Una estación radiofónica transmite desde la calle

Una de las más de 30 emisoras de radio retiradas del aire el pasado fin de semana por el gobierno venezolano transmitió ayer a través de altavoces desde una plaza de Caracas, donde sus trabajadores recibieron la solidaridad de peatones y conductores.

Los periodistas y otros trabajadores de la emisora CBN 102.3, una de las más populares de la capital, improvisaron un estudio al aire libre en la plaza Alfredo Sadel, ubicada en una zona comercial del este caraqueño. Desde sus micrófonos, y a través de pancartas, denunciaban que, “en su arremetida contra la prensa”, el presidente Hugo Chávez ha cometido “un radiocidio”.

Cinco de las emisoras del circuito radial CBN perdieron la licencia y el sábado comenzaron a transmitir por internet, lo que los trabajadores de la planta de Frecuencia Modulada (FM) de Caracas ampliaron ayer con su iniciativa de transmitir al aire libre. Los comunicadores también expresaron su rechazo a un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por la Fiscalía, que prevé penas carcelarias de hasta cuatro años a periodistas que difundan “informaciones falsas” que atenten contra “la seguridad nacional” o “la salud mental” de los ciudadanos.

Teodoro Petkoff, director del diario caraqueño Tal Cual, muy crítico de la “revolución” del presidente venezolano, Hugo Chávez, atribuyó en su editorial de ayer a razones supuestamente políticas la salida del aire de la cadena CNB.

EFE en Caracas, Crónica, 4 de agosto.

Atacan con gases sede de Globovisión; dos heridos

Varias personas armadas ingresaron ayer cerca del mediodía a la sede en Caracas del canal de noticias Globovisión, muy crítico del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, y lanzaron dos bombas lacrimógenas, informó María Fernanda Flores, una de las directoras de la emisora.

Alrededor de 30 motoristas llegaron a la sede de Globovisión en la capital y tras apuntar con armas de fuego a los vigilantes ingresaron a sus instalaciones, donde hicieron detonar las bombas, señaló Flores. Una agente de la policía metropolitana, que custodia el edificio, resultó herida, así como uno de sus vigilantes privados, indicaron directivos de Globovisión.

El ministro del Interior, Tareck El Aissami, rechazó “enérgicamente” esta agresión y anunció que se abrirá una investigación sobre los hechos.

Poco antes de esta declaración, el director del canal, Alberto Federico Ravell, había responsabilizado al presidente Chávez y anunció que llevaría su denuncia “hasta sus últimas consecuencias”. El director deploró que “a plena luz del día un grupo de sus partidarios (del mandatario) se acerque al canal y lo ataque”.

La televisora mostró imágenes tomadas por sus cámaras de seguridad en las que se ve a un grupo de personas con boinas rojas y banderas del partido UPV, aliado de Chávez, ingresando a las instalaciones de Globovisión y lanzando las bombas.

Este fin de semana salieron del aire en Venezuela 32 radios y dos televisoras regionales por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que consideró que no cumplían con todos los requisitos de la ley para operar. Las concesiones de otras 200 emisoras están siendo revisadas.

Gobierno ocupa temporalmente dos procesadoras de café

- El gobierno venezolano ocupó ayer todas las plantas procesadoras de café de Café Madrid y Fama de América ante la sospecha de “prácticas de abuso y monopolio”.

- Según el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, esta medida se extenderá por tres meses y tiene por fin “garantizar el abastecimiento del pueblo venezolano”.

- El ministro Jaua aseguró que si se demuestra que esas empresas locales han tenido un comportamiento irregular se procedería a su expropiación.

Agencias en Caracas, Milenio, 4 de agosto.

Los “delitos mediáticos”

Las antenas de 32 estaciones de radio y de dos de televisión dejaron de transmitir este sábado en Venezuela, entre ellas las del circuito radial CNB, el de mayor sintonía y de línea editorial opositora, tras la decisión del gobierno de cesar las concesiones a un primer grupo de emisoras investigadas por inconsistencias legales.

La medida, que puede alcanzar a 240 radioemisoras —40% del parque radiodifusor del país— y a 45 televisoras, ocurre mientras crecen las voces de alarma por una nueva ley propuesta al parlamento para castigar a las personas que al expresarse por cualquier medio incurran en “delitos mediáticos”.

Las frecuencias les fueron retiradas a las estaciones por fallecimiento del titular de la concesión —el gobierno se rehúsa a que sea hereditaria—, por vencimiento de la licencia sin que se haya renovado adecuadamente la concesión o porque la autoridad que regula las telecomunicaciones consideró improcedente o incompleta el pedido de cambio de la titularidad.

Hace tres meses, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, considerado mano derecha del presidente Hugo Chávez.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Cabello hace tres meses.

Nelson Belfort, presidente de la empresarial Cámara de Radio, dijo que “hubo una preselección muy sospechosa de las emisoras a cerrar. Lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación y menos sin un debido proceso”.

Belfort es el principal propietario de CNB (Circuito Nacional Belfort), con once emisoras y al que se enlazan parcialmente otras 30 en todo el país, con programas de variedades y de información y con una opinión editorial opositora, incluido el popular vespertino Aló, Ciudadano, que se transmite simultáneamente por radio y televisión.

En cuanto a la propuesta presentada por la fiscal general, Luisa Ortega, al parlamento para que se sancione una “ley especial contra delitos mediáticos”, ésta contempla el castigo a las “acciones u omisiones (…) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

Toda persona que “manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o moral pública” será castigada con entre dos y cuatro años de prisión, según la iniciativa. La misma pena se aplicará en tal caso a “la persona responsable del medio de comunicación”, sea éste “impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.

A la cárcel irían los responsables de medios que, a pedido del Ministerio Público (fiscalía), se negasen a revelar la identidad de autores de trabajos emitidos con seudónimos, o si “de manera voluntaria e injustificada se negasen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”.

En Venezuela, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, organizaciones civiles como Espacio Público y Expresión libre denunciaron que el proyecto viola la Constitución y exigieron que el parlamento “lo rechace y se inhiba de establecer nuevos delitos de información y opinión que sólo se observan en sociedades autoritarias”.

Con ellos se han solidarizado entidades internacionales como Human Rights Watch, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, el estadunidense Comité para la Protección de Periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eeckhout, respaldó la propuesta de la fiscal pues “todo poder, como el mediático, tiene que ser regulado por la sociedad, y no olvidamos que el golpe de Estado de 2002 fue orquestado por los medios de comunicación”, dijo.

En abril de 2002, cuando un movimiento cívico-militar intentó derrocar a Chávez, varias televisoras efectuaron una cobertura ampliamente favorable al golpe de Estado.

“Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, y vamos a hacerlo ya”, dijo Diosdado Cabello al anunciar que las licencias retiradas se entregarán a otros aspirantes a poseerlas. “Quien se sienta vulnerado en sus derechos, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia”, agregó.

William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a la prensa que la entidad “da una campanada de alerta ante la ciudadanía para que reaccione y proteste enérgicamente, en el marco de la Constitución, ante esta ola de atropellos”.

Echeverría proclamó que “podrán cerrar los medios de comunicación pero no nuestras conciencias” ante los micrófonos de CNB de Caracas al momento del cierre el pasado sábado.

José Márquez en Caracas, Milenio, 4 de agosto.

Oportuna, la intervención del gobierno en la crisis: Calderón

El presidente Felipe Calderón aseguró que si el gobierno no hubiera actuado con oportunidad, el daño a la economía mexicana derivado de la recesión mundial hubiera sido “considerablemente mayor”, y sin dejar de reconocer la magnitud de la crisis afirmó que durante junio y julio se generaron 32 mil empleos.

Dijo que si bien la economía registró una caída sin precedentes de 12 por ciento durante mayo (según cifras del INEGI, este descenso fue de 11.1 por ciento), de acuerdo con el indicador general adelantado de la actividad económica (IGAE), las medidas adoptadas por su gobierno sí han reducido el impacto de la mala situación económica y prueba de ello son los “datos incipientes” de la recuperación económica.

Afirmó que en junio la tasa de desempleo se redujo —por primera vez desde que inició la crisis— e incluso se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 19 mil nuevos empleos.

Además, informó el dato preliminar correspondiente a julio que asciende a más de 13 mil, con lo cual suman 32 mil nuevos empleos netos generados.

“Sin dejar de reconocer la magnitud del problema, es un hecho que el daño a nuestra economía hubiese sido considerablemente mayor de no haber actuado con oportunidad”, aseguró.

Por ello, dijo, el empleo ha caído menos de 2 por ciento, lo que significa que “la crisis ha sido grave, sí; pero también, hay que decirlo, hemos reducido y minimizado el impacto, particularmente en el empleo y en el ingreso de los mexicanos”.

Y una vez que comparó la tasa de desempleo de México de 5.3 por ciento con la de Estados Unidos y España que asciende a 10 y 18 por ciento, respectivamente, manifestó: “Que no haya duda, vamos a superar esta crisis internacional, y lo haremos con la unidad y el esfuerzo de los mexicanos”.

Enumeró las estrategias impulsadas por su administración, como el Programa de Empleo Temporal que generó 460 mil fuentes de trabajo y el de paros técnicos que evitó 440 mil despidos, así como la inversión histórica en infraestructura durante el primer semestre de este año que superó 85 por ciento a la del mismo periodo de 2008 y ascendió a 232 mil millones de pesos y el hecho de que las llaves del crédito se mantienen abiertas.

Afirmó que en su gobierno “no sólo no minimizamos ni eludimos los problemas del país, sino que los enfrentamos con determinación” y se ha actuado ante la crisis internacional de manera oportuna.

Las cifras

Buena estrategia

460 mil plazas generó el Programa de Empleo Temporal.

440 mil despidos se evitaron con el Programa de Paros Técnicos.

232 mil mdp fue la inversión en infraestructura durante el primer semestre, la cual significó una cifra histórica.



Lorena López, Milenio, 4 de agosto.

Padre de Paola Gallo, asesinada hace 9 años, ve inútil la lucha

Eduardo Gallo Tello, al acudir a la audiencia del presunto asesino de su hija, denunció como inútil el combate al secuestro, debido a que la falta de coordinación entre autoridades favorece la proliferación de nuevas bandas.

De acuerdo con el empresario, la detención sólo de algunos miembros de las bandas deja como resultado que se conformen nuevas organizaciones delictivas, que suelen ser “cada vez más sanguinarias”.

Tras acudir a una audiencia para escuchar el proceso judicial que se sigue contra Rolando Gómez Corona, el último integrante de la célula que en 2000 secuestro y asesinó a su hija Paola Gallo, el empresario aseguró que los programas de combate al secuestro han fracasado, debido a que la mayoría de los esfuerzos están canalizados a combatir al narcotráfico.

El empresario morelense dijo que la situación de inseguridad en México es un problema que aumenta con el paso de los días, a pesar de los último resultados festinados por las autoridades.

El padre de la joven profesora Paola Gallo, quien fuera asesinada hace nueve años en el municipio de Tepoztlán, Morelos, alertó que con la detención de los líderes de las diferentes organizaciones delictivas surgen nuevas bandas cada más crueles en su forma de operar.

“Vemos que se detienen a integrantes de muchas bandas, pero también sabemos que en la medida en que son detenidos algunos delincuentes, se vuelven a reagrupar, probablemente menos sofisticados pero sí mucho más sanguinarios, producto de la inexperiencia y de la falta de control sobre los mismos sujetos”.

Leticia Isidro, Milenio, 4 de agosto.

Aún no hay justicia en plagio de Martí

Apoco más de un año del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí
—ocurrido el 31 de julio de 2008—, su padre, el empresario Alejandro Martí, reclamó la falta de justicia en este caso, así como en los de miles de personas “sin voz” que han sido víctimas de secuestradores, delincuentes que gozan de total impunidad por la protección que les brindan agentes de autoridad.

Advirtió a los gobernantes que la sociedad no se acostumbrará a vivir con este delito, ni con los altos niveles de impunidad existentes.

Expresó que es inadmisible el grado de connivencia que existe entre los delincuentes y las autoridades. “Miles de criminales siguen gozando de impunidad y continúan agrediendo a personas inocentes. Y ello no puede ser explicable si no existiera una protección deliberada de agentes de la autoridad.

“La ausencia de credibilidad en la autoridad ha orillado a que las víctimas recurran a estrategias privadas, que no siempre son las adecuadas, pero que son propiciadas por la desesperación y el estado de indefensión en que vivimos.”

A través de una carta, el empresario señaló que la ciudadanía quiere creer que la acción de las autoridades es muestra de un compromiso real y contundente en el combate a la delincuencia, y no solamente acciones mediáticas.

Enfatizó que frente al discurso de los últimos días en el que se resalta como un acto de voluntad política la colaboración entre autoridades para otorgar seguridad ciudadana, “debe decirse que no puede pretenderse que ésta sea un acto de buena voluntad, sino que constituye una obligación legal”.

Mencionó también que la seguridad ciudadana es una causa que debe estar por encima de cualquier diferencia política.

Puntualizó que las detenciones de secuestradores y criminales son meritorias, pero se debe olvidarse que varios llevaban años agrediendo a la sociedad y beneficiándose con impunidad absoluta.

Indicó que la ausencia de su hijo y la de muchas otras víctimas que no han tenido voz han marcado su vida y la de otras familias, dejando una herida irreparable.

Policía rapta a empresario


Un agente de seguridad pública municipal plagió e intentó privar de la vida a un empresario local, después de que lo detuvo en su vehículo por conducir con exceso de velocidad.

El oficial Edmundo Manríquez Romero le pidió al industrial de la construcción que abordara la patrulla para remitirlo con el juez calificador. Si bien el pedido del policía levantó la extrañeza del empresario, no opuso resistencia al mandato de la “autoridad”; sin embargo, en lugar de ser conducido a la comandancia fue llevado a un solitario fraccionamiento, donde fue esposado y brutalmente golpeado por el uniformado, quien le mencionó que “lo habían puesto y señalado”.

La víctima fue despojada de dinero en efectivo, joyas y objetos de valor. Semiinconsciente fue trasladado a un paraje solitario donde fue estrangulado con un cable y arrojado al fondo de un foso de más de 4 metros de profundidad, donde el uniformado lo dio por muerto y lo abandonó. El empresario salvó la vida gracias a que el cable con el cual le pretendieron asfixiar se atoró. Después de ser auxiliado fue llevado a un hospital, donde permanece en estado delicado, mientras que el oficial de policía en activo de dio a la fuga.

No hay tregua


En un seminario sobre atención a víctimas de secuestro, organizado por México y Colombia, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, dijo que “no habrá marcha atrás” en el combate a este flagelo.

En el mismo acto, la canciller Patricia Espinosa se refirió al fenómeno como un crimen que afecta a individuos y comunidades en su conjunto.

El seminario binacional tiene la finalidad de profesionalizar a especialistas para atender las secuelas de un secuestro en las víctimas y sus familias.

Rubén Mosso y David Saúl Vela, Milenio, 4 de agosto.

Autoridades ocupan plantas procesadoras de café en Venezuela

El gobierno venezolano ocupó este lunes de forma temporal todas las plantas procesadoras de café de las compañías locales Café Madrid y Fama de América ante la sospecha de prácticas de abuso y monopolio que provocarían la falta de este producto en el mercado. “El gobierno bolivariano ha ocupado todas las plantas del país de la compañía Fama de América y de Café Madrid para garantizar el abastecimiento del pueblo venezolano”, explicó a la televisión oficial el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua. La medida, que se extenderá tres meses, busca “garantizar el abasto al pueblo venezolano y hacer una auditoría profunda para determinar qué hicieron con el café producido” estas compañías, puntualizó Jaua; aseguró que si se demuestra un comportamiento irregular se procedería a expropiar las empresas. Los propietarios de Café Madrid, fundada en 1958, negaron que realicen “contrabando” y reivindicaron la transparencia de sus cuentas, revisadas por las autoridades públicas. En los últimos meses, el gobierno venezolano, que ha nacionalizado sectores estratégicos de la economía, ocupó y expropió varias empresas de producción de elementos básicos como arroz y pasta.

AFP, La Jornada, 4 de agosto.

Presuntos simpatizantes de Hugo Chávez atacan sede del canal de noticias Globovisión

Caracas, 3 de agosto. Un grupo de por lo menos 35 personas presuntamente vinculadas a una organización afín al gobierno socialista venezolano atacó hoy aquí a plena luz del día la sede del canal de noticias Globovisión, donde hicieron detonar dos bombas lacrimógenas, golpearon a una agente de la Policía Metropolitana y sometieron a otros custodios para llevar a cabo la agresión sin precisar los motivos.

El gobierno del presidente Hugo Chávez se deslindó del ataque, pero antes el director general de la emisora, Alberto Federico Ravell, responsabilizó al mandatario de lo sucedido, y acusó a la Unidad Popular Venezolana (UPV) y a su lideresa, Lina Ron, de haber perpetrado el ataque que provocó terror y confusión en el inmueble, en el momento en que salía al aire el noticiario de mediodía.

“Señor presidente: si usted lo que quiere es asesinarnos, si lo que quiere es acabar con nosotros, hágalo de una vez, pero no mande a su gente a un canal de televisión que prácticamente no tiene guardias armados y que la custodia que tiene es la de Policía Metropolitana por instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Ravell.

“La señora Lina Ron debe estar presa hoy en la noche con los 50 delincuentes que la acompañaron”, agregó Ravell.

Minutos después, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, dio a conocer fotogra-fías de la incursión del grupo agresor en el que aparece una mujer de cabello rubio, cubierta con una boina roja característica del movimiento chavista, a quien se le identificó como Lina Ron.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la televisora, cuya línea editorial es crítica del gobierno socialista. Autoridades judiciales han abierto varios procesos contra Globovisión por presuntas violaciones al régimen legal de los medios de información en Venezuela, al tiempo que Chávez y altos funcionarios de su administración han cuestionado el respaldo a la próxima ampliación de las instalaciones militares estadunidenses en la vecina Colombia.

El ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, Tareck El-Aissami, condenó “enérgicamente” la “acción delictiva” contra Globovisión, anunció el inicio de una investigación sobre los hechos y anticipó que “actuaremos con determinación”, pero evitó adelantar hipótesis sobre quiénes fueron los autores del ataque.

El grupo de agresores llegó alrededor de la una de la tarde a las instalaciones de la televisora a bordo de varios vehículos. Después de la acción huyeron en los transportes sin mayores dificultades.

Dos horas después de los hechos, funcionarios de la policía y la fiscalía llegaron al sitio para recabar evidencias y hacer una evaluación de los daños.

La agresión a la televisora ocurrió tres días después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de 32 estaciones de radio y dos televisoras regionales –cinco integrantes de una cadena privada que pertenece al presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Nelson Belfort– por violar aspectos de la legislación local sobre la materia, como vender estaciones a terceros que no fueron considerados en la concesión originalmente otorgada por el Estado.

La Cadena Nacional Belfort, una de las emisoras que perdieron la concesión, optó por realizar sus transimisiones vía Internet, desde el sábado, pero adicionalmente comenzó este lunes sus labores de difusión desde una plaza pública de Caracas, apoyada con altavoces.

A todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó este lunes el “deterioro” de la libertad de información en Venezuela, tras el cierre de 34 radios y los ataques contra los medios contrarios al régimen del presidente Hugo Chávez.

AFP, DPA, Reuters y Notimex, La Jornada, 4 de agosto.

La situación de México empeoró y tardará más en salir de la recesión, prevé Invex

Analistas financieros anticiparon que la discusión en materia fiscal para el presupuesto del próximo año será difícil, y es poco viable la propuesta de aumentar los precios de las gasolinas para incrementar la captación del gobierno federal.

Expertos del grupo financiero Invex consideraron “un aumento en el precio de la gasolina como una medida poco viable para aumentar los ingresos públicos, debido a su impacto social e inflacionario”.

Comentaron que se percibe difícil un acuerdo en el Congreso sobre una reforma estructural que permita ampliar la recaudación fiscal. “La solución más factible que vemos es un mayor déficit programado para 2010”.

Después de que los organismos internacionales más reconocidos en materia económica y el mismo Banco de México han ajustado fuertemente a la baja sus pronósticos de crecimiento para el país, los analistas señalaron: “Por donde se vea, la situación para México empeoró de un trimestre a otro y el país podría tardar más en salir de la recesión”.

Por su parte, el grupo financiero Santander señaló que en el frente fiscal el escenario no es alentador, ya que que aun cuando la situación fiscal de 2009 parece que será salvable, las presiones fiscales para 2010 se han incrementado significativamente. Indicó que la discusión sobre el presupuesto 2010 “se antoja difícil”.

Consideró que el mayor riesgo para la inflación está en la posible revisión al alza de los precios públicos, así como el resultado en términos de impuestos de una posible reforma fiscal, que podrían implicar un mayor nivel de IEPS en productos con relativo peso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como la cerveza o los cigarros.

El gobierno tendrá que enviar su propuesta de paquete económico para 2010 (que incluye ley de ingresos, presupuesto de egresos y criterios de política económica) a más tardar el 8 de septiembre al Congreso, y en la Cámara de Diputados (encargada de aprobar el presupuesto de gasto) el gobierno de Calderón se enfrenta a la “dominancia” de los partidos de oposición.

La expectativa de Santander en este caso es que se realizará un ajuste, además por el lado del gasto (el cual ya se ha adelantado), por el lado de los ingresos a través de un ajuste en los precios de tarifas públicas así como impuestos indirectos sobre algunos productos. “Sin embargo, esto podría no ser suficiente por lo que no descartamos la posibilidad de una ampliación en el nivel del déficit público”, anotó.

Israel Rodríguez, La Jornada, 4 de agosto.

Combate a plagios, igual que contra narcos: Martí

Al cumplirse un año del secuestro y muerte del joven Fernando Martí, su padre, el empresario Alejandro Martí exigió al gobierno que para evitar “dolorosas historias” como la de su hijo y darle justicia a las “miles de víctimas”, el combate a los secuestradores debe tener el mismo peso que la lucha al narcotráfico.

El también presidente de la organización ciudadana SOS, destacó las recientes detenciones de los presuntos plagiarios de su hijo y de aquellos que privaron de la vida a Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, pero aclaró que dichas capturas “apenas advierten una mínima parte del problema de la inseguridad y nos muestran a unos cuantos de los actores del entramado de la criminalidad”.

Exigió “que la seguridad ciudadana sea llevada al mismo nivel de importancia que el que las autoridades federales otorgan al combate al crimen organizado”.

Alfredo Méndez, La Jornada, 4 de agosto.

Debe esclarecerse el asesinato de un comunicador

Reporteros de Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, marcharon por esas ciudades para demandar el esclarecimiento del asesinato del periodista radiofónico Juan Daniel Martínez Gil, que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y para exigir al gobierno del estado respeto a la libertad de expresión.

Un grupo de comunicadores recorrió las principales calles de Chilpancingo para exigir justicia y castigo a los responsables del homicidio de Martínez Gil, conductor del noticiario de Radio W Guerrero, cuyo cuerpo fue encontrado en Acapulco el pasado 28 de julio con huellas de tortura y semienterrado.

Los manifestantes llegaron al palacio de gobierno, donde efectuaron un mitin y recibieron la solidaridad de los integrantes de Amnistía Internacional, quienes en esos momentos sostenían una reunión con funcionarios.

En su discurso, el dirigente de la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Pedro Arzeta, enumeró las agresiones que durante los años recientes han padecido trabajadores de los medios de comunicación de la entidad por parte de gobiernos estatales priístas y el actual encabezado por Zeferino Torreblanca.

Señaló que además del asesinato de Martínez Gil, en la misma semana hubo actos represivos contra integrantes del gremio. El periodista Guillermo Cassani Calva fue despedido por directivos de la emisora La Guerrera, en represalia porque en el noticiario radiofónico que conduce difundió un reportaje sobre violaciones de derechos humanos por parte de militares.

En el puerto de Acapulco, unas 50 personas, entre periodistas y amigos de Juan Daniel Martínez Gil, marcharon para exigir una investigación seria del crimen del periodista radiofónico.

En su recorrido, pararon frente a la Agencia Central del Ministerio Público, donde José Luis Zurita Brito, agente de esa instancia del fuero común que lleva las pesquisas, dijo a los manifestantes que se siguen varias líneas de investigación, pero no precisó ninguna.

En tanto, al menos 46 periodistas han muerto este año mientras realizaban su trabajo en 21 países, siendo Somalia y México los lugares más peligrosos para los reporteros, según el International News Safety Institute.

“La situación en México es grave, con al menos tres muertes confirmadas y tres más bajo investigación”, dijo la organización.

Señaló, además, que en los primeros siete meses del año pasado habían fallecido un total de 11 comunicadores.

Sergio Ocampo Arista y Misael Habana de los Santos, La Jornada, 5 de agosto.

Radiodifusora comunitaria demanda espacios en frecuencia modulada

Oaxaca, Oax., 3 de agosto. La Radio Comunitaria Jënpoj, de Tlahuitoltepec, Mixe, demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se reserve 30 por ciento del espectro radioeléctrico para los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa, Sócrates Vásquez García, integrante de la emisora, dijo que el gobierno mexicano debe otorgar a los pueblos indígenas espacios en frecuencia modulada (FM) durante el proceso de migración de amplitud modulada a FM en la entidad, pues ellos también tienen derecho y no sólo las estaciones comerciales.

Las radios comunitarias, anotó, son un espacio de participación, socialización y fortalecimiento de nuestra lengua y cultura, además de generar formas de organización ante las problemáticas de nuestros pueblos.

Hizo un llamado a la SCT y a la Cofetel a cesar las prácticas discrecionales y arbitrarias en contra de las radios comunitarias, pues resultan violatorias a la libertad de expresión.

Vásquez García rechazó “todas aquellas formas que intentan desvirtuar nuestro quehacer comunicacional, al nombrarnos subversivos, clandestinos y piratas, como resultado de una legislación inexistente para las radios comunitarias”.

Dijo que la Radio Comunitaria Jënpoj opera desde hace ocho años con permiso de la SCT en el 107.9 de FM con mil vatios de potencia y transmite para unas 100 mil personas hablantes del mixe, zapoteco y chinanteco.

Octavio Vélez Ascencio, La Jornada, 4 de agosto.

Pide la OMCT revisión minuciosa del caso de 3 indígenas presas ilegalmente

Querétaro, qro., 3 de agosto. El secretariado internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, hizo ayer un llamado al gobierno mexicano y a las autoridades judiciales correspondientes para que “analicen minuciosamente el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial y otras dos mujeres sentenciadas por el delito de secuestro de policías federales, ante las graves irregularidades”.

La OMCT llamó a las autoridades mexicanas a resolver este caso “con base en la verdad y conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana y en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, que México ha firmado y ratificado”.

En México, organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacaron ayer, en el tercer aniversario de la “detención y encarcelación injusta de las indígenas”, que se revise el caso apegado a derecho y tomando en cuenta todas las agravantes, porque “lo que se ve es que hay impunidad en este caso”.

La OMCT expresó su preocupación por la integridad física y sicológica, así como por su situación jurídica, de Jacinta Francisco Marcial, indígena ñañú sentenciada a 21 años de prisión y acusada del delito de secuestro en contra de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Considera que Jacinta fue sentenciada en “medio de un juicio injusto”, pues el delito de secuestro “nunca existió ya que las pruebas que se encuentran en el expediente no poseen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad”.

La OMCT refiere que “teme que el nuevo desahogo de las pruebas y las diligencias judiciales pendientes podrían alargar el pronunciamiento de la nueva sentencia”.

Destaca también su preocupación por la situación jurídica y personal de las también ñañús Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas por los mismos hechos y sentenciadas el 19 de diciembre de 2008 y el 19 de enero de 2009, respectivamente.

Esta organización consideró que los casos de las tres mujeres “son sintomáticos de la vulnerabilidad de los indígenas, en particular de las mujeres indígenas, quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de discriminación, exclusión y marginación del sistema de justicia mexicano”.

De acuerdo con el organismo internacional, las anomalías detectadas en el proceso judicial de las tres mujeres son: los agentes, que han denunciado ser víctimas, también han fungido como investigadores y testigos en el caso, lo que no puede ser utilizado como “fuerza probatoria”.

Otra es que el Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora, pero en lugar de liberar a Jacinta ordenó la reposición del juicio.

De igual forma destaca que el juez que lleva el juicio aceptó como prueba la fotografía de un diario local que da cuenta de un incidente entre lugareños de Santiago Mexquititlán y los agentes, en la que aparece Jacinta, además de que la sentenciada no contó con un traductor en el momento de su detención y declaración preparatoria.

Sin embargo, Arturo Sigala Páez, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la entidad, aseguró que Jacinta Francisco Marcial es apoyada con dos traductores bilingües durante los careos.

Aunque sus familiares denunciaron de forma reiterada que ningún organismo gubernamental los apoyó y escuchó su demanda de que intervinieran para que fuera liberada, Sigala Páez indicó que la comisión los apoyó desde la detención de la acusada con el abogado del área jurídica de este organismo.

Agregó que esta instancia no cuenta con defensores de oficio, pero aseguró que para el caso de Jacinta Francisco el abogado de la institución acompañó a los abogados que en un principio contrataron los familiares de la indígena, pero “lamentablemente éstos pronto las abandonaron”.

Señaló que a petición del Ministerio Público Federal, la comisión entregó un estudio antropológico sobre Jacinta, mediante el cual determina que la acusada aprendió su lengua natal, que es el ñañú, e incluso cuando fue detenida, hace tres años, hablaba 20 por ciento español.

Mariana Chávez, La Jornada, 4 de agosto.

Ve el gobierno federal más signos de la recuperación económica en el país

Tras celebrar que en julio se crearon 13 mil nuevos empleos, el presidente Felipe Calderón señaló que de no haberse actuado con oportunidad el “daño” a la economía hubiera sido considerablemente mayor.

Aseguró que por segundo mes consecutivo creció el empleo en México, y entre las 19 mil plazas creadas en junio y las 13 mil de julio, suman 32 mil nuevos puestos de trabajo netos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El michoacano dio estas cifras seis días después de que el Banco de México pronosticó que este año se perderán 735 mil empleos formales a causa de una caída de la economía de entre 6.5 y 7.5 por ciento.

Luego de presentar un nuevo portal de Internet para agilizar la creación de empresas, Calderón insistió, como lo ha hecho en las semanas recientes, en que los datos sobre el empleo son incipientes, pero alentadores, y refieren una recuperación económica.

A tono con este discurso, Gerardo Ruiz, secretario de Economía, señaló que se han presentado otras “señales positivas”, como la recuperación del mercado de valores en los niveles previos a la quiebra de Lehman Brothers, un crecimiento de 4 por ciento de las exportaciones en junio, el aumento de la confianza del consumidor en 4 por ciento y una disminución de casi medio punto porcentual de la tasa de desempleo.

Junto con los secretarios de Economía y de Hacienda, Agustín Carstens, así como de los dirigentes de las cúpulas empresariales, Calderón presentó en el Palacio Nacional el portal electrónico Tu empresa (tuempresa.gob.mx), con el que el gobierno federal ofrece disminuir de 34 días a menos de dos horas la apertura de un negocio.

Calderón parafraseó a su mentor Carlos Castillo Peraza, extinto dirigente del PAN, al señalar que “un buen gobierno es aquel que le hace perder el menor tiempo a los ciudadanos, es aquel que les permite disponer de más tiempo para sí, para sus actividades productivas, educativas, familiares”.

Con esta premisa, aseguró que el objetivo de su administración es “no estorbar la actividad empresarial”.

Por ello, el titular del Ejecutivo anunció que en el portal Tu empresa, los interesados podrán iniciar y terminar el proceso de apertura de un negocio en cinco pasos, que llevan menos de dos horas cumplirlos, para que sólo con la visita a un fedatario público se realicen los trámites federales necesarios.

Ruiz prometió que se reducirán los costos directos de los empresarios en casi 50 por ciento, y llamó a 22 entidades a que se adhieran a este sistema, ya que 10 ya lo hicieron.

Carstens explicó que el gobierno recibe 100 mil solicitudes para la apertura de empresas, y reconoció que este trámite ha sido señalado como una barrera de la formalidad y un obstáculo a la competitividad.

Señaló que si bien esta medida representa una buena noticia en tiempos de crisis económica, aún “debemos seguir encendiendo más velas para disipar la oscuridad”.

Claudia Herrera Beltrán, La jornada, 4 de agosto.

Uribe inicia una “gira muda” por Sudamérica

BOGOTÁ (Agencias).— El presidente colombiano, Álvaro Uribe, inicia hoy una gira por Perú, Chile, Brasil y Paraguay para explicar a los mandatarios de esos países el acuerdo militar que negocia con Estados Unidos.
En un comunicado, el gobierno señaló ayer que “Uribe y el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, (...), se entrevistarán con jefes de Estado para abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos y los asuntos relacionados con Unasur”, señaló el mensaje.

El periplo será “prudente en declaraciones a la opinión pública”, apuntó la Casa de Nariño, al precisar que “será una gira muda”.

La intención de la gira es que el mandatario colombiano entregue a sus colegas información de primera mano para llevar a la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que se celebrará la semana próxima en Ecuador, donde se abordará un acuerdo actualmente en negociación para que EU pueda usar bases militares en territorio colombiano.

El convenio fue anunciado en julio, en momentos en que Estados Unidos ponía fin a sus operaciones aéreas en la base ecuatoriana de Manta.

En protesta contra ese convenio y las acusaciones sobre un presunto desvío de armas adquiridas por Venezuela en 1998 hacia la guerrilla de las FARC, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidió “congelar” las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia.

En este contexto, ayer Colombia dijo que “no descarta ninguna opción” ante los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa (quien ayer negó haber recivido dinero de la guerrilla para su campaña presidencial), por los denunciados vínculos de ambos con las FARC “Todas las opciones están sobre la mesa”, señaló el canciller Bermúdez.

Ayer mismo, al menos 14 integrantes de las FARC murieron durante una ofensiva del Ejército en una zona selvática del departamento del Meta, de acuerdo con informes de un portavoz oficial.

El Universal, 4 de agosto.