Como en sus mejores tiempos, la aplanadora legislativa que integran PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados ratificó el incremento en las tasas de IVA e ISR, que afectarán el consumo y el salario, y confirmó los beneficios fiscales a los grandes contribuyentes, que en 2010 sólo pagarán 25 por ciento de los impuestos que adeudan desde 2004.
El costo político de las decisiones hacendarias que han asumido en días recientes condujo a esos tres partidos a retraerse del debate. Desde la reunión vespertina de la Comisión de Hacienda, en la que se dictaminó la minuta del Senado, hasta la noche en el pleno, la discusión fue conducida por PRD, PT y Convergencia, que reprocharon con dureza “el nuevo golpe al bolsillo de millones de ciudadanos”.
“Noche de zopilotes”
La aprobación de los impuestos fue reprochada por el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD): “este día parece terminar como un día amargo y triste para el país. Y termina como una noche de traiciones o, como dijo uno de los personajes de la Decena Trágica: es una noche de zopilotes. Con su decisión se puede estar prendiendo la chispa que incendie mañana las praderas de la patria”.
Su compañero de bancada Adán Augusto López Hernández pintó la actitud del presidente Felipe Calderón ante los empresarios. “El ciego que vegeta en Los Pinos un día casi les suplica que paguen impuestos. Al siguiente les dijo que está bien su Teletón, su redondeo y su filantropía, pero que deben pagar impuestos y, finalmente, con la complicidad de ustedes, termina pidiéndoles perdón”.
Aun así, la mayoría desechó las propuestas de no gravar más consumo y salarios y, en cambio, ratificó las modificaciones que el Senado hizo a la Ley del ISR en torno a la consolidación fiscal de las empresas, el incremento de ese gravamen de 28 a 30 por ciento para personas físicas y morales, que se votó por 338 votos en favor, 103 en contra –de éstos, 23 de priístas– y cinco abstenciones, mientras el IVA queda en 16 por ciento.
El debate, que se inició a las 19 horas en el pleno, dio como resultado la devolución a Xicoténcatl de cuatro artículos que a su vez fueron modificados por los senadores en su sesión del viernes:
Uno de ellos es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde los senadores definieron que los componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida y las aportaciones voluntarias y complementarias equivalentes a 20 salarios mínimos elevados al año son bienes susceptibles de embargo.
En el mismo artículo se define que la reserva de confidencialidad a la que están obligados los funcionarios públicos no se aplicará cuando se proporcione al Congreso información fiscal de contribuyentes para realizar estudios de evaluación económica.
De la Ley Federal de Derechos se regresaran las modificaciones del Senado a la minuta del artículo 244-E, para incluir nuevamente la exención del pago de derechos a las empresas que participen en las licitaciones del espectro radioeléctrico en telefonía celular.
En la Ley del IEPS los diputados decidieron no perjudicar a las empresas tabacaleras y suprimir la decisión del Senado de aplicar dos pesos adicionales por cajetilla. Ese sobreprecio se diferirá hasta 2014.
Y en la Ley de Ingresos de la Federación se devolvió el artículo 17, que suprime la facultad que delega el Legislativo al Ejecutivo en materia de impuestos al comercio exterior.
Esos artículos deberán ser discutidos en el Senado para modificarlos, o en su caso aceptarlos. En tanto ello ocurre, la Cámara enviará al Ejecutivo el paquete fiscal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si los senadores no aceptan los cambios, los artículos no se aplicarán en la Ley de Ingresos 2010.
Al recibir la minuta, la presidencia de la mesa directiva envió el paquete a la Comisión de Hacienda para elaborar un dictamen conjunto con las modificaciones del Senado a 17 artículos.
La inexperiencia legislativa del presidente de la comisión, Alberto Becerra Pocoroba, dificultó el desahogo del trámite porque se llegó a proponer que los artículos de todo el paquete fiscal serían reservados para su discusión ante el pleno.
Alfonso Navarrete Prida (PRI), quien no pertenece a la comisión, debió intervenir para aclarar que constitucionalmente sólo se podían dictaminar los artículos devueltos por el Senado y las reservas de los impugnados.
Antes, la Junta de Coordinación Política acordó agilizar el trámite para que en el pleno camaral cada partido fijara su postura sobre el paquete fiscal y se diera el debate en lo particular con una lista de seis oradores, tres a favor y tres en contra, por cada una de las reservas. En el caso de las alusiones personales o rectificación de hechos, no se concedería la palabra a más de seis.
El acuerdo, con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios, garantizaba que los diputados argumentaran los artículos a discusión, y se calculó que la lista de oradores sería de más de 150, y una sesión de más de 12 horas.
Así se reinició la sesión ordinaria en el pleno, donde el procedimiento para conducir los trabajos fue objetado por el PT. Jaime Cárdenas, Laura Itzel Castillo y Porfirio Muñoz Ledo argumentaron que el acuerdo sentaría un grave precedente para la libertad de expresión de los legisladores, porque limitaba su participación y la defensa de sus argumentos.
Ante la insistencia de los petistas, los coordinadores de PRI, PAN, PRD y PVEM se retiraron del acuerdo, para que el debate se desarrollara con lo definido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en el cual se señala que el presidente de la mesa directiva someterá a consideración de los diputados si las reservas se admiten a discusión y, si es así, se abrirá una lista de tres oradores a favor y en contra.
Sin considerar la reacción del PRI y el PAN, el efecto que perseguían los petistas se diluyó porque a partir de entonces esos partidos manejaron la sesión a su medida: debatieron sólo los artículos de su interés y dejaron que PRD, PT y Convergencia expusieran los efectos perniciosos del paquete fiscal.
Antes del cierre de esta edición, Óscar González (PT) exigió a los diputados del PRI y el PAN no convertirse en rehenes de los empresarios. “Si es así, las ideologías de los partidos se agotarán. No busquen patrones, su patrón es el pueblo de México, por eso están aquí. Sus patrones no son esos señores del dinero, a menos que hayan acordado que les den para sus campañas, ¡y al pueblo de México que se lo cargue el diablo!”
Muñoz Ledo reclamó al gobierno federal que, en lugar de remediar la evasión de impuestos de los grandes contribuyentes, persiste la supremacía de la Secretaría de Hacienda “que practica el ocultismo y se niega a cumplir el deber de la transparencia” al no explicar qué empresas no pagan.
Los impuestos, alertó, no resolverán el colapso financiero que se avecina. “Nos hemos extraviado en el toma y daca entre los poderes públicos. Estamos ante la perspectiva de un Estado fallido cuando las instituciones se entregan a los poderes particulares. Vivimos una comedia de equivocaciones. ¡Este es un vil mercadeo político contrario al interés nacional!”
Ramón Jiménez (PRD) subió a tribuna con una cartulina para explicar lo que los alumnos del segundo semestre de Economía de la UNAM aprenden: más impuestos equivale a menos consumo y menos empleo. Y reprochó el binomio PRI-PAN: “como dos amantes, se enamoraron, y el enlace estuvo a cargo del obispo (Carlos) Salinas de Gortari. Se pelearon transitoriamente y ahora están en la etapa del besuqueo político. Hay que darle gracias al obispo Salinas”.
De madrugada, entre diputados somnolientos, un priísta que observó el rejuego de la protección a los grandes contribuyentes ironizó: “el que esté libre de intereses que tire el primer dictamen”.
Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 1º de noviembre.
