Establecer plazos para acabar con la criminalidad, ilusorio: alcalde de Caracas

La inseguridad no es exclusiva de la ciudad de México ni del país, va más allá. Es un problema de exclusión social y pobreza que “mientras tengamos a millones que tratan de sobrevivir en América Latina, los estamos empujando a manos de la delincuencia”, señaló Freddy Bernal, alcalde de Caracas, Venezuela. El también coronel con permiso de la policía venezolana comentó que establecer plazos para abatir el delito, minimizándolo a un decreto o a un simple acuerdo es “ilusorio”, porque no hay forma de resolverlo, es demasiado complejo: tienen que haber reformas en las leyes, depuración de los sistemas judicial y policial, además de incorporar al ciudadano como apoyo de la policía.

El funcionario, policía de profesión, dio su “humilde opinión” ante el recrudecimiento de inseguridad en México. Respaldado en su experiencia, dijo que hay que generar confianza en los cuerpos policiacos, “y eso implica depurarlos y no es una tarea fácil, acordar que en 90 días se puede resolver el tema de la inseguridad, en mi opinión, no hay forma”.

En entrevista, luego de participar en la reunión de alcaldes de América Latina, celebrada en esta capital, expuso los cambios que ha tenido Venezuela, las modificaciones en las leyes y sobre todo, el énfasis de su gobierno en los procesos de readaptación social para evitar que los delincuentes reincidan, para ello desde hace dos años se diseñó una “cárcel socialista”.

Reconoció que en Caracas, como en otras ciudades de Venezuela, hay delincuencia, que dijo, se ha reducido “de las 60 muertes que había por fin de semana, cuando llegamos al gobierno, la hemos bajado de entre 10 y 14”. Los decesos, detalló, se producen por pleitos entre bandas que se dan por el control de plazas del narcotráfico, “que es donde tenemos que seguir dando la batalla”.

Indicó que han sido eficientes contra el gran tráfico de drogas, pero “hemos descuidado la lucha contra el microtráfico, que es lo que genera los altos niveles de violencia. Asimismo se refirió a los secuestros, que en menor medida se dan contra grandes empresarios, sin embargo, señaló que el secuestro exprés –la retención por algunas horas de una persona– ha crecido, porque es un delito que no se denuncia y difícil de perseguir, pero que está lastimando a la sociedad.

El ex jefe de Operaciones Especiales de la Policía señaló que el problema de la inseguridad es multifactorial, por ello debe “haber sanciones de suficiente fuerza y contundencia que amedrenten a los criminales y disuadan de cometer delitos, las pequeñas sanciones hacen que se cometan con mayor reiteración”.

Añadió: “tiene que haber un sistema judicial depurado y honesto, porque si los jueces se convalidan con los delincuentes para que haya impunidad, a la sombra de ésta crece el delito”.

Otro de los puntos que mencionó el correligionario del Hugo Chávez en el Movimiento Quinta República, fue reforzar el sistema penitenciario; las cárceles, aseguró: “tienen que ser lugares de reinserción social. No pueden ser lugares para albergar seres humanos uno encima de otro y hacer que de ahí saquen posgrados en delito, porque a veces alguien entra por robo y sale especialista en tres cosas más”.

Al respecto, manifestó que en Venezuela se ha iniciado un proceso de cárceles socialistas, desde hace dos años, que tiene como reto la reinserción social del individuo además de un seguimiento del Estado. “Son muy modernas, con alta seguridad, donde el detenido está cómodo. Cada quien tiene su celda con servicios, para que no haya hacinamiento. Se les dan talleres y es donde se empieza a formar al preso”, expuso Bernal.

Sobre la cadena perpetua o la pena de muerte, indicó que se tienen que privilegiar siempre los derechos humanos del reo, pero reitero que deben aumentar las penas lo más que permita el ordenamiento jurídico para tratar de disuadir.

La participación de los ciudadanos como apoyo de la policía, afirmó, es un factor a destacar, sin embargo, en Caracas hay 12 mil personas que integran las redes sociales, las cuales fueron capacitadas en labores de seguridad. Por medio de códigos y cursos han sido preparados para participar en el combate a la delincuencia.

Josefina Quintero, La Jornada, 30 de agosto.


Ecuador y Venezuela firman cinco acuerdos de cooperación energética

Caracas, 29 de agosto. Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, suscribieron acuerdos de cooperación en el sector energético e hicieron un llamado a apresurar la “integración revolucionaria” en la región.

“Se nos exige profundizar en el proceso de integración revolucionaria”, indicó Correa al inaugurar junto con Chávez la perforación de un pozo petrolero en una zona de la faja petrolífera del Orinoco, donde operan en forma conjunta las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y PetroEcuador.

El presidente ecuatoriano visita Venezuela para afianzar los vínculos políticos y económicos con el gobierno de su “hermano y compañero” Chávez, como lo llamó en un breve discurso. Los mandatarios presenciaron la firma de cinco acuerdos de cooperación, entre los que destaca el que refuerza la alianza estratégica entre PDVSA y PetroEcuador para operar en esa zona venezolana.

“Cuánto boicot hubo para conformar esta alianza con PDVSA”, comentó Correa en alusión a la fuerte oposición que enfrenta en su país por su cercanía con Chávez.

Pero Correa advirtió que ya “hemos dicho basta, se terminó la fiesta de la oligarquía, se les acabó el festín” a quienes impulsaron “los procesos neoliberales del pasado”, y reivindicó los postulados “del nuevo socialismo”.

El gobernante de Ecuador señaló que ambos países están impulsando la unidad sudamericana. Criticó a quienes en su nación buscan restaurar un modelo de Estado “que tanta pobreza trajo al pueblo ecuatoriano y acrecentó las arcas de la oligarquía. Los mandantes de nuestras democracias son los pueblos, y los pueblos hemos dicho basta a la oligarquía”.

“La oligarquía no nos podrá doblegar”, reiteró el presidente ecuatoriano, quien puso fin a su discurso con un “hasta la victoria siempre, hermanos”.

Por su parte, Chávez coincidió en señalar que hoy “hay una revolución en marcha en América Latina. Es la hora de la nueva independencia. Pero sólo juntos podremos lograrla”, subrayó el mandatario tras convocar a “acelerar el proceso de integración revolucionaria latinoamericana. El trabajo de cooperación entre Venezuela y Ecuador contribuirá a la unidad sudamericana y, por tanto, irá acercando nuestros proyectos a fin de articularlos”, dijo Chávez en un acto realizado en Puerto Ordaz, en el oriental estado venezolano Bolívar.

Notimex y AFP, La Jornada, 30 de agosto.


Decomisa Cofetel equipo de radio comunitaria en la Mixteca oaxaqueña

Oaxaca, Oax., 29 de agosto. Personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), respaldados por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías estatales, confiscó el equipo de la estación de radio comunitaria La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, región de La Mixteca. La radiodifusora, operada por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses. Omar Esparza, coordinador de ese organismo, dijo que los inspectores de la Cofetel arribaron intempestivamente a La Rabiosa, interrumpieron las transmisiones ante la mirada de los operadores y locutores pertenecientes a la Red de Radios y Tv Indígenas del Sureste Mexicano y de Cactus. Expuso que el decomiso constituye una arbitrariedad, porque no se recibió ninguna notificación previa para suspender transmisiones. Explicó que los inspectores, quienes se identificaron como Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios, justificaron la acción con el argumento de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, debido a que afirmaron que se cometió un delito federal, a pesar del estatus de prueba de la radiodifusora.

Octavio Vélez, corresponsal, La Jornada, 30 de agosto.


Revisa ONU trabajo de mecanismo de la CNDH para prevenir torturas

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU se reunió con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer la labor que ha realizado de septiembre de 2007 a la fecha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual ha realizado 317 visitas a lugares de detención de los tres órdenes de gobierno.

En un comunicado, la comisión nacional que encabeza José Luis Soberanes informó que el encuentro es parte de las actividades de la visita de trabajo de ese organismo internacional.

“Dicha visita se realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el cual se establece la realización de visitas periódicas, por parte del Subcomité, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a los reclusos”, señala el boletín.

Durante el encuentro, el mecanismo, a cargo de la CNDH, explicó a los representantes de la ONU la estrategia de trabajo y la metodología que utiliza para las visitas a los diversos centros de detención en el país, así como las acciones que impulsa para prevenir la tortura y los malos tratos contra los reos.

Informó que de septiembre del año pasado a agosto de 2008 se han supervisado 317 lugares de detención dependientes de autoridades federales, estatales y municipales, localizados en Campeche, Distrito Federal, Durango, Querétaro y Tabasco.

De éstos, 166 son agencias del Ministerio Público, 65 centros de reclusión para adultos, 45 separos de seguridad pública; 14, instituciones siquiátricas; nueve, albergues para la atención a víctimas de delitos y de asistencia social; seis, centros de internamiento para adolescentes, así como seis estaciones migratorias y el mismo número de hospitales.

La Jornada, 30 de agosto.


México no garantiza derechos humanos, señala un estudio

En los próximos cuatro años, el gobierno federal pretende “armonizar” la legislación en materia de procuración e impartición de justicia, así como en las áreas de seguridad nacional, como alternativa para garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos.

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, vigente desde este sábado, busca mecanismos jurídicos y cambios en las leyes para avanzar en la cultura de la legalidad y generar confianza en las instituciones públicas, al tiempo de cumplir con demandas de los organismos civiles.

Por ejemplo, atender a grupos vulnerables e impulsar una ley sobre desaparición forzada de personas, en concordancia con la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana sobre ese mismo tema, firmadas y ratificadas por México.

De igual forma, impulsar un marco normativo de protección a las y los defensores de derechos humanos y promover enmiendas para permitir la “acción eficaz” de las autoridades federales en los casos de crímenes cometidos contra periodistas.

De acuerdo con el diagnóstico que tomó en cuenta la administración calderonista para elaborar el PNDH, sólo el 34.6 por ciento de los ciudadanos confía en las leyes y menos de la mitad de la población (45.6 por ciento) considera que en México son respetadas las garantías básicas.

Sin embargo, las metas del gobierno calderonista son limitadas toda vez que al cierre de este sexenio buscará mejorar esa situación sólo entre 5 y 6 puntos porcentuales.

Lo mismo ocurre con el rubro de capacitación de los empleados públicos para la defensa y promoción de los derechos humanos y en el cumplimiento eficaz de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicador que actualmente está en 67 por ciento y se busca colocarlo, para el año 2012, en 70 por ciento.

Este diario publicó ayer un extracto del PNDH, cuyo eje central, en materia de derechos humanos es la “sustitución paulatina y verificable” de los militares en las funciones de seguridad pública.

Desde el año pasado, las fuerzas federales participan en operativos para combatir al crimen organizado y, ahora, la víspera del segundo Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, es publicado el Programa de Derechos Humanos que busca “homologar directrices” bajo los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego, pero sobre todo garantizar que el uso de la fuerza sea sólo empleado como último recurso y “con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”

Además, mejorar el marco jurídico en lo que se refiere a la seguridad fronteriza (incluido el trato a migrantes) y avanzar en la cooperación internacional para el respeto de las garantías básicas.

Respecto a las reformas constitucionales, el plan busca elaborar iniciativas para garantizar los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos; “introducir los derechos que no se encuentren reconocidos explícitamente” y “asegurar la igualdad de todas las personas, en especial de aquellos sectores de la población que se encuentren en situación de discriminación y vulnerabilidad”.

El decreto que da sustento al PNDH fue emitido por Calderón y avalado por los titulares de Gobernación, Hacienda y de la Función Pública; lo anterior, porque se pretende que haya recursos suficientes y un esquema de contraloría para que todos los programas del gobierno federal sean elaborados con perspectiva de respeto a los derechos humanos.

El referido programa incluye múltiples líneas de acción para la prevención del delito y garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos de procuración de justicia, y acciones como el principio de presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad en el momento procesal correspondiente.

Además, incluye diversas acciones ante casos de tortura, para atender a víctimas del delito, a las personas privadas de su libertad, principalmente para lograr su rehabilitación.

Sobre la cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, el PNDH pone énfasis en las acciones que deberá desarrollar la Secretaría de Educación Pública.

Fabiola Martínez, La Jornada, 30 de agosto.


No abrir Pemex a IP: universitarios

De los 27 mil 442 estudiantes, académicos y trabajadores que participaron en la primera consulta universitaria sobre la reforma energética y la educación pública, 84.4 por ciento se manifestó contra la participación de la inversión privada nacional y extranjera en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que 97.2 por ciento demandó que una parte de los excedentes petroleros se destinen al fortalecimiento de ciencia, la educación y la cultura.

En conferencia de prensa, integrantes de las llamadas Redes Universitarias informaron que la semana próxima entregarán los resultados de la consulta a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, autoridades del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México y a legisladores federales y locales.

También, 97.6 por ciento de los votantes se pronunciaron porque la Cámara de Diputados dé mayores recursos a las instituciones de educación superior públicas, mientras que 97.5 por ciento votó por mantener una “universidad de puertas abiertas” para debatir los grandes temas nacionales.

Integrantes de la comisión organizadora calificaron de exitosa la consulta, aunque reconocieron que no se alcanzó la meta de que votaran 80 mil personas, e insistieron en que “lo más importante es que por primera vez en más de ocho años logramos convocar a la participación de la comunidad en un esfuerzo conjunto, sin violencia y en un ejercicio ciudadano”.

De acuerdo con los resultados definitivos, se confirmó la participación mayoritaria en los colegios de Ciencias y Humanidades, donde los planteles Oriente y Vallejo sumaron 3 mil 452 y 3 mil 413 sufragios, respectivamente, mientras que en la Universidad Autónoma Chapingo se emitieron 2 mil 708 votos, y mil 244 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

En el IPN

La comunidad académica, estudiantil y de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) rechaza la propuesta de que se privatice Pemex, anunciaron Rosario Trejo, Elena Góngora y Miguel Ángel Gutiérrez, integrantes de esa casa de estudios.

En la Cámara de Diputados dieron a conocer que en la consulta sobre el tema petrolero se emitieron 13 mil 17 opiniones, cuyo resultado fue que 79.67 por ciento opinó que el tema es de suma relevancia para los mexicanos y 72 por ciento dijo no a la participación privada en Pemex.

Laura Poy Solano, La Jornada, 30 de agosto.


Obligado, lograr acuerdo con el FAP y el PRI sobre la iniciativa energética: Larios

Hermosillo, Son., 29 de agosto. Los diputados federales del PAN y la dirigencia del partido admitieron que la reforma al régimen de Pemex no surgirá únicamente de la propuesta enviada por Calderón al Congreso, sino que deberán revisarse las coincidencias con las iniciativas del PRI y de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP).

El presidente del blanquiazul, Germán Martínez, saludó el proyecto presentado por el FAP –a partir de un documento decantado por el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo– y aseguró que su partido está dispuesto a dialogar sobre las discrepancias entre los tres proyectos. Sin embargo, consideró que “llegó el momento del dictamen” para que éste se discuta en el periodo ordinario de sesiones.

A su vez, el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, afirmó que si bien el PAN impulsa íntegramente la iniciativa presidencial, no tiene mayoría en las dos cámaras, por lo que está obligado a “construir un acuerdo” con el PRI y el FAP”.

Por su parte, el presidente del Senado, Gustavo Madero, informó que los temas centrales de la agenda de ese órgano legislativo para el periodo de sesiones que empieza el próximo lunes son la reforma de Pemex, las leyes secundarias en materia de justicia y seguridad pública, así como iniciativas económicas para apoyar a las familias más necesitadas.

El también coordinador de la fracción panista confió en que durante las próximas semanas se darán los consensos “para que Pemex pueda contar con mayor flexibilidad, más recursos y transparencia en su operación”.

Este viernes, en el segundo día de trabajo de la plenaria panista, el diputado Juan José Rodríguez Prats, quien el martes afirmó que la propuesta del FAP sólo tenía como objeto ejercer el “derecho masturbatorio”, se concentró en el bar del hotel, donde bebió por casi cinco horas acompañado por Óscar Miguel Mohamar y Eduardo de la Torre, así como por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona.

Poco después de la una, cuando terminó la conferencia de Germán Martínez, Rodríguez Prats ya estaba en el bar, y a las 6, diputados y reporteros que estaban en el vestíbulo del hotel Fiesta Americana observaron cómo Mohamar y Cardona lo tomaron de los brazos para conducirlo en vilo a su habitación.

Tanto Larios como Germán Martínez redujeron a “una anécdota” los apagones en el hotel, que retrasaron la apertura de la plenaria y provocaron cortes en el sonido durante los discursos de Felipe Calderón y del presidente del partido. El EMP atribuyó la falla al personal del hotel.

Enrique Méndez y Andrea Becerril, La Jornada, 30 de agosto.


Álvaro Uribe, en la encrucijada

BUENOS AIRES.— Presionado por las relaciones de miembros de su gobierno y allegados —como la del hermano de un ministro— con los paramilitares, y por estar bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente Álvaro Uribe, desató en los últimos días una batalla política en varios frentes, que enrareció el clima político a tales niveles que hasta ya duda de la conveniencia de seguir adelante con su segunda reelección.

“No debe haber perpetuación del presidente”, respondió el propio Uribe el viernes en un acto público cuando un ciudadano le preguntó por su posible nueva candidatura. La relación de Guillermo Valencia Cossío, fiscal de Antioquia y hermano del recién asumido ministro del Interior Fabio Valencia Cossío, con Don Mario, uno de los paramilitar y narcotraficantes más buscados, complica el panorama político, incluyendo la permanencia del ministro que había llegado para asegurar la reforma judicial en el Congreso.

Al margen queda la alta popularidad de Uribe, cuando días pasados debió admitir que varios funcionarios de su gobierno se habían reunido tres veces con el abogado del jefe paramilitar conocido como Don Berna e intentó salir de las acusaciones con sendos ataques a la Corte Suprema de Justicia, a la que denunció por montar pruebas en su contra, y contra el Partido Liberal y el ex presidente César Gaviria, a quien le endilga el haber impedido al extradición de narcotraficantes y guerrilleros al impulsar la reforma electoral de 1991.

Para Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y uno de los siempre presidenciables entre los liberales, “los ataques del presidente contra el liberalismo y su gobierno son parte de un plan sistemático de desestabilización y sólo tienen el propósito de convertir en político un escándalo judicial que lo envuelve cada vez más”.

El ambiente se tensó a tal grado que el vicepresidente Francisco Santos salió a pedir al gobierno y a la oposición “prudencia y bandera blanca para asegurar la responsabilidad democrática que les cabe a cada uno”. La propuesta, apoyada por empresarios, sindicalistas y Congresistas, no encontró eco en Uribe, quien se quejó: “Me da lidia quedarme callado... es mejor el debate político a las palabras lindas....”.

Los analistas se preguntan hasta dónde el espíritu de fujimorización se apoderó del uribismo, enfrentado hoy día con la Justicia, el Partido Liberal y con la oposición toda, mientras las evidencias de nexos entre los paramilitares y su gobierno son cada vez más grandes y “alteran los nervios del gobierno y no ayudan a la convivencia institucional”, señala el analista Fernando Cepeda.

Para Carlos Gaviria, líder del opositor Polo Democrático, la presencia del fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, preocupado “porque los crímenes del paramilitarismo podrían quedar impunes”, fue “lo que alteró al presidente quien se sabe cada vez más comprometido no sólo con los paras sino con el caso de la Yidispolítca” (la compra de votos en el Congreso para conseguir su reelección en el 2006).

Con Valencia Cossío al borde de la renuncia y la crispación política, no faltan quienes alrededor del presidente ya expresen dudas sobre la conveniencia de seguir adelante con el proyecto reeleccionista aún cuando los cinco millones de firmas necesarias ya están a disposición de la Justicia. “Una figura de recambio, tranquilizaría los ánimos y permitiría seguir adelante”, dijo un alto funcionario del gobierno. Uribe, por lo pronto, actúa como es su costumbre: Con un guiño a los que quieren verlo terminar en el 2010, pero advirtiendo que no se quedará callado con aquellos que le piden “prudencia, tranquilidad y transparencia democrática”.

José Vales, corresponsal, El Universal, 30 de agosto.


Alerta por cibercriminales

Miles de personas han caído en estos sitios y sus dueños se han hecho millonarios casi al instante: son las redes sociales, páginas web como Hi5, Facebook, MySpace, Flickr y YouTube, donde es posible compartir datos personales, fotos y videos con amigos y familiares, al que pueden acceder muy fácilmente, sólo necesitan una conexión a internet.

La sombra de su éxito está opacando las virtudes que en un principio presumía, pues los cibercriminales tienen la oportunidad de ver el perfil de su víctima, incluidos datos personales y videos y fotos familiares, como si el delincuente husmeara en el hogar de la persona sin que nadie pueda verlo.

Un sondeo de EL UNIVERSAL en su portal web, dio a conocer que, de 900 lectores que respondieron hasta ayer a mediodía, 88.3% dijo que cuenta con una red social.

A 59.43% de entrevistados le preocupa mucho que sus datos personales puedan ser vistos por desconocidos, 20.86% dijo que había modificado datos personales en la última semana, mientras 24.95% señaló que lo había hecho en los últimos tres meses.

Como dato adicional, MySpace tiene 110 millones de usuarios; Facebook, 97.8 millones; Habbo, 86 millones, y Hi5 presume 70 millones de personas en su base de datos. ¿Usted es parte de estas cifras?
Hugo Arce, El Universal, 30 de agosto.

Legisladores apoyan que Ejército siga en las calles

Ante el clima de inseguridad que vive el país, diputados y senadores se manifestaron por mantener al Ejército en las calles y reconocieron que la corrupción ha invadido las esferas de poder y alimentado a la delincuencia organizada en todo el país.

El panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, subrayó que no se puede pensar que el Ejército deje de realizar actividades de combate a la inseguridad en el corto plazo “mientras no haya cuerpos policíacos depurados y confiables”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco Rivera Bedoya, reveló que se invitó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique la situación actual de inseguridad por la que atraviesa el país.

Tomás Torres, senador del PRD y secretario de la Comisión de Justicia, subrayó que se ha legitimado la presencia del Ejército en acciones de combate a la inseguridad nacional.

En San Lázaro, César Duarte , presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el Ejército es “la institución que más respetamos los mexicanos, es un Ejército popular, es un Ejército que debemos mantener”.


El panista Cristián Castaño indicó que es urgente hacer una limpia en las corporaciones policíacas, que el gobierno federal tiene una responsabilidad y que también, por cada policía federal hay 40 más a nivel estatal y municipal.

El diputado perredista Alfonso Suárez del Real calificó de grave la situación de inseguridad en todo el territorio nacional y comentó que la tragedia de 12 cuerpos decapitados en el estado de Yucatán, demuestra que el embate del crimen organizado es cada día más perverso y también dramático.

El diputado Francisco Rivera Bedoya (PRI), adelantó que el próximo miércoles fue invitado el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a la Cámara de Diputados con la finalidad de que explique la situación actual del país en materia de seguridad.



Por otro lado, en el estado de México, el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, Manuel Espino, dijo que no hay condiciones para retirar al Ejército de las calles.

El ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que el incremento de ejecuciones en todo el país “está a la orden del día”, por lo que no es momento que las fuerzas armadas dejen sus labores de vigilancia, aseguró. (Con información de Alberto Morales, enviado)

Francisco Reséndiz, El Universal, 30 de agosto.

“Pena de muerte a plagiarios”

Isabel Miranda de Wallace está convencida de que el cambio para tener un México sin violencia no se dará desde el gobierno, pese a su acuerdo por la seguridad, sino desde la sociedad, porque las autoridades no han mostrado voluntad política para resolver el problema de la delincuencia.

Miranda de Wallace ha encabezado una lucha personal desde hace tres años para recuperar el cuerpo de su hijo Hugo Alberto, secuestrado por la banda que encabezaba el policía judicial César Freyre. A través de este combate ha logrado la captura de cinco de los plagiarios.

Ayer, Isabel Miranda participó en una charla digital con lectores de EL UNIVERSAL; en ella se manifestó por aplicar la pena de muerte a los secuestradores “porque es la única forma de que éstos no continúen secuestrando, ya que cuando están presos lo siguen haciendo desde prisión”, dijo.

Ante la falta de voluntad política de las autoridades, consideró que se debe castigar a los políticos “con nuestros votos”, y reiteró su propuesta para crear una fiscalía ciudadana con facultades para consignar penalmente a un funcionario, cuando se le comprueben casos de corrupción.

Sobre las pesquisas que realizan las autoridades para encontrar el cuerpo de su hijo y así poder castigar a quienes cometieron un atentado contra ella, Isabel Miranda lamentó que las autoridades han hecho muy poco en su caso.

“El proceso (contra los secuestradores de Hugo Alberto) se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley, pero ésta es injusta porque le da más ventajas al delincuente que a la víctima; para que se dé una idea, el juez de manera oficiosa puede corregir cualquier falta que tenga su abogado, pero a la víctima no”, lamentó.

Así, consideró que las autoridades deberían sentirse avergonzadas por no hacer su bien trabajo “y más avergonzadas porque los avances en la investigación los hizo una mujer sin la preparación de policía”, destacó.

Isabel Miranda marchará hoy en la movilización contra la inseguridad que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo. Consideró que a diferencia de otras megamarchas convocadas en los últimos 11 años, ésta tendrá una mayor posibilidad de éxito, porque junto con distintas universidades se dará un seguimiento de las demandas y de las respuestas que den las autoridades.

“En la última marcha (de junio de 2004) nos fuimos a nuestras casas y nos quedamos tranquilos, pensando en que la autoridad iba a recapacitar y ya vimos que no, que hay que empujarlos y moverlos, obligarlos a hacer esto”, concluyó.
Alberto Cuenca, El Universal, 30 de agosto.

Lento regreso a cuarteles: ordena Calderón arrancar un proceso de “sustitución progresiva y verificable” de militares en labores de seguridad

El presidente Felipe Calderón ordenó arrancar un proceso de retorno gradual a cuarteles, de militares que en los últimos meses se han encargado de labores de seguridad pública.
Esta tarea se proyectó a partir de hoy y hasta el 2012, año en que termina su gestión. Las dependencias responsables de ejecutarla son las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública federal, de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República.
Tal disposición fue incluida como parte del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el cual entra en vigor este sábado.
En dicho Programa, Calderón pide a las instancias mencionadas "impulsar la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial".
Esta es la primera vez que el gobierno federal vincula el uso del Ejército en tareas de seguridad con riesgos en el respeto a derechos humanos. El PNDH fue diseñado para orientar la actuación gubernamental en la materia.
Temas como el derecho a la seguridad y el derecho de las mujeres a la salud reproductiva fueron contemplados en el documento.
Para propiciar un ambiente idóneo para el regreso de soldados a sus cuarteles, el gobierno pidió a la SSP-F consolidar el servicio profesional de carrera de policías a través de un Programa de Desarrollo Policial que contemple aspectos como profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
A la Sedena, le solicitó evitar violaciones a garantías fundamentales en el contexto de su participación en la lucha contra el crimen organizado.
Para el sistema penitenciario federal, así como para todo el personal autorizado a realizar detenciones, la orden fue prevenir y erradicar la tortura.
En torno a la procuración de justicia y la estrategia anticrimen se planteó garantizar a las victimas del delito menores de edad o víctimas de secuestro, violación y delincuencia organizada, el resguardo de su identidad y otros datos personales. Y se puso especial énfasis en la trata de personas.
Sobre los derechos de las mujeres, no hay indicios en el Programa de una política federal encaminada a despenalizar el aborto, como ocurrió en el DF y la cual recién fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las metas sólo se menciona difundir programas de salud para mujeres embarazadas, ampliar la atención de salud reproductiva y servicios de planificación familiar, y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a esos servicios. Sí se menciona la implementación de una estrategia de acceso efectivo a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, y a servicios de aborto, pero solo en las circunstancias previstas en las normas federales, como en el caso de violación.
El PHDH se fundamenta en los principios de no discriminación y de igualdad y equidad de género. Su proceso de formulación incluyó la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la red creada por 30 dependencias para elaborarlo no se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De hecho, se establece la creación de una subcomisión con la participación de Naciones Unidas, en calidad de asesor permanente, para dar seguimiento y evaluar la política pública federal en derechos humanos, función de la que fue relegada la CNDH.
En el único punto en el cual se le contempló fue en la meta de pasar del 67% al 70% de eficacia en la atención de recomendaciones emitidas por el ombudsman.
Otro de los propósitos registrados fue disminuir de 45.6% a 40% la percepción de que el gobierno no respeta los derechos humanos.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 30 de agosto.

Para la Iglesia, se abrió la caja de Pandora a una cultura de muerte

La Arquidiócesis de México se lanzó contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusó de abrir la caja de Pandora a la cultura de la muerte por avalar la práctica del aborto, con lo cual, aseguró, se da pauta a la pena de muerte para los secuestradores.
El Arzobispado, encabezado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló que para los ministros y para el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, “la vida no vale nada”.
“Tras su sentencia (de la SCJN) ya hay gobernadores que dicen que no hay razón que impida la pena de muerte o la cárcel perpetua a secuestradores, es decir, abierta la caja de Pandora, florece la cultura de la muerte”, aseveró la Arquidiócesis.
El jueves pasado, los ministros de la Suprema Corte ratificaron la constitucionalidad de las reformas que permiten el aborto antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.
En un editorial, difundido en su página de internet, el Arzobispado señala que la mayor parte de los magistrados, “politizados y con un bajo nivel de análisis y discusión”, han reprobado con cero de calificación el más elemental examen de bioética, a excepción de los magistrados Sergio Aguirre, Mariano Azuela y Guillermo Ortiz.
Mariana Viayra Ramírez, Crónica, 30 de agosto.

Se comprometen las enfermeras militares a defender la vida

Un día después del respaldo de la Suprema Corte a la interrupción del embarazo en el DF, enfermeras militares se comprometieron frente al general Guillermo Galván, secretario de la Defensa, a defender la vida.
Durante la ceremonia de graduación de 50 cadetes enfermeras, la teniente Luz María Flores, directora de la Escuela Militar de Enfermeras, expresó: “Ante usted, mi general, el grupo de graduadas se compromete a prodigar cuidados con responsabilidad, ética y calidez”.
“Porque la vida —dijo— es el don más preciado, y cuando es puesta en nuestras manos debemos cuidarla y protegerla, teniendo presente que el paciente es un ser humano con necesidades propias en cada una de sus etapas, sobre todo en su inicio”.
Tras el aplauso y consentimiento de Galván Galván, la directora instó a las graduadas a poner en práctica los valores aprendidos en la institución, “porque son para toda la vida”; a actuar con humanismo y bondad, así como a defender “la mística de obtener la luz para alumbrar el cuidado del paciente”.
El secretario les entregó a las galardonadas un maletín de enfermería, así como premios y diplomas a los primeros lugares.
La EME cumplió 70 años de fundación y su lema es “Por la luz al servicio de la patria”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 30 de agosto.

Pedirá la Corte al GDF informar de opciones para evitar abortos

Apetición del ministro Fernando Franco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluirá en su dictamen sobre la despenalización del aborto un exhorto a las autoridades del Distrito Federal para que implementen una estrategia de información dirigida a mujeres que han solicitado la interrupción de su embarazo.
La idea es que se les den a conocer otras opciones que garanticen su proyecto de vida, como la adopción, además de que se les informe sobre los riegos a la salud de un proceso abortivo.
Aunque la SCJN avaló el jueves pasado la reforma que permite esta práctica en la capital antes de la semana 12 de embarazo, pretende que el aborto no se vuelva algo cotidiano o que se utilice como método anticonceptivo generalizado.
La recomendación se hará a la Asamblea Legislativa, promotora de la ley y al jefe de gobierno Marcelo Ebrard, así como a funcionarios gubernamentales y a médicos que laboran en hospitales dependientes del gobierno capitalino.
Franco González solicitó que estas consideraciones sean añadidas a la resolución.
El ministro resaltó que la ALDF “tiene la obligación de establecer sanciones a las autoridades que incumplan con su obligación de orientar a quienes incurran en conductas indebidas… El gobierno del DF debe poner especial atención al cumplimiento puntual de dichas obligaciones y aplicar todo el rigor de la ley a quienes las pasen por alto”.
Esta labor informativa fue contemplada en el tercer párrafo del artículo 16 bis 6 y en una adición al 16 bis 8 de la Ley de Salud del Distrito Federal.
Dichas reformas, resaltó Franco, “establecen la obligación de las autoridades no sólo de tomar medidas preventivas a través de la educación sexual y la capacitación, sino también de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva políticas integrales tendientes a esos efectos”, y estipulan “la responsabilidad de las instituciones públicas de proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones con que cuenten las mujeres además de la interrupción del embarazo, así como las consecuencias en su salud al tener que tomar la terrible decisión de abortar”.
El objetivo, expresó, es agotar otras posibilidades que, a final de cuentas, puedan evitar el aborto.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 30 de agosto.