Quita Trife a PAN curul en Veracruz

La sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ayer el triunfo del PAN en el distrito 03 de Tuxpan, Veracruz, y ordenó al IFE entregar la constancia de mayoría al candidato del PRI.

Esta sería la única candidatura, de las 64 impugnadas ante la máxima autoridad electoral, que no fue confirmada por las salas regionales.

Así, el tricolor tendrá 238 diputaciones de mayoría relativa, el PAN 142, el PRD 71, el PVEM 22, el PT 13, Nueva Alianza 8 y Convergencia 6.

El pasado 5 de julio, el panista Miguel Martín López ganó la elección por 41 votos a su contrincante priista Martín Cristóbal Cruz, quien solicitó la anulación de cinco casillas.

La sala regional confirmó que en esas mesas receptoras se presionó a los electores por parte de personas que iban vestidas igual, generaron actos de violencia y de manera injustificada cambiaron las casillas de lugar.

De las tres magistradas, Yolli García votó en contra, pues afirmó que los dichos no habían sido comprobados a cabalidad.

Sin embargo, la presidenta ponente Claudia Pastor aseveró que hubo documento de notario público y de los propios funcionarios de casilla.

"Se revoca la constancia de asignación otorgada a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional y se ordena al Consejo Distrital responsable otorgar la constancia de mayoría a favor de la fórmula propuesta por el Partido Revolucionario Institucional", indica la sentencia.



Termina fase de impugnaciones


Las cinco salas regionales concluyeron ayer la etapa de impugnaciones, por lo que se confirmaron 63 constancias de mayoría que habían sido impugnadas, en 26 casos por el PRI, seguido por el PAN y PRD.

Aunque en más de la mitad de los 64 distritos se anularon de una hasta 31 casillas y se modificaron los resultados del cómputo final de la elección, esto no provocó la revocación del candidato ganador.

Sin embargo, las sentencias dejaron ver diversas anomalías registradas el 5 de julio que no fueron informadas por el Consejo General del IFE.

La mayoría de las casillas se anularon porque se dio una sustitución ilegal de funcionarios de casilla, pues eran lugareños que no fueron avalados por el Instituto Electoral ni eran parte de la sección electoral respectiva.

La segunda razón es que los funcionarios de mesas receptoras de voto o representantes de partido tenían un cargo en el Gobierno federal, estatal o municipal, lo cual está prohibido por la legislación.

Otra de las causas es que los resultados de las casillas era diferente al que aparecía en el acta final, por lo que al abrir los paquetes, para que el Tribunal pudiera confirmar las cifras, había otro cantidad de sufragios.

Otras quejas de los partidos inconformes, principalmente del PRI, es que los candidatos panistas recibieron el apoyo de los Gobiernos municipales o que incluso gastaron dinero para comprar "regalos" a los ciudadanos, como sucedió en el distrito 18 de Jalisco, donde acusaron al blanquiazul de entregar prótesis y sillas de ruedas.




Por la libre

Los vacíos en la legislación han propiciado que Gobernadores de distintos partidos cometan delitos en tiempos de campaña.


· Enrique Peña Nieto, Mandatario priista de Estado de México, ha promovido su imagen en programas de televisión como "Mexicanas, Mujeres con Valor" y en la celebración del Día del Padre.

· El Gobernador panista de Morelos, Marco Adame, suscribió y publicó en diversos medios escritos un desplegado sobre programas que mantienen los Gobiernos federal y estatal contra el crimen organizado.

· La imagen del Gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, apareció en propaganda gubernamental colocada en unidades móviles que prestan servicios sociales a la comunidad.

· Por falta de pruebas, se declararon infundadas quejas contra los Gobernadores de Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Veracruz, Sonora, Zacatecas y Oaxaca.
Érika Hernández, Reforma, 3 de agosto.

Arsenal de FARC es de 30 países

El arsenal de la guerrilla de las FARC proviene de casi 30 países, según incautaciones hechas a ese grupo en los últimos años, dijeron fuentes de inteligencia colombianas citadas ayer por la prensa local.

Los decomisos incluyeron, en la última década, 200 armas antitanque entre las cuales hay “tres lanzacohetes” comprados por Venezuela a un fabricante sueco en 1988”, afirma un registro del Grupo Interinstitucional de Análisis Antiterrorista (Giat), citado por el diario El Tiempo. Añade que en ese lote “también hay cohetes estadunidenses, rusos, rumanos y chinos”.

Las aprehensiones abarcaron otros 300 fusiles Fal de la Fuerza Armada de Venezuela, que serán fundidos por la industria militar colombiana; fusiles rusos, búlgaros, chinos y coreanos; pistolas y revólveres brasileños y de Europa central, y explosivos ecuatorianos.

Asimismo, munición brasileña, rusa, venezolana, de Corea del Norte y hasta colombiana, precisa el informe, que recuerda el decomiso en octubre de 2003 de un rocket del ejército ecuatoriano usado en el ataque del que salió ileso el dirigente Jorge Visbal.

El registro fue divulgado cuando las relaciones entre Bogotá y Caracas están congeladas por decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, tras el anuncio sobre el decomiso de los lanzacohetes suecos y los planes de Colombia de permitir a Estados Unidos el uso controlado de tres bases militares.

Al respecto, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, criticó ayer a Colombia por “centrar el debate” en la incautación de un lote de armas a las FARC. “Ya el vicepresidente y ministro de la Defensa (Ramón Carrizález) lo aclaró: son armas que adquirió el Estado venezolano hace más de 20 años”, dijo Aissami a la televisora Televen.Para el ministro, lo importante es determinar “por qué Colombia se ha concentrado en eso (el decomiso de las armas), cuando ha habido tanto esfuerzo de nuestro gobierno para reconstruir esas relaciones”.

“Se ha hecho una acusación, de ella se hace una réplica internacional, pero no hay una sola prueba”, se quejó el ministro. “En Venezuela nos hemos puesto a la orden para investigar profundamente, como ocurre en el caso de las drogas. Aquí no pasan 24 horas luego de capturar a un narcotraficante sin que le avisemos a las autoridades colombianas. Eso muestra la voluntad de cooperar”.

Pero en otras declaraciones a El Tiempo, el flamante ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, deslizó ayer otro elemento de tensión al afirmar que lo más le preocupa es que los comicios generales de mayo de 2010 en su país se conviertan en un “objetivo militar externo”, en lo que según analistas es una velada alusión a su Venezuela. “Me inquieta que el proceso electoral y la democracia se conviertan en objetivo militar interno y externo”, dijo el ministro. “No se puede permitir que el terrorismo o sus aliados interfieran en la expresión soberana de la voluntad popular”, añadió Silva.

En su edición de ayer, El Tiempo también dio espacio al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien dijo que las denuncias sobre sus supuestos nexos con las FARC buscan “deshabilitar” a su gobierno izquierdista. “Los servicios de inteligencia colombianos son muy buenos, ellos saben que el presidente Correa y su gobierno no están vinculados con las FARC. Pero ya se trata de un asunto de geopolítica, de tratar de deshabilitar un gobierno de otra tendencia”, afirmó.

Liberaron a tres hermanas, informan

La guerrilla colombiana de las FARC liberó a tres hermanas que secuestró hace casi cuatro años, dijo ayer un allegado a las víctimas, en un caso cuya autenticidad investiga la policía.

Las mujeres fueron liberadas el pasado lunes, según la fuente, pero el hecho fue revelado ayer en el programa Las voces del secuestro, de Radio Caracol, a través del cual las familias envían mensajes a sus parientes cautivos.

Una persona cercana a la familia de las rehenes, que requirió el anonimato, señaló en ese programa que las mujeres fueron retenidas el 15 de octubre de 2005 en Florencia (al sur de Bogotá). Una de ellas, encinta cuando fue aprehendida, dio a luz en cautiverio y al cumplir siete meses su hija fue entregada por la guerrilla a la abuela materna, según el testimonio.
AFP en Bogotá, Milenio, 3 de agosto.

AI: “preocupantes” agresiones contra activistas en Guerrero

Ayutla de los Libres, Gro., 2 de agosto. “México es un país prioritario y de mucha preocupación para Amnistía Internacional (AI) por las violaciones a los derechos humanos. Por eso estamos aquí, porque somos conscientes de la agresión en contra de los miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phá (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Es un acto de solidaridad y acompañamiento a estos organismos”, afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, acompañado de Kathy Price, representante de la misma organización en Canadá.

Ambos encabezaron una delegación de 50 integrantes de AI y de las Brigadas Internacionales de Paz que visitó a Raúl Hernández, declarado preso de conciencia y recluido desde el 17 de abril del año pasado en la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército Mexicano, perpetrado el 31 de diciembre de 2007 en la comunidad El Camalote. En entrevista, ambos coincidieron en que les preocupa lo que sucede en Guerrero, “sobre todo la agresión constante en contra de los defensores de los derechos humanos”.

Herrera adelantó que miembros de AI se manifestarán este lunes ante el palacio de gobierno del estado, en Chilpancingo. “Sabemos que la situación de Raúl no es la única, y que en la entidad hay un clima generalizado de agresiones, amenazas, intimidaciones, e incluso asesinatos en contra de defensores a los derechos humanos, que es motivo de preocupación internacional”.

Añadió que esta semana se pondrán en contacto con la embajada de Canadá en México. “Vamos a externarle nuestras preocupaciones para que pueda realizar las gestiones desde el ámbito diplomático, para que el Estado mexicano sea consciente de que este tipo de arbitrariedades no son bien vistas; tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como AI nos hemos venido pronunciando desde hace meses sobre la gravedad de esta situación”, dijo.

Sobre la visita que AI realizó a Raúl Hernández Abundio en el penal de Ayutla de Los Libres la tarde de domingo, Herrera señaló que participaron activistas de México y Canadá “para expresar, en primer lugar, solidaridad con Raúl Hernández, quien ha sido declarado prisionero de conciencia. Es uno de los pronunciamientos más trascendentes que AI tiene en sus 48 años de historia”.

Explicó que AI está convencida de que “la única razón por la que (Raúl Hernández) permanece en prisión desde hace casi 18 meses es su labor en defensa de la dignidad humana. Estamos analizando otros casos emblemáticos”.

Recordó que AI ha luchado para liberar a otros prisioneros de conciencia como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en Guerrero, así como Magdalena García Durán, en el estado de México.

Por su parte, Kathy Price, represnetantes de AI en Canadá, consideró que el caso de Raúl Hernández refleja “una gran injusticia” en contra de los miembros de la OPIM y los defensores de los derechos de los indígenas, “por eso nos estamos movilizando y pidiendo su liberación inmediata e incondicional”,

Raúl Hernández, vestido con su uniforme de presidiario, recibió en la cárcel a la representación de AI, que le entregó un paquete con mensajes de solidaridad provenientes de 50 países. Rechazó haber participado en el asesinato del informante del Ejército. “En ese tiempo yo era segundo comandante de la policía en El Camalote, y no es posible que después de tres días hayan dicho que fue asesinado. Por eso exijo al gobierno estatal una investigación a fondo de mi caso”.

El coordinador de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, aseguró que existe “un contubernio” entre autoridades federales y estatales para mantener en la cárcel a Hernández Abundio por ser miembro de la OPIM. “La visita de AI hará evidente a escala internacional que las autoridades guerrerenses y mexicanas no han permitido un juicio justo para el indígena defensor de los derechos del pueblo me’pha”.

Raúl Hernández fue detenido junto con los indígenas Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago por el homicidio de Alejandro Feliciano. Los acusados solicitaron un amparo y un juez federal lo concedió en octubre de 2008 a cuatro de los mencionados, pero no a Hernández.

La Procuraduría General de la República solicitó una revisión del dictamen, y por eso Cruz, Maldonado, Ortega y Santiago permanecieron en prisión hasta el 17 de marzo de 2009, pues un segundo tribunal federal confirmó que la evidencia sobre la cual se les inculpaba no tenía bases.

A Raúl Hernández se le negó el amparo, señaló AI, porque “dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima; sin embargo, no se han querido tomar en cuenta que testigos presenciales aseguran que Hernández no estaba en el momento del asesinato”.

AI destacó que los cargos contra los cinco indígenas son una represalia “por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades”.

Sergio Ocampo Arista, La Jornada, 3 de agosto.


Dispuesto Cuba a un diálogo respetuoso con EU; ha disminuido agresividad: Raúl Castro

La Habana, 2 de agosto. El presidente de Cuba, Raúl Castro, reiteró su disposición a un diálogo respetuoso con Estados Unidos, al que reconoció menos agresividad, demandó una vez más la devolución de la bahía de Guantánamo y reiteró que no habrá modificación del sistema político y económico en la isla, al clausurar el periodo de sesiones del Parlamento.

“Estamos listos para hablar de todo, no para negociar nuestro sistema político y social”, señaló el jefe de Estado en la clausura del tercer periodo ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular la noche del sábado.

Subrayó que Cuba no reconocerá al gobierno estadunidense, a ningún otro país, ni a un conjunto de Estados alguno, jurisdicción en sus asuntos internos.

“Cierto es que ha disminuido la agresividad y la retórica anticubana por la administración estadunidense, y tras seis años de suspensión, se reanudaron el pasado 14 de julio las conversaciones entre ambos gobiernos sobre el tema migratorio, las cuales se desarrollan de forma seria y constructiva”, destacó.

“Debemos respetar mutuamente nuestras diferencias”, indicó Castro, quien respondió a recientes declaraciones de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, sobre la esperanza de supuestos cambios en la isla caribeña.

En respuesta subrayó: “A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la Revolución, fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”.

Castro demandó una vez más la devolución de la bahía de Guantánamo en donde denunció se han “realizado torturas”, y señaló que “no renunciamos ni renunciaremos jamás a la devolución incondicional de este pedazo del territorio nacional”, ocupado por Estados Unidos 1903 al amparo de la Enmienda Platt aprobada en el Congreso estadunidense.

El mandatario cubano al finalizar su discurso reiteró que no habrá modificación del sistema político y económico de la isla y afirmó que “la tarea que tenemos por delante los comunistas cubanos y todo nuestro pueblo es grande, se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, una garantía para su verdadera independencia”.
PL y AFP; La Jornada, 3 de agosto.

Las bases en Bogotá, foco desestabilizador: Rafael Correa

Bogotá, 2 de agosto. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció hoy que las bases militares estadunidenses en Colombia “son un foco de desestabilización”, y advirtió que si el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien prepara su candidatura a la presidencia colombiana, llega a ganar, el “serio peligro” se extenderá a toda la región, “porque este señor asegura que tiene el derecho de atacar otros países”.

En entrevista con el diario bogotano El Tiempo, Correa dijo que la doctrina de seguridad preventiva estadunidense, que guía la acción de Colombia en sus estrategia contrainsurgente –y con la cual justificó el bombardeo a territorio fronterizo ecuatoriano en abril de 2008– “es tremendamente riesgosa para Colombia misma, porque entonces nos podemos poner de acuerdo Perú, Bolivia, Brasil (y) Venezuela para atacarla, porque a nosotros también los guerrilleros, los secuestradores, los grupos paramilitares nos crean graves problemas”.

Correa concedió por primera vez una entrevista al diario propiedad de la familia Santos, al cual describió en la entrevista como parte de “la maquinaria publicitaria de la estructuras del poder colombiano”, en alusión al vicepresidente Francisco Santos y a su primo Juan Manuel, quien el mes pasado dejó su cargo en el Ministerio de Defensa con miras a la postulación de su candidatura presidencial.

En la entrevista, Correa rechazó la afirmación de la corresponsal del diario en el sentido de que “en amplios sectores colombianos hay una percepción de que su gobierno tiene relación con las FARC.

“Los servicios de inteligencia colombianos son muy buenos, ellos saben que el presidente Correa y su gobierno no están vinculados con las FARC, pero ya se trata de un asunto de geopolítica, de tratar de deshabilitar un gobierno de otra tendencia”.
DPA y AFP, La Jornada, 3 de agosto.

Colombia, “peligro real y concreto contra la soberanía sudamericana”, acusa Chávez

Caracas, 2 de agosto. Colombia es “una base de operaciones” estadunidense, “punta de lanza del nuevo coloniaje”, que representa “un peligro real y concreto contra la soberanía y la estabilidad de la región sudamericana”, sostuvo hoy el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien destacó que el primer objetivo militar de Washington en la región es Venezuela.

“Ahora el Plan Colombia entra en una nueva fase: Estados Unidos dispone de cinco nuevas bases militares en territorio colombiano. ¿A quién pretende hacerle creer el presidente (Álvaro) Uribe y la oliarquía colombiana, que el incremento de la presencia militar yanqui, a través de estas nuevas bases, no significa una amenaza directa a Venezuela? La obsesión de Uribe con la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo hace capaz de todo”, escribió el mandatario venezolano en su columna semanal de prensa Las líneas de Chávez.

“Es la expansión hacia toda la región lo que se busca y, primero que nada, hacia Venezuela. Entonces, el Plan Colombia no es un asunto exclusivamente colombiano: nos afecta y nos amenaza a todos”, señaló Chávez tras informar que durante la semana habló con algunos de sus pares latinoamericanos para tratar este tema, que será central en la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas del 10 de agosto, en Quito.

“La intervención de Estados Unidos “a la que hay que agregarle la presencia de ese Estado no menos militarista que es Israel– en la guerra colombiana”, hace sencillamente imposible que sus alcances se limiten al territorio de esta patria hermana y sufrida”, advirtió.

Chávez canceló la emisión del programa dominical Aló, presidente porque tenía un malestar muscular, pero durante la mañana, Venezolana de Televisión (VTV) transmitió un mensaje del presidente sobre la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de anular la concesión de 34 radioemisoras que funcionaban de manera ilegal y cuyas frecuencias serán puestas a disposición de radios comunitarias.

El presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Nelson Belfort, propietario de una de las mayores cadenas del país, criticó la medida gubernamental que le obligó a cerrar cinco estaciones con el argumento de que el objetivo de Conatel es limitar la libertad de expresión.

En respuesta a esas afirmaciones, el responsable de Conatel, Diosdado Cabello, explicó que “se trata de abrir la posibilidad de que los venezolanos tengan espacios distintos a los tradicionales”, mediante la entrega al pueblo del “poder comunicacional”.

Cabello, quien también es ministro de Obras Públicas, informó que las concesiones fueron retiradas porque los empresarios utilizaron este privilegio otorgado por el Estado para hacer negocios: “vendieron, estafaron a la gente; se han apoderado de 32 por ciento del espectro radioeléctrico”.

En la ciudad de México, 15 personas se manifestaron frente a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en protesta por el cierre de las 34 radioemisoras. En menos de 10 minutos los inconformes expresaron su rechazo a esta medida y fue tan rápido el mitin que cuando arribaron tres patrullas policiacas al lugar, los manifestantes ya se habían retirado.
DPA, PL y AFP, La Jornada, 3 de agosto.

Revierte el TEPJF triunfo de Acción Nacional en Tuxpan

La sala regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó anoche revertir el resultado de la elección en el distrito 3 de Veracruz con cabecera en Tuxpan, por lo que el PAN lo perdió y le fue asignado al PRI.

En ese caso, la nulidad de pocas casillas permitió modificar el resultado en una elección, donde el cómputo había arrojado sólo 36 votos de ventaja en favor del blanquiazul.

La única decisión dividida durante la resolución de recursos interpuestos en la elección de 10 distritos electorales federales fue la concerniente a Tuxpan, Veracruz, donde se aprobó modificar el resultado por dos votos a uno. Así, el candidato panista Miguel Martín López vio revertido su triunfo en la instancia definitiva, ya que fue declarado triunfador el priísta Martín Cristóbal Cruz.

En su ponencia, la magistrada presidenta, Claudia Pastor, argumentó que mediante testimonios recabados con notario público, el asentamiento en actas de irregularidades y la presencia de simpatizantes panistas en las inmediaciones de una casilla, así como por la argumentación de los representantes del PRI, se acreditó que el PAN ejerció presiones sobre el electorado en tres casillas.

La magistrada Yolli García discrepó de la ponencia, al considerar que en el recurso el PRI no había acreditado plenamente el impacto real de los hechos en el electorado, por lo que no habría justificante para la nulidad de casillas. Sin embargo, las otras dos magistradas consideraron que efectivamente existen tres fuentes informativas coincidentes en denunciar la irregularidad, lo cual es suficiente para anular la elección.

Pastor indicó que en una votación tan cerrada debería asumirse una postura muy puntual cuando se denuncian irregularidades que pueden afectar al electorado, motivo por lo que consideró viable la nulidad también de una casilla que fue “injustificadamente” cambiada de domicilio.

En esa misma sala y a pesar de que se corroboró la veracidad de varios de los agravios esgrimidos por el partido Nueva Alianza en la elección del distrito 13 de Veracruz, con cabecera en Huatusco, los magistrados consideraron que las pruebas aportadas solamente pueden considerarse indicios.

Se estableció que no se acreditó el impacto en la votación de irregularidades como violación al tope de campaña, apoyo de funcionarios municipales que participaron en actos de proselitismo del PRI y de diversas irregularidades en la jornada electoral. Por tanto, la pretensión de Nueva Alianza de revertir el resultado para que llegara Ulises Ochoa –hijo del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– al Congreso, no pudo concretarse.

Durante la sesión de ayer, la sala regional de Jalapa confirmó además los siguientes resultados: la victoria del PRI en los distritos 2, 12 y 14 de Veracruz, con cabeceras en Tantoyuca, Veracruz y Minatitlán, respectivamente; el 2 de Chiapas, con cabecera en Bochil, para la coalición Primero México; el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, para el PRD; el 3 de Tabasco, con cabecera en Comalcalco, para el PRD; el uno de Quintana Roo, con cabecera en Playa del Carmen, para el PRI.

De igual forma, ayer sesionó también la sala regional de Monterrey, donde se confirmaron victorias para el PAN en los distritos 11 y 12 de Guanajuato, con cabeceras en Pénjamo y Celaya, respectivamente; el distrito 2 de Aguascalientes, con cabecera en la capital, para el PRI; el 2 de Tamaulipas, con cabecera en Reynosa, para el PRI, y el distrito 4 de Zacatecas, con cabecera en Guadalupe, confirmado para el PRD.
Alonso Urrutia, La Jornada, 3 de agosto.

Atrae a población de bajos ingresos oferta “triple play”

De acuerdo con una encuesta realizada por The Competitive Intelligence Unit (CIU) en 17 ciudades del país, 12% de los suscriptores de televisión por cable tienen el servicio triple play (telefonía, internet y televisión en un solo paquete).

En los hogares con el poder adquisitivo más bajo, es decir, los niveles socioeconómicos D y E, la penetración de la televisión de paga es de 17%. No obstante, 7% de los clientes de cable prefieren hacer un esfuerzo y contratar el paquete de los tres servicios, destacó.

En el segmento de mayores ingresos (A y B), se encontró que 18% de los suscriptores tienen el llamado triple play con su operador de cable, mientras que en el estrato socioeconómico medio (C y C+), esta cifra es de 13%, dijo la consultora.

Una quinta parte de las personas consultadas del 17 al 29 de junio de este año por CIU dijeron estar interesadas en agregar otro servicio con su operador de cable, y 70% de éstas se inclinarían por internet; 30% manifestaron estar interesadas en contratar telefonía.

Sólo 33% de las personas entrevistadas por la consultora respondieron que tienen más de un servicio contratado con su empresa de televisión por cable. De éstos, 83% de los clientes dijeron tener internet y 54% el servicio de telefonía con su operador de cable, dijo CIU.

“Conforme disminuye el nivel socioeconómico, los encuestados agregan más telefonía y menos internet con su operador de cable”, añadió.

La encuesta arrojó que 89% de la población ubicada en el nivel socioeconómico más alto cuenta con algún servicio de televisión restringida, mientras que en el segmento medio el porcentaje es de 33%.

Destaca que los niveles C y C+ muestran una menor penetración de televisión por cable, en comparación con los otros dos segmentos de mayor y menor poder adquisitivo.

En este sector es mayor el número de usuarios que prefieren la televisión de paga con tecnología satelital que en los de estratos A y B y D y E.

Percepción

Al ser cuestionados sobre la calidad del servicio de telefonía e internet, 70% de los entrevistados consideraron como “bueno” el de voz y 60% calificaron igual al de acceso a la red.

Respecto a la principal razón para elegir a su empresa de televisión de cable, 40% dijeron que el precio juega un papel preponderante en su decisión de contratar ese servicio.

Sin embargo, en el caso de Cablevisión se observó que la mayoría de las respuestas correspondió a la calidad, seguido por la cobertura y después por el precio, mientras que a empresas como Cablemás y Megacable, la evaluación hecha por los encuestados revela que estos servicios fueron contratados más por su precio.

Al considerar la calidad en el servicio de tv de paga, Cablevisión y Sky recibieron las mejores calificaciones.

En cuanto a empresas de televisión satelital se concluyó, con base en las respuestas de los consultados, que Sky es preferido por su calidad (27%) y Dish por su precio (48%).

Cuánto pagan

De los suscriptores consultados por The Competitive Intelligence Unit, 43% indicaron que pagan menos de 300 pesos al mes por su servicio de televisión de paga; 44% de 300 a 500 pesos, y sólo 2% dijeron erogar entre 700 y más de mil pesos mensuales.

Datos de CIU indican que los clientes de Cablevisión tienen el mayor gasto mensual, pues 33% afirmaron que pagan entre 301 y 400 pesos, mientras que los de Cablecom son los que erogan menos, ya que 47% respondieron que pagan entre 200 y 300 pesos.

Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 3 de agosto.



Venezuela todavía ayuda a las FARC

BOGOTÁ/CARACAS.— A pesar de los desmentidos del presidente Hugo Chávez, funcionarios de Venezuela siguen ayudando a comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a lograr acuerdos de armas en Venezuela e incluso a obtener identificaciones para moverse más fácilmente en tierra venezolana, de acuerdo con información contenida en una computadora incautada a los rebeldes en los últimos meses, citada por The New York Times.
En su edición electrónica, el diario indicó que esta información, que analizan agencias occidentales de inteligencia y de la cual el Times obtuvo una copia, detalla la colaboración entre la guerrilla y funcionarios y militares de alto rango del gobierno de Hugo Chávez.

La nueva información, siempre según el Times, incluye un mensaje del comandante rebelde Iván Márquez que presuntamente opera desde Venezuela, quien describe el plan de la guerrilla de comprar el año pasado misiles tierra-aire, rifles para francotiradores y radios en Venezuela.

No queda claro si las armas fueron obtenidas, pero Márquez precisa que la tarea era facilitada por el general Henry Rangel Silva, hoy ex director de la agencia de inteligencia de la policía de Venezuela, y por Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior.

The New York Times indica que la evidencia podría dar problemas a la administración Obama, que intenta reparar los nexos con Venezuela, a través de un aproximamiento de no confrontación.

Ayer el diario colombiano El Tiempo reveló que las FARC usan armas procedentes de 27 naciones, entre ellas Venezuela, Ecuador y Brasil, que han sido confiscadas por las autoridades colombianas en diferentes operativos. A través de Interpol, Bogotá ha enviado 209 comunicaciones a 27 países para preguntar por el origen de las armas incautadas a los rebeldes. Corea del Norte o Venezuela no han respondido algunas de las circulares.

Las autoridades han decomisado a los rebeldes explosivos ecuatorianos, munición venezolana y brasileña, cohetes antitanque de origen estadounidense, ruso, sueco y chino, fusiles rusos, búlgaros, chinos y coreanos.

En este contexto, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, en entrevista con el diario chileno La Tercera, advirtió a la comunidad internacional que “no se deje sorprender” ante nuevas compras de armamento por Venezuela, después de que se hallara en manos de las FARC tres lanzacohetes vendidos por Suecia a ese país en 1988.

La semana pasada Venezuela congeló las relaciones con Colombia, ante las acusaciones de que lanzacohetes en manos de las FARC eran originalmente propiedad de Venezuela.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, desmintió que su país esté en una carrera armamentista, pero aseguró que Ecuador se prepara para mejorar su capacidad operativa militar ante cualquier intento de incursionar ilegamente en su territorio. Colombia y Ecuador mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde que el 1 de marzo de 2008 militares colombianos atacaron un campamento de la guerrilla colombiana ubicado en territorio ecuatoriano.
El Universal, 3 de agosto.

Advierten deficiente respeto a garantías

La idea del respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos hallan en nuestro país una opinión desfavorable, toda vez que dos de cada tres mexicanos consideran nula la vigilancia y la práctica legal que tienen en su entorno cotidiano.

Datos arrojados por una encuesta elaborada por EL UNIVERSAL demuestran que 64% de los entrevistados opina que no se respetan las garantías individuales, frente a 33% que considera que sí son protegidas.



Al preguntarles su opinión sobre qué son los derechos humanos, respondieron con diversas ideas, muchas alejadas de la materia: 19% los asimila como garantías individuales; 12% con libertad de expresión; 7% con educación; 6% con vivienda digna, y 5% con justicia.



Respecto al derecho que menos se respeta, opinaron que en primer lugar está la libertad de expresión, 18%; le siguen la no discriminación y la impartición de justicia, 8% cada uno, y los derechos de la mujer y la seguridad, 5% cada uno.



Sobre la instancia a la que acudirían en caso de sufrir una violación a sus derechos, 49% indicó que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 24% a la Comisión de Derechos Humanos; 7% a la policía; 4% a la Comisión de Derechos Humanos estatal, y 3% en cada caso acudirían con autoridades, delegación/municipio o al DIF.



La encuesta mostró que 55% de los mexicanos considera que en la última década el respeto a los derechos empeoró.

Las opiniones de desánimo contrastan con la seguridad que dice tener 55% de las personas en conocer la instancia en la que deben denunciar vejaciones.
El Universal, 3 de agosto.

Quieren mi silla

Mentiras, falsedades, ocurrencias, señalamientos sin fundamento. Así responde José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a las críticas que formulan contra su administración diversas organizaciones civiles.

En entrevista con EL UNIVERSAL defiende su actuación como ombudsman. También hace su propio balance de la situación de los derechos humanos en México. Acepta que han existido retrocesos en ciertas áreas y que la impunidad es la constante. Pero eso no es culpa de la comisión: “Nosotros no somos los que violamos derechos, es la autoridad”.

En octubre dejará el cargo. Antes de cerrar su presidencia anuncia que dirigirá un oficio a las instancias correspondientes por el incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas de la década de los 70. Se trata uno de los asuntos más añejos de la comisión.

Además, el 11 de agosto presentará un informe sobre los últimos 10 años de la CNDH. Sobre su futuro político, José Luis Soberanes asegura que, “por salud mental”, se prepara para retomar su vida académica en la UNAM.



¿En México hay retroceso en materia de derechos humanos?



Se ha complicado mucho con todo el tema de la seguridad pública, por el Ejército, la cuestión de los secuestros. Lógicamente no falta quién quiera tratar de echarnos la culpa. El que se diga: “Nosotros no podemos actuar porque no nos dejan los derechos humanos”, como si los derechos humanos fueran un ente metafísico, es un pretexto para tratar de justificar su ineficacia.



¿Cree que hubo un avance y que después se dieron pasos atrás?



Sí. Hubo un avance en el año 2000 en la misma CNDH. Antes, quien ocupaba el puesto era alguien designado por el Presidente de la República; ahora es designado por el Senado. Por lo tanto, cuando yo llego no tenía ningún compromiso con el titular del poder Ejecutivo y eso es muy sano, me dio mucha libertad y nos permitió hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos de los años 70.

“Pero ahora se ha complicado el tema de los derechos humanos porque los soldados —no estoy diciendo que sean genocidas o torturadores profesionales— no están capacitados para estas labores y, entonces, ocurre todo lo que nosotros tenemos documentado sobre violaciones a los derechos humanos”.

Sobre la guerra sucia de los años 70, se creó una fiscalía por recomendación de la CNDH, pero nadie fue consignado por esos crímenes. ¿El caso quedó impune?



Desgraciadamente, sí. Tengo pensado emitir un oficio en el cual valoraremos el cumplimiento de dicha recomendación que Vicente Fox aceptó, pero hubo un cumplimiento insatisfactorio... Yo ya me voy y tengo que cerrar el expediente y decir: no se cumplió.





¿Por qué hasta ahora?



Porque he estado esperando a ver si había resultados. Se creó la fiscalía y lo único que se hizo fueron aquellas excavaciones en Guerrero para ver si se encontraban restos; fuera de eso, nada.



¿A qué lo atribuye?



A la negligencia. Se creó una fiscalía especial, se le dotó de grandes recursos económicos y no metió a nadie a la cárcel. La desaparición forzada de personas no prescribe y en nuestro expediente había los elementos suficientes para meter a mucha gente a la cárcel y ahora se nos fueron muriendo (los responsables).



Pero, ¿la comisión no dejó pasar mucho tiempo?



Nosotros no teníamos que cumplir con la recomendación. En un año sacamos una recomendación que nadie había hecho en 10 años. Se hizo la investigación y después emitimos la recomendación. Nosotros no somos Ministerio Público, por eso pedimos que se creara una fiscalía especial y no hizo su trabajo.





Organizaciones civiles critican el aumento sistemático del presupuesto de la CNDH. ¿Qué opina?



Hemos tenido un aumento sistemático porque el trabajo ha aumentado sistemáticamente. Quien diga que es excesivo que lo sustente con un estudio financiero. Son ocurrencias. El Estado mexicano gasta en la CNDH 0.05% de su presupuesto. México está por debajo de Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia (en ese gasto per cápita). Aquí se invierten siete pesos por persona y en Irlanda se gasta más.



Las organizaciones civiles consideran que no hay una equivalencia entre los recursos y los resultados.



Esas organizaciones civiles no las podemos calificar de las más objetivas. Digamos que el objetivo de 10 o 12 organizaciones es la CNDH. Quizá nos achaquen la pérdida de recursos o de influencia, pero el caso es que están incómodos con nosotros y a ellos no les preocupan las violaciones a los derechos humanos, sino cómo hacerse de esta comisión.

“Ahora están muy preocupados por el relevo, y quieren influir, ser los grandes electores, tomar la decisión y uno de ellos hacerse de mi silla. Nosotros tenemos que actuar dentro de un marco constitucional. No somos una institución que actúa por capricho. Estas asociaciones civiles tendrían que empezar rindiendo cuentas y no preocuparse tanto por lo que hago o dejo de hacer. Que ellos transparenten sus recursos, que digan quiénes son las fundaciones del extranjero, de dudosa reputación, que les dan recursos y en qué los gastan”.





¿Cree que las organizaciones civiles no deben participar en el proceso de elección del ombudsman?



Por supuesto que sí, pero son mil 200 organizaciones, entonces tienen que participar todas, no nada más 10. Aunque la decisión es del Senado.



¿Cree que hay un complot de estas organizaciones a su persona?



No hay complot ni mucho menos. Si yo no estuviera seguro de lo que estoy haciendo la sociedad me lo reclamaría. Dicen que no les doy seguimiento a las recomendaciones, pero sí.

“Que lean los documentos, lo que no se puede hacer es inventar”.



El Centro Pro señala que la CNDH espera determinados momentos políticos para una recomendación.



Esos son puntos de vista subjetivos. Que los fundamenten. No podemos salir al día siguiente de que se presenta la queja como Superman. En Oaxaca nos tardamos menos de un año y la Corte lleva tres. En Atenco emitimos la recomendación en un año y la Corte en tres, así que vamos a ser parejos.



Pese a ello, no se ha consignado a nadie por Atenco…



Hubo dos muertos en Atenco. Dimos elementos para abrir procesos legales. La recomendación de Atenco la rechazó el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora. Los dos homicidios quedaron en la impunidad.



También las violaciones de las mujeres…



Exactamente. ¿Y cómo se supo de las violaciones de las mujeres? Hasta que nosotros salimos y lo denunciamos, hasta ese momento se supo. ¿Qué pasó con el asunto de Lázaro Cárdenas, donde hubo dos mineros muertos? Se rechazó y quedó en la impunidad. ¿Qué pasó con las mujeres de Cupétaro (Michoacán), las tres menores de edad violadas? A nadie le preocupó. Y así seguimos.



¿La comisión tiene las manos atadas para evitar que los casos documentados queden impunes?



Más que las manos atadas, tenemos una competencia legal y sólo podemos llegar hasta cierto punto. Más allá no podemos. Si le digo a una persona: “Usted investigue, consigne”, y al señor no le da la gana hacerlo, ahí ya no puedo hacer más porque tengo una limitación.



¿No ha permeado el discurso de los derechos humanos en las autoridades?

Un dato curioso: ¿saben que el gobierno federal gasta en sus direcciones y subsecretarías de derechos humanos, aproximadamente lo mismo que cuesta esta comisión? Tiene direcciones de derechos humanos, subsecretarías, subprocuradurías y ¿para qué sirven? Para tapar, para servir de tapadera. La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional no está ahí para reclamar; está para decir: “No sabemos nada, no tenemos nada”. Es como los gatitos: entierran sus porquerías.



¿En México, el tema de los derechos humanos es sólo burocrático, se ha quedado más en el discurso que en los hechos?



No, nosotros hacemos recomendaciones. Hemos emitido 540 recomendaciones, de las cuales 422 han sido aceptadas. Casos muy duros, que a lo mejor ya se les han olvidado.





Pero aunque acepten las recomendaciones, en los hechos no hay cambios para evitar violaciones a los derechos humanos…



En algunos casos ha habido avances, no lo podemos negar. Hay gente que está en la cárcel. Pero hay otros casos en los cuales hay indolencia.

“Por ejemplo, la Defensa Nacional se preocupa en hacer una campaña en contra de nosotros. ¿Por qué esa preocupación no los lleva a investigar los casos que nosotros mencionamos?”



Organizaciones civiles señalan que usted violó acuerdos internacionales al interponer el recurso de inconstitucionalidad en el tema del aborto, ¿qué dice al respecto?



No violé ningún acuerdo. Lo único que hice fue poner una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Quien resolvió fue la Corte, no fui yo. El tema del aborto y el derecho de la vida son temas que hoy se discuten en la Suprema Corte de Estados Unidos, en el Tribunal Constitucional español se están planteando. No son ocurrencias mías.



¿Volvería a presentar el recurso de controversia inconstitucional?



Sí, porque tengo la convicción de que los instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que se protegerá la vida desde la concepción... no lo digo yo, lo dice esa convención.



¿Qué dependencias del gobierno federal o funcionarios han puesto piedras en el camino de la CNDH?



Recientemente, el caso más patético es el del procurador general de la República [Eduardo Medina Mora]. Hay otros casos de vergüenza, como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el extranjero habla de respeto a los derechos humanos pero a nivel interno no defiende a sus connacionales.



La semana pasada, el presidente Calderón defendió la presencia del Ejército en las calles, diciendo que no se violaban derechos humanos. ¿Eso no fue cuestionar a la CNDH?



Pero a continuación dijo que nuestros señalamientos los estaban atendiendo. Y todas las recomendaciones que enviamos a la Secretaría de la Defensa Nacional son aceptadas.



Usted pidió al Presidente que retirara al Ejército de las calles, y no lo han hecho…



En mi último informe, en marzo pasado, el Presidente dijo que sí se iba a retirar. El asunto es que no dicen cuándo.



Y usted, ¿no debería poner un plazo?



No, porque no me corresponde. El Ejército no me obedece a mí, sino a su jefe supremo que es el Presidente. El secretario de Gobernación dijo que antes de que terminara este sexenio iba a salir (el Ejército).



¿Cómo califica el actuar del Presidente en derechos humanos?



Es difícil contestar porque ha habido algunos casos en los cuales he acudido a él directamente y ha reaccionado positivamente. Ha habido otros en los que sus subordinados actúan de mala manera y él no los llama al orden. En ese sentido, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, sí lo apoyo; por otro, sí hay muchas cosas que podría hacer mejor.



¿Qué piensa de que hay alrededor de 30 casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones que no se resolvieron en México?



Ese es el problema. A ver si de los casos que estamos viendo ahora, en 10 años no se tiene que hacer una comisión de la verdad.



¿La CNDH actúa guiándose por el costo-beneficio político?



Sólo he hecho una valoración de esa naturaleza. Pudiendo hacer declaraciones, antes de las elecciones, me mantuve al margen, para no ser un oportunista. Pero fuera de eso, no he tenido pelos en la lengua para decir las cosas cuando las tengo que decir. Pero, tengo que tener un expediente que sostenga lo que digo. No puedo actuar por ocurrencias, imaginaciones, creencias o suposiciones.



Las organizaciones señalan que en el tema del aborto, por ejemplo, se dejó llevar por sus creencias, porque pertenece al Opus Dei...



Quien diga que tengo esa creencia, lo único que está haciendo es un falso testimonio, porque no saben si tengo o no creencias religiosas. Si alguien dice que es por mis convicciones religiosas, lo dice como una suposición y nos salimos de la discusión racional.

“ Lo que piense o deje de pensar sobre cuestiones religiosas no ha afectado mi trabajo desde que fui director de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM), hasta ahora. Eso es algo personal.

“Lo único que me rige es la ley, la Constitución. Quienes dicen eso, no recuerdan que yo firmé la recomendación del caso Paulina”.



¿Usted es miembro del Opus Dei?



Si soy o no lo soy a la opinión pública no le importa, porque nunca me he guiado por lo que debe ser o no, de acuerdo con mis convicciones personales.



¿Le gustaría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?



Hay gente que dice que me estoy aprovechando de la CNDH para llegar a la Corte. Quien lo dice, no sabe muy bien las cosas, porque para llegar ahí tengo que estar en una terna que hace el Presidente de la República y lo que estoy haciendo, críticas y cuestionamientos, no creo que abonen mucho para mi posible candidatura a la Suprema Corte.

“Como abogado, por supuesto que me gustaría llegar a la Corte, pero eso no depende de mí. Depende del Presidente y de los senadores. Si el Presidente no quiere, no llego”.



¿Cómo le gustaría que sea su futuro político?



Por salud mental, lo único en que pienso, y para lo que me preparo, es para regresar a mi plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Thelma Gómez y Liliana Alcántara, El Universal, 3 de agosto.


CNDH, la más costosa de AL

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hay una paradoja. En menos de 10 años, este organismo autónomo incrementó su presupuesto en más de 300% y se colocó como la oficina de ombudsman más costosa en América Latina. Mientras los recursos crecen, el cumplimiento de sus funciones va a la baja. Análisis de organizaciones nacionales e internacionales consideran que la comisión hace un trabajo ineficiente y “decepcionante”.

El aumento del presupuesto de la CNDH ha sido constante desde 1999, año en el que fue nombrado presidente José Luis Soberanes. Se trata del ombudsman que más ha durado al frente de la comisión —casi 10 años— ya que fue reelecto en 2004.

En octubre, el Senado designará al nuevo titular de la CNDH, organismo que a 19 años de existencia ha cosechado más críticas que aplausos, por lo que miembros de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos consideran que es tiempo de una “reestructuración” para que retome la función para la que fue creada.

No sólo la CNDH está en el banquillo. En México hay además 32 comisiones estatales que, junto con la institución nacional y las oficinas dedicadas al tema en las dependencias federales, integran uno de los sistemas públicos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos más grande y costoso de América Latina. La efectividad de gran parte de estas comisiones y oficinas también es cuestionada por organizaciones civiles.



No es falta de recursos...

En 1990, Carlos Salinas de Gortari presentó el decreto para crear la CNDH y cumplir con un requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio. A 19 años de distancia, la CNDH “no está ejerciendo al máximo su mandato”, coinciden la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Señalan que la “ineficacia” de la comisión no se debe a la falta de recursos o instrumentos jurídicos. “Se debe, en gran medida, a que el presidente de la CNDH ha adoptado una serie de prácticas y políticas que perjudican el desempeño de la institución”, explica José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Los recursos no han sido un problema para la CNDH. Este organismo cada año ha tenido un aumento significativo en su presupuesto. De acuerdo con análisis de Fundar, de 1999 a 2008, la CNDH aumentó 331% su presupuesto, ya que durante ese lapso pasó de 114.4 millones de pesos a 866 millones de pesos.

En 2009, la crisis económica no tocó a la CNDH, al contrario, se le otorgaron 46.5 millones más, por lo que para este año tiene 912.5 millones de pesos, presupuesto superior a lo que reciben otras oficinas de ombudsman en América Latina.



Más dinero que la Corte Interamericana

De acuerdo con HRW, la Defensoría del Pueblo de Colombia es la oficina que tiene el segundo presupuesto más alto de América Latina. Los datos disponibles muestran que en 2006 la institución colombiana recibió el equivalente a 37 millones de dólares, mientras que ese mismo año la CNDH gastó alrededor de 60 millones de dólares.

Incluso, el presupuesto de la CNDH rebasa los recursos con los que cuentan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En 2008, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió de la OEA un presupuesto de 32.7 millones de pesos. La Corte Interamericana —máximo órgano de la OEA que juzga violaciones a derechos humanos en el continente— recibió 10.33 millones de pesos.

Mientras la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil está integrada sólo por 33 personas, la CNDH tiene cerca de mil empleados, lo que la hace ser una de las instituciones defensoras de derechos humanos con mayor burocracia en la región, de acuerdo con la Evaluación crítica de la CNDH que Human Rights Watch presentó en febrero del año pasado.

Este informe, uno de los más críticos contra la institución, provocó que la comisión elaborara un amplio documento para dar respuesta y calificar el análisis como un documento “plagado de errores”.

En su defensa, la CNDH señala que “los recursos que se tienen asignados se han erogado en forma responsable con el único objeto de salvaguardar los derechos humanos en México”. Además, señala que se amplió la infraestructura de la comisión y se han creado diversos programas.

También menciona que hay países, como Irlanda, cuyo gasto en derechos humanos es cuatro veces superior al presupuesto anual que generalmente ejerce la CNDH.

Para Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, “los recursos que ha invertido la comisión que encabeza José Luis Soberanes Fernández no están en función de sus resultados y de su legitimidad, la cual es cuestionada por las organizaciones y las víctimas”.



Gratificaciones generosas

El aumento en el dinero público que recibe la comisión se refleja, sobre todo, en sueldos: 71.5% de sus recursos son para “remuneraciones al personal”, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, recibe un sueldo neto de 149 mil 340 pesos mensuales. Es decir, gana más que el presidente Felipe Calderón, quien, tiene un salario neto de 146 mil 830 pesos, de acuerdo con la información del portal de transparencia de la Presidencia.

Investigaciones de Fundar muestran que en 2008 la CNDH ocupó 54.6 millones de pesos para “estímulos al personal”; mientras que a “gratificaciones de fin de año” asignó 39.5 millones de pesos, cifra superior a lo que destinaron la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Turismo y Energía.

En la “Estrategia programática”, entregada a Hacienda, la CNDH justifica el destino a “remuneraciones al personal”, al señalar que “es fundamental para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales”.

Hay cifras que muestran que las buenas intenciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se hacen realidad.



Muchos números, poca investigación

Al analizar más de 300 quejas presentadas ante la CNDH en contra de siete dependencias del gobierno federal, académicos del Programa Atalaya encontraron que en ocho de cada 10 casos las investigaciones elaboradas por la comisión fueron “deficientes” y no encontró datos suficientes para validar la violación a los derechos humanos.

“No encuentran datos porque no realizan bien la investigación”, resalta Antonio López Ugalde, del Programa Atalaya del ITAM, iniciativa en la que participan FLACSO y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Las mismas cifras de la CNDH le dan la razón. De acuerdo con su informe de labores 2008, la comisión trabajó en 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947 de ellos no encontró violaciones a los derechos humanos; mientras que terminó 3 mil 112 con una “orientación al quejoso”.

Los hallazgos del Programa Atalaya muestran que la CNDH deja mucho que desear en su trabajo. Por ejemplo, al analizar quejas en contra de Conagua, Luz y Fuerza del Centro y Profeco encontraron que la comisión utiliza “fórmulas prediseñadas para solicitar información a las autoridades”, lo cual facilita respuestas “vagas e incompletas” por parte de las dependencias gubernamentales.

Además, constató que en los casos en los que se acreditaron irregularidades en la actuación de las autoridades, la CNDH concluye el expediente “sin dirigir señalamiento alguno a los responsables ni promover medidas de prevención”, señala.

A estas críticas también se une HRW. En su evaluación crítica de la CNDH señala que “la comisión habitualmente abandona los casos de violaciones de derechos humanos que documenta antes de su resolución”.

Incluso, resalta que tiene poca o nula repercusión en las prácticas de derechos humanos en México, sobre todo porque 90% de los casos de abusos de autoridad, los resuelve mediante acuerdos de conciliación que firma con las instituciones gubernamentales responsables de las violaciones a las garantías.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su respuesta al análisis de Human Rights Watch, insiste en que la competencia, funciones y atribuciones de este organismo autónomo están delimitadas por las leyes y las normas aplicables en el orden jurídico vigente en el país.



Los “aliados” de la autoridad

La efectividad de las comisiones estatales también es puesta en duda por algunas de las organizaciones civiles consultadas.

En México hay 32 comisiones locales de derechos humanos. La ONU y la OEA han insistido en la necesidad de que las oficinas de los ombudsman sean autónomas de los gobiernos. Sin embargo, aún hay nueve instituciones cuya elección de su presidente depende de la decisión del gobernador: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

El estado de Guerrero es un caso emblemático. El puesto del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de carácter vitalicio, lo que significa que sólo puede ser sustituido por jubilación o en caso de fallecimiento. Su presidente, Juan Alarcón Hernández, lleva 19 años en el cargo.

Otro caso que destaca es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. De acuerdo con Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y los Derechos Humanos, esa comisión “está sirviendo para legitimar el poder público, porque en el fondo no hay una atención real al asunto de los derechos humanos ni a las víctimas. No hay seguimiento sistemático a las recomendaciones realizadas”.

El diagnóstico sobre los organismos públicos de derechos humanos frente a los derechos de las mujeres, realizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, muestra que solamente 75% de las comisiones del país da seguimiento a sus recomendaciones, y que además sólo lo hacen solicitando información a las autoridades correspondientes y, si existe incumplimiento, únicamente envían oficios o recordatorios a los investigados.

Las únicas comisiones que cuentan con un área exclusiva para el seguimiento de las recomendaciones emitidas son las de Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Morelos, según se constató.

En materia presupuestal, la comisión del Distrito Federal es la que dispone de más recursos: este año ejercerá 263 millones 7 mil 703 pesos. Le sigue la comisión del estado de México, cuyos recursos suman 82 millones 29 mil pesos. En tercer lugar está la comisión de Jalisco que cada año gasta alrededor de 70 millones de pesos.

Hay otras con menor presupuesto como las de Oaxaca, que eroga 25 millones de pesos, San Luis Potosí e Hidalgo, con un gasto de 23 millones de pesos cada una.

Luis Arteaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que las comisiones públicas de derechos humanos suelen ser vistas como “espacios de poder” y en algunos casos carecen de independencia y se convierten en aliados de las autoridades. “Hay casos, como el de Oaxaca, donde la comisión estatal no representa un contrapeso real de los abusos del poder”, señala el activista social.

México requiere de organismos efectivos, diligentes y transparentes que cumplan con las características de un real sistema de protección de los derechos humanos para que no se tenga que recurrir a las instancias internacionales, apunta Vanessa Coria, abogada de la organización Cejil.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, la secunda: “México enfrenta serios desafíos en derechos humanos y las comisiones deberían jugar un papel mucho más fundamental para enfrentarlos”.

Liliana Alcántara y Thelma Gómez, El Universal, 3 de agosto.


Soberanes: “Mentiras, ocurrencias”

Al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, le sobran respuestas a las críticas hacia su administración. En entrevista, afirma: “Se trata de mentiras, falsedades, ocurrencias y señalamientos sin fundamento”.

Ataja las acusaciones en su contra con el argumento de que las organizaciones no gubernamentales están “muy preocupadas” por el relevo en la CNDH y buscan influir en el proceso para erigirse en los “grandes electores”.

Asegura que uno de los objetivos de esos grupos es hacerse de su silla. Sin embargo, “tendrían que empezar por rendir cuentas y no preocuparse por lo que hago o dejo de hacer”.

Acerca de los mayores recursos hacia la comisión, Soberanes explica que se ha dado en congruencia con el aumento de trabajo, pero niega que sea excesivo.

“El Estado mexicano eroga en la CNDH 0.05% de su presupuesto, por debajo de Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia, en cuanto a gasto per cápita”, añade.
Liliana Alcántara y Thelma Gómez, El Universal, 3 de agosto.

Califican a CNDH de “cara e inútil”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue puesta bajo la lupa de organizaciones nacionales e internacionales y salió mal librada; desde su perspectiva, la CNDH realiza un trabajo inútil, ineficiente y “decepcionante”; además de que su funcionamiento es oneroso.

En una revisión de sus 19 años de existencia —los últimos 10 bajo el mando de José Luis Soberanes, cuya presidencia termina este año— los grupos consultados coinciden en que la comisión “no está ejerciendo al máximo su mandato”.

Destacan que en menos de 10 años el organismo incrementó su presupuesto en más de 300%, para colocarse como la oficina en su tipo más costosa de América Latina, por arriba de los recursos asignados a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Para activistas, el dinero que maneja la CNDH no está en correspondencia con sus resultados. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 71.5% del dinero que recibe la comisión se destina al pago de sueldos.

En su informe de labores 2008, la CNDH detalla que trabajó en 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947 no encontró violaciones a los derechos humanos; mientras que terminó 3 mil 112 con una “orientación al quejoso”.

Al respecto, diversos grupos consideran que es tiempo de una “reestructuración” en la CNDH con el fin de que retome la función para la que fue creada. Entre los organismos que evaluaron a la comisión destacan el estadounidense Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundar y la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Thelma Gómez y Liliana Alcántara, El Universal, 3 de agosto.

Califican de buena a excelente atención en la CNDH

El 77. 2 por ciento, de seis mil 265 personas que acudieron en el primer semestre de este año a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a denunciar presuntas violaciones a sus garantías fundamentales, calificó como excelente la atención recibida, según información dada a conocer por ese organismo.

En tanto que 17.9 por ciento, es decir, un total de mil 120 personas dijo haber recibido un servicio bueno y el 1.5 por ciento (95 personas) opinó que el servicio fue regular. Apenas el 0.2 por ciento dijo que la atención recibida en la CNDH fue mala.

Estos resultados se dan a conocer en la Encuesta de Calidad en el Servicio que el organismo defensor de los derechos humanos aplica de manera habitual desde hace más de seis años, y esto permite captar la opinión de los quejosos que acuden en busca de apoyo.

Otros resultaron arrojan que el 95.5 por ciento de las seis mil 265 personas atendidas durante este lapso (un total de cinco mil 981) dijo que volvería a recurrir a la CNDH al enfrentar un problema, mientras que 1.8 por ciento (114 personas) dijo que no lo haría.



El estudio forma parte del programa de actualización permanente del personal de la CNDH y está enfocado a ampliar la capacitación de los empleados y a mejorar el servicio al público.



Según la CNDH, el tiempo máximo promedio que una persona debe esperar para ser atendida es inferior a un minuto.
Olivier Pavón, Crónica, 3 de agosto.