El priísta Roberto Borge se inscribió en Chetumal como candidato a la gubernatura por la coalición Quintana Roo Avanza, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista (PVEM), y Nueva Alianza (Panal), mientras la oposición dejó atrás el proyecto de mega- alianza y presentó las candidaturas de Alicia Ricalde Magaña y Gregorio Sánchez Martínez.
La coalición Todos con Quintana Roo –suscrita entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia– llevará de candidata a la panista Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal con licencia de Isla Mujeres.
A su vez, el alcalde con licencia de Cancún, Sánchez Martínez, fue inscrito por la coalición Todos por Quintana Roo, donde confluyen PRD, PT y Convergencia, pero incluye al PAN en seis de los nueve municipios y ocho de los 15 distritos electorales del estado, en un esquema permitido por la ley electoral del estado.
La dirigencia local del PAN admitía la posibilidad de no presentar abanderado para que toda la oposición apuntalara a Sánchez Martínez, pero finalmente la dirigencia nacional del partido resolvió presentar candidata propia.
Mientras tanto, en Mérida, Yucatán, legisladores federales del blanquiazul denunciaron ante el Ministerio Público al gobierno del estado, que encabeza la priísta Ivonne Ortega Pacheco, por el presunto delito de peculado en la compra-venta de 3 mil hectáreas del municipio rural de Ucú, que costó 360 millones de pesos.
La diputada federal Rosa Díaz Lizama y los senadores Alfredo Rodríguez Pacheco y Hugo Laviada Molina, documentaron que en 2008 el gobierno negoció con unos 800 ejidatarios la compra de las tierras para construir la “mejor ciudad” de Yucatán, que tendría viviendas modernas, servicios básicos, tiendas comerciales y un estadio de futbol profesional.
Ese año, el Congreso local aprobó contratar un crédito bancario por 360 millones de pesos de los que cada campesino recibiría casi 2 millones; pero según los panistas la operación fue ilegal, porque las tierras son bienes inalienables de uso común que no pueden ser objeto de compra-venta.
Además, dijo Laviada Molina, el gobierno priísta sólo ha pagado a los ejidatarios unos 310 millones o menos y falta saldar otros 50, que, asegura, se desviaron a las campañas priístas para renovar 106 presidencias municipales y 25 diputaciones locales en los comicios del próximo domingo 16.
La coalición Todos con Quintana Roo –suscrita entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia– llevará de candidata a la panista Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal con licencia de Isla Mujeres.
A su vez, el alcalde con licencia de Cancún, Sánchez Martínez, fue inscrito por la coalición Todos por Quintana Roo, donde confluyen PRD, PT y Convergencia, pero incluye al PAN en seis de los nueve municipios y ocho de los 15 distritos electorales del estado, en un esquema permitido por la ley electoral del estado.
La dirigencia local del PAN admitía la posibilidad de no presentar abanderado para que toda la oposición apuntalara a Sánchez Martínez, pero finalmente la dirigencia nacional del partido resolvió presentar candidata propia.
Mientras tanto, en Mérida, Yucatán, legisladores federales del blanquiazul denunciaron ante el Ministerio Público al gobierno del estado, que encabeza la priísta Ivonne Ortega Pacheco, por el presunto delito de peculado en la compra-venta de 3 mil hectáreas del municipio rural de Ucú, que costó 360 millones de pesos.
La diputada federal Rosa Díaz Lizama y los senadores Alfredo Rodríguez Pacheco y Hugo Laviada Molina, documentaron que en 2008 el gobierno negoció con unos 800 ejidatarios la compra de las tierras para construir la “mejor ciudad” de Yucatán, que tendría viviendas modernas, servicios básicos, tiendas comerciales y un estadio de futbol profesional.
Ese año, el Congreso local aprobó contratar un crédito bancario por 360 millones de pesos de los que cada campesino recibiría casi 2 millones; pero según los panistas la operación fue ilegal, porque las tierras son bienes inalienables de uso común que no pueden ser objeto de compra-venta.
Además, dijo Laviada Molina, el gobierno priísta sólo ha pagado a los ejidatarios unos 310 millones o menos y falta saldar otros 50, que, asegura, se desviaron a las campañas priístas para renovar 106 presidencias municipales y 25 diputaciones locales en los comicios del próximo domingo 16.
Hugo Martoccia y Luis Boffil, La Jornada, 2 de mayo.
