El Senado aprobó anoche la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, durante una larga sesión, en la que el PAN y el Verde (y el PRI pese a su abstención en un caso) avalaron incrementar a 16 por ciento el impuesto al valor agregado (IVA), elevar en dos puntos el impuesto sobre la renta (ISR), mantener la retroactividad de la consolidación fiscal, pero disminuir el porcentaje que los grandes consorcios deben pagar por impuestos diferidos.
La discusión más ríspida y prolongada se dio en torno a lo que legisladores perredistas, petistas y de Convergencia consideraron como la decisión de mantener los privilegios fiscales para los 422 grupos empresariales más poderosos del país, mientras se cobra a los que ya pagan impuestos.
“Aquí a los ricos hay que darles estímulos, pagarles. El poder político se arrastra frente a ellos”, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez, mientras el coordinador de su bancada, Carlos Navarrete, reclamó desde tribuna al panista Gustavo Madero que a última hora hubiera cambiado su postura para sumarse al PRI y beneficiar a los hombres del dinero.
Navarrete advirtió que ello significa que “el Presidente de la República abdicó ante los poderes fácticos del país”, toda vez que, contra su discurso de los últimos dos días de que los grandes empresarios paguen los impuestos que les corresponden, en el Senado su bancada vota en sentido contrario.
En cambio, aprobar el aumento de 16 por ciento al IVA llevó menos de media hora, ya que ni priístas ni panistas subieron a tribuna y sólo escucharon impasibles las críticas de la oposición. Dante Delgado (Convergencia) advirtió que con ese gravamen se provocará más inflación y se agravará la capacidad de consumo de la población de menores ingresos.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que es una pena que PRI y PAN, en lugar de pensar en la población, sólo estuvieran preocupados en evitar los costos políticos de esa medida y leyó declaraciones de candidatos a diputados del tricolor, quienes en julio pasado durante sus campañas electorales ofrecieron no permitir más impuestos.
Carlos Navarrete denunció la intervención indebida de los gobernadores, y advirtió que la votación en torno a ese gravamen mostrará “si somos consecuentes con los mexicanos que nos dieron su voto para llegar aquí o no lo somos”.
A su vez el también perredista Tomás Torres sostuvo que el incremento de 15 a 16 por ciento en el IVA es inconstitucional, pues no hubo una iniciativa de ley específica, porque en la Cámara de Diputados se modificó el proyecto de Calderón, sin presentar una nueva iniciativa.
Tal como habían acordado, los priístas se abstuvieron de votar el alza al IVA. Pero no sólo eso, la mayoría de los integrantes de la bancada salió del salón de sesiones y sólo permanecieron en el recinto ocho legisladores.
Por ello el IVA fue sólo aprobado por la bancada de Acción Nacional y algunos senadores del Verde. La votación final fue de 53 en favor, 28 en contra y ocho abstenciones.
Los senadores de PRI y PAN votaron juntos en el que ayer fue el tema más polémico, la consolidación fiscal. Ricardo Monreal y Pablo Gómez se enfrentaron a legisladores del tricolor y de Acción Nacional, que defendieron con vehemencia la decisión de modificar la minuta de la Cámara de Diputados en torno a la Ley del ISR.
El perredista insistió en que mientras el presidente Calderón “retomó ya el discurso de Andrés Manuel López Obrador” y pide que los consorcios paguen los impuestos que les corresponden, “ustedes aquí quieren ir por otra ruta y seguir con los regímenes de privilegio”.
Eloy Cantú Segovia, del PRI, y el panista Fernando Elizondo Barragán propusieron que se eliminara la retroactividad de la consolidación fiscal propuesta por el Ejecutivo, y que los diputados mantuvieron, sólo con una disminución en los porcentajes.
Argumentaron que disminuir de 10 a cinco años el periodo en que los grupos empresariales deben pagar los impuestos que adeudan tiene efectos retroactivos, y va contra la Constitución, además de que ocasionará amparos y pone en riesgo la estabilidad de la planta productiva.
Ello se desechó y lo que se aprobó por 71 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, fue la propuesta del priísta Francisco Labastida, que consiste en disminuir de 40 a 25 por ciento el porcentaje de adeudo que los empresarios deben pagar en el primero de los cinco años que tienen de plazo. Después los porcentajes serán de 25, 20, 15 y 15, respectivamente.
Labastida sostuvo que es arriesgado obligar a las empresas a pagar de golpe 40 por ciento de adeudos que originalmente eran a cubrir en diez años, pues les causará problemas y se pueden perder 200 mil empleos. Además, insistió, también puede darse el caso de que algunas quiebren o sean adquiridas por consorcios extranjeros.
Monreal refutó tales argumentos y dijo que la propia Secretaría de Hacienda, mediante el Servicio de Administración Tributaria, difundió que los 422 grupos empresariales tuvieron ingresos el año pasado por cerca de 5 billones de pesos y sólo pagaron el 1.7 por ciento de impuestos.
No es justo, insistió, que las 72 mil pequeñas y medianas empresas instaladas en el país sí cumplan con sus obligaciones tributarias, paguen 28 por ciento de ISR y otros gravámenes.
Navarrete, en tanto, se confrontó con Madero. Le pidió explicaciones, ya que, denunció, todavía el jueves por la noche el panista se comprometió a votar junto con el PRD que se mantuviera el régimen de consolidación en 40 por ciento el primer año.
Madero respondió que se trataba de una acusación “telenovelesca”. Al bajar de tribuna, Navarrete le fue a reclamar hasta su escaño y el panista balbuceó que, según datos que le dio la Secretaría de Hacienda, es prácticamente lo mismo que paguen 40 que 25 por ciento.
Otro perredista, Gómez Álvarez, impugnó ante el pleno esa aseveración. Dijo que la propuesta de Calderón de que los empresarios paguen 60 por ciento de los adeudos diferidos en 2010, equivale a 27 mil millones de pesos; el 40 por ciento votado por los diputados son 18 mil millones de pesos y lo que acordaron PRI y PAN, 11 mil millones.
El priísta Manlio Fabio Beltrones, en una intervención inicial, explicó que decidieron dejar la retroactividad en la consolidación fiscal y que sea la Suprema Corte la que decida si es constitucional o no.
A su vez, Francisco Labastida defendió la postura de su partido en torno a ese paquete fiscal que ayer aprobaron. “Lo vemos sólo como el mal menor, pero tenemos que actuar, que evitar males mayores.”
El panista Madero sostuvo que de no aprobarse esa miscelánea fiscal la crisis será peor que la de 1995, y felicitó a los integrantes de su bancada por “apoyar a nuesto gobierno”.
Andrea Becerril y Vïctor Ballinas, La Jornada, 31 de octubre.
