Consultarán con ONG elección de ombudsman

La senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, anunció que consultará con organizaciones sociales y de desaparecidos políticos el planteamiento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado sobre el procedimiento para elegir titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política se mantiene en la idea de que si bien ella va a encabezar el proceso, trabajará en conjunto con las comisiones de Justicia, que preside el panista Alejandro González Alcocer, y de Estudios Legislativos Primera, con el priísta Fernando Castro a la cabeza.

La senadora sostiene que únicamente dictaminará ella y no las otras dos comisiones, pero que esta situación la someterá a consulta con organizaciones sociales.

Ricardo Monreal, coordinador del PT en el Senado, advirtió que es ilegal la inclusión de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera en el proceso.

La convocatoria deberá ser publicada a más tardar el día 30 en al menos dos diarios de circulación nacional.

El proyecto de convocatoria deberá ser presentado a la Jucopo a más tardar el 21 de septiembre y avalado antes del 28 del mismo mes.

Los candidatos deberán comparecer ante los senadores. Concluida la fase de comparecencias, las comisiones unidas harán un dictamen que propondrán al pleno del Senado, con la terna de candidatos seleccionada.

Posteriormente, el pleno elegirá a quien será el presidente de la CNDH para el periodo 2009-2014.
Jorge Ramos y Ricardo Gómez, El Universal, 4 de septiembre.

Defensa pide castigo para sus acusadores

A finales de septiembre podría recuperar su libertad Jacinta Francisco Marcial, indígena acusada de secuestrar a seis elementos de la extinta AFI hace tres años en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Santiago Aguirre Espinosa, coordinador del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez —que tomó la defensa de la acusada—, explicó que pese a que la PGR anunció que presentará “conclusiones no acusatorias” en este caso, aún falta una audiencia el 14 de septiembre en la que se desahogarán 20 careos, entre ellos los testimonios de cuatro agentes federales a los que presuntamente secuestró la indígena otomí.

En entrevista, indicó que después de esa fecha, el juez a cargo del proceso, Rodolfo Pedraza Longhi, tiene 10 días hábiles para emitir la resolución final del caso.

“Hasta no ver no creer”, manifestó Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta Francisco Marcial, al enterarse de que la PGR decidió retirar las acusaciones en contra de su cónyuge.

“Los abogados nos acaban de decir que es posible que salga, aunque todavía falta que se realicen los careos con los policías que la acusaron”, expuso el indígena.

El abogado defensor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Andrés Díaz, defensor de Jacinta, destacaron que para que haya justicia no basta con excarcelar a la persona inocente, sino que se sancione a las autoridades que actuaron de manera irregular en el caso, además de adoptar medidas de no repetición para que ningún otro ciudadano sea víctima de este tipo de abuso, y que Jacinta acceda a una reparación integral del daño.
Noemí Gutiérrez y José Arreola, El Universal, 4 de septiembre.

PGR retira la acusación de plagio contra Jacinta

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que existe “duda razonable” sobre la culpabilidad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, en el secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, por lo que decidió presentar conclusiones no acusatorias en su caso.

La decisión de la PGR no aplica a sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sino sólo a Francisco Marcial, quien podrá obtener su libertad bajo esta figura una vez que se dicte sentencia dentro de la reposición del procedimiento.

La PGR indicó que el Ministerio Público adscrito al caso realizó una valoración objetiva de las pruebas en contra de la procesada, particularmente las aportadas durante el trámite de reposición. De dicha valoración, precisó, el MP advirtió que “se actualiza la existencia legal de la figura denominada duda razonable, concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”.

Por ello, “una vez desahogados los careos procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización, y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias”.

Francisco Marcial, vendedora de nieves y aguas frescas, fue detenida el 3 de agosto de 2006, junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, por supuestamente privar de su libertad a los seis policías federales el 26 de marzo de ese año, en Querétaro. Fue procesada y sentenciada a 20 años de prisión, y gracias a la intervención de organismos de derechos humanos se logró la reposición del procedimiento en su contra.
María de la Luz González, El Universal, 4 de septiembre.

Estadunidenses podrán viajar a Cuba cuantas veces quieran

Los cerca de 1.5 millones de cubano-estadunidenses con familia en Cuba podrán, a partir de ahora, viajar a la isla cuantas veces quieran, gastarse hasta 179 dólares al día y entregar en mano a sus familiares hasta tres mil dólares.

El gobierno de Barack Obama hace así realidad la promesa de relajar el embargo contra Cuba.

No a miembros del Partido. Los residentes cubanos en Estados Unidos también podrán enviar remesas a Cuba, sin límites de cantidad o frecuencia, aunque no a miembros del gobierno o del Partido Comunista. Para facilitar los intercambios, el Departamento del Tesoro autorizó a los bancos estadunidenses que puedan firmar acuerdos con instituciones financieras cubanas.

Además, las personas que lo deseen tendrán la posibilidad de pagar desde Estados Unidos por el servicio de telefonía móvil de un individuo en la isla caribeña a una empresa que sea estadunidense o de otro país, pero no de Cuba.

El Departamento del Tesoro indicó que el cambio en el estatuto pretende respaldar el deseo de los cubanos “de determinar libremente el futuro de su país, promover un mayor contacto entre los familiares en Estados Unidos y Cuba e incrementar el flujo de remesas e información”.

Las medidas aplicadas ayer van más allá de lo aprobado por el Congreso a principios de año, que permitía a los cubano-americanos viajar a la isla una vez al año y enviar mil 200 dólares anuales, como máximo.

La política de Obama supone un giro con respecto a su antecesor en el cargo, George W. Bush, quien endureció el embargo contra Cuba en 2004.

Bush limitó los viajes a la isla a una vez cada tres años y sólo para los cubano-americanos que tenían aún familiares de segundo grado ahí: padres, hermanos, hijos, abuelos o nietos.

Miami apoya. La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) respaldó las nuevas regulaciones emitidas por el gobierno de EU para los viajes a Cuba, el envió de remesas y las telecomunicaciones.

Jorge Mas Santos, presidente de la junta directiva de la FNCA, resaltó que las medidas representan un “paso crítico” para desarrollar una nueva política hacia Cuba, que “vaya más allá de la vacía retórica del pasado”.
EFE en Washington, Crónica, 4 de septiembre.

Virtual “usted disculpe” de la PGR a Jacinta tras encarcelarla 3 años; la dependencia se desiste de acusaciones

La Procuraduría General de la República desistió de sus acusaciones contra la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, a quien responsabilizaba del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy Policía Federal Ministerial).

La mujer, al igual que otras dos acusadas del mismo delito, cumplió el mes pasado tres años encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto, Querétaro.

El pasado 15 de abril, un magistrado de circuito ordenó reponer el proceso judicial, al no encontrar pruebas del supuesto plagio ni de la participación de Jacinta.

Ante esto, la PGR adelantó que al final de la reposición, presentará conclusiones no acusatorias, en beneficio de la mujer, quien entonces podrá salir libre.

La decisión, explicó, se derivó de una objetiva valoración de las evidencias del expediente, en apego a la estricta aplicación del principio de legalidad y en total observancia a las garantías individuales de la procesada.

Hay “duda razonable” de la causa penal, reconoció.

Incluso anunció que colaborará con el juez para agilizar los careos procesales pendientes y exculpar a Jacinta, cuyo caso fue retomado para su defensa por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y que ha tenido no sólo un impacto nacional, sino internacional.

Sin embargo, la Procuraduría aclaró que esta resolución se aplicará sólo en el caso de Francisco Marcial, por lo que no habrá beneficios ni justicia para las otras dos indígenas (Alberta Alcántara y Teresa González) detenidas en las mismas circunstancias y acusadas del mismo delito. Sus casos no han tenido el seguimiento mediático dado a Jacinta.

“La duda razonable concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”, advirtió la dependencia.

La historia se desencadenó en marzo de 2006, cuando un grupo de AFI’s llegó a la Plaza Central de la comunidad de Santiago Mexquitlán para realizar un operativo contra la piratería, lo que terminó en un enfrentamiento, porque hubo destrozos y despojo de mercancías.

Los tianguistas, entre ellos Jacinta, quien vendía aguas frescas, exigieron la reparación de daños, lo que aceptó un jefe regional de la corporación. El grupo de agentes se fue y dejó en garantía a un elemento, hasta que se consumó el pago.

Cuatro meses después, el 3 de agosto, Jacinta fue detenida con engaños y acusada de secuestro. ¿La única prueba? Una fotografía publicada en un diario local, donde aparecía durante el choque en la plaza.

A finales de 2008 fue sentenciada a 21 años de cárcel.

El viraje de la PGR se da dos semanas después de que la delegada de la institución en Querétaro, Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmara que las acusaciones de los AFI’s tenían fundamento y que el operativo de hace tres años había sido ejecutado conforme a reglamento. “Hay pruebas sólidas contra la señora”, dijo.



Recuento del caso Jacinta

26 de marzo de 2006: Un grupo de AFI’s, sin identificaciones ni uniformes, realizó un operativo antipiratería en el tianguis de la Plaza Central de Santiago Mexquititlán, Querétaro; despojaron de su mercancía a varias comerciantes, quienes después exigieron el pago de daños, lo que consintió un jefe regional: dijo que se trasladarían a San Juan Río Colorado para conseguir el dinero; uno de los agentes se quedó en el pueblo como garantía de pago, el cual se dio horas después.

3 de agosto de 2006: Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí se enteró de que la acusaban de secuestro, palabra que ella desconocía.

19 de diciembre de 2008: es sentenciada a 21 años de prisión y dos mil días de multa por el supuesto plagio de seis elementos de la AFI, al igual que otras dos indígenas: Alberta Alcántara y Teresa González.

15 de abril de 2009: Un magistrado de circuito ordenó reabrir el caso y reponer el procedimiento judicial al no encontrar evidencias suficientes para acreditar el plagio ni la participación de Jacinta.

6 de mayo de 2009: La Suprema Corte de Justicia amparó a la indígena y revocó la sentencia, al considerar que durante el proceso judicial al que fue sometida se violó su derecho a contar con un defensor que conociera su cultura y hablara su lengua.

19 de julio de 2009: la CNDH acusó a la PGR de crear falsos testigos en el caso y basar las acusaciones en testimonios de “oídas”. Y emitió una recomendación contra el procurador Eduardo Medina-Mora.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 4 de septiembre.

Repudia Oposición referendo de Uribe

BOGOTÁ.- La Oposición colombiana expresó ayer su rechazo a la aprobación de un referendo que abriría las puertas a la segunda reelección del Presidente Álvaro Uribe tras acusar a éste de seguir los pasos de otros líderes de la región, como el venezolano Hugo Chávez, quien lleva 10 años en el poder.

"Desde el punto de vista formal, no se diferencian en nada Chávez y Uribe", expresó el candidato a la presidencia por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, el senador Gustavo Petro, quien se dijo confiado en que la Corte Constitucional rechace la consulta.

"No tenemos a un dictador, sino que vamos hacia una monarquía constitucional. Uribe parece ahora un reyezuelo tropical", afirmó el también senador Héctor Helí Rojas, del opositor Partido Liberal.

"Aquí lo que hay, más que un golpe de fuerza, es un abuso de poder y una personalización del poder. El pueblo se ha entregado a un hombre", añadió horas después de que el Congreso colombiano avalara la consulta por 85 votos a favor y 5 en contra.

Las elecciones presidenciales están planeadas para mayo del próximo año.

Por su parte, diversos expertos advirtieron que, de aprobarse el referendo, estaría en riesgo el balance de poderes de la democracia colombiana.

"El sano equilibrio de poderes queda en absoluto riesgo en razón de que, si llegara a ser aprobada esa reforma, quedaría el Presidente con un cúmulo de poderes que desdibuja por completo la separación que se planteó en la Constitución de 1991", expuso a REFORMA el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán.

El ex Magistrado advirtió que, de ser reelecto de nuevo, el Mandatario quedaría con mayorías favorables en el Congreso y organismos como el Banco Central y la Procuraduría, mientras que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura perderían autonomía.

"Sus titulares quedarían debiendo su nombramiento a la injerencia del Presidente. Entraríamos en una fachada de Estado democrático", advirtió.

A juicio de Beltrán, la Corte Constitucional debería declarar improcedente el referendo por numerosos vicios de trámite, como el hecho de que el Congreso haya modificado la iniciativa, que primero posibilitaba la reelección en 2014 y luego en 2010.

"Tengo el temor de que la maquinaria electoral se intente imponer, pero (mantengo) la esperanza de que la Corte Constitucional proceda con imparcialidad e independencia y lo declare inexequible (improcedente)", dijo.

El analista Juan Carlos Flórez sostuvo que Colombia transita por un camino desconocido.

"Las reglas se están alterando sobre la marcha y corremos el riesgo de abrir una puerta que siempre estuvo cerrada: hacia el caudillismo y la perpetuación de una persona en el poder", alertó.

"Desde finales del siglo 19, las élites colombianas fueron anticaudillistas, y eso está a punto de romperse, lo que significaría un auténtico salto al vacío de consecuencias impredecibles para nuestra democracia", expuso.

Sin embargo, para el congresista Nicolás Uribe, de filiación uribista, la convocatoria a un referendo es el mejor signo de vigor de la democracia, pues serán los colombianos, con su voto, quienes tengan la última palabra.

"Esto es una lección de democracia para muchos países del continente", manifestó.

Con información de Octavio Pineda y agencias




Largo camino

Faltan varios pasos para que Álvaro Uribe pueda reelegirse.

· La Corte Constitucional debe avalar el proyecto de ley que convoca al referendo reeleccionista.

· De recibir el aval, el dirigente tiene que sancionar la ley y fijar la fecha de la consulta.

· Para que el referendo sea válido, debe sufragar 25 por ciento del padrón electoral, y el "Sí", obtener más de la mitad de los votos.

· El Congreso tendría que reformar la Constitución para permitir la segunda reelección, así como algunas otras leyes.
Octavio Pineda y agencias, Reforma, 3 de septiembre.

Criminaliza EU trato a paisanos

El Director de Protección a Mexicanos en el Extranjero, Daniel Hernández Joseph, afirmó que uno de los retos principales a enfrentar es la creciente criminalización de los migrantes tanto en el trato cotidiano como en leyes y normas que se aplican en Estados Unidos.

"Estamos ante un fenómeno que no ha tenido precedente con esta energía, con esta fuerza y esta combinación de políticas públicas y actitudes sociales dirigidas contra nuestra población", indicó en entrevista.

"Cuando la autoridad, con gran bombo y platillo, hace una redada y le dice a toda la sociedad estadounidense 'atrape a 500 ladrones de identidad de ciudadanos americanos', lo que está promoviendo es la imagen de que el indocumentado es un criminal".

Aunque admitió que el caso no se ha vuelto a ver desde la asunción de Barack Obama, remarcó que van años de estar operando de esta manera.

"Han adherido al ambiente antimigrante, al ambiente de odio y de rechazo al migrante, la estigmatización del migrante indocumentado como un criminal. Nosotros nos referimos a eso como la criminalización del migrante".

Hernández Joseph consideró que la tendencia es mundial, no privativa de EU, pero tiene un acento particular en la relación mexicana con su vecino.

- Autoridades y responsables de agencias estadounidenses hablan de que narcos mexicanos controlan al crimen organizado en distintos estados de EU. ¿Desde la perspectiva de protección consular se ha detectado esto?

No es un tema que se detecte así en la protección. No soy un experto en el tema del narcotráfico. Lo que puedo decir es que en los últimos 10 ó 15 años los delitos vinculados a faltas contra la salud por tráfico de drogas se han incrementado y el porcentaje de mexicanos detenidos es notorio.

Si estas detenciones por posesión de drogas o por querer vender una pequeña cantidad de droga están vinculadas a la delincuencia organizada, en el sentido que nosotros hablamos acá en México, no lo podemos conocer desde la protección.

En lo personal, me he cuestionado desde las épocas de la certificación que de alguna manera la droga llega de la frontera a Nueva York o a Chicago, o a Seattle o a Iowa y que alguien allá la distribuye. Y no es un fenómeno de hoy. Me preguntaría ¿desde hace 20 años?. Si es desde hace 20 años que es nuestra gente la que está involucrada en eso, ¿por qué hasta ahora lo está denunciando la autoridad estadounidense?

La manera de abordar estas cosas, e insisto es una opinión personal, es la no recriminación de "son los tuyos o son los míos". Es un problema común en los dos países, donde el rol de un país y de otro y el impacto en una sociedad y en otra es diferente, más allá del intercambio de información que tengan que hacer los policías para perseguir el delito.



Redes de polleros

Para el funcionario lo que si existe es un vínculo entre actividades de delincuencia organizada y tráfico de personas.

"Ya encontramos organizaciones y células que están en las dos cosas, utilizando a niños migrantes para mover dinero, lo ha detectado la autoridad en Arizona. Suponemos que es dinero de la delincuencia organizada. ¿Qué hace un niño de 16, 17 años con miles de dólares en la mano?, huyendo, ojo, de norte a sur, de regreso a México cargado de 'lana' y está de indocumentado en Estados Unidos", comentó.

Esta circunstancia incide en la labor de protección consular.

"Los cambios en las políticas públicas influyen en cómo ocurre la migración indocumentada de México a EU. El endurecimiento de los controles por la parte estadounidense hacen un cambio radical en los últimos 15 años (...) Ese endurecimiento provocó que más y más migrantes tengan que recurrir a polleros", apuntó.

Hernández Joseph detalló algunas prácticas de los traficantes de personas.

"Antes era una actividad en la frontera donde se decía: 'oye, por 100 dólares te cruzo'. Ahora se trata de 3, 4, 5 mil dólares, y te doy tres intentos. La delincuencia organizada se vio más y más interesada en meterse a este negocio que antes no le interesaba.

"Y lo que vemos en los últimos seis, siete años, es una gran sofisticación en cómo transportan los traficantes a las personas para llevárselas a EU, tanto a migrantes mexicanos como de otras nacionalidades que transitan por México con destino a EU. Y trabajan por medio de células.

"Además de las celdas que te cruzan la frontera, allá (en Estados Unidos) te ponen en manos de otra celda, que te va a llevar de la frontera a pasar las primeras inspecciones cerca de la frontera, y ya internado acercarte a la ciudad a la que vas, Houston, Dallas, Nueva York, Atlanta.

"El peligro para el migrante se incrementa, porque para quien lo cruza ya no es el primo, el sobrino, el amigo. Ahora es delincuencia organizada para quien un migrante no es más que mercancía".




'No hablan de sus propias bandas'

Afirmar que el negocio de la droga en Estados Unidos es manejado por mexicanos es solamente un pretexto para criminalizar al migrante, coinciden oficiales de protección consular.

"Es un discurso. Ellos (los estadounidenses) prefieren hablar de cárteles mexicanos como en un momento dado se habló de los cárteles colombianos, pero nunca se habla de los 'cripps' y los 'bloods' y de todos las bandas estadounidenses que manejan las prisiones y el narcomenudeo en Estados Unidos", reprocha la encargada de protección consular de Chicago, Ioana Navarrete.

La funcionaria recuerda que hace unos meses el FBI informó al Consulado mexicano en Chicago que había detenido a varios integrantes de los cárteles de la droga mexicanos.

Cuando Navarrete preguntó a las autoridades por ellos resultó que sólo dos personas habían nacido en México y que el resto eran estadounidenses.

"(El riesgo es) que se asocie al migrante con el criminal, lo cual es muy injusto, que no se hable de las bondades del migrante, sino que automáticamente asocien mexicano y narcotraficante, y no mexicano y trabajador en los campos, en las empacadoras de carne, limpiando baños, dándote de comer", señala.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés), en 2008 fueron deportados 97 mil 133 "migrantes criminales", de los cuales, 73 por ciento eran mexicanos.

Del total de migrantes criminales deportados el año pasado, 35.9 por ciento cometió delitos relacionados con las drogas.

Entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, el Programa Especial de Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior atendió 15 mil 866 casos de tipo penal.



La crisis

Si bien la crisis económica ha afectado de manera específica a los mexicanos que residen en EU, los paisanos no han incurrido en el robo y otros delitos para mejorar su situación, sostiene Irving Vidal, oficial de protección consular en Atlanta.

Relata la historia de un mexicano que al no tener dinero decidió meterse a un río para sacar un pescado para comer.

"¿Qué persona optaría por hacer eso antes de ir a una gasolinera donde es relativamente sencillo agarrar algo y salir corriendo?", cuestiona.

"Se me hace inapropiado decir que por la crisis se están volviendo delincuentes".

Según los cónsules de protección, por lo general los paisanos no están involucrados en la comisión de delitos.

Sin embargo, advierten, el clima de criminalización del migrante ha llegado a tal punto en EU que los mexicanos han comenzado a desplazarse a otros puntos de ese país.

"Derivado de la misma situación económica, de la falta de trabajo para toda la población estadounidense, las medidas de procuración de justicia se han recrudecido y en algunas comunidades al migrante se le ve como un usurpador de empleos", comenta Navarrete.

"Lo que está sucediendo en el medio oeste es que se mueven de una población a otra, a donde empiezan de cero, pero donde han visto que al migrante no se le ve con desprecio".

Pedro Rodríguez, oficial de protección consular en Anchorage, señala que si bien la tendencia en EU es la de criminalizar al migrante, en Alaska ha habido expresiones de aprecio.

"El migrante que se ha ido por años y que ha logrado sobrevivir con un salario muy bajo, compartiendo un cuarto de cuatro por cuatro metros con otros 8 compañeros y mandándole remesas a su familia, difícilmente va a delinquir", considera.



Resabio legal

Aunque la administración del Presidente Barack Obama tiende a suavizar las medidas antimigrantes, los oficiales de protección consular ven con preocupación que se mantenga vigente la sección 287 G de la Ley de Inmigración, que autoriza al DHS a establecer acuerdos con agencias locales y estatales para reforzar las medidas relacionadas con la migración.

Bajo esa ley, en algunos condados de EU se detiene a los migrantes por su perfil racial.

"El problema es convencer a los sheriffs que sean cowboys de que no violen los derechos humanos y no crean el rollo de que simplemente hay que detener a la gente que está sin documentos, sino que detengan a los que sean verdaderamente criminales", señala Navarrete.

Según Vidal, mientras no haya cambios en la 287 G, el cambio bajo la Administración de Barack Obama no será tangible en materia migratoria.
Silvia Garduño y Roberto Zamarripa, Reforma, 3 de septiembre.

Sugiere Samper Policía Nacional

El Ejército y la Policía local no son instancias preparadas para hacer frente al crimen organizado, éste fenómeno debe combatirse a través de una Policía Nacional para tener éxito en una tarea que no es de 6 años ni de una sola persona, aseguró el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

En entrevista, subrayó que el problema con la Policía local es que tienden a politizarse y son más susceptibles a la corrupción; en tanto que el Ejército, cuenta con una preparación profesional que no es la de combatir a la criminalidad.

"No es conveniente. Me parece que el Ejército sólo debe intervenir cuando haya complicaciones relacionadas con el orden público, que es para lo que está preparado profesionalmente; pero la mayor responsabilidad en la lucha contra las drogas, al menos en el caso colombiano, estuvo encabezado por la Policía que se depuró, se profesionalizó y se le dio una serie de instrumentos de inteligencia.

"Me parece preocupante el fenómeno de abordar el problema a través de policía locales... no son el mejor esquema para iniciar una tarea de esta magnitud, porque tienden a ser politizadas, son fácilmente corruptibles y de alguna manera son más débiles", explicó.

Samper recordó que hace unos 6 años estuvo de visita en nuestro País y advirtió sobre la "colombianización" que se preveía en territorio mexicano.

Ante esta situación, dijo, las autoridades mexicanas han tomado conciencia de la gravedad del narcotráfico, pero se debe de entender que es una lucha demasiado grande como para que la asuma un gobierno o una persona.

El ex presidente colombiano sugirió la creación de una política de Estado en la cual, mediante un pacto nacional, las fuerzas políticas y la sociedad, se comprometan a dar la batalla en contra del narcotráfico y el crimen organizado.

Explicó que en el combate al narcotráfico inicia con una lucha entre la fuerza pública legítima y los sectores irregulares, y si no se controla a tiempo se pasa a la sociedad civil.

"Es una dialéctica entre el dinero y el plomo que no necesariamente son secuenciales.

"La corrupción y el terrorismo son dos instrumentos fundamentales con los que el crimen organizado trata de conseguir el poder para su protección y para ello emplea desde la compra de conciencias o de influencias hasta estrategias terroristas de intimidación", indicó.

En México, aseveró, se han dado pasos benéficos, pero la sociedad debe de tomar mayor conciencia de la gravedad del problema.

"En Colombia, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo ya habían matado a 4 mil 500 policías, a más de 100 periodistas y casi mil jueces. Ya habíamos recorrido un camino de sangre muy doloroso. Afortunadamente en México se ha tomado el toro por los cuernos a tiempo", subrayó.



Democracia amenazada

En un análisis, Samper advirtió que la democracia latinoamericana está muy amenazada por fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas, la crisis del modelo económico y la reaparición del "caudillismo mesiánico" que utiliza la realidad para gobernar.

Recordó que el golpe de estado ocurrido en Honduras, el pasado 29 de junio, es un mal ejemplo para la región.
Ariadna García, Reforma, 3 de septiembre.

Critican omisión de abuso militar

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó que en su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Felipe Calderón haya omitido el tema de la justicia militar, cuando claramente es el mayor señalamiento que han realizado organismos internacionales de derechos humanos sobre la situación que priva en el País.

"Es un error no dar cuenta a un problema. No por ignorar el tema o evitarlo va a desaparecer. Esto no es una ficción, es un problema muy serio que afecta el desarrollo del Estado de Derecho en México y da la impresión que hay una institución que está al margen de cualquier tipo de control y que no rinde cuentas (la Sedena).

"Es un handicap para avanzar en materia de seguridad", dijo.

Ayer, Vivanco y la investigadora de HRW para México, Tamara Taraciuk, se reunieron con senadores de todos los partidos políticos para promover una reforma constitucional en materia de derechos humanos y las modificaciones pertinentes al Código de Justicia Militar, para garantizar que las víctimas de violaciones cometidas por el Ejército puedan reclamar y obtener justicia.

En su exposición ante los legisladores, Vivanco criticó que el sistema de justicia militar carezca de la estructura y garantías para investigar abusos contra civiles de manera independiente e imparcial, pues las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas.

Cuestionó que el Secretario de la Defensa sea el encargado de nombrar a los jueces, magistrados, defensores públicos y agentes del ministerio público militar, todos ellos miembros activos de las Fuerzas Armadas y de menor jerarquía que el Secretario.

"Nuestra recomendación fue que en ese fuero se garantizara la inamovilidad en el cargo de los jueces y magistrados por un periodo y que sean sujetos a remoción, pero con causal justificada.

"Ese punto les caló hondo. Entendieron que esta era casi como una burocracia administrativa dentro del fuero militar que no contaba con ninguna autonomía o independencia", relató.

Manlio Fabio Beltrones presidió el encuentro y se comprometió a dar seguimiento al tema durante la presente legislatura. "(Beltrones dijo) que era hora de abordar los temas de fondo del fuero militar, y que iba a tomar las iniciativas como legislador para impulsar los cambios y reformas que correspondieran", indicó Vivanco.
Silvia Garduño, Reforma, 3 de septiembre.

Chavistas convocan a contramarchas

Los partidarios del presidente Hugo Chávez se movilizarán en Venezuela y en más de 50 países en apoyo a la revolución bolivariana, como respuesta a la convocatoria mundial de “no más Chávez” lanzada por internet desde Colombia, dijeron ayer los organizadores. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) revelaron que las jornadas del 4 y 5 de septiembre tendrán el apoyo de los simpatizantes de Chávez y de las misiones diplomáticas en más de 50 países.

El coordinador de movilizaciones del PSUV, el diputado Darío Vivas, dijo que se acordó mantener una movilización desde este mes hasta diciembre, al existir una campaña contra el “comandante Chávez” dirigida por el “imperialismo norteamericano y sus lacayos en mundo”. Las primeras manifestaciones serán este viernes 4, coincidiendo con la manifestación mundial “no más Chávez”, convocada en un momento de tensión diplomática con Colombia, y el sábado 5, día de una marcha opositora contra la persecución a la disidencia en el país.

Las dos manifestaciones llegarán a la sede de la Cancillería venezolana, desde donde se enviará al mundo un mensaje de solidaridad con Chávez, pero además se convocó esos días a concentraciones en todas las plazas del prócer Simón Bolívar en Venezuela.
DPA en Caracas, Crónica, 3 de septiembre.

Satmex buscará liquidar parcialmente de su deuda

Satélites Mexicanos (Satmex) dio a conocer que celebró un contrato con la firma Jeffries & Company por el cual reembolsará los honorarios y gastos relacionados con la asesoría que ésta les brinde a los tenedores de los pagarés garantizados de primera prelación.

En un comunicado, se indica que dichos documentos vencen el 30 de noviembre de 2011, además se liquidarán también los pagarés garantizados de segunda prelación que vencen el 30 de noviembre de 2010, con relación a una posible reestructura u otra transacción estratégica.

La empresa aclara que se encuentra en proceso de evaluar dichas opciones y para ello ha contratado los servicios de Perell Weinberg Partners para asesorarla sobre el tema.

De igual forma se comunica que esperan tratar el tema de la reestructura y alternativas estratégicas con sus acreedores, ya que aseguran que han realizado mejoras operativas y financieras significativas durante el último año.
Susana Mendieta, Milenio, 3 de septiembre.

El TEPJF echa abajo la multa por 2.5 mdp contra el PVEM

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la multa por 2.5 millones de pesos que le impuso el IFE al PVEM por la difusión de propaganda gubernamental de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados con fines políticos y le ordenó al IFE reindividualizar a la baja la sanción.

Lo anterior, al considerar que el PVEM no pudo incurrir en los dos supuestos por los que fue multado por el organismo electoral por la difusión de 16 desplegados en diarios de circulación nacional en tiempo de campañas, aún cuando estaba prohibido: culpa in vigilando, al caer en omisión y no hacer nada para detener los actos, y al mismo tiempo hacerlo con dolo.

Al argumentar su proyecto, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar dijo que si bien el PVEM violó la ley al no cuidar que los desplegados versaban sobre clases de computación, salud, educación, vales de medicina y la pena de muerte y no del trabajo legislativo de la bancada —con lo cual se benefició—, no pudo hacerlo también con dolo.
Susana Hernández, Milenio, 3 de septiembre.

Sanciona el IFE a Nava sólo con amonestación pública

En lo que fue calificado por el PRD como un perdón a una resolución jurisdiccional condenatoria, el Consejo General del IFE dejó en una amonestación pública la sanción al hoy diputado federal del PAN, César Nava, por la difusión de propaganda electoral en televisión a través de un spot publicitario de una revista.

Tras casi tres horas de debate y en una votación de ocho a favor y uno en contra, los consejeros electorales acataron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les ordenó declarar fundado el procedimiento especial sancionador y multar al entonces candidato del blanquiazul por el distrito XV en Benito Juárez, al PAN, a Televimex (Televisa), Editorial Televisa y Publicaciones Acuario por la difusión de una entrevista de Nava Vázquez en la revista Poder y Negocios y cuyo promocional se transmitió en televisión.

En el proyecto original, presentado por el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, se proponía multar al actual presidente nacional del PAN con 137 mil pesos y a Publicaciones Acuario con 54 mil 800 pesos; sin embargo, con el apoyo de siete de sus compañeros, fue avalada la propuesta del consejero Marco Antonio Baños, de imponer sólo una amonestación pública y evitar sanciones económicas, bajo el argumento de que el criterio aplicado por el TEPJF fue “un poco excesivo” y sentarían un mal precedente.

“Con los criterios que establece para que efectivamente sea fundado el tema que nos ocupa el día de hoy, válidamente cualquier otra entrevista o cualquier entrevista que se realice por parte de una figura pública, sea candidato o no, puede llegar a ser susceptible de ser propaganda”, puntualizó el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar.

En el caso del PAN, el Consejo General aprobó una multa por 411 mil pesos, por culpa in vigilando, al ser omiso y no evitar la difusión del promocional, mientras que a Televimex (Televisa) y Editorial Televisa las sancionó con 500 mil 50 pesos a cada una.

Luego de indicar que una amonestación pública para el panista no podía ser aplicada pues ya dejó de ser candidato y, en consecuencia, ya no sirve de advertencia para que no lo vuelva a hacer, el representante del Poder Legislativo del PRD ante el IFE, Pablo Gómez, propuso dar vista a la Unidad de Fiscalización para determinar si se rebasaron los topes de campaña, lo cual no fue aprobado.

“Nadie en este país va a suponer que hay una causa diferente a un perdón del IFE después de una resolución jurisdiccional, que es condenatoria contra esos
spots ilegales”.

El Consejo General del IFE multó con cuatro millones de pesos a Televisión Azteca; con tres millones de pesos al PVEM; con 645 mil 348 pesos a Nueva Alianza, así como con 235 mil pesos a editorial Diez, por la difusión de las plataformas electorales de ambos partidos en televisión a través de spots de la revista Vértigo.

Al cierre de la edición, los consejeros discutían sancionar con una amonestación pública a la ex candidata del PRD a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Ana Gabriela Guevara, y aplicar multas por 274 mil pesos al PRD, Convergencia, PT y ESPN México —para cada uno—por la difusión de una entrevista con contenido electoral de la perredista.
Susana Hernández, Milenio, 3 de septiembre.

El Ejército mantendrá las tácticas de alto impacto

El Ejército mantendrá “por periodos indefinidos” las operaciones de alto impacto que realiza contra los grupos del narcotráfico asentados en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila y la región del Istmo de Tehuantepec, debido al “incremento de actos ilícitos cometidos por la delincuencia organizada”.

La Defensa Nacional señala en el tercer Informe de labores que continuará una fuerte presencia militar en las áreas de alta incidencia delictiva, con el propósito de capturar a “elementos clave” en las estructuras de los grupos criminales y asegurar drogas, armamento, vehículos e instalaciones.

Destaca que las manifestaciones del narcotráfico y delincuencia organizada son consideradas “amenazas al orden interno que rebasan las capacidades de las fuerzas de seguridad pública”, lo que hace necesaria la intervención del Ejército y Fuerza Aérea.

Refiere que la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene tres ejes principales: minar la base económica de los narcotraficantes al romper gradualmente el ciclo vegetativo de los enervantes.

Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, y precursores químicos, así como coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada.

Estados buscan rearmarse

La Sedena indica que las 32 entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal, la SSP federal, la PGR y el Cisen) han solicitado la adquisición de armamento con funcionamiento automático, calibre superior y granadas de diferentes características, para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar su poder de fuego.

Precisa que las solicitudes se han presentado desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado el 21 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009.

En dicho acuerdo se estableció el objetivo que tiene como propósito actualizar las licencias oficiales colectivas de portación de armas que expida la Sedena a los cuerpos de seguridad pública.

En cinco licencias oficiales colectivas ( pertenecientes al Cisen, dos al DF, una a Veracruz y otra a la Policía Federal), “se encuentra registrado diverso armamento con funcionamiento automático, siendo evaluados sus elementos policiales”.

- Claves

Estadísticas

• Como parte de la estrategia orientada a desmantelar los cárteles de la droga, la Sedena mantuvo un despliegue mensual promedio de 40 mil 750 militares durante el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009.

• En el informe, la institución castrense agrega que “estas operaciones están orientadas a neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales con presencia en áreas urbanas y suburbanas”.
Ignacio Alzaga, Milenio, 3 de septiembre.

Pide Human Rights Watch al Senado acotar el fuero militar

La organización Human Rights Watch pidió ayer al Senado procesar reformas para acotar el fuero militar y que los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados por la justicia civil, pues en México no existe evidencia de que un solo caso de violaciones a derechos humanos haya sido sancionado en los últimos diez años.

El director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, se entrevistó con integrantes de la Junta de Coordinación Política, tras lo cual, en conferencia de prensa, criticó la labor de la CNDH en este tema.

Vivanco resaltó que pese a que el ombudsman José Luis Soberanes emitió 27 recomendaciones en las que critica el actuar del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, no le dio riguroso seguimiento.

En ese sentido, se pronunció porque en la selección del nuevo titular de la CNDH se elija a un presidente que cuente con la integridad necesaria, niveles de independencia y prestigio para seguir luchando por una noble causa “y se enfrente a intereses muy fuertes”.

Vivanco leyó ante senadores encabezados por Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel, Silvano Aureoles y Ricardo Monreal el estudio denominado “Impunidad uniformada”, en el que relata que el número de víctimas por la violencia organizada ha crecido significativamente de 2006 a 2008, habiendo 6 mil muertos el año pasado y 3 mil 500 en lo que va de este.

Justificó que el presidente Felipe Calderón haya tenido que recurrir a 40 mil soldados para suplir las carencias de una policía deficiente en las zonas más violentas, pero subrayó que la milicia no está adiestrada para interactuar con los civiles y ello ha redundado en violaciones a derechos humanos de la población.
Angélica Mercado, Milenio, 3 de septiembre.