidad y Tobago, de Indonesia o de Qatar.

En la inauguración de la terminal de regasificación de gas natural licuado Energía Costa Azul, Calderón insistió en que es “absurdo” que México deba importar ese producto, por lo que volvió a pugnar en favor de la modernización de Pemex.

Por eso llamó a transformar la industria petrolera, a modernizar Pemex y darle facilidades logísticas de contratación y de administración para que pueda expandir su capacidad de producción de petróleo y gas.

Claudia Herrera, La Jornada, 29 de agosto.


Senadores de PRI y PRD critican campaña mediática de Calderón sobre seguridad

En respuesta a la campaña mediática que inició el presidente Felipe Calderón, en ocasión de su Informe de gobierno, aludiendo a las acciones en materia de seguridad, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que el crimen organizado no será derrotado con campañas mediáticas y demandaron al gobierno federal asumir su responsabilidad sin dejarse amedrentar por la delincuencia.

El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el ataque de un comando armado a un destacamento del Ejército en Guanajuato, y las mantas con mensajes amenazantes, obligan a Felipe Calderón Hinojosa a actuar con mayor energía, ya que de lo contrario, si cede ante las presiones de las bandas criminales, “será un gobierno destinado a que su debilidad lo lleve al fracaso”.

En tanto, organizaciones de derechos humanos consideraron que en materia de seguridad la ciudadanía y sus gobernantes no deben conformarse con medidas coyunturales, como el incremento de penas, cambio de nombre a cuerpos policiacos o solicitudes de mayor presupuesto, sino que se deben “fundar las nuevas instituciones que el país necesita y que los gobiernos de la alternancia (panistas) se han negado a construir”, y con ello combatir la principal causa de la inseguridad: la impunidad.

En conferencia de prensa, la Red Todos los Derechos para Todos –conformada por más de 50 organismos no gubernamentales (ONG)– manifestó que en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el tema de derechos humanos estuvo ausente casi por completo, lo que resulta “preocupante” y demuestra el “marcado desdén” a la materia por parte del actual gobierno, que concibe a la seguridad como “un instrumento de limitación de derechos”.

A su vez, Beltrones Rivera consideró que se necesita hacer algo y pronto, y señaló que todos deben ayudar al gobierno federal a combatir el clima de violencia e inseguridad que se padece. Agregó que hay voluntad de Calderón para vencer a la delincuencia organizada, pero falta rumbo en momentos en que las acciones deben ser cada vez más fuertes ante las amenazas y las acciones para amedrentar por parte de los delincuentes.

El senador priísta llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar de inmediato el ataque a militares en San Francisco del Rincón, Guanajuato, así como las mantas con mensajes amenazantes que han aparecido en varias entidades.

A su vez, el senador perredista René Arce señaló que Felipe Calderón carece de una estrategia seria en materia de seguridad pública, ya que hasta el momento ha privilegiado las campañas a través de los medios electrónicos y la situación se ha agravado.

Por otro lado, Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consideró que la inseguridad afecta la economía nacional y por ende a los trabajadores del país, debido a que los empresarios y los inversionistas retiran sus recursos y dejan de generar fuentes de empleo.

“El hampa atenta contra todos, estanos pasando por una carestía fuerte que afecta a los trabajadores; es obvio que en nuestro país están trascendiendo estos hechos que son vergonzosos (los secuestros) y (esos delitos) no estimulan para que vengan inversionistas; todo esto hace que se agudice el problema del desempleo y los esfuerzos que hacemos para que haya inversiones productivas no se consuman por falta de seguridad”, comentó.

A su vez, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López, estimó que alrededor de 300 mil hectáreas se destinan al cultivo de enervantes, sobre todo en las zonas serranas del país, y advirtió que esto se debe a la falta de estímulos y presupuesto en esas zonas de difícil acceso.

Andrea Becerril, Emir Olivares, Angélica Enciso y Carolina Gómez, La Jornada, 29 de agosto.


En México, misión de la ONU contra la tortura

El subcomité de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura inició una visita oficial a México con el objetivo de analizar posibles actos violatorios de los derechos humanos en los centros carcelarios. Informó lo anterior la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual añadió que la delegación está encabezada por Víctor Manuel Rodríguez Rescia. La delegación de la ONU se reunirá con funcionarios de la cancillería, Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Salud, así como de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. También sostendrá encuentros con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como con presos y sus familiares, “si fuera necesario”. De acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por México el 11 de abril de 2005, dicho subcomité tiene la facultad de visitar centros de detención y hacer recomendaciones a los países miembros.

La Jornada, 29 de agosto.


Sustituirá el gobierno a militares que realizan funciones de seguridad pública

En el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, el gobierno federal se propone “impulsar la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”.

También, promover el respeto a los derechos humanos de parte de las corporaciones policiales, en los tres ámbitos de gobierno, y garantizar el respeto a las garantías básicas en el contexto de la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.

En un contexto en el que la participación de los militares en labores propias de los cuerpos policiales ha sido criticada por organismos de defensa de derechos humanos, en especial por la operación de retenes –a cargo de soldados– en las carreteras del país, el PNDH se compromete a impulsar el retiro progresivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el documento, avalado por el presidente Felipe Calderón, corresponde a las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Defensa y de Marina homologar directrices en el ejercicio del uso legítimo de las fuerzas con pleno respeto a los derechos humanos.

Tocará también a la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con las dependencias antes mencionadas, impulsar mecanismos que funjan como medio de control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El PNDH, que será presentado próximamente, incluye elementos que también fueron incluidos en el Acuerdo por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado la semana pasada en Palacio Nacional.

Por ejemplo, el programa busca consolidar el servicio profesional de carrera de las corporaciones policiales a través del programa de desarrollo policial (esquemas de certificación y régimen disciplinario en las corporaciones), siempre con perspectiva de respeto a las garantías básicas.

De igual forma, impulsar el desarrollo de políticas de prevención y respeto a los derechos humanos en las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, bajo esquemas de evaluación y seguimiento por la comunidad.

Hay otros puntos que coinciden con los compromisos del pacto nacional citado, como garantizar y consolidar una atención profesional a la víctima del delito.

El PNDH busca “garantizar que el uso de la fuerza sólo sea empleado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”.

El programa –cuya elaboración fue coordinada por la Secretaría de Gobernación– será de cumplimiento obligatorio por las instancias gubernamentales y para el cumplimiento de sus objetivos (los cuales serán sometidos a verificación de manera periódica) deberá contar con presupuesto suficiente, aprobado por el Congreso.

En la estrategia 2.4 se busca consolidar la perspectiva de derechos humanos en la prevención del delito, procuración de justicia y ejecución de sentencias. Las líneas de acción para dar cumplimiento a ese objetivo incluyen diversas responsabilidades para las secretarías antes mencionadas.

En principio, deberán “conceptuar y promover la definición de seguridad pública subordinada a la de seguridad humana, toda vez que el objetivo último de la actividad del Estado es la protección de la persona”.

EL PNDH se propone también cumplir diversas metas, entre las que se incluye mejorar los índices de capacitación para el respeto de las garantías básicas y aumentar el índice de confianza de los ciudadanos hacia las leyes, al pasar de 34.6 a 40 por ciento.

En los argumentos que dan origen al plan de derechos humanos, que afirma tener fundamento en una amplia consulta con grupos de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa y promoción de las garantías básicas, se establece que sólo garantizando la debida protección de la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos se ofrecerá una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población.

De ahí que la administración pública federal deberá ser ejercida con una perspectiva de derechos humanos; aplicar mecanismos de colaboración y coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno; promover y difundir una cultura de derechos humanos, y “la debida armonización legislativa”.

Fabiola Martínez, La Jornada, 29 de agosto.


Sacar ilegales de EU sería costoso

La economía de Estados Unidos perdería un billón de dólares si no se aprueba una ley de migración que regularice a la fuerza laboral ilegal, afirmó Massey Villareal, presidente del Precision Task Group (PTG), que promueve negocios entre México y Houston.

Devolver de Texas a indocumentados a su país de origen generaría la pérdida de un millón de plazas laborales, advirtió.

Las principales industrias del estado que dependen de migrantes indocumentados, poco calificados y con bajos salarios, son alimentos, hotelería y construcción.

“No queremos que las empresas tengan que preocuparse por tener empleados escondidos en una sombra”, dijo el empresario respecto a las redadas de la autoridad migratoria estadounidense.

“Sin los mexicanos se cierran las compañías”, aseguró en el marco del seminario Invierte en Texas, en la ciudad de México.

Entre las compañías de alimentos que requieren capital humano poco calificado están Tyson y Pilgrims Pride. Sus plazas no son requeridas por estadounidenses, señaló el presidente de PTG.

Los inmigrantes ilegales no contribuyen al desempleo en Estados Unidos ni generan costos para la economía de este país, dijo tajante Massey.

Villareal estimó que 500 mil habitantes en Houston son ilegales, es decir, 8.3% de la población de esta ciudad.

A través de la organización Reforma Americana de Inmigración se han recaudado 2 millones de dólares “para cambiar el sentido de los congresistas”, dijo Massey Villareal. “Debemos luchar para pasar la ley de inmigración”.


Insuficientes visas de trabajo

El gobierno estadounidense sólo otorga 50 mil visas de trabajo anuales, cifra insuficiente para el capital laboral foráneo que Estados Unidos requiere, dijo Massey Villareal.
Manuel Lombera Martínez, El Universal, 29 de agosto.

Cardenal denuncia “venganza” de Ortega

SAN JOSÉ.— El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, una de las grandes figuras de la lírica de América Latina, podría quedar en arresto domiciliario hoy en Managua, en un caso que escritores americanos y europeos atribuyeron ayer a una venganza política del presidente Daniel Ortega.
El juez primero de Distrito de lo Penal de Managua, David Rojas, apeló ayer a razones de salud y exoneró al poeta de ser encarcelado, pero ratificó que si no paga una multa de unos mil dólares, podría confinarle al régimen de casa por cárcel.

El juez negó injerencia política, en un país con el aparato judicial controlado por Ortega.

Cardenal, de 83 años y ex cura católico, fue condenado el martes pasado por injurias y calumnias en un lío con el empresario alemán Inmanuel Zerger, y tiene de plazo hasta hoy al mediodía para pagar. Sin embargo, Cardenal decidió desacatar la sentencia, que consideró “injusta e ilegal”, y la achacó a una “venganza” de Ortega. “Si me quieren echar preso (...), estoy listo para ir a la cárcel”, dijo en las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El poeta quedó absuelto del caso en 2005, pero tras una apelación, la sentencia fue revocada.

El Premio Nobel de Literatura 1998, el portugués José Saramago, advirtió en una carta que Cardenal es “víctima de la mala conciencia de un Daniel Ortega indigno de su propio pasado, incapaz ahora de reconocer la grandeza de alguien a quien hasta un papa, en vano, intentó humillar”. En 1983, como ministro de Cultura de la Revolución Sandinista (1979-1990), Cardenal fue regañado en Managua por el Papa Juan Pablo II, por ligarse a un proceso marxista-leninista. El poeta se distanció de Ortega en la década de 1990, renunció al Frente Sandinista de Liberación Nacional y denunció el enriquecimiento de comandantes de la Revolución.

En carta pública, adujo que la condena en su contra es venganza de Ortega por “la acogida que tuve en Paraguay” en la toma de posesión del presidente Fernando Lugo. En Asunción, tildó a Ortega de “ladrón” y de imponer en Nicaragua un “reinado de unas cuantas familias” aliadas al somocismo.

Ortega desistió de ir a Asunción, pues mujeres paraguayas lo repudiarían por denuncias de su hijastra, Zoilamérica Narváez, de violación sexual y abuso. Medio centenar de escritores europeos y americanos, entre ellos 12 mexicanos, como Héctor Aguilar Camín y Sergio Aguayo, adujeron en un mensaje de apoyo al poeta que todo es ejecutado por “un juez obediente a Ortega”. El gobierno adujo que Cardenal rechaza la reconciliación impulsada por Ortega.

José Meléndez, corresponsal, 29 de agosto.


Prevén retiro de Ejército de “actuación policial”

El gobierno de Felipe Calderón planteó la sustitución “progresiva y verificable” de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en particular las referentes a la actuación policial, de acuerdo con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, elaborado por la Secretaría de Gobernación.

Para ello, plantea consolidar la coordinación de instituciones policiales y ministeriales de los tres órdenes de gobierno y así cumplir metas de seguridad con sustento en la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a derechos humanos.

En la actualidad, el Ejército encabeza la lucha contra organizaciones del narcotráfico y tiene al menos cinco operativos: Michoacán, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Culiacán-Navolato y Sonora.

El documento, que será presentado en breve e involucra a dependencias federales responsables de la seguridad nacional, señala que Gobernación y las secretarías de la Defensa y Marina tienen como línea de acción garantizar el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la participación de la milicia en la lucha contra el crimen organizado.

Con base en esto, se impulsa “la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”, destaca el documento.

Como parte de la estrategia, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública federal definirán el esquema para consolidar el Servicio Profesional de Carrera de las corporaciones policiales a través del Programa de Desarrollo Policial y de sus esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario.

El documento hace referencia al diseño de las directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos bajo los principios básicos para el uso de las fuerzas y armas de fuego.

Según informes de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 recibió 634 quejas contra efectivos militares.

La CNDH ha documentado, en ese lapso, 250 hechos de ejercicio indebido de la función pública; 221 cateos y visitas domiciliarias ilegales; 182 de trato cruel o degradante, y 147 detenciones arbitrarias.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que está en manos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que el gobierno quiere aumentar de 67% a 70% la cifra de recomendaciones “atendidas eficazmente”, emitidas por la CNDH.

El esquema de Gobernación planea además una serie de ajustes en el ámbito de las Fuerzas Armadas para ponerlas a tono con estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

De acuerdo con el Programa, el gobierno federal aspira que entre 2008 y 2012 mejore su imagen en los indicadores internacionales que miden los derechos humanos y el nivel de las libertades políticas y civiles.

Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República serán las dependencias que impulsen mecanismos que funjan como medio de control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, acorde con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Gobernación verificará, dice el texto, de manera periódica avance y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
Jorge Ramos, El Universal, 29 de agosto.

Violencia del Estado se suma a narco: clero

La Iglesia católica descalificó la decisión de la Suprema Corte mediante la cual avaló la ley en el DF que permite a las mujeres interrumpir un embarazo antes de 12 semanas de gestación.
Dijo que se trata de una ley inmoral que no sólo despenaliza el aborto, sino que lastima y vulnera los derechos del ser humano.

“Ninguna Corte puede contradecir la ley suprema de Dios que nos ordena: ¡No matarás!”, reiteró.

En un mensaje del cardenal Norberto Rivera Carrera y sus obispos auxiliares, el arzobispo primado de México aseguró que “ante el temor generalizado por la violencia en las calles y la destrucción que deja tras de sí el narcotráfico, se suma ahora la violencia institucional, avalada por la justicia, que no detendrá la pérdida de millones de niños inocentes y que será causa del consecuente daño físico, moral y espiritual de las mujeres que vivan este trágico suceso”.

En un desplegado que hace público hoy conminó a médicos y enfermeras a repudiar en su espacio de trabajo la medida, para protejer la vida de los niños concebidos, y a ejercer su “derecho de objeción de conciencia”.

El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, consideró como un triunfo de la razón sobre los prejuicios la decisión del máximo tribunal del país.

Señaló que la victoria no es atribuible a un partido político, sino a la razón y con esto la Corte se prestigia. (Con información de Mónica Archundia)

El Universal, 29 de agosto.



Ganamos, dicen mujeres

Ahora vamos por Chiapas, Guerrero y Zacatecas, dicen varias de las mujeres que no dejan de aplaudir, de abrazarse, de dar la noticia por celular, de brincar, porque, repiten una y otra vez, ganamos. Ellas y su júbilo ahí, a tan sólo unos metros de donde se acaba de validar la despenalización del aborto en el DF.

Forman parte de las más de 20 organizaciones no gubernamentales que desde hace varios años impulsan la despenalización del aborto no sólo en el DF, sino en todo el país, y que desde ahora, con un triunfo que no esperaban tan contundente, se fijan como meta llevar la despenalización a otros estados.

“Es la sentencia más importante en la historia respecto al reconocimiento del derecho a las mujeres”, repiten lo mismo María Eugenia Romero, de Equidad y Genero; Pilar Noriega, de Foro de Mujeres; Leticia Cuevas, de Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales, y Blanca Rico, del Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Y vuelven los aplausos que suben de tono, en una euforia que nada tiene que ver con la cara larga del líder moral de Pro-Vida, Jorge Serrano Limón; con el rostro pálido de la presidenta oficial de este organismo, Rocío Gálvez; con las amenazas que vierte el primero al advertir que “como nunca se ha derramado sangre y esa sangre marcará la conciencia de los ocho ministros” que avalaron la despenalización en el DF.

Un grupo de jóvenes agradece a los ministros Aguirre, Azuela y Ortiz sus votos en favor de la vida. Porque, ellos, ellos, dicen, se han salvado.

Y el siguiente paso ya se prepara. En lo inmediato, dicen dos de los abogados clave que estuvieron tras la defensa y seguimiento de los juicios que promovieron la PGR y la CNDH, Alejandro Madrazo y Pedro Morales, son los amparos.

¿Amparos? Sí, las mujeres que viven en el DF y son derechohabientes de las instituciones de salud del gobierno federal podrán pedirle a estas dependencias que les practiquen los abortos, aseguran los abogados.

Carlos Avilés, El Universal, 29 de agosto.


Hace 11 años, el primer ¡ya basta!, y nada pasó

Cero y van tres. De nuevo la sociedad saldrá mañana a la calle para exigir lo mismo por lo que ha clamado desde finales del siglo pasado: un rotundo ¡ya basta! contra la delincuencia.

En 11 años, ésta será la tercera movilización convocada por grupos empresariales, organismos civiles y asociaciones vecinales.

Pero a diferencia de la realizada en 2004 y la de mañana, la del 29 de noviembre de 1997, la marcha México Unido contra la Delincuencia —donde se exigió poner fin a la ola de inseguridad que padecía todo el país—, participaron personalidades de la política.

De esa primera movilización surgió como respuesta de las autoridades promesas y discursos, compromisos para “apresurar” la lucha contra la delincuencia y el anuncio de iniciativas y reformas de ley que no tenían plazos ni metas específicas de ejecución.

La inseguridad de esa época coincidía con una de las crisis económicas más severas del país. El robo a transeúnte, a casa-habitación y de auto eran la constante.

El lapso de mayor incremento en la inseguridad en esa década fue de 1994 y 1997; la delincuencia creció 64% en promedio a nivel nacional, señala un informe el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF.

“No existe precedente en el país de un incremento de esta magnitud para un periodo tan corto”, indica el documento.

Como la de ahora, aquella movilización, que también partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, fue silenciosa; los organizadores también pidieron a la gente vestir prendas de color blanco y, aunque había líderes de partidos políticos y legisladores mezclados en los contingentes de clase media y alta, se determinó que no habría oradores en el mitin final, para evitar protagonismos.

Ahí estaban Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Creel, la senadora priísta María de los Ángeles Moreno y Jorge González Torres, líder del PVEM.

Al lado de los políticos marcharon intelectuales como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, así como hombres de negocios, entre ellos se encontraban Eduardo Bours, que en ese momento era presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Santos Asseo, dirigente de la Canaco, y Antonio del Valle, presidente de la Asociación de Banqueros de México.

Aquella vez, en su calidad de presidente nacional del PAN, Felipe Calderón marchó al lado de su esposa, Margarita Zavala. El entonces líder partidista decía, durante las entrevistas que ofreció en el trayecto, que era necesario aplicar medidas más expeditas en la impartición de justicia, donde la población participara en forma relevante a través de un consejo ciudadano que estuviera conformado por figuras de probada solvencia moral.

En respuesta a aquel ¡ya basta! de la ciudadanía, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se comprometía a “apresurar” la lucha contra la delincuencia.

Subrayaba que compartía las inquietudes de los manifestantes “como ciudadano, como miembro de una de tantas familias mexicanas que en los pasados tres años ha sido objeto de repetidos agravios por hechos delictivos y como titular del Ejecutivo federal”, se leía en declaraciones del entonces gobernante reproducidas en un comunicado de la Presidencia.

Terminó su sexenio y nada pasó. Y otra marcha vendría....

Alberto Cuenca, El Universal, 29 de agosto.


Van 11 años de marchas... y el crimen no cede

Por tercera vez en 11 años, la sociedad saldrá mañana a las calles para expresar un ¡ya basta! a la delincuencia, demanda que parece no haber rendido frutos ante la escalada de inseguridad registrada en los últimos meses.

El sábado 29 de noviembre de 1997 grupos empresariales, organismos civiles y asociaciones vecinales convocaron a marchar para protestar contra la ola de inseguridad que vivía el país.

A diferencia de la que se realizará mañana, hace 11 años participaron personalidades del ámbito político.

Ante esa primera movilización, las autoridades se comprometieron a “apresurar” la lucha contra la delincuencia y anunciaron reformas de ley que no tuvieron plazos ni metas de ejecución.

Alberto Cuenca, El Universal, 29 de agosto.