A pesar de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe asegura que las actuales acciones del narcotráfico en este país sudamericano están lejos de alcanzar la barbarie cometida durante la época del capo Pablo Escobar en la década de los 90, cuando se registraron más de seis mil 800 asesinatos al año por la disputa del mercado de la droga, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como Amnistía Internacional, denuncian que células de la “nueva sangre” del crimen organizado quieren reabrir el pasado oscuro que han dejado mafias latinoamericanas en ciudades como Medellín y Cali.
La aparente calma que viven algunas regiones colombianas desde 2007 a la fecha, derivada por la mayor presencia de policías y el ejército, se ha visto interrumpida en lo que va del 2009 por 890 ejecuciones de personas vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha puesto focos rojos a los dispositivos de seguridad en dos de las principales ciudades del país.
A la vigilancia con lupa sobre estas dos regiones colombianas también se han sumado observaciones rigurosas por parte de organizaciones de lucha contra el narcotráfico como la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito (OFDPD, por sus siglas en inglés), la Comisión Interamericana para el control del Abuso de las Drogas y la Unión Europea, entre otras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene en una “lista negra” a varias ciudades como Ciudad Juárez en México, Pernambuco y Río de Janeiro en Brasil, Caracas en Venezuela y Tegucigalpa en Honduras, que se han convertido no sólo en comunidades con un alto nivel de peligrosidad, sino en mercados abiertos para la venta e intercambio de drogas con los capos colombianos.
Reportes de autoridades de distintos países latinoamericanos admiten vínculos de elementos de sus propias corporaciones policiacas con narcotraficantes, lo que ha hecho que el combate al crimen organizado parezca un cuento de nunca acabar.
DISPUTA. Autoridades judiciales colombianas refieren que el control de Medellín como el principal mercado para la venta, intercambio y distribución local e internacional de la droga lo disputan desde hace más de un año dos grupos paramilitares que se vincularon al narco. Uno de ellos es conocido como el grupo de Daniel Rendón, alias Don Mario, hasta ahora el narcotraficante más buscado de Colombia y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 2.2 millones de dólares, y su rival por el control del territorio es la Oficina de Envigado, una red de sicarios creada en la década de 1980 por Pablo Escobar.
Este último grupo, según el periódico bogotano El Tiempo, está dividido en tres gripos. El de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, relacionado con el narcotráfico; el de Erick Vargas, alias Sebastián, emparentado con bandas de mercenarios, y la de Jader Botero, alias Gancho, que maneja los cobros de mercancía y extorsiones.
Grupos defensores de los derechos humanos en Colombia aseguran que el rebrote de la violencia entre grupos del crimen organizado surgió tras la extradición a Estados Unidos de varios jefes mafiosos, principalmente ligados a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que eran los que con más libertades controlaban este ilícito negocio en varias zonas del país, pero principalmente en Medellín y Cali.
DELITOS. Denuncias de Defensores del Pueblo refieren que bandas vinculadas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han buscado en delincuentes comunes a sus intermediarios en la venta al menudeo de los estupefacientes. Asimismo, los utilizan como observadores para agregar a la venta de drogas otros delitos como extorsión, robo o secuestro.
De acuerdo con el Banco Mundial y Amnistía Internacional, la venta de droga no se queda sólo en el mercado doméstico colombiano, ya que enlaces entre narcos, con ayuda de corporaciones policiacas del más alto nivel, ayudan a las mafias a extender su mercado a otras naciones del continente y a Europa a través de actos de corrupción.
Reportes de la DEA, con datos de las distintas naciones donde tiene presencia, revelan que la droga colombiana tiene paso en América Latina en ciudades con un alto nivel de peligrosidad como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo en México, donde en lo que va del año se han reportado más de mil 200 muertes relacionadas con la disputa del mercado de la droga.
Otras regiones que viven este mismo panorama son Pernambuco, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, donde la tasa de homicidios en las favelas entre niños y adolescentes se elevó a 175 por cada 100 mil habitantes. Caracas, Venezuela, no queda exenta de la presencia del crimen organizado, al reportar al menos 160 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Guatemala, que dio a conocer su peligrosidad por la ola de feminicidios, también entra al rol de ciudades con presencia del narco, principalmente de México y Colombia. En El Salvador, su capital se ha visto afectada por la presencia de pandilleros de la Mara salvatrucha, que son el enlace de los jefes del narco para trasladar sus ilícitas mercancías.
En Honduras la venta de la droga al menudeo corre por cuenta de jóvenes delincuentes que disputan con miembros de otras pandillas el control del territorio, llegando al grado de matar al rival para sacarlo de la jugada, según informes del Centro Internacional de Prevención de Crimen.
(Con información de Amnistía Internacional, Banco Mundial, cadena BBC, periódico El Espectador/Colombia), Univisión y portal de la ONU)
La aparente calma que viven algunas regiones colombianas desde 2007 a la fecha, derivada por la mayor presencia de policías y el ejército, se ha visto interrumpida en lo que va del 2009 por 890 ejecuciones de personas vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha puesto focos rojos a los dispositivos de seguridad en dos de las principales ciudades del país.
A la vigilancia con lupa sobre estas dos regiones colombianas también se han sumado observaciones rigurosas por parte de organizaciones de lucha contra el narcotráfico como la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito (OFDPD, por sus siglas en inglés), la Comisión Interamericana para el control del Abuso de las Drogas y la Unión Europea, entre otras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene en una “lista negra” a varias ciudades como Ciudad Juárez en México, Pernambuco y Río de Janeiro en Brasil, Caracas en Venezuela y Tegucigalpa en Honduras, que se han convertido no sólo en comunidades con un alto nivel de peligrosidad, sino en mercados abiertos para la venta e intercambio de drogas con los capos colombianos.
Reportes de autoridades de distintos países latinoamericanos admiten vínculos de elementos de sus propias corporaciones policiacas con narcotraficantes, lo que ha hecho que el combate al crimen organizado parezca un cuento de nunca acabar.
DISPUTA. Autoridades judiciales colombianas refieren que el control de Medellín como el principal mercado para la venta, intercambio y distribución local e internacional de la droga lo disputan desde hace más de un año dos grupos paramilitares que se vincularon al narco. Uno de ellos es conocido como el grupo de Daniel Rendón, alias Don Mario, hasta ahora el narcotraficante más buscado de Colombia y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 2.2 millones de dólares, y su rival por el control del territorio es la Oficina de Envigado, una red de sicarios creada en la década de 1980 por Pablo Escobar.
Este último grupo, según el periódico bogotano El Tiempo, está dividido en tres gripos. El de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, relacionado con el narcotráfico; el de Erick Vargas, alias Sebastián, emparentado con bandas de mercenarios, y la de Jader Botero, alias Gancho, que maneja los cobros de mercancía y extorsiones.
Grupos defensores de los derechos humanos en Colombia aseguran que el rebrote de la violencia entre grupos del crimen organizado surgió tras la extradición a Estados Unidos de varios jefes mafiosos, principalmente ligados a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que eran los que con más libertades controlaban este ilícito negocio en varias zonas del país, pero principalmente en Medellín y Cali.
DELITOS. Denuncias de Defensores del Pueblo refieren que bandas vinculadas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han buscado en delincuentes comunes a sus intermediarios en la venta al menudeo de los estupefacientes. Asimismo, los utilizan como observadores para agregar a la venta de drogas otros delitos como extorsión, robo o secuestro.
De acuerdo con el Banco Mundial y Amnistía Internacional, la venta de droga no se queda sólo en el mercado doméstico colombiano, ya que enlaces entre narcos, con ayuda de corporaciones policiacas del más alto nivel, ayudan a las mafias a extender su mercado a otras naciones del continente y a Europa a través de actos de corrupción.
Reportes de la DEA, con datos de las distintas naciones donde tiene presencia, revelan que la droga colombiana tiene paso en América Latina en ciudades con un alto nivel de peligrosidad como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo en México, donde en lo que va del año se han reportado más de mil 200 muertes relacionadas con la disputa del mercado de la droga.
Otras regiones que viven este mismo panorama son Pernambuco, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, donde la tasa de homicidios en las favelas entre niños y adolescentes se elevó a 175 por cada 100 mil habitantes. Caracas, Venezuela, no queda exenta de la presencia del crimen organizado, al reportar al menos 160 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Guatemala, que dio a conocer su peligrosidad por la ola de feminicidios, también entra al rol de ciudades con presencia del narco, principalmente de México y Colombia. En El Salvador, su capital se ha visto afectada por la presencia de pandilleros de la Mara salvatrucha, que son el enlace de los jefes del narco para trasladar sus ilícitas mercancías.
En Honduras la venta de la droga al menudeo corre por cuenta de jóvenes delincuentes que disputan con miembros de otras pandillas el control del territorio, llegando al grado de matar al rival para sacarlo de la jugada, según informes del Centro Internacional de Prevención de Crimen.
(Con información de Amnistía Internacional, Banco Mundial, cadena BBC, periódico El Espectador/Colombia), Univisión y portal de la ONU)
Mario Camarillo Cortés, Crónica, 2 de agosto.
