Cierra el TEPJF el paso a las juanitas rumbo a las elecciones


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró el paso a las llamadas juanitas, es decir, aquellas candidatas inscritas por sus partidos políticos para cubrir el requisito de porcentaje de género, pero que al comenzar la legislatura piden licencia para dejar en su lugar asuplentes varones.
En una prolongada sesión, los magistrados modificaron el acuerdo del consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) relativo al registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos o las coaliciones para el proceso electoral federal 2011-2012.
El tribunal resolvió que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores, es decir titular y suplente, deberán quedar integradas por personas del mismo género.
En tanto, el tribunal requirió a la Cámara de Diputados hacer lo necesario, en este periodo de sesiones, para la designación de los tres consejeros electorales faltantes desde hace más de un año.
La resolución de los magistrados fue por unanimidad, en atención al juicio promovido por el diputado federal Jaime Cárdenas (PT), quien denunció la violación de sus derechos político-electorales en la modalidad del ejercicio pleno de su derecho a votar y participar en la designación de los consejeros electorales faltantes del Consejo General del IFE.
Los magistrados subrayaron que existe un mandamiento en el artículo 41 de la Constitución que señala que el CGIFE está integrado, entre otros, por un consejero presidente y ocho consejeros electorales.
Los magistrados María del Carmen Alanís y Flavio Galván emitieron votos razonados, respectivamente, en torno de la legitimación y procedencia del caso.
Consultado al respecto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que la decisión del tribunal esbuena señal y confió en que la Cámara de Diputados elija a los consejeros faltantes.
En torno al caso de las juanitas, los magistrados destacaron que en el acuerdo del IFE se planteaba que los partidos procurarán el cumplimiento de las cuotas de género respecto de registrar al menos 40 por ciento de las fórmulas de candidatos de un mismo género, cuando éstas fueran producto de la elección directa de la militancia o la ciudadanía o de forma directa a través de una convención o asamblea.
Sin embargo, los magistrados consideraron que este precepto debía ser obligatorio, es decir, garantizar su cumplimiento.
Con lo anterior, los magistrados dieron la razón a diversas mujeres militantes de los partidos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, quienes denunciaron la ilegalidad del acuerdo del árbitro electoral. Alegaron que el pacto regulaba las cuotas de género por encima de la ley, al aceptar una excepción no incluida en el código electoral.
Los magistrados aceptaron quitar del acuerdo del IFE el párrafo cinco del numeral 13, bajo el argumento de que limitaba las formas democráticas en que los partidos elegen a sus candidatos.
Como voto particular, el magistrado Flavio Galván emitió un sufragio en contra de modificar los párrafos tres y cinco, porque ello representaría imponer a los partidos políticos, dijo, una carga jurídica no establecida en la ley, que indica que se procurará, mas no deberá integrar fórmulas del mismo género.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de diciembre.

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Poiré: el proceso electoral federal, con transparencia y serenidad


El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré, aseveró que el gobierno federal garantizará, en el ámbito de sus atribuciones, un proceso electoral que transcurra en paz, con certidumbre, serenidad, diálogo y transparencia.
Al dar a conocer el nombramiento de Obdulio Ávila, hasta este miércoles dirigente del PAN en el Distrito Federal, como subsecretario de Gobierno, Poiré dijo que el objetivo –en el último tramo del sexenio– es dar un nuevo impulso a nuestra capacidad de diálogo. Subrayó que el ahora funcionario federal es un profesional de la política, con alta capacidad de interlocución con todos los actores políticos, y será pieza fundamental en la comunicación con todas las fuerzas políticas.
He hablado con todos los líderes de las distintas fuerzas políticas en días y semanas recientes, y reitero mi compromiso de que el papel de la Secretaría de Gobernación sea de total apertura y total transparencia en las relaciones con todos los actores, expresó Poiré.
El subsecretario saliente, Juan Marcos Gutiérrez, quien hará efectiva su renuncia este jueves, negó en entrevista posterior que el gobierno federal incurra en alguna ilegalidad al participar en reuniones partidistas como la del pasado lunes, cuando Poiré acudió a un cónclave de la dirigencia panista y provocó la crítica del PRI, que acusó al funcionario de parcialidad.
Otro cambio que resultó sorpresivo fue el nombramiento de Óscar Vega Marín, oficial mayor en la gestión del extinto secretario Francisco Blake, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en sustitución de Juan Miguel Alcántara Soria, quien no estuvo presente en la ceremonia de relevos. Poiré hizo apenas una mínima referencia a su desempeño en el SNSP.
Los cambios en Gobernación ocurren a 18 días del arranque de las precampañas rumbo a los comicios de julio entrante.
Durante la presentación, Ávila aseveró que sólo tendrá la agenda del gobierno de la República y prometiólealtad sin reserva a la patria, al presidente Felipe Calderón y al secretario Poiré.
El nuevo subsecretario de Gobierno es licenciado en derecho por la UNAM y ha desarrollado su carrera en la capital del país, de donde ha sido diputado local y federal; también es miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Vega Marín, con licenciatura en administración de empresas, hizo su trayectoria profesional en Tijuana y, a partir de 2004, ocupó de manera intermitente diversos cargos en el gobierno federal. En el equipo de Blake, entonces secretario de Gobierno de Baja California, fue secretario de Educación y Bienestar Social. “Conoce bien las necesidades de los gobiernos locales y los alcances del gobierno federal (…) Es por ello que su perfil resulta idóneo para estar al frente de los trabajos del SNSP”, destacó Poiré.
No obstante, precisó que para los nuevos funcionarios la tarea no es sencilla, porque sus antecesores dejaronestándares relativamente difíciles de cumplir en el desempeño de sus cargos.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de diciembre.

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Descarta Creel bajar a algunos de los aspirantes


Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), dijo ayer que lo ideal es que los tres interesados en la postulación blanquiazul lleguen hasta el final de la contienda, pues eso es lo que conviene a su partido, mientras Ernesto Cordero, otro de los aspirantes, intentó dialogar con cibernautas a través de la Webcam, pero con poco éxito, dado que se le cayó la red de manera intermitente y sólo pudo mantenerse 10 minutos continuos en Internet.
Pese a la dificultades técnicas, el ex secretario de Hacienda consideró que el diálogo salió bastante bien, aunque claro, todos los mexicanos estamos expuestos a que se nos caiga Internet y precisamente se trata de que las cosas en México funcionen mejor.
De gira en Querétaro, Creel Miranda aseguró que no declinará sus aspiraciones y por el contrario, está listo para registrarse en cuanto lo establezca el partido. Además, expuso que nadie le ha pedido ni le va a pedirque me baje de la contienda, destacó.
Estimó que seguramente otros partidos quieren que se cancele el proceso de selección interna del PAN, porque no van a tener las ventajas de una precampaña, como es el uso de los tiempos oficiales en medios electrónicos y los debates.
Creel Miranda consideró que hay amores falsos, cuando es notorio que entre políticos o miembros de partidos tienen pleitos tan profundos y al día siguiente todos contentos. Sin dar nombres expresó: “creo que la vida de un político debe ser consistente, y esa consistencia es a lo largo de mucho tiempo, entonces alguien que no aceptó la democracia, o no la aceptó cuando no le convino y ahora sí le conviene, alguien que atentó contra nuestras instituciones, y ahora resulta ser el más amoroso de México, pues generasospechosismo”.
En conferencia de prensa en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, indicó que en elblanquiazul ninguno de los tres aspirantes a la candidatura a la Presidencia tiene que renunciar y trabajar en la reconciliación, porque a diferencia de otros institutos políticos, consideró que en su partido habrá un proceso de elección interno democrático.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la precandidata panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, dijo que no puede haber impunidad en la clase política como sucede en el caso del incremento de la deuda de Coahuila gracias a la falsificación de documentos oficiales y prácticas irregulares, y cuya información fue reservada por la Auditoría Superior de la entidad hasta 2019.
(Con información de Mariana Chávez y Rubén Villalpando, corresponsales)
Alma Muñoz, La Jornada, 1º de diciembre.

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No hubo reconciliación a cambio de posiciones políticas, dice Zambrano


La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó que su reconciliación con Andrés Manuel López Obrador sea resultado de una negociación por candidaturas a diputados federales o senadores.
De ninguna manera, no hubo ningún acuerdo, ninguna negociación (de ese tipo), más que subrayar que vamos a participar con esfuerzos mancomunados en todo el desarrollo de las campañas, especialmente la presidencial, y la necesidad de que juntos armemos la estructura para la promoción y vigilancia del voto, afirmó el presidente perredista Jesús Zambrano.
En este contexto se dio a conocer que el lunes próximo habrá una reunión más entre López Obrador; el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el diputado federal Alejandro Encinas y la dirigencia nacional perredista.
Mientras avanza el diseño electoral de la coalición Movimiento Progresista, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Eleazar Márquez, adelantó que ante la imposibilidad de que López Obrador pudiera aparecer en tiempos oficiales de radio y televisión durante la precampaña por ser precandidato único, se prepara la elaboración de promocionales de manera institucional y con la participación de los principales activos del partido, por lo cual se busca incluir a Cuauhtémoc Cárdenas y a Marcelo Ebrard.
Consideró que la oferta política derepresentar un proyecto alternativo de nación, de pronunciarse por una República amorosa y de generar paz social es un elemento sustancial que el PRD y la izquierda deben reivindicar.
Eleazar Márquez señaló que ya se analiza la ruta a seguir para la elaboración de promocionales y en qué términos se manejarán. Advirtió que sólo el PRD estaría manejando aproximadamente un millón para precampaña y cuatro millones para campaña. La apuesta es la difusión alternativa, a través de Internet y las redes sociales.
Para armar la estructura electoral, la defensa jurídica del voto y el diseño de imagen y propaganda para sus candidaturas, está prevista un taller a cargo de la Comisión Nacional Electoral para el 15 y 16 de diciembre.
Jesús Zambrano dijo que el PRD llevará como candidatos a los mejores perfiles, que resultarán de la medición por encuestas, y se pronunció por que el partido se abra a las candidaturas externas.
El registro para las precandidaturas a diputados federales y senadores en el PRD será del 9 al 13 de diciembre. La Comisión Nacional Electoral ya se prepara para registrar a López Obrador justamente el viernes 9 a las 10 de la mañana como precandidato presidencial en un acto amplio, con dirigentes nacionales y estatales.
Al respecto, la secretaria general Dolores Padierna señaló que no va a haber acarreos ni derroche de recursos. Los dirigentes coincidieron en que la reconciliación entre la dirigencia del partido y López Obrador también se verá reflejada entre corrientes.
Alma Muñoz, La Jornada, 1º de diciembre.

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Inicia PRI su proceso para seleccionar candidatos a diputados y senadores


El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó el martes, cerca de la medianoche, la convocatoria para la selección de sus candidatos a diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa.
Conforme a lo acordado en el Consejo Político Nacional en octubre pasado, la designación se hará por convención de delegados.
Indica que busca los mejores perfiles, que muestren una conducta pública adecuada y que no hayan sido condenados por delito intencional del orden común y/o federal, o en el desempeño de funciones públicas.
Además que hayan mostrado lealtad pública con la Declaración de Principios y el Programa de Acción (del partido), así como la observancia estricta de los estatutos y del código de ética partidaria, entre otros requisitos.
La convocatoria también da cuenta de la aprobación de la coalición parcial con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza para las elecciones federales de 2012, cuyos alcances en cuanto a espacios cedidos para estos partidos han generado división en el PRI.
El órgano responsable de organizar el proceso interno es la Comisión Nacional (antes de Procesos Internos), cuya renovación deberá ocurrir este viernes en sesión extraordinaria del Consejo Político.
Las solicitudes de registro se presentarán el 27 de enero de 2012, a partir de las 11 y hasta las 17 horas, ante el órgano auxiliar en la entidad federativa correspondiente.
La Comisión Nacional dará a conocer el 8 de febrero el dictamen relativo a dichas solicitudes.
La precampaña de los precandidatos registrados para diputados federales iniciará un día después y concluirá a más tardar el miércoles 15.
La de los aspirantes a senadores, el 27 de enero de 2012 y concluirán el último minuto del 14 de febrero.
La precampaña será financiada por los precandidatos con recursos propios y con las aportaciones y donaciones de origen lícito que reciban, debiéndose sujetar a los lineamientos y topes acordados por el Consejo Político Nacional.
Alma Muñoz, La Jornada, 1º de diciembre.

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Alertan sobre la ola de ataques a la libertad de expresión en Sinaloa


Culiacán, Sin., 30 de noviembre. Ante el ataque cibernético que sufrió la página de Internet del semanario Ríodoce, que en su versión en papel circula en Sinaloa, y que lo mantiene fuera de las redes desde el 25 de noviembre, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio afirmó que la entidad vive un deterioro creciente del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Alfredo Beltrán, presidente de la organización, condenó el atentado queRíodoce sufrió en su sitio web y manifestó que este caso, así como otros ataques a trabajadores de los medios informativos, son asuntos mayores.
“El ataque cibernético que sufrió el semanario Ríodoce, y que lo ha sacado de la circulación electrónica desde el 25 de noviembre no es un asunto menor. No puede verse como un hecho aislado, en un contexto como el de Sinaloa, caracterizado por el deterioro creciente del ejercicio libre del periodismo”, dijo Beltrán en un comunicado.
Ríodoce circula de manera ininterrumpida desde febrero de 2003, y se ha caracterizado por investigar temas diversos, entre ellos el narcotráfico y los operativosemprendidos por todos los niveles de gobierno contra el crimen organizado.
En septiembre de 2009 sus instalaciones, ubicadas en la colonia Almada, en Culiacán, Sinaloa, sufrieron un atentado con granadas, que sólo provocó daños materiales. Además, en octubre pasado, la publicación recibió el premio María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Beltrán dijo que este tipo de ataques provoca daños en el ejercicio periodístico que todavía no se alcanzan a dimensionar, y que la calidad de la democracia se mide también por la calidad de la prensa.
Este nuevo hecho confirma la fragilidad con la cual se ejerce el periodismo en Sinaloa. Y constata que existen actores actuando en la penumbra, con el fin de silenciar los foros y espacios públicos, por donde fluye la crítica y la expresión de las ideas, manifestó.
La solidaridad de la sociedad, agregó, es lo que puede amurallar el ejercicio periodístico, y la civilización no se construye tumbando páginas de Internet de medios informativos. A las autoridades les corresponde generar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo. De éstas, demandamos no más simulación y que la impunidad no sea el sello, que las siga distinguiendo, dijo.
Javier Valdez Cárdenas, La Jornada, 1º de diciembre.

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Se apoya el combate al crimen: empresas de telecomunicaciones


La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a la que pertenecen todas las empresas del ramo que operan en el país, se comprometieron a cooperar con las autoridades competentes y legalmente facultadas en materia de investigación y combate al crimen de acuerdo con las leyes mexicanas vigentes, siempre que esté garantizada la integridad y protección de datos de los usuarios.
La Anatel atiende leyes mexicanas como la Federal de Telecomunicaciones, y en el caso de la colaboración contra el combate al crimen, se apega a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, entre otras disposiciones vigentes.
La asociación señaló que su colaboración con las autoridades será siempre en apego al derecho y siempre garantizando la integridad y protección de datos de nuestros usuarios. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones hemos atendido cabalmente en tiempo y forma los requerimientos de las autoridades competentes, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con esta importantísima responsabilidad.
Miriam Posada García, La Jornada, 1º de diciembre.

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Sí es probable que la CPI dé entrada a la denuncia contra Calderón, dicen juristas


Juristas mexicanos especializados en derecho internacional aseguraron este miércoles a La Jornada que, aunque pocas, sí hay probabilidades de que la Corte Penal Internacional (CPI) dé entrada a la denuncia que presentaron más de 20 mil ciudadanos contra el presidente Felipe Calderón.
Enrique Mota, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con más de una década de litigar en tribunales internacionales, señaló que Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI, tiene dos opciones:
Admitir la denuncia con el argumento de que los más de 40 mil muertos por el combate al crimen organizado representan delitos de lesa humanidad, pues podría considerarse que derivaron de reiterados ataques de fuerzas del Estado mexicano contra la población civil.
En esta hipótesis cabría la posibilidad de que Calderón sea investigado por las omisiones en que incurrió al estar enterado de que las fuerzas armadas han atacado a la población civil en retenes militares y no ha hecho nada para detener la estrategia militar antinarco.
La segunda opción, menos favorable para los denunciantes, es que Moreno Ocampo deseche el recurso por notoria improcedencia, con el argumento de que los quejosos no recurrieron a los canales de justicia mexicanos.
El mes pasado, durante una visita a México, el fiscal Moreno Ocampo adelantó lo que podría ser su respuesta ante esta demanda contra Calderón.
Mi deber es no intervenir cuando las acusaciones contra un mandatario sean por responsabilidad política y no penal. No puedo intervenir si el gobierno de una nación actúa; no tengo facultad para actuar cuando en un Estado hay una intervención de sus sistemas nacionales de justicia en forma genuina, respondió al pedirle una opinión sobre la demanda contra Calderón que aún no había sido presentada.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión Nacional de Juristas, indicó que la denuncia contra Calderón y otros integrantes de su gabinete ante la CPI, sin haber agotado los procedimientos constitucionales y legales ordinarios vigentes en México, prevé una procedencia de difícil admisión.
Dijo que el caso es complicado, porque la CPI es un tribunal internacional, con estatus permanente especial y personalidad jurídica, que sin ser parte de la Organización de las Naciones Unidas se relaciona con ésta mediante el Estatuto de Roma, con la misión de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, pero que actúa en forma complementaria a la jurisdicción de los estados nacionales.
No obstante, indicó que como la petición ya se formuló ante Moreno Ocampo, ahora el fiscal tendrá que determinar si recibe y califica la queja por ser de su competencia; determinar si se cumplen los requisitos de procedibilidad que señala el Estatuto de Roma y si existen elementos que justifiquen los delitos denunciados, para ejercer, en su caso, la acción acusadora ante el tribunal, con todas sus consecuencias políticas y legales.
En estricto derecho, la denuncia no es ninguna calumnia ni difamación al gobierno de México ni a la persona de Calderón, sino el ejercicio de un derecho cívico ejercido por los 23 mil denunciantes, agregó Miranda Esquivel.
Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de diciembre.

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El Estado no debe confrontar a ciudadanos: González Placencia


El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, consideró que la reacción del gobierno federal por la denuncia presentada por ciudadanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el combate al crimen organizado, es una censura que crea incertidumbre e intimida a quienes sólo han ejercido su derecho a la libertad de expresión.
En entrevista, el ombudsmancapitalino dijo que el Estado no debe confrontar a la ciudadanía, sino generar condiciones para que ejerzan sus derechos. La reacción deseable era que se dieran facilidades para que la denuncia fuese atendida y hacer esa defensa ante la CPI.
González Placencia señaló que hay razones suficientes para que se generara una percepción de preocupación por el número de personas que han muerto y han sido desplazadas por el combate al narcotráfico, lo que explica que grupos de ciudadanos busquen respuestas en órganos internacionales ya que no las encuentran en el país.
Alejandro Cruz, La Jornada, 1º de diciembre.

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La denuncia puede servir para hacer justicia y frenar la ola de muertes


La demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, parte del gabinete de seguridad y el cártel de Sinaloa, por delitos de guerra y de lesa humanidad, puede ayudar a frenar la ola de muertes que azota al país, avanzar hacia la justicia y hacer que las autoridades rindan cuentas por sus actos, señalaron familiares de víctimas de la violencia.
Araceli Rodríguez Nava, madre de un policía federal desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009, cuando se trasladaba con varios compañeros en Michoacán, consideró que el proceso iniciado por el abogado Netzaí Sandoval se debe a que los hechos de violencia hablan por sí solos, como lo demuestra el asesinato de Nepomuceno Moreno Muñoz.
En lugar de que el jefe del Ejecutivo federal se enoje y amenace con perseguir a sus demandantes, debe enmendar su error o tratar de que ya no sigan ocurriendo más crímenes, porque entre más avanzamos hay más y más muertes, y se trata de personas a las que además descalifican como si fueran delincuentes, agregó.
Olga Reyes Salazar, hermana de la activista Josefina Reyes –asesinada en enero de 2010– y de Elías y María Magdalena, también ejecutados,encomió la demanda presentada en La Haya, aunque dijo que tiene claro que no será fácil impulsarla; se trata de un paso que estamos dando, porque ya estamos cansados de tanta injusticia y tanto asesinato.
Sostuvo que ante la violencia que vive el país, el enojo de Felipe Calderón demuestra que el mandatariono tiene vergüenza. Ya perdió toda la dignidad. ¡Yo no sé cómo no acepta los más de 60 mil muertos que lleva en esta guerra estúpida que él inició.
Julia Alonso Carvajal, quien desde hace más de tres años y medio busca a su hijo, desaparecido en Monterrey, Nuevo León, apuntó que la demanda ante la CPI es pertinente y puede servir para que las autoridades asuman la responsabilidad de sus actos, sobre todo si éstos han causado muertes o desapariciones. Lo que se perdió no fue dinero, sino vidas, por eso necesitamos saber qué fue lo que realmente pasó.
Dijo que Calderón tiene derecho de defenderse, pero los ciudadanos deben tener la misma oportunidad de buscar la verdad.
Fernando Camacho Servín, La Jornada, 1º de diciembre.

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Góngora sugiere a Calderón actuar con tranquilidad


Después de señalar que está preocupado por la amenaza que profirió la Presidencia de la República de que actuará legalmente contra los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, recomendó al Ejecutivo federal actuar con tranquilidad, porque debe saber que todo funcionario de tan alto nivel siempre es blanco de críticas.
Agregó que la respuesta del presidente Felipe Calderón a la denuncia que presentaron los ciudadanos contra él y el crimen organizado, no fue adecuada.
En entrevista, el ministro en retiro comentó que posiblemente Calderón estuvo mal asesorado legalmente, porque dijo que había sido calumniado por los ciudadanos que acudieron a la CPI, cuando ¡ya no hay delito de calumnia, ya no existe!
Ante las descalificaciones que algunos especialistas han hecho a la demanda, Góngora Pimentel avaló el profesionalismo del abogado que la elaboró –Netzaí Sandoval–, quien fue secretario de estudio y cuenta del ministro de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Explicó que se trata de un profesional estudioso y preparado, y dijo que seguramente la demanda ante la Corte Internacional de La Haya tiene los elementos suficientes para ser analizada seriamente por el organismo.
Comentó que él dirigió la tesis de maestría de Netzaí Sandoval en derecho constitucional, que será publicada en fecha próxima en forma de libro, intitulado El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo prólogo escribió el propio Gongora.
Por su parte, Édgar Corzo, doctor en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó la respuesta de Calderón a los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la CPI, ya que en lugar de responder ante el organismo internacional –en caso de que prosperara la demanda–, pretende que la justicia mexicana actúe contra sus detractores.
Comentó que la respuesta pública del jefe del Ejecutivo federal no fue la más adecuada y legalmente fue, al menos, la menos acertada. No dio una respuesta jurídica, como debió haberlo hecho, sino una respuesta política, subrayó Corzo.
Jesús Aranda, La Jornada, 1º de diciembre.

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Insiste el gobierno en equiparar protestas con actos terroristas


Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insistió en una modificación legal que equipara los movimientos sociales y las protestas con actos terroristas.
Durante una reunión de comisiones dictaminadoras de la llamada miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el panista Alejandro González Alcocer, presentó un capítulo nuevo en el que se endurecen los tipos penales sobre terrorismo y se imponen penas hasta de 40 años de cárcel a quienes presionen a la autoridad o a un particular para tomar una determinación.
En ese supuesto cae cualquier movimiento social que presente demandas a las autoridades, recalcó el perredista Pablo Gómez Álvarez, y preguntó a González Alcocer: ¿de dónde salió ese nuevo texto, que no estaba incluido en la miscelánea penal que Calderón remitió al Senado?
González Alcocer sólo respondió que México tiene el compromiso internacional de legislar sobre financiamiento al terrorismo, pero en entrevista posterior reconoció que el texto fue elaborado por la consejería jurídica de la Presidencia de la República.
Gómez Álvarez le dijo que ese texto nada tiene que ver con el tema de financiamiento al terrorismo y que es criminalizante, además de que trata de proteger al personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) y de otros órganos de ese país que operan en México, hasta de una pedrada, ya que quien lo hiciera sería procesado por terrorismo, al igual que quien le aviente un zapato a algún funcionario.
En 2007, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de terrorismo internacional; en el artículo 139 de ese ordenamiento se incluyó el párrafo cuestionado, que tipifica como actividad terrorista el presionar a la autoridad para que adopte una determinación.
Se trataba de una minuta y el Senado la aprobó en sus términos para no regresarla a la Cámara de Diputados. Sin embargo, PRI, PAN y PRD acordaron presentar una iniciativa para eliminar la criminalización de la protesta social ahí incluida.
En 2008, el senador René Arce presentó una iniciativa en esa materia, pero está congelada en la Comisión de Justicia. Aunado a esto, el texto que ayer incluyó González Alcocer en el proyecto de dictamen de la miscelánea penal avanza en la criminalización de la protesta, ya que incluye no sólo presiones a las autoridades, sino también a un particular, como parte de las acciones tipificadas como terroristas.
En la actualidad, las penas son de seis a 40 años de prisión, y en la nueva propuesta son de 15 a 40 años, y se aplican a algún acto contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida.
El senador perredista Gómez Álvarez dijo que esa propuesta va encaminada a proteger a los funcionarios o agentes estadunidenses, como los de la DEA, pero ahora hasta de una pedrada los quieren proteger.
Señaló que tampoco está de acuerdo en que a los secuestradores de autobuses o a quien retenga a un funcionario se les acuse de terrorismo.Esto que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz, dijo, y reprochó que no se haya aprobado la reforma al Código Penal para evitar que la protesta social se tipifique como terrorismo.
El priísta Jesús Murillo Karam coincidió con Gómez Álvarez. Indicó que deben revisar el tema como corresponde. No podemos caer en la sicosis del terrorismo, porque lo único que genera es terrorismo de Estado.
Al final, González Alcocer expresó que coincidía con el perredista y reconoció que la propuesta venía originalmente en la Ley de Prevención del Delito y nada tiene que ver con el tema dictaminado, que es el de financiamiento al terrorismo. Hasta en lo del zapato coincido con Pablo, agregó.
En entrevista, manifestó que normalmente la consejería jurídica de la Presidencia de la República interviene en los proyectos legislativos, nada más que esta vez ellos metieron mano e introdujeron otro tipo de delitos que nosotros no habíamos contemplado.
–¿Le metieron mano al proyecto de dictamen?
–Por ahí hay algunas recomendaciones que sí hicieron válidas con el secretario técnico –de la comisión– y se incluyeron, pero no tienen que ver con financiamiento al terrorismo.
Durante la sesión de ayer se rechazó una propuesta de dictamen sobre una iniciativa de la panista María Serrano, que planteaba reformar el Código Penal para sancionar a los sacerdotes que llamen a no votar o a votar contra algún candidato.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de diciembre.

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Lanza Batres asociación civil

El perredista Martí Batres presentó la asociación civil "Cuarta Transformación", la cual lo respaldará en su aspiración a ser el candidato de la izquierda a la Jefatura de Gobierno en 2012.

En el Club de Periodistas, Batres congregó a unas 250 personas, entre ellas diputados locales y federales, así como los líderes del PRD-DF, Manuel Oropeza, y de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco.

"No es un asunto de aspiraciones personales, ni de tener ganas como persona, la búsqueda de la candidatura es una responsabilidad para profundizar el proyecto de izquierda en la Ciudad", señaló Batres.

En el evento estuvieron Valentina Batres, Maricela Contreras, Beatriz Rojas, Claudia Elena Águila y Víctor Varela.


Rafael Cabrera, Reforma, 1º de diciembre.

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Demandan compromisos

El gobierno mexicano debe comprometerse a asignar año con año un presupuesto suficiente para enfrentar el cambio climático, demandaron organizaciones ambientalistas en el marco del inicio, esta semana de la 17 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17).

"La asignación de presupuesto es una clara definición de prioridades y un ejercicio necesario para cumplir con los compromisos que México se ha establecido a nivel internacional", remarcaron en un pronunciamiento el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Transporte Sustentable y la Fundación Heinrich Böll, entre otras agrupaciones.

Urgieron además a los partidos a generar acuerdos para aprobar una Ley de Cambio Climático que incluya la definición de metas claras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.


Reforma, 1º de diciembre.

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Enfrenta Fondo Verde reparos en la COP 17

La creación del Fondo Verde propuesto por el gobierno de México para financiar acciones para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo ha encontrado reparos en las discusiones sobre el tema que tienen lugar en Durban, Sudáfrica.

Aunque la mayoría de los países participantes en la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP17) se han pronunciado por adoptar ya decisiones que permitan poner en marcha el fondo, cuyo diseño general fue aprobado en Cancún a finales de 2010, Estados Unidos, Arabia Saudita y Venezuela -en nombre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)- han expresado reservas por diferentes motivos.

De acuerdo con participantes en la cumbre, la representación estadounidense considera que el proyecto presentado por un comité transitorio creado hace un año para establecer las bases del mecanismo contiene inconsistencias, mientras que la Venezuela cuestiona la intervención del Banco Mundial en su puesta en operación y Arabia Saudita plantea que el fondo sólo se nutra con recursos públicos.

Los cuestionamientos llevaron a que la presidenta de la sesión de la COP17 en la que se abordó el tema, la Canciller sudafricana Maite Nkoana-Mashabane, llamara a consultas informales a puerta cerrada.

Al clausurar hace casi un año la COP16, realizada en Cancún, el Presidente Felipe Calderón señaló la decisión de avanzar en la creación del Fondo Verde como uno de los principales logros de la cumbre.

"Es un éxito también haber acordado aquí el que se establezca ya el Fondo Climático, el Fondo Verde, y se formalizó ese compromiso de buscar movilizar los 100 mil millones de dólares anuales, a partir del 2020, para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo", indicó.

Inicialmente se determinó que, de manera interina, el fondo debe ser administrado por el Banco Mundial y contar con un consejo conformado por 24 países, la mitad de ellos industrializados y la otra en vías de desarrollo.

La intervención del Banco Mundial y la conformación del órgano de gobierno del fondo fue cuestionado desde un principio por los representantes de Cuba, Bolivia y Venezuela.

En abril de este año, durante una reunión realizada en la Ciudad de México en la que participaron representantes de 40 países se estableció un Comité de Transición copresidido por México, Noruega y Sudáfrica al que se fijó como mandato presentar una propuesta específica sobre la operación y dirección del Fondo Verde en la COP17.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció cuatro temas a desarrollar en el diseño del Fondo Verde: gobernanza y estructura; modalidad de operación; monitoreo y evaluación, y rendición de cuentas.

Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), indicó el pasado lunes que el Fondo Verde es uno de los temas centrales de la COP17.


Reforma, 1º de diciembre.

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