Pretenden amedrentar al Estado, pero no habrá tregua: Calderón

En el 193 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el presidente Felipe Calderón lamentó el asesinato de ocho militares, cuyos cuerpos aparecieron decapitados en Chilpancingo, Guerrero, y destacó que a la violencia del crimen “responderemos con la acción firme del Estado. No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua ni cuartel para los evidentes enemigos de la patria”.

Subrayó: “sabemos bien que con estos cobardes asesinatos pretenden amedrentar al Estado y a la sociedad; pretenden paralizar y detener la acción del Estado mexicano en contra de la criminalidad. Son consecuencia de la contundencia de los golpes que las fuerzas armadas han dado a las organizaciones criminales y que han provocado una merma en su estructura tanto funcional como económica”.

Acompañado por los secretarios de Marina y de Educación Pública, el jefe del Ejecutivo advirtió: “estamos decididos a llevar esta lucha en todas sus consecuencias; a la violencia del crimen responderemos con la acción firme del Estado”.

Visiblemente molesto, el presidente Calderón subrayó: “hoy como ayer, la patria sufre embates de sus enemigos, de aquellos que buscan precisamente dominar y cancelar las libertades de los mexicanos. En nuestro país se libra una lucha contra diversos grupos criminales, que durante décadas lograron penetrar a las instituciones y corromper segmentos de la sociedad”.

La víspera se informó del hallazgo de ocho militares decapitados en Chilpancingo, Guerrero, y en este acto,con motivo del 193 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, efectuado en la Plaza de la Ciudadela, Calderón insistió: “hoy la lucha de México contra la delincuencia es prioridad para el Estado mexicano y sus instituciones”.

En su mensaje, sostuvo que “en México no hemos dudado en ningún momento hacerle frente a estos enemigos, porque precisamente nuestra tarea es preservar la libertad por la cual vivieron y murieron nuestros héroes”.

Señaló, en referencia con los hechos violentos ocurridos recientemente, que se trata “de verdaderos traidores que con tal de ampliar sus intereses son capaces de realizar cualquier barbarie y atentar no sólo contra el tejido social, sino contra los más altos valores de los mexicanos, la vida, la seguridad y la libertad”.

Aprovechó la ceremonia luctuosa para rendir homenaje a los militares asesinados. Pidió guardar un minuto de silencio como tributo a los caídos. En seguida refirió que en días pasados, en Guerrero, “ocho valientes soldados fueron asesinados cobardemente.

“Ellos lucharon como héroes y como héroes serán recordados; murieron con dignidad porque protegían los valores de la patria, defendiendo a las familias mexicanas, a ustedes, a nosotros, a toda la sociedad.”

El acto se efectuó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Militares con armas largas resguardaron la Plaza de la Ciudadela; incluso utilizaron perros, y fue notorio un mayor número de miembros del Estado Mayor Presidencial que lo acostumbrado.

Calderón sostuvo: “murieron luchando por un México mejor, por un México de justicia”.

Añadió que las fuerzas armadas y distintas policías del país han respondido con valentía y lealtad para poner un alto al crimen organizado y detener este cáncer social que amenaza a todos los mexicanos. “Muchos han caído en esta lucha; militares y policías han ofrendado su vida, convencidos de la justeza y la nobleza de su causa.”

El mandatario destacó que las organizaciones criminales, “presas de la desesperación derivada de los golpes contundentes que a su organización, estructura y financiamiento han infligido las fuerzas armadas y las fuerzas federales, han recurrido a todo tipo de cobardías, y sin siquiera atreverse hacerle frente al Ejército Mexicano”.

Después del minuto de silencio que se guardó en memoria de los caídos, Calderón indicó: “gloria y honor para ellos y para todos los soldados y marinos que han fallecido en el cumplimiento de su deber. La patria siempre reconocerá y tendrá muy en alto su esfuerzo y su sacrificio, así como el de todos los caídos en esta lucha. Su muerte no será en vano, y habremos de empeñar nuestro esfuerzo para llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos tan cobardes, tan cobardes como ellos, de estos hechos ominosos”.

Insistió en que estos actos pretenden “amedrentar al Estado y a la sociedad. Pero estamos decididos a llevar esta lucha en todas sus consecuencias; a la violencia del crimen responderemos con la acción firme del Estado. Porque México es más fuerte que cualquier banda de delincuentes. No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua ni cuartel para los evidentes enemigos de la patria”.

Hizo un llamado a la sociedad, a los poderes, a los gobiernos estatales y municipales para refrendar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. La esencia de ese pacto, manifestó, es reconocer que todos tenemos algo importante que aportar, que es por México y por su porvenir, porque alcanzar un futuro de paz depende de lo que hagamos hoy, unidos en un solo frente común.

El Presidente señaló que en un día como hoy, hace 193 años, fue asesinado José María Morelos y Pavón. “La gratitud nos ha reunido en este lugar de donde partiera una mañana como ésta al lugar de su fusilamiento.”

Sin lugar a dudas, sostuvo, “el Generalísimo Morelos fue uno de los más brillantes estrategas militares que ha dado la nación, cuyo talento militar fue, incluso, reconocido en su tiempo por Napoleón. Además fue un estadista en toda la extensión de la palabra, porque tenía altura de miras y sólidos principios”.

Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de diciembre.


“Despertaron conciencias”

SAN JUAN COPALA, Oax.— “Las mataron porque despertaban la conciencia del pueblo”, asentó el locutor Adolfo Ramírez desde un rincón del viejo caserón que hace las veces de cabina para Radio Copala.
Fue en enero, al celebrarse el primer aniversario de la creación del ayuntamiento autónomo, asentado en una comunidad triqui, cuando nació la estación comunitaria.

“La voz que rompe el silencio nunca será acallada”, prometieron compañeros de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, asesinadas en una emboscada atribuida a los líderes del Partido Unidad Popular, Heriberto Pazos, Rufino Merino Zárate —ex diputado local— y Marcelino Bautista.

Reconocieron que Felícitas y Teresa, de 22 y 24 años, sobresalieron en una sociedad marcada por el machismo, “gracias a la oportunidad que dio el gobierno autónomo”.

Estos homicidios motivaron que el líder de la 60 Legislatura de Oaxaca, Herminio Cuevas Chávez, convocara a las organizaciones locales MULT y MULTI, así como a la Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui, a suscribir un pacto de no agresión. Sin embargo, la violencia no paró.

“Víctimas circunstanciales”

A casi ocho meses de los crímenes, el fiscal para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, Octavio Alberto Orellana, señaló, el 10 de diciembre, que la muerte de ambas periodistas comunitarias “no tuvo que ver con el ejercicio de la comunicación que desempeñaban”.

Las locutoras, dijo el fiscal, fueron “víctimas circunstanciales de una agresión dirigida al conductor del auto (Faustino Vásquez, auxiliar del Registro Civil) en el que viajaban”.

Sin embargo, la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano consideró inexistentes los elementos en el expediente para llegar a tales conclusiones y los rechazó “por infundados y faltos de verdad”.

El rechazo se reforzó luego de que recibieron indicios de que ambas comunicadoras triquis fueron asesinadas a una distancia de “entre dos y tres metros”.

Alberto López Morales corresponsal, El Universal, 23 de diciembre.


Acallan voces indígenas

JUCHITÁN, Oax.— A dos meses y 18 días de haber iniciado sus operaciones en el 94.9 de FM, la radio comunitaria La voz que rompe el silencio del municipio autónomo de San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, recibió su bautismo de sangre.
En la tarde del 7 de abril, a su regreso de la localidad de Llano Juárez, a donde habían ido a promover los servicios de la radio, las locutoras Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron acribilladas con armas de alto poder.

Las jóvenes, de apenas 22 y 24 años, pagaron con su vida el precio de la violencia incrustada en esa empobrecida región de la Mixteca alta, que en 60 años ha registrado más de mil muertes.

Felícitas Martínez, soñadora de fiesta y pastel el día de su boda, y Teresa Bautista, quien deseó reunirse con su hermano Francisco en Nueva York, viajaban en el vehículo que conducía el auxiliar del Registro Civil Faustino Vásquez, ileso en la emboscada.

El crimen de ambas periodistas comunitarias originó una ola de indignación nacional e internacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras condenaron los asesinatos. En tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó su esclarecimiento.

Atemorizados, adoloridos e indignados, los jóvenes locutores de La voz que rompe el silencio, como Bernabé Cruz y Adolfo Ramírez, quienes suplieron las voces ausentes de sus compañeras fallecidas, les pusieron nombres y apellidos a los autores intelectuales y materiales.

Desde el primer día de la emboscada, en la que se usaron cuerno de chivo, Heriberto Pazos, Rufino Merino y Marcelino Bautista, dirigentes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), fueron señalados como los autores intelectuales.

“Los que jalaron el gatillo”, dijeron en ese entonces las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, encabezado por José Ramiro Flores, “fueron los hermanos Manuel y Carmelo Domínguez, y Paulo Guzmán”.

Alberto López Morales corresponsal, El Universal, 23 de diciembre.


Uribe pide entrega de rehenes a la Cruz Roja

BOGOTÁ (Agencias).— El presidente colombiano Álvaro Uribe afirmó ayer que su gobierno no permitirá intervenciones de personalidades internacionales para la liberación de rehenes, como las anunciadas la víspera por las FARC.
El presidente, al hablar en un acto en la casa de gobierno, dijo además que su administración dará todas las garantías de seguridad, pero a una acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Uribe no mencionó qué países ni personalidades estarían vedados por su gobierno.

En el pasado, gestiones de liberación de rehenes han desembocado en duros enfrentamientos verbales e incluso retiro de funcionarios diplomáticos con países vecinos como Venezuela por malos entendidos y desacuerdos entre Caracas y Bogotá sobre el alcance de esas labores ante las FARC.

El canciller venezolano Nicolás Maduro afirmó en la jornada que “nadie nos ha solicitado oficialmente (a las autoridades venezolanas) participar” en el proceso de liberación de rehenes.

Maduro dijo que Venezuela en el pasado siempre actuó con el aval del gobierno de Uribe para ayudar en la liberación de secuestrados de las FARC y que en esta oportunidad mantendrá esa línea.

“Respetamos cualquier decisión que el gobierno colombiano haya tomado o tome en relación a este tema”, acotó el canciller.

“Si los van a liberar, ahí tienen a la Cruz Roja Internacional que, como siempre, recibe autorización del gobierno”, dijo Uribe.

El presidente colombiano pareció responder a lo dicho por la senadora Piedad Córdoba el fin de semana pasado, cuando planteó que le pediría al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mediar en la entrega, como lo hizo con las liberaciones que se registraron a comienzos de este año.

Ante el anuncio de Uribe, el ex presidente Ernesto Samper fue uno de los primeros en reaccionar. “Ojalá el presidente Uribe sea tan generoso como en las otras liberaciones y facilite las condiciones para que los cautivos regresen a casa”, dijo el ex mandatario.

“Chávez ha demostrado que tiene la capacidad de ayudar sin protagonismo en otras oportunidades; no sé si se estará pensando o no en él, pero me parece que uno no puede comenzar negando la posibilidad de que cualquier tercero de buena fe pueda participar en la liberación”, concluyó Samper.

Tropas de la octava brigada del Ejército colombiano detuvieron en una operación especial a Wilson Alfonso Ruiz Jaramillo, alias Paludismo, considerado uno de los jefes de una de las principales facciones de las FARC en el suroeste del país, informaron ayer fuentes militares.

El general Justo Eliseo Peña, comandante de la tercera división a la que pertenece la octava brigada, precisó que Paludismo fue capturado gracias a labores de “inteligencia y seguimiento” en zona rural del municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca. (Con información de El Tiempo/GDA)

El Universal, 23 de diciembre.


El principio del fin de las FARC

BUENOS AIRES.— “Las FARC están en una fase terminal, pero eso no significa que su final esté a la vuelta de la esquina”. Esa aseveración pertenece a unas de las personas que tuvo seis años y tres meses para conocer a la guerrilla más longeva del continente por dentro: Ingrid Betancourt, a su paso por Buenos Aires. Seguramente esos conceptos, palabras más palabras menos, estarán en el libro que el próximo año la ex candidata presidencial colombiana espera presentar para contar a detalle su calvario y su relación con sus captores.

Y es que la liberación de Betancourt marcó uno de los tantos golpes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibieron a lo largo de 2008, y que marcaron el comienzo del fin, si no de su existencia al menos sí de su poder de fuego y su cohesión como fuerza insurgente.

Había arrancado agitado el año para la guerrilla. Las negociaciones para el canje de prisioneros por rehenes no prosperaban ni siquiera con la frustrada mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, quien luego de finalizar la misma de forma abrupta tras una infidencia diplomática que ofuscó a Álvaro Uribe, siguió terciando en el tema.

Por eso, el año 2007 se desvanecía con el anuncio de la guerrilla de que iba a liberar a Clara Rojas, a su hijo Emanuel y a la ex congresista Consuelo González. Chávez dispuso el operativo; con autorización de Uribe, reunió al entonces presidente argentino Néstor Kirchner, a varios cancilleres y al enviado del brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en Villavicencio para esperar la entrega en lo que llamó Operación Emanuel.

El operativo se demoraba, hasta que se supo que el niño ya no estaba en poder de la guerrilla, sino del Instituto de Bienestar Familiar colombiano. Un craso error de las FARC y un papelón político que no hacía más que convertirse en el preámbulo de lo que vino casi dos meses después.

Rojas y González fueron liberadas el 10 de enero y, el 1 de marzo, el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, fue acribillado mientras dormía en un campamento en territorio ecuatoriano. El peor golpe que había recibido en años, aun cuando tras la operación se desató un conflicto internacional que todavía no está solucionado del todo.

Una semana más tarde, fue el turno de Iván Ríos, el número tres de las FARC y activo negociador con el gobierno durante las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán entre 1998 y 2002. Fue asesinado por su secretario Rojas, quien entregó una mano del occiso como prueba del crimen y para cobrar la recompensa. Era la muestra de que algo se había quebrado en el interior de la fuerza insurgente que, hasta años atrás se jactaba de su organización y la lealtad de sus hombres.

El 26 de marzo, según todas las fuentes de inteligencia, falleció su líder histórico, Manuel Marulanda o Tirofijo de muerte natural, lo que obligó a un gigantesco replanteamiento interno, y al nuevo comandante, Alfonso Cano a lidiar con las pujas internas. Una semana después de conocida la noticia de la muerte del líder, el 2 de julio, la Operación Jaque —de la que en estos días se conocerá en su totalidad gracias a un libro de investigación— Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes fueron liberados en las narices mismas de la guerrilla. De ahí que la fuga del congresista Óscar Tilo Lizcano y su carcelero, Izaza, en octubre, ya no sorprendiera a nadie. Era una evidencia más de la descomposición, lenta pero constante, de las FARC.

No obstante, a la propia Betancourt le asiste la razón cuando dice que lo ocurrido este año es el ingreso en su fase terminal: pero su final recién tendrá lugar “cuando pertenecer a las FARC y tener un arma en la mano no represente un status para sus militantes…” Y eso, además de acabarlas militarmente, “pasa por un Estado que, hasta aquí, logra con su ausencia que pertenecer a la guerrilla signifique todo un medio de vida…”.

José Vales corresponsal, El Universal, 23 de diciembre.


IFE avala proyecto de protección anticrimen

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el proyecto para garantizar el blindaje electoral a las campañas políticas de 2009, informó el consejero electoral Virgilio Andrade.



El documento , que se firmará el 14 de enero próximo, fue aceptado, de manera preliminar, por todos los partidos y será afinado a principios de año, para que norme las acciones de todas las fuerzas políticas para evitar la infiltración del crimen organizado.



El 14 de enero citarán a sesión extraordinaria, para proponer las reformas reglamentarias procedentes cuenten “con el mayor consenso posible”, señaló el consejero.



Al presentar el proyecto, el consejero Andrade aseguró que con éste, el IFE se compromete a entablar el debido contacto con las instancias de seguridad nacional.



Esto implica, según dijo, entablar contacto con las secretarías de la Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública Federal y la PGR, así como con las autoridades Hacendarias.



Advirtió que se trata de uno de los fenómenos más preocupantes de la vida contemporánea del país, el relacionado con la seguridad y con el riesgo de que existan recursos de procedencia ilícita durante las campañas electorales.



El proyecto abarca no sólo temas de fiscalización, sino también otros compromisos y responsabilidades tanto de los partidos como del propio Instituto Federal Electoral, señaló Virgilio Andrade.



La propuesta fue redactada durante el transcurso del día por el propio consejero y contempla un compromiso de los partidos para garantizar con sus propias actividades y conductas, mejores condiciones de seguridad y transparencia.



El documento integra siete compromisos “que podrían llegar a asumir” los partidos; entre otros, la garantía de tener candidatos y precandidatos con trayectorias honorables; y vigilar el ingreso de dinero.



Prevé maximizar la publicitación y transparencia a la sociedad, la información sobre candidatos y precandidatos, así como de las operaciones financieras que vayan realizando durante el transcurso de los comicios.



Ampliar o procurar ampliar el listado de las personas políticamente expuestas y denunciar ante el IFE todas las cuestiones que tienen qué ver cuestiones de violación a la seguridad

Los partidos tendrán el derecho de solicitar medidas de seguridad que consideren pertinentes, ante cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia ilícita o que ponga en riesgo las condiciones de legalidad y seguridad.

Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 23 de diciembre.


Sebastiana, cuatro años sin defensor

Sebastiana, una indígena tzotzil, ha esperado en prisión durante poco más de cuatro años a que le asignen un defensor público que hable su lengua y conozca su cultura. Es su derecho.

Pero en el país sólo hay 14 defensores públicos federales que hablan una lengua indígena y que conocen usos y costumbres.

En teoría, desde hace seis años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido, presuntamente, un delito federal, y que no tienen dinero para pagar a un abogado particular, tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenece.

Pero en la práctica, en un país habitado por unos 12 millones de indígenas, la realidad es otra.

En su informe de labores correspondiente al año que termina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo cuenta con 14 abogados con estas características.

La cifra la presentó como una muestra del avance y de los esfuerzos que se realizan, “día con día, para garantizar una justicia accesible” para los indígenas.

Una opinión que no comparten sus compañeros ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez y Sergio Valls. En especial, después de revisar el caso de Sebastiana y de convencerse de que el Estado ha sido incapaz de garantizar este derecho.

A Sebastiana nadie la conoce fisícamente en la Corte. Su caso únicamente está plasmado en el papel. Pero se trata de un caso que muestra los laberintos por los que tiene que atravesar una persona en busca de justicia.

La usaron para transportar cocaína. La detuvieron en agosto de 2004, la consignaron y le asignaron un defensor público federal que no hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura.

Normalmente a los indígenas se les asigna un defensor con estas características.

El problema que tienen los defensores es que deben apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen y que se corra el riesgo de que se cometan errores en las traducciones.

Eso sin contar que si no conocen la cultura de sus defendidos no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor que la que se le aplicaría al resto de la población.

Sebastiana fue sentenciada a 10 años de prisión en 2005. Y un nuevo abogado de oficio asumió su defensa. Tampoco hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura. Pero, en un hecho inusual utilizó precisamente estas carecencias para pedir la liberación de Sebastiana.

El nuevo abogado promovió un juicio de amparo bajo el argumento de que se habían violado las garantías de Sebastiana al no lograr asegurar que la defendiera un abogado que hable tzotzil y que conozca los usos y costumbres de esta comunidad.

Lo único que logró, después de otro año, en 2006, fue que un tribunal federal ordenara que se abriera un nuevo juicio en el que contara con la defensa de un abogado que hable tzotzil y conozca a la comunidad.

La historia volvió a empezar. Y cuando el juicio de Sebastiana inició, otra vez de cero, se topó con la realidad de que, en todo Chiapas, sólo hay un defensor público federal que domina el tzotzil.

Pero no podía atenderla porque estaba llevando otros juicios en otra parte del estado.

Y hubiera seguido esperando de no ser porque, una vez más, su anterior defensor le promovió otro amparo para pedir que se le liberara porque, en su caso, se había rebasado, en exceso, el tiempo para que se le juzgara y se le dictara sentencia.

Debido a la relevancia del tema y a la trascendencia que tendría para otros casos similares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio.

Y ahí, el 5 de noviembre pasado, al revisar su caso, los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero, la mayoría de la sala penal, se manifestaron en favor de ampararla y de ordenar su liberación, debido, precisamente, a que ante la falta de un defensor público tzotzil que la atendiera se habían violado varias de sus garantías constitucionales.

Pero, por cuestiones meramente de procedimiento, el amparo que la dejará en libertad se emitirá en las primeras sesiones de enero de 2009.

Carlos Avilés, El Universal, 23 de diciembre.


México, primera línea de lucha, advierte EU

El presidente estadounidense George W. Bush advirtió de una guerra inminente con los cárteles de la droga “donde la primera línea de la lucha será México”.

En una entrevista con el diario conservador The Washington Times, en la que pasa revista a los ocho años de su presidencia, el mandatario saliente dijo que su sucesor en la Casa Blanca, Barack Obama, necesitará enfrentar “a los cárteles de la droga en nuestro propio vecindario”.

“Y la primera línea de la lucha será México... Los narcotraficantes continuarán buscando un flanco débil”, puntualizó Bush.

“Y una de las cosas que futuros presidentes tendrán que hacer es asegurarse de que (los narcotraficantes) no encuentren un refugio en partes de América Central”, agregó Bush.

Los comentarios del presidente Bush se dan una semana después de que Washington declarara a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos” y revelara que las organizaciones criminales mexicanas dotan de drogas cuando menos a 230 ciudades estadounideses.

El Departamento de Justicia alertó además que los cárteles de la droga han instalado en México centros de comunicación en la frontera, donde utilizan alta tecnología para tener contacto permanente con sus células y garantizar el éxito de sus operaciones criminales transnacionales.

Un documento del Centro de Inteligencia Nacional de Drogas (NDIC), detalla que a pesar de los golpes que se han asestado en los dos últimos años a los cárteles de la droga en México, éstos mantienen su hegemonía y representan una amenaza de seguridad en Estados Unidos, ya que controlan el tráfico y la distribución de cocaína, la producción de metanfetamina y la venta de heroína, a través de socios estratégicos.

El informe anual 2009 del NDIC —que es construido con la colaboración de más de una docena de agencias, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración Antidrogas (DEA)— detalla que “la influencia de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas interno no tiene rival”, ya que controlan las operaciones en al menos 230 ciudades de la Unión Americana, desplazando incluso a los colombianos.

Se reconoce que la cocaína es la principal amenaza de droga en Estados Unidos y no es casual que “una gran mayoría de la cocaína disponible entre de contrabando por México (alrededor del 90%), y son los cárteles mexicanos los que tienen el control de la distribución de drogas en la mayoría de las ciudades y están ganando fuerza en los mercados que aún no controlan”.

Los capos mexicanos mantienen el control de este mercado, a pesar de las grandes incautaciones de cocaína, el aumento de la presión sobre ellos por parte del gobierno mexicano, la violencia interna que viven los cárteles, la ampliación de los mercados de cocaína en Europa, y la seguridad de las fronteras, aunque todos estos factores han propiciado la escasez de cocaína en EU.

Sin embargo, el NDIC sostiene que es posible que a principios de 2009 se mantenga esta escasez de la droga, ante la presión sostenida contra los cárteles mexicanos, pero “el abuso y la demanda de la droga probablemente siga siendo alta en el corto plazo”.

Ante esta previsión, el mercado de drogas en Estados Unidos es atractivo para los narcotraficantes mexicanos que junto con sus socios de Colombia generan y lavan recursos entre 18 mil millones y 39 mil millones de pesos al año.

Alta tecnologia al servicio del narco

Este diagnóstico del Departamento de Justicia considera que uno de los factores que convierten a los cárteles mexicanos en una amenaza en materia de seguridad, es que “han avanzado en sus capacidades de comunicaciones”.

El documento del NDIC revela que estas organizaciones criminales “emplean la tecnología de comunicaciones avanzada y técnicas a fin de coordinar su tráfico ilícito de drogas”.

Silvia Otero, El Universal, 23 de diciembre.


El PRD se ‘blinda’ contra dinero ilícito

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzó un programa interno para evitar que sus precandidatos y candidatos, que competirán en la elección federal de 2009, sean infiltrados con recursos del crimen organizado.

Las líneas bases sobre la que opera este plan son: la fiscalización permanente de recursos de sus aspirantes, la revisión de su fama pública y las relaciones económicas y políticas que tenga en la región que pretenden representar en el Congreso de la Unión.



Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, dijo que sus candidatos “serán expuestos permanentemente” ante la ciudadanos para evitar dinero ilícito. Asentó que a su partido le interesa “desde hoy” quedar blindado contra dinero ilícito de cualquier fuente.

Subrayó que “el PRD hará lo necesario para evitar” que dinero del crimen organizado o de cualquier origen ilícito penetre en las campañas de sus candidatos.



Hortensia Aragón, secretaria general del partido, dijo en declaraciones a EL UNIVERSAL, que las medidas claves internas se mantendrán en secreto “para evitar que nos brinquen y se filtre dinero ilícito. No es la primera vez que tomamos las medidas para evitarlos”.



Rosendo Marín, secretario de Elecciones del CEN del PRD detalló que la dirigencia nacional ha dejado en manos de las dirigencias estatales la selección de los candidatos, y que además se fiscalizará precampaña y campaña de cada perredista para evitar incluso, dijo, dinero del erario.



Ortega Martínez indicó a su vez que de entrada el partido aplicará un examen riguroso de trayectoria política y profesional a fin de dejar clara su legitimidad para ser candidatos del partido llamado del sol azteca.



Transparencia

De entrada el partido ha fijado algunas medidas, como las previstas en el Reglamento de Transparencia del PRD. Esta norma interna advierte, en su Artículo Sexto, que el partido pondrá a disposición del público en su página electrónica, sin que medie petición de parte, entre otra, la siguiente información:

Las remuneraciones mensuales de los integrantes del Secretariado Nacional, de la Mesa Directiva del Consejo Nacional, de la Comisión de Garantías y Vigilancia, de la Comisión Nacional Electoral, de la Central de Fiscalización, así como de su personal político y técnico.

Así como las declaraciones de situación patrimonial de los integrantes del Secretariado Nacional, de los responsables de los órganos que manejen recursos del partido y de todos los representantes populares que hayan alcanzado un espacio de decisión por las siglas del PRD.



El PRD también publicará en automático en su sitio web (www.prd.org.mx) las convocatorias a elecciones internas de dirigentes y candidatos, los requisitos y trámites necesarios para ser miembro del partido o para ser candidato. Además todos los informes financieros, los cuales deberán desglosar claramente el origen de los ingresos recibidos por el partido en el periodo que se informa, el detalle de los egresos señalando los rubros de gasto, si fueron aplicados para gastos de operación o de campaña, así como la situación bancaria y financiera.
Francisco Reséndiz, El Universal, 23 de diciembre.

Hay 14 defensores para 12 millones de indígenas

A Sebastiana, indígena tzotzil, la detuvieron en 2004 acusada de transportar droga. Lleva ya más de cuatro años presa a la espera de un defensor público que hable su lengua y conozca la cultura a la que pertenece... pero en el país sólo hay 14 para una población de 12 millones de indígenas.

Desde 2002 los integrantes de comunidades étnicas que enfrenten un proceso federal tienen derecho a un defensor público que no requiera traductor y que conozca los usos y costumbres de su comunidad.

Datos de la Suprema Corte refieren que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene sólo 14 abogados con esas características.

En 2004, a Sebastiana le asignaron un abogado que no hablaba tzotzil ni conocía su cultura. En 2005 fue sentenciada a 10 años de cárcel y un nuevo defensor tomó su caso, pero tampoco hablaba su lengua.

Sin embargo, este abogado utilizó precisamente estas carencias para pedir la liberación de Sebastiana. Promovió un amparo debido a que se habían violado las garantías de la indígena.

El caso llegó a la Corte, y se ordenó su liberación. Por procedimiento, el amparo que la dejará en libertad se emitirá en 2009.
Carlos Avilés, El Universal, 23 de diciembre.

FCH anuncia “acción firme” contra asesinos de militares

El presidente Felipe Calderón rindió homenaje a los ocho militares muertos a manos del narcotráfico y calificó a los ejecutores de "verdaderos traidores que con tal de ampliar sus intereses son capaces de realizar cualquier barbarie".

Ante estos hechos, que calificó de cobardes y ominosos, el mandatario aseguró que su gobierno está decidido a llevar la lucha contra la delincuencia "en todas sus consecuencias. A la violencia del crimen responderemos con la acción firme del Estado, porque México es más fuerte que cualquier banda de delincuentes".

Tras afirmar que los criminales pretenden amedrentar, paralizar y detener la acción del Estado, Calderón Hinojosa subrayó:

"México es más fuerte que cualquier banda de delincuentes, porque no daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua ni cuartel para los evidentes enemigos de la patria".

Pidió a todos los mexicanos participar en esta lucha "denunciando a quienes delinquen, porque el enemigo no debe tener cobijo ni protección de la sociedad, de ningún tipo, y quien los apoye y solape también está traicionando a México".

En la ceremonia del homenaje luctuoso a José María Morelos y Pavón, el Ejecutivo federal dijo que la actuación de los criminales es consecuencia de la contundencia de los golpes que las fuerzas armadas han dado a las organizaciones criminales y que han provocado una merma en su estructura tanto funcional como económica.

Confió en que generaciones de todos los tiempos recordarán siempre con desprecio a estos criminales que siembran la violencia, a fin de saciar sus mezquinos intereses.

Acompañado en el presidium de los titulares de Marina, Almirante Francisco Saynez, y de la SEP, Josefina Vázquez; del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Horacio Duarte, y del jefe del Estado Mayor Presidencial, Jesús Castillo, el mandatario instruyó guardar un minuto de silencio por los militares caídos.

"Su muerte no será en vano y habremos de empeñar nuestro esfuerzo para llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos tan cobardes, tan cobardes como ellos, de estos hechos ominosos", aseguró.

En la Plaza de la Ciudadela, a la que llegó resguardado en cada flanco por militares, el mandatario refrendó que la lucha contra la delincuencia es prioridad para el Estado.

Aclaró que en esta tarea el éxito será la unión de todos los mexicanos y por ello convocó a los Poderes de la Unión, a los gobiernos estatales y municipales y a la sociedad entera a refrendar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, con el cumplimiento de los compromisos ahí establecidos.

Advirtió que su gobierno seguirá con el esfuerzo operacional para garantizar la seguridad de los mexicanos en todo el territorio nacional, "y lejos de intimidar a las fuerzas armadas, éstas están más que determinadas a cumplir con su deber con la seguridad interior del país".

Hizo hincapié en que en su administración seguirá adelante en la tarea de depurar a fondo a las instituciones policiacas, a fin de identificar y castigar a aquellos que han deshonrado a sus corporaciones y a México.

Aseguró que con el fin de dotar de seguridad al país y acabar con el cáncer social que representa el narcotráfico, se avanzará en la reforma constitucional en materia de procuración e impartición de justicia, a fin de que ésta permita una justicia más expedita y eficaz, así como una policía unificada y que dé menos espacios para la opacidad o para la corrupción.

Enseguida estableció un paralelismo entre la lucha que hoy enfrenta la generación a la que pertenece y las luchas que enfrentaron personajes como Morelos, Hidalgo, Zaragoza y Juárez, en las que nunca se doblegaron.

"Esta generación está también llamada a cumplir una misión, una tarea con el país, precisamente la de preservar las libertades conquistadas en 1810, preservarlas y acrecentarlas en el nuevo entorno del 2010".

Posteriormente a los discursos, en los que el historiador Carlos Herrerón Peredo hizo una semblanza de Morelos, el mandatario montó una guardia de honor ante el monumento situado en la Plaza de la Ciudadela.

Cecilia Téllez Cortés, Crónica, 23 de diciembre.

El PRI analiza posibles alianzas para 2009

El PRI analiza posibles alianzas que pudiera lograr para llegar fortalecido a las elecciones federales de 2009, informó su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel.

En gira de trabajo realizada en Chiapas, la dirigente del tricolor aseguró que quienes sean los candidatos tendrán que defender los programas sociales, fortalecer la educación, la salud y el desarrollo productivo del campo.

Al hablar de su partido, puntualizó que han tenido un despunte ganador, pues en 2007 obtuvieron el 42 por ciento del total de las votaciones y en 2008 este porcentaje se incrementó a 43 por ciento.

Detalló que en el caso de Chiapas, la frontera sur tiene que ser una prioridad para el gobierno federal, sobre todo en lo que se refiere a los programas del sector agropecuario.

Monterrey. Por su parte, el senador Alberto Anaya dijo que el Partido del Trabajo analiza más a los candidatos que a los partidos políticos, por lo que aplazará hasta el mes de marzo del 2009 la decisión de ir o no en alianza a los comicios electorales, informó.

Integrante de la dirigencia nacional del PT, Anaya dijo que están dentro de los plazos que marca la ley electoral por lo que todavía no es tiempo de pensar en una alianza o de señalar que se realizan negociaciones con partidos políticos.

“Hay en la ley un nueva modalidad que son las precampañas, eso nos lleva hasta marzo para que los partidos estén discutiendo el tema de coaliciones”, dijo Anaya, quien declinó citar nombres de partidos porque a su juicio, se analizan más los candidatos.

“Se va a tener que empezar a platicar a finales de febrero, principios de marzo, ahorita no hay candidatos, ahorita no tiene sentido hablar, no hay candidatos”, insistió.

Por otro lado, recordó que el PT firmó un acuerdo para ir en coalición con los integrantes del Frente Amplio y refrendó su apoyo al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

El escenario de crisis económica ayudará a los partidos de oposición pronosticó y recordó que las condiciones financieras adversas permitieron ganar a Vicente Fox pero luego, en su sexenio, eso lo hizo perder la mayoría en el Congreso.
David Casas en Monterrey, Crónica, 23 de diciembre.

Acuerdan IFE y partidos blindaje

El Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos llegaron a un acuerdo para evitar la inserción del narcotráfico en los comicios de 2009, así como para evitar la guerra sucia entre los institutos políticos.

Esta alternativa de proyecto, que busca garantizar el blindaje electoral para 2009, se firmará el 14 de enero.

Así, los partidos políticos se comprometieron a garantizar que todos sus precandidatos y candidatos cuenten con una trayectoria honorable y transparente, tanto en el ámbito profesional como personal, es decir, sin nexos con actividades ilícitas.

Redoblar las medidas internas para fiscalizar debidamente las fuentes de ingreso y destino del gasto llevado a cabo por estos precandidatos, candidatos y estructuras a nivel nacional, local, distrital o municipal es otro de los puntos del acuerdo.

Bajo este lineamiento, los partidos "procurarán políticas de financiamiento y gasto tendientes a disminuir el uso de dinero en efectivo".

"Comunicar al instituto, o denunciar ante las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia a nivel federal o local cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia ilícita o que ponga en riesgo las condiciones de legalidad y seguridad de los procesos electorales", es otro de los acuerdos logrados anoche.

Para evitar la llamada guerra sucia entre los partidos, se establecieron estrategias de propaganda y comunicación con sentido de responsabilidad, con el objetivo de evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia hacia partidos políticos, militantes, precandidatos o candidatos.

NO AL FAP. En otro de sus acuerdos, el Consejo General del IFE rechazó que el Partido del Trabajo y Convergencia utilicen el nombre de Frente Amplio Progresista en los comicios de 2009; sin embargo, sí aceptó que ambos partidos formen coalición.

De no hacerlo en este lapso, el IFE se referirá a la alianza como Coalición PT-Convergencia, informó el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar, quien presentó el proyecto.

De inmediato, Gerardo Tapia, representante de Convergencia ante el IFE, advirtió que ambos partidos apelarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El que se haya negado el uso del nombre "Frente Amplio Progresista" a la coalición formada por Convergencia y PT constituye un claro ejemplo de inequidad, ante una reforma electoral hecha a modo de la partidocracia, aseguró Tapia.

LISTOS, CRITERIOS Y PLAZOS.

En otro tema, el Consejo General del IFE aprobó los criterios y plazos para la ubicación y funcionamiento de las cerca de 143 mil casillas que serán instaladas en la jornada electoral del 5 de julio.

En este rubro, a las casillas especiales les serán asignadas 750 boletas para la elección de diputados federales, además de las necesarias para que los representantes de los partidos puedan ejercer su voto. En estas casillas podrán sufragar los ciudadanos que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero dentro de su distrito electoral.

En esta última sesión del año también se aprobaron las bases y criterios para entrega de información a observadores extranjeros.

"El acuerdo precisa que el IFE hará pública —en cuanto se haya publicado de manera oficial—una convocatoria dirigida a la comunidad internacional en lo general, para que aquellas personas extranjeras interesadas en conocer sobre el desarrollo del proceso electoral federal gestionen con oportunidad su acreditación", apuntó el IFE en un comunicado.


PAN acusa al PRI de trabar pacto contra las filtraciones

El Partido Acción Nacional acusó al PRI de haber obstaculizado abiertamente el acuerdo para blindar contra el narcotráfico las elecciones de 2009 y al IFE de hacerse a un lado ante esta actitud"El PRI tiene que determinar si se suma o no, si quiere transparentar o no, si quiere que sus candidatos estén libres de sospecha o va a seguir, como en muchas ocasiones, obstaculizando y dejando muy nebulosas sus cuentas de campaña", sostuvo el representante del PAN ante el IFE, Roberto Gil, quien dio a conocer una propuesta de su partido para evitar la entrada de dinero ilícito en las contiendas electorales del año próximo.

Según este documento, denominado Reglas para Fortalecer la Legalidad, la Transparencia y la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, se obligaría a los partidos a efectuar sus pagos mediante cheques nominativos, expedidos a nombre del prestador del bien o servicio con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". El proyecto panista también plantea que los partidos políticos presenten a la Unidad de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas cortes mensuales del registro centralizado al que se refiere el artículo 4.13 del Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos. El propósito es conocer el monto acumulado de las aportaciones en efectivo y en especie de cada persona, así como las características de los bienes aportados en el caso de las aportaciones en especie, informó Gil.

Olivier Pavón, Crónica, 23 de diciembre.

El PAN y PRI, empatados en contienda por la gubernatura de NL

Al cierre del año, el PRI y el PAN mantienen un empate técnico con un 36 por ciento de preferencias para cada uno.

Sin embargo, mientras que el PAN se mantiene en sus niveles de noviembre, el PRI sufre una caída de 10 puntos, mismos que, en su mayoría, fueron a parar a los indecisos, destaca el reporte de la consultoría Publicum Estrategias, que presiden Mentor Tijerina y Roberto Garza-Leonard.

A la pregunta “Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Nuevo León, ¿por qué partido votaría?”, los resultados fueron: PAN, 36 por ciento; PRI, 36 por ciento; PRD, tres por ciento; otro, dos por ciento, y no sabe o no contestó 24 por ciento.

Al igual que en las encuestas anteriores, la conclusión sobre la composición del mercado electoral en Nuevo León es que ninguno de los candidatos podrá ganar apelando solamente a la movilización de su base partidista.

“El 24 por ciento no expresa aún su preferencia electoral, por lo que suponemos que están en espera de que los partidos nombren a sus respectivos candidatos”, destaca el reporte.

En el PAN, las preferencias muestran a Fernando Elizondo y a Fernando Larrazábal en un empate con 28 por ciento, respectivamente. En segundo lugar, se encuentra Adalberto Madero con 19 puntos y en cuarto Fernando Margáin con 10.

En el PRI, Abel Guerra aumenta en la delantera con 24 por ciento de la intención de voto, seguido de Cristina Díaz, en segundo lugar, con 17puntos; en tercer lugar se encuentra Marcela Guerra con 13, en cuarto lugar Eloy Cantú con 11 y en quinto Rodrigo Medina con nueve por ciento.
David Casas en Monterrey, Crónica, 23 de diciembre.

Capturan a jefe de FARC encargado de negocios del narco en el suroccidente del país

El presunto jefe de uno de los frentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Wilson Ruiz, alias “Paludismo”, fue detenido en la zona suroccidente del país, informó ayer la Fiscalía.

La dependencia señaló en un comunicado que el líder guerrillero fue arrestado por tropas del Batallón San Mateo en un predio rural de la localidad de El Dovio, en el departamento colombiano del Valle.

El comandante de la Octava Brigada, coronel Emiro Barrios Jiménez, dijo que se trata del encargado de atender negocios de narcotráfico y extorsiones como parte de sus labores como máximo hombre de las finanzas del frente Aurelio Rodríguez de las FARC.

“Con esta captura y otras en los últimos días, además de desmovilizaciones y muertos en combate, en el último conteo que hicimos, creemos que a este frente le quedan unos 40 integrantes”, dijo.

El Aurelio Rodríguez opera en zona el Chocó, tanto en límites con Caldas como con Risaralda y Valle y llegó a contar con más de 100 personas alzadas en armas.

Agregó que el capturado hizo parte de la seguridad implementada al congresista Oscar Tulio Lizcano, quien se fugó luego de ocho años de secuestro por parte de las FARC.
Agencias en Bogtá, Crónica, 23 de diciembre.