No es viable convertir de pronto al INEE en evaluador de 1.4 millones de docentes

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no puede convertirse en un órganopersecutorio ni sancionador, advirtió Mario Rueda Beltran, presidente del organismo, quien destacó que no es viable convertirlo de un momento a otro en la institución responsable de evaluar a 1.4 millones de docentes en el país.

Destacó que si se quiere que la valoración de los maestros repercuta en una mejor formación de los estudiantes, se debe sacar al instituto del ámbito político, y garantizar que quienes integren el nuevo INEE –que de acuerdo con la reforma educativa contará con autonomía– tengan un perfil académico, porque un organismo técnico no puede estar sujeto a criterios partidistas o gubernamentales.

En entrevista con La Jornada,Mario Rueda Beltrán afirmó que antes que cumplir tiempos y fechas para la aplicación de exámenes estandarizados que miden el desempeño de los docentes, se debe definir para qué queremos evaluar y cómo vamos a atender las deficiencias que tengan los profesores.

Recomendable, que mantenga su estatuto técnico

Tras reiterar su deseo de ser considerado en la terna que se le presente al presidente Enrique Peña Nieto para la elección de quien encabezará al nuevo INEE, enfatizó que el organismo debería mantener un estatuto técnico y quedarse a nivel de recomendaciones o de vigilancia, y no como una instancia sancionadora del docente.

Destacó que pretender transformarlo en un instituto evaluador de todo el magisterio nacional no sería recomendable. Sería convertirlo de un momento a otro en un organismo muy grande. Implicaría el entrenamiento de muchas personas y esto generaría consecuencias.

Sin embargo, reconoció que aún están a la espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa, en la que se establecen las modificaciones al INEE para iniciar la discusión de las leyes reglamentarias, donde se deben fijar con mayor claridad sus competencias.

Cuestionado sobre las metas de evaluación docente determinadas por la autoridad educativa, destacó que vale la pena darse tiempo para hacerlo bien, antes que llegar a cumplir tiempos mal.

Señaló que la aplicación en 2012 de la evaluación universal a profesores de educación primaria en todo el país, con una baja participación de los profesores, dejó claro que se había pactado más en un contexto de orden político en un momento de elecciones. Esto evidencia que la evaluación está en un contexto político, enfatizó.

Rueda Beltrán agregó que más que establecer plazos debemos tener una buena discusión sobre qué vamos a evaluar, cómo y para qué. Si logramos acordar entre los principales actores cuáles son las funciones que cumple este ejercicio, esto nos ayudará a ver en qué condiciones están los profesores en la escuela.

Si las condiciones de trabajo son muy distantes de las exigencias, entonces quizás deberíamos abrir tiempos para el desarrollo de las habilidades que le pedimos a los docentes, antes que evaluar.

Laura Poy Solano, La Jornada, 1º de febrero.

Gobierno colombiano y FARC endurecen posiciones en La Habana

La Habana, 31 de enero. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) endurecieron posiciones en un áspero choque verbal, pero se mantuvieron firmes en la mesa de diálogo, que hoy inició aquí un nuevo ciclo.

Dos policías quedaron en poder de las FARC el viernes pasado, según informes oficiales, lo que llevó a una disputa entre las partes sobre si la acción fue un secuestro o la toma deprisioneros de guerra.

A pesar del tono directo de los alegatos, las dos delegaciones acudieron a la cita para iniciar este jueves otro ciclo de 11 días de discusión a puertas cerradas.

Vamos a La Habana para terminar el conflicto que es lo que pactamos, dijo el miércoles en Bogotá el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos.

Las FARC no han venido a perder el tiempo en la Habana ni a hacérselo perder a nadie, sino a buscar la paz con justicia social para Colombia, replicó el jueves aquí el líder insurgente Luciano Marín Arango (Iván Márquez). Hemos presentado diez propuestas sobre política agraria y estamos a la espera de una propuesta del gobierno que responda al clamor de cambio del país.

El caso de los policías Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Ayate, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), escaló rápidamente, hasta obligar a las dos partes a ventilar en público los alcances de una negociación que corre en paralelo a un conflicto armado.

No se han precisado públicamente los detalles, pero las autoridades calificaron el caso de los policías desecuestro. Sin tocar el asunto, la guerrilla reclamó en un comunicado el martes su derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate.

El episodio es particularmente sensible, porque las FARC han reconocido que realizaron secuestros en el pasado para obtener recompensa económica, pero también se comprometieron a suspender esa práctica desde febrero de 2012.

Según una norma interna de la guerrilla, cualquier persona con más de un millón de dólares debía pagar 10 por ciento de su patrimonio para evitar el secuestro, lo que las FARC llamanimpuestación para la financiación.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre, dijo el miércoles De la Calle.Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho, como por todos los miles de secuestros que han cometido.

Los efectivos de la fuerza pública que se rinden en combate se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo, señaló a su vez el comunicado de la guerrilla.

En reiteradas ocasiones hemos hecho llamados al gobierno para que se produzca un intercambio de prisioneros de guerra, lo cual fue respondido negativamente, añadió la declaración.

Al reiniciarse hoy el diálogo, el gobierno llegó a las conversaciones, como es habitual, sin hablar ante la prensa. Márquez recordó que, al haber orden oficial de persecución en contra de los rebeldes, resulta insensato que el gobierno se queje por las consecuencias de la confrontación.

El caso de los policías sirvió para que las dos partes confirmaran sus visiones contrapuestas sobre el doble escenario de un teatro de operaciones y una mesa de diálogo.

De la Calle dijo que acciones como la de los policías no obligarán al gobierno a un cese del fuego bilateral, lo cual sólo llegará con un acuerdo de paz; mientras tanto, la orden presidencial es perseguir a las FARC y discutir en La Habana la conclusión del conflicto. De ese objetivo no nos vamos a dejar desviar.

También descartó un pacto pararegularizar la guerra, lo que consideró una pretensión de la guerrilla para prolongar indefinidamente los combates.

Mientras la comunidad internacional señala que no es por la vía de las armas como se obtienen los cambios y apoyan generosamente las conversaciones, las FARC dan esta respuesta equivocada que atenta contra el proceso. Creemos que hay una oportunidad de paz, pero no una paz a cualquier costo, subrayó el negociador del gobierno.

Al llegar al frente de su delegación al Palacio de las Convenciones, Márquez volvió a poner por delante las insistentes demandas de la guerrilla de cese al fuego bilateral o regularización de la guerra y de asamblea constituyente para consolidar los acuerdos de paz, todo lo cual ha sido rechazado por el gobierno.

Las conversaciones aún están en el primer punto de la agenda, el de la política agraria.

Gerardo Arreola, La Jornada, 1º de febrero.

Hugo Chávez y seguidores mantienen una concentración total del poder: Human Rights

Washington, 31 de enero. La organización Human Rights Watch (HRW) arremetió hoy contra Venezuela al acusar al gobierno del presidente Hugo Chávez y sus seguidores de mantener una concentración total de poder, lo que ha derivado en un deterioro de las garantías de los derechos humanos y permitido abusos e intimidacióncontra amplios sectores de la sociedad.

En su informe anual de 2012 también lanzó críticas contra Cuba, Bolivia y Ecuador y se declarósorprendida con Argentina por su acuerdo con Irán encaminado a esclarecer el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, e hizo advertencias a la Organización de Estados Americanos (OEA) ante iniciativas por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos.

El organismo estadunidense sostiene que Chávez y sus partidarios políticos han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al Poder Judicial, a los medios de comunicación y a defensores de los derechos humanos, lo que hapermitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a venezolanos que critican al presidente o se oponen a su agenda política.

Aunque el informe no alude a la situación creada a finales de año por la enfermedad de Chávez tras su relección, el director para las Américas del organismo José Miguel Vivanco descalificó a la justicia venezolana por haber fallado que el mandatario no estaba obligado a juramentar para su nuevo mandato el 10 de enero y que lo podía hacer después para recuperarse.

Lo que debería constituir un régimen democrático con separación de poderes no existe, ya que la Suprema Corte de Justicia no tiene la más mínima credibilidad y es unapéndice del Ejecutivo, dijo Vivanco. Mientras, en el informe se critica la violencia en las cárceles y losabusos policiales, y el hecho de que Venezuela opte por salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En cuanto a Cuba, califica delamentable retroceso y grave errorque América Latina haya distinguidoesta semana con la entrega de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al presidente Raúl Castro, lo que significa un abandono de losprincipios democráticos. Para Vivanco, se trata de un régimen totalitario.

Human Rights Watch insiste en calificar al gobierno cubano derepresivo contra casi todas las formas de disenso político, y pone en duda la reciente reforma migratoria emprendida por La Habana con el argumento de que la vaguedad de sus disposiciones abre la posibilidad de seguir impidiendo la salida a críticos con el gobierno.

También critica al gobierno ecuatoriano de Rafael Correa al afirmar que ha socavado la libertad de prensa con la persecución de periodistas y dueños de medios y ha debilitado el sistema de justicia. Sobre el gobierno boliviano, dice que Evo Morales ha usado una ley contra expresiones racistas para perseguir penalmente a medios privados y periodistas.

Saludó en cambio avances en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile para hacer justicia por atrocidades de pasadas dictaduras, y se congratula por las negociaciones de paz del gobierno de Colombia y guerrilleros de las FARC. Pero sobre la comisión independiente acordada por Argentina e Irán respecto del atentado de 1994 contra la AMIA, anota que podría ser un obstáculo para la justicia.

HRW advierte a la OEA sobre una iniciativa de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que en una reunión de cancilleres en marzo podría tomar medidas para debilitar las funciones de la CIDH y su relatoría para la libertad de expresión.

Por último, denuncia que la violación de los derechos humanos en Rusia es tan grave como en la época soviética, cuestiona a los gobiernos de la Unión Europea por no abordar públicamente la situación de los derechos humanos en China, y afirma que la euforia de la Primavera Árabe ha dado lugar a nuevos gobiernos que no respetan los derechos humanos básicos.

En el conflicto sirio, atribuye a Rusia y China que el caso no pueda ser llevado a la Corte Penal Internacional por su apoyo a Damasco en la ONU.

La Jornada, 1º de febrero.

Beneficiará la reforma migratoria a EU y vecinos del sur: Clinton

Washington. Una reforma migratoria integral que facilite obtener la ciudadanía estadunidense a unos 11 millones de indocumentados, beneficiará a Estados Unidos, a México y a nuestros vecinos en el sur, dijo hoy la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Eso será un gran beneficio para nosotros en la región, no sólo en México, sino más allá en el sur, manifestó Clinton en una conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores.

La Jornada, 1º de febrero.

Sindicalistas crearán frente para exigir juicio político contra la Suprema Corte

Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Mexicano, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y decenas más de gremios sociales determinaron anoche agrupar sus luchas en un gran frente de unidad, demandar al gobierno priísta un cambio de rumbo económico y político, cese de la represión y del golpeteo contra los sectores democráticos e iniciar juicio político contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una amplia movilización que llevaron a cabo ayer, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y culminaron con un mitin al frente de Palacio Nacional, los gremios agrupados en el Frente Amplio Social señalaron que el gobierno priísta continúa la política antiobrera del anterior sexenio, tiene cooptadas las instituciones de justicia y repudiaron las reformas laboral y educativa.

Los sectores calificaron en pancartas y consignas de nefasta la actuación de la SCJN, y dieron su apoyo unánime a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Mexicana de Aviación y del sindicato minero.

Descontento de clase

Marcharon tanto los pilotos de aviación con sus uniformes, que los electricistas con sus clásicas camisetas rojas –en las que ahora se leía la palabra Justicia–, amplios contingentes de campesinos tuvieron presencia, con un enorme listado de demandas. El mayor número de trabajadores lo aportaron los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el del SME, Telefonistas, a los que se sumaron agremiados de decenas de organizaciones. Asimismo, estuvieron presentes los del movimiento de Atenco con su dirigente, Ignacio del Valle, y los infaltables del Frente Popular Francisco Villa, así como líderes del magisterio democrático.

En el mitin, los gremios acordaron fomentar la unidad, hacer a un ladolos protagonismos y defender en un frente los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad que están siendopisoteados por el régimen, según plantearon dirigentes como el del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez; del SME, Martín Esparza; de la Conorp, José Jacobo Femat, de Telefonistas y también de la UNT, Francisco Hernández Juárez, líderes de la Coordinadora Plan de Ayala, entre otros muchos oradores que tomaron la palabra.

También manifestaron rechazo unánime a la política económica y social del presidente Enrique Peña Nieto. Señalaron que su gobierno está llevando al país a una mayor situación de apremio económico. Además, ratificaron su compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir las reformas laboral y educativa, y prevenir la imposición de más proyectos neoliberales. También subieron a tribuna dirigentes como el de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Juan Carlos Díaz Chávez Morineau, para demandar una solución de parte del gobierno federal a su conflicto y que no se deje en la calle a 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación.

Esparza, a su vez, preguntó a los miles de trabajadores electricistas ahí reunidos si iban a acatar la resolución de la SCJN, a lo que el respondieron con un No unánime. Les cuestionó acerca de si iban a aceptar las nuevas liquidaciones que les ofrecían y la respuesta multitudinaria fue la misma. Luego de calificar a la Corte como la más corrupta del mundo, señaló que se someterá a este tribunal a un juicio político-popular para que el pueblo juzgue su actuación.

La resolución de este tribunal contra el SME, abre la puerta para que en el futuro, por una decisión administrativa del Ejecutivo federal, también se extingan o privaticen la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la educación pública y se mande a la calle a todos los trabajadores.

Al arranque de la movilización, el dirigente del comité ejecutivo nacional democrático de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz, dio lectura al pronunciamiento que acordaron todos los gremios, en el que proponen que para salir de la postración del país, se tiene que transitar de un pacto político a uno social, que tenga un compromiso con la sociedad, así como crear un mecanismo de diálogo social incluyente en que estén consideradas todas las voces y que se reflejen en un Plan Nacional de Desarrollo.

En la movilización, que según sus organizadores aglutinó cerca de 60 mil trabajadores y fuentes de Seguridad Pública dijeron que eran 11 mil, marcharon gremios de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Campesina Cardenista, de los sindicatos Nacional de Mineros, Trabajadores de Nacional Financiera, la Alianza de Tranviarios, del Monte de Piedad, de Unorca (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas ), el Sindicato Independiente de Tornel, del Colegio de Bachilleres, del movimiento #YoSoy132, entre otros muchos.

Al final, quedaron en el Zócalo pancartas en las que se leía La SCJN libera a una secuestradora y condena a 16 mil 599 trabajadores.

Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 1º de febrero.

Pausa del IFE debe servir para que actúe con sensatez: PAN

El PAN espera que el tiempo que se dio el Consejo General del IFE para abordar el tema de los gastos de campaña de 2012 sirva para que la Unidad de Fiscalización rehaga sus conclusiones y no sólo atienda el derecho, sino también el sentido común. Alfredo Rivadeneyra, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) blanquiazul, destacó lo anterior al cuestionar que la autoridad electoral haya dado por bueno el informe de gastos del PRI, donde, por ejemplo se afirma que el cierre de campaña del ex candidato presidencial Enrique Peña Nieto, en el Estadio Azteca, tuvo un costo de 20 mil pesos. Gustavo Madero, dirigente panista,también criticó que el instituto haya validado dicha cantidad. El actual diputado federal consideró difícil que pueda convencer a la opinión pública de que el PRI no rebasó topes, cuando durante meses se observó una campaña onerosa. Que el Consejo General del IFE haya postergado una semana la discusión sobre los gastos de campaña debe servir para que el órgano electoral actúe con sensatez y cordura..

Georgina Saldierna, La Jornada, 1º de febrero.

PRD no descarta fallas al contar gastos de campaña de Movimiento Progresista

La dirigencia nacional del PRD no descartó fallas en la contabilidad de gastos de la campaña presidencial de Movimiento Progresista.

Eso no lo descarto; presentamos una parte que se suponía era la información consolidada de toda la coalición, y luego los otros partidos (PT y Movimiento Ciudadano) presentaron informes adicionales, pero que tienen que ver con los gastos de campaña, señaló en entrevista el presidente nacional perredista, Jesús Zambrano.

Retó a que se señalen las fallas técnicas que pudieron haber tenido los tres partidos de izquierda, y se admitirán sin duda alguna. Lo que de ninguna manera acepto es que el PRD y la coalición y su candidato a la presidencia de la República hayan rebasado el tope de gastos de campaña.

En la sede nacional del partido, Zambrano insistió en que el IFE sumó informes de las tres elecciones que hubo en 2012 –para presidente de la República, senadores y diputados– en su informe y criticó el trato desigual que ha dado el órgano electoral a las fuerzas políticas.

Pedimos un trato igual. No estamos solicitamos otra cosa, porque fue evidente el derroche de recursos, el dispendio en la campaña presidencial del PRI. Afirmó que es evidente la actitud de saña con la que se maneja la Unidad de Fiscalización (del IFE contra el Movimiento Progresista) en su juicio final.

Pero, dijo, una cosa es que pueda haber fallas técnicas, problemas de presentación de documentación (y) otra cosa es el fondo del asunto, que tiene que ver con que se invirtieron los papeles: los violadores de la ley son los únicos que cumplieron con la misma, y los que sí cumplimos con ella somos los únicos que habríamos violado el tope de gastos de campaña, reiteró.

Dijo que ya instruyó a la secretaría de finanzas del PRD para que realice un análisis minucioso de los gastos de campaña reportados, además de que ya escudriñan el informe de la Unidad de Fiscalización, que apuesta por que se les sancione.

No obstante, en breves declaraciones, el secretario de Finanzas del partido, Xavier Garza, rechazó que incurrieran en irregularidades al presentar los gastos de campaña de su ex candidato presidencial.

Dijo que presentará informes en conferencia de prensa posterior.

Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 1º de febrero.

Inédito, que 33 organizaciones busquen ser partido político: IFE

El Instituto Federal Electoral (IFE) había recibido hasta ayer 33 notificaciones de organizaciones que pretenden convertirse en partido político, si bien aún no era la cifra definitiva, porque el plazo para el registro vencía a la medianoche. El consejero electoral Lorenzo Córdova dijo que en las últimas horas se recibieron seis solicitudes.

Para el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a partir de hoy empieza la segunda etapa del largo proceso para constituirse en partido político. Reconoció que la cifra es inédita en la historia del IFE, toda vez que en 2007 acudieron 15 organizaciones a realizar los trámites, y en ningún caso se otorgó el registro, por incumplir los requisitos señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Aunque se congratuló de que haya interés por formar nuevos partidos, porque esto es expresión de la pluralidad del país, reconoció que el gran número de organizaciones hará más complejo el proceso para el IFE. Sin embargo, señaló que el despliegue territorial que tiene el organismo a escalas distrital y estatal le permite canalizar los trámites.

La notificación al instituto y la entrega de documentos preliminares es el primer paso de un largo proceso que concluirá en agosto de 2014, cuando el Consejo General apruebe o rechace el registro.

Córdova mencionó que la realización de las 20 asambleas estatales o 200 distritales para acreditar una militancia equivalente a 0.26 por ciento del padrón electoral (220 mil militantes) es el verdadero desafío que tienen las organizaciones para constituirse en partidos políticos, y enero de 2014 es la fecha clave para completar los requisitos, porque es cuando deben efectuar la asamblea nacional de aprobación de documentos.

Afirmó que el IFE está preparándose para el procedimiento, para lo que empezó el proceso de capacitación a sus funcionarios estatales y distritales. El personal del instituto debe supervisar la realización de las asambleas para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos: asistencia de 300 o 3 mil militantes, según se trate de asambleas distritales o estatales, respectivamente, y que quienes asistan sean ciudadanos residentes de dichas demarcaciones.

A pregunta expresa, Córdova subrayó que todas las organizaciones tienen obligación de presentar informes mensuales de los gastos relacionados con la construcción del partido político. El eventual incumplimiento de esta disposición será valorado en su momento por el Consejo General, como parte del proceso de aprobación del registro.

Cuestionado sobre la cantidad de organizaciones solicitantes, el consejero considera positiva esta situación,porque habla de la pluralidad. Precisó que, a diferencia del pasado, el número de partidos con registro no impacta en incrementar el costo de la democracia. La bolsa de dinero entregada y los espacios en radio y televisión no se modifican en función de la cantidad de partidos, sino que es una sola y se distribuye entre los existentes .

Esto obedece a un cambio en el cálculo del financiamiento de partidos, toda vez que hasta antes de 2007, el total de institutos era un factor en el cálculo global de las prerrogativas para todos.

Alonso Urrutia, La Jornada, 1º de febrero.

Demostrará el sol azteca que Pemex no está quebrada, afirman legisladores

Las bancadas del PRD en el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron ayer que trabajarán conjuntamente una propuesta alterna de reforma energética, que impida la privatización de Pemex.

En conferencia de prensa realizada ayer en el edificio de Reforma, el senador Luis Sánchez y los diputados Luis Cházaro y Fernando Cuéllar anunciaron que realizarán cinco foros de consulta en el país, el primero de los cuales se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 20 de febrero.

El segundo foro se realizará en el Distrito Federal el 18 de marzo –en el aniversario de la expropiación petrolera–; otros más se llevarán a cabo posteriormente en las ciudades de Villahermosa, Tabasco; Oaxaca, Oaxaca, y en Monterrey, Nuevo León.

Los legisladores informaron lo anterior al término de una reunión privada que sostuvieron para coordinar los trabajos de elaboración de la propuesta del PRD en materia de reforma energética.

Luis Sánchez subrayó que junto con la dirigencia nacional perredista y sus fracciones en el Senado y San Lázaro se trabajará en la propuesta hecha por Cuauhtémoc Cárdenas, y será una sola posición la que presentaremos y defenderemos.

Abundó que la iniciativa del partido del sol azteca buscará hacer de Pemex una empresa más competitiva y la palanca del desarrollo, pero queremos dejar muy claro que esto no pasa por reformar el artículo 27 de la Constitución. No permitiremos que se modifique para que se privatice la paraestatal, que es parte estratégica de la economía nacional.

Expusieron en conferencia de prensa que el objetivo es demostrar ante los ciudadanos que Pemex no es una empresa quebrada ni es ineficiente; al contrario, vamos a demostrar que es altamente eficiente, aun cuando se le ha impedido invertir en su modernización y su mantenimiento, y sobre todo que no requiere inversión privada.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de febrero.

Impugnan PAN y PRD ante el TEPJF perdón al PRI por triangulación de fondos para Peña

En sendos recursos promovidos por separado, PAN y PRD se inconformaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) que exonera de responsabilidad a la coalición PRI-PVEM por la triangulación finaciera operada mediante Banca Monex para fondear –acusan– recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Ambos documentos coinciden en conceptos de agravio, como la falta de exhaustividad en la investigación de la Unidad de Fiscalización e indebida valoración de las pruebas. En el caso del PRD, advierte sobre la falta de indagación acerca de que haya sido una empresa mercantil (Alkino) y no una institución financiera la que presuntamente prestó los recursos al PRI, lo que es parte del entramado presuntamente ilegal, según considera el sol azteca.

También cuestiona las versiones contradictorias que en su momento dieron operadores de la campaña, como el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray (entonces coordinador de la campaña presidencial), que en principio negaron la existencia de esta triangulación financiera por medio de Banca Monex.

Posteriormente admitieron el uso de los monederos electrónicos y, de acuerdo con el recurso, las irregularidades no investigadas, en las que se vieron involucradas varias empresas fantasmas, hacen evidente que el contrato presentado por el PRI con Alkino fue realizado después de que se detectó la operación irregular. El PRD cuestiona que a pesar de estas evidencias no se hiciera una investigación exhaustiva

Fraude a la ley

De igual forma, critica la falta de investigación del IFE sobre el destino de los 66 millones de pesos que fueron erogados (según la cifra que investigó el organismo electoral, aunque señalan que habían mayores recursos involucrados). Indicaron que se aportaron testimonios de ciudadanos tabasqueños que fueron beneficiarios de las tarjetas Monex, que no fueron consultados.

En el caso del PAN, critica la falta de investigación en las diversas empresas involucradas que, a decir delblanquiazul, debieron ser indagadas con exhaustividad, pues es evidente que toda la operación tuvo como principal objetivo el financiamiento de la campaña del PRI.

Según considera el PAN, las investigaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización favorecen que quede impune lo que define como unfraude a la ley, porque se declaró infundado lo que es un financiamiento ilícito a la campaña priísta.

De admitir la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización –advierte–, se daría pauta para que en el futuro los partidos tengan la vía abierta para realizar operaciones ilícitas –validadas por el IFE–, en las que empresas mercantiles aporten dinero a las campañas políticas.

Decimos que es un fraude a la ley porque se hace parecer algo como legal cuando no lo es; para el caso en cuestión, clara y efectivamente quienes financiaron la difusión de los monederos fueron diversas empresas de carácter mercantil (Alkino, Atama e Inizzio, entre otras), no el partido político denunciado, que además incumplió con las formalidades esenciales en materia de fiscalización, advierte.

Ambos partidos demandan que se investigue más a todas las empresas involucradas en esta operación ilegal.

El recurso se interpone justo en el momento en que la aprobación de los gastos de campaña presidencial están en impasse, luego de que se pospuso por una semana la discusión y aprobación de los dictamenes de la Unidad de Fiscalización del IFE.

Alonso Urrutia, La Jornada, 1º de febrero.

Miente Peña Nieto; le urge dar el petróleo a extranjeros: AMLO

Coatzacoalcos, Ver., 31 de enero. Desde esta región petrolera del sureste, Andrés Manuel López Obrador convocó a una campaña nacional de concientización para impedir la privatización del petróleo, que –aseguró– pretende realizar el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la renta simulada del hidrocarburo, para entregar 60 por ciento de las ganancias a compañías extranjeras.

Peña Nieto no había hablado del tema; ayer lo hizo porque les urge entregar la renta petrolera, pero miente cuando dice que no van a privatizar, aunque ayuda que hable en ese sentido, porque la gente lo entiende al revés: si afirman que no, es porque lo van a hacer, y la población lo que entiende es que ahí viene el garrotazo.

El líder opositor explicó que,efectivamente, no están privatizando Pemex: quieren privatizar el petróleo, pero lo vamos a impedir con la movilización pacífica y la participación del pueblo.

Aseguró que el próximo 5 de febrero se reunirán en la ciudad de México los consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para organizarse y definir el plan de defensa del petróleo.

López Obrador arribó después de las 13 horas al palenque de la Expo Feria de Coatzacoalcos para encabezar la asamblea municipal de Morena, y por la tarde comenzó prácticamente la defensa del petróleo, pues fue recibido por decenas de hombres y mujeres que portaban pancartas con las leyendas:No a la venta del petróleo, Pemex no se vende, Pemex, patrimonio de los mexicanos.

Ante sus seguidores, advirtió que si se privatiza el hidrocarburo las cosas se pondrán peor en el país, y les preguntó: ¿podemos contar con ustedes para defender el petróleo? Elsí fue unísono.

El tabasqueño reiteró que es mentira que con la reforma energética habrá crecimiento y más empleo en el país;eso es puro cuento, dijo. Asimismo, afirmó que los gobiernos federales tienen 30 años privatizando y la situación del país sigue igual.

Aunque acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recibir órdenes del secretario de Goberna- ción, Miguel Ángel Osorio Chong, en los temas relacionados con la liberación de la francesa Florence Cassez y lamonstruosidad cometida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ex candidato presidencial enfocó su intervención al tema petrolero.

Subrayó que su movimiento tiene dos prioridades: organizar a Morena y la defensa del petróleo. Insistió en que si la mafia en el poder logra la renta de la extracción de crudo, se dejará sin presupuesto al país y estaríamos peor que ahora, porque se dejaría de apoyar programas educativos, de salud y el desarrollo en general, lo mismo que afectaría a comerciantes y productores con los permanentes aumentos en la gasolina.

Explicó a sus partidarios que deben difundir Regeneración –el periódico que edita Morena–, pues aseguró que ahí se informa de lo que algunos medios no mencionan; refirió, por ejemplo, el caso del avión que compró Peña Nieto en 6 mil 300 millones de pesos: el doble del presupuesto destinado a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El ex candidato presidencial encabezó más tarde la asamblea de Morena en el municipio de Minatitlán, donde insistió en la defensa del crudo.

René Alberto López y Jesús Lastra corresponsales, La Jornada, 1º de febrero.

En México hay una justicia para pobres y otra para ricos: juristas

El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya otorgado un amparo a cinco indígenas por violaciones al debido proceso, pero sólo para efectos –en vez de darloliso y llano, como a Florence Cassez–, demuestra que en México las instituciones de justicia aplican un doble rasero en función del origen étnico o el nivel socioeconómico de las personas involucradas, señaló Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El litigante deploró que el máximo tribunal interprete la Constitución y otras normas de manera discrecional, beneficiando a algunos con amparos que les permiten salir de inmediato de prisión cuando hay faltas al debido proceso, mientras que a otros los obliga a permanecer encarcelados mientras se corrigen las fallas en sus causas judiciales.

Los ministros se vuelven dueños de la interpretación de las leyes. Pueden hacer lo que quieran y no hay ninguna sanción contra ellos, porque gozan de fuero y sólo la Cámara de Diputados puede determinar sus responsabilidades. Se supone que deben garantizar y promover los derechos humanos, pero lo que hacen es debilitarlos por intereses de grupos, alertó.

Por todo ello, no es exagerado decir que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Hay un doble rasero que propicia la inseguridad jurídica, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión y le resta credibilidad a las instituciones.

Carla Michel Salas, también integrante de la ANAD, consideró que la justicia en México no se aplica sólo en favor de algunos grupos, sino que ha sido ineficiente para todos, sin importar si son víctimas o inculpados o si son pobres o ricos.

No sé si se decida por motivos de discriminación, no lo creo. A mí más bien me preocupa que ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o José Ramón Cossío no sean consistentes con sus votaciones en casos de violaciones al debido proceso, aseveró la abogada.

Los consistentes

En contraposición, dijo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero han sido muy consistentes en sus votaciones y sus proyectos. Me llama la atención que el ministro entrante, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y José Ramón Cossío no lo han sido con sus argumentos en el tema del debido proceso, y cómo afecta eso no sólo la forma sino el fondo del asunto. Me gustaría saber qué están pensando exactamente estos magistrados.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 1º de febrero.

Sólo existen 10 defensores en lenguas indígenas

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó criterios tendientes a garantizar a los indígenas del país su derecho al pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta sus usos y costumbres, condición social y económica, y en general su estado de vulnerabilidad. Sin embargo, los buenos deseos del máximo tribunal chocaron con una cruda realidad: el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cuenta únicamente con sólo 10 defensores ‘‘certificados’’ en lenguas indígenas.

Esta realidad quedó plasmada en los cinco amparos que resolvieron los ministros en los que aprobaron los criterios en materia de justicia para indígenas, luego de pedir al IFDP un informe sobre la cantidad de defensores que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para que la defensa de los indígenas esté garantizada.

En un informe que envió el IFDP a la Suprema Corte, sobre la situación que hay con los defensores públicos federales que apoyan a los indígenas sujetos a proceso penal, se señala que los 10 defensores están certificados en las lenguas chinanteca, maya, purépecha, rarámuri, tzetzal, tzotzil, triqui, yaqui y zapoteco.

Compleja tarea

El propio instituto reconoce en su texto que hasta la fecha ha sido incapaz de ‘‘encontrar personas hablantes de todas las lenguas que hay en cada estado’’.

Agrega que es ‘‘un poco compleja la tarea de fomar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lenguas y cultura indígenas’’, porque lo ideal es que el defensor público hable la lengua natal y conozca las costumbres de sus defendidos.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su catálogo oficial, señala que hay en el país 68 agrupaciones lingüísticas y 365 variantes (aunque en el documento aclara que cada una debe ser tratada como una lengua distinta).

El pasado miércoles, los ministros de la primera sala resolvieron cinco amparos presentados por indígenas de Guerrero y de Chiapas (sentenciados por delitos contra la salud, homicidio e intento de violación), en los que concedieron amparo para efecto de que se les dicte nueva sentencia, en razón de que fue violado su derecho al debido proceso, entre otras cosas porque no se cumplió con el artículo segundo constitucional, el cual establece que los indígenas deberán contar con un intérprete para su adecuada defensa.

Jesús Aranda, La Jornada, 1º de febrero.

En lo que va del sexenio de Peña Nieto se han contabilizado mil 758 asesinatos

Del primero de diciembre de 2012 –fecha en que tomó posesión Enrique Peña Nieto– al 31 de enero de este año han sido asesinadas mil 758 personas (28 homicidios diarios en promedio), en hechos presuntamente relacionados con rivalidad entre grupos criminales y enfrentamientos de autoridades con miembros de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, según datos obtenidos de funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas revelaron que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha creado una nueva base de datos de homicidios dolosos que posee criterios tales como entorno del crimen, tipo de arma, lesiones y número de cadáveres localizados en un solo sitio, para evitar que se criminalice a las víctimas o se incluyan casos que no tienen relación con ese tipo de delitos.

Según la información obtenida, en 62 días han sido contabilizados mil 758 homicidios dolosos que tendrían alguna relación con diputas entre grupos criminales o fueron víctimas en enfrentamientos, la mayor parte en Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.

Chihuahua y NL, entidades peligrosas

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre los casos que más han tenido repercusión se encuentra lo sucedido el 7 de diciembre en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando un comando armado asesinó a 11 personas e incendió varias viviendas del lugar; el asesinato de 17 integrantes del grupo musical Kombo Kolombia, en Nuevo León, el pasado 25 de enero, y laejecución de 13 personas entre el 6 y el 8 de enero por parte de Los caballeros templarios, en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

Además, la ola de violencia que se registró en el estado de México, donde se han contabilizado del primero de diciembre de 2012 al 31 de enero de este año 151 personas asesinadas por grupos criminales.

De acuerdo con estadísticas elaboradas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SG), el promedio deejecuciones diarias en el periodo diciembre 2011-enero 2012 fue de 38; en los mismos meses, pero de 2009 y 2010, hubo 35 asesinatos cada 24 horas, que fueron las etapas más violentas durante el gobierno de Felipe Calderón.

Para modificar la percepción social de que el país padece una violencia generalizada, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó que toda la información relacionada con detenciones, enfrentamientos yaseguramientos de droga sea puesta a consideración de la Secretaría de Gobernación y que esa dependencia sea la que se encargue de decidir qué se anuncia.

También se ha establecido que una vez al mes uno de los subsecretarios de Gobernación se encargará de hacer el recuento de resultados; que no habrá presentación de detenidos, no se hará apología de los delitos cometidos, ni se hará mención de organizaciones criminales por su nombre.

Al respecto, la institución de seguridad que ha emitido el mayor número de información relacionada con sus acciones es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que pronto desaparecerá para convertirse en la comisión nacional de seguridad y dependerá totalmente de Gobernación.

La Procuraduría General de la República únicamente ha informado en dos ocasiones de asuntos relacionados con crimen organizado: el 3 de diciembre, acerca de seis detenidos en Coahuila, y el 8 de enero, cuando informó que existe plena cooperación con autoridades de Nicaragua para la investigación que se realiza en ese país en contra de 18 mexicanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solamente ha emitido un comunicado de prensa relacionado con el aseguramiento de droga en lo que va de esta administración, y ello ocurrió el 19 de diciembre, cuando efectivos del Ejército aseguraron 400 kilos de cocaína en el estado de Chiapas. Por su parte, la Marina Armada de México ha emitido 20 comunicados de prensa; de ellos, ocho correspondieron a la detención de un total de 65 personas.

En dos meses de la gestión de Enrique Peña Nieto, el promedio de personas ejecutadas se asemeja a los registros de junio de 2012, cuando oficialmente se contabilizaron 900 casos.

En comparación con el sexenio de Felipe Calderón, en diciembre de 2006 se contabilizaron 62 homicidios; el mismo mes, pero de 2007, fueron 272; el último mes de 2008 la cifra fue de 588 casos; ese mes de 2009 fueron mil 64, y en 2011, mil 700 homicidios.

Los meses de enero del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa registraron las siguientes estadísticas de asesinatos; en 2007, 146; 2008, 306; 2009, 588; 2010, mil 80; en 2011 mil 560.

Gustavo Castillo García, La Jornada, 1º de febrero.

Prevalece la impunidad militar en abusos a derechos humanos: HRW

Nueva York, 31 de enero. La impunidad de las fuerzas de seguridad ante violaciones de garantías individuales cometidas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, las amenazas contra defensores de derechos humanos, la persistencia de la tortura como ‘‘práctica generalizada’’, la ausencia de protección para los derechos de las mujeres, los trabajadores, los migrantes y los periodistas, definen a México en torno a los derechos humanos, según Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

El capítulo dedicado a México delInforme Mundial 2013 señala que las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública incluyen ejecuciones, desapariciones y torturas, y advierte que ‘‘casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país’’. De enero de 2007 a mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) emitió informes sobre 109 casos en donde integrantes del Ejército habían cometido graves violaciones, mientras que en ese periodo recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.

Justicia militar cuestionada

‘‘Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia’’, señala Human Rights Watch. Esos casos se investigan dentro del sistema de justicia castrense, donde la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos entre enero de 2007 y abril de 2012, pero durante ese periodo los jueces condenaron sólo a 38 integrantes de las fuerzas armadas.

El informe de HRW afirma que ‘‘la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México’’ por parte de las autoridades para obtener información y confesiones, y suele aplicarse durante el periodo en que las víctimas son detenidas arbitrariamente antes de ser presentadas a agentes del Ministerio Público. Las tácticas más comunes son golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.

El organismo señala que una razón para la persistencia de estos abusos es la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas por tortura, a pesar de que esto viola la Constitución, y por otro lado, la impunidad. ‘‘Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la CNDH recibió más de 100 denuncias de esta práctica y más de 4 mil 700 de maltrato entre 2007 y 2011’’, afirma. En los centros de detención ‘‘prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene’’, y la mayoría de los reos no cuenta con seguridad básica. Citando a la CNDH, se señala que cerca de 60 por ciento de las prisiones ‘‘están controladas por la delincuencia organizada’’.

Sobre migrantes, el informe subraya que muchos de los cientos de miles que cruzan por México sufren graves abusos, tanto del crimen organizado como de autoridades u oficiales mexicanos. Informa que, según la CNDH, cerca de 22 mil migrantes son secuestrados cada año.

Libertades y derechos suprimidos

En el rubro de libertad de expresión, HRW resalta los ataques y presiones contra periodistas, sobre todo aquellos que se han dedicado a denunciar narcotráfico o que ‘‘han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades’’. Denuncia que las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente delitos contra miembros de la prensa, ni protegido a periodistas vulnerables, ‘‘lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura’’. Informa que entre 2006 y mediados de 2012, se registraron más de 630 denuncias por agresiones contra la prensa, y la fiscalía especial dedicada a este ámbito sólo ha logrado obtener una condena penal desde que fue creada en 2006.

HRW reporta que las leyes y autoridades en México ‘‘no ofrecen protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual’’. En torno a los derechos reproductivos, informa que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal legalizando el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, desde entonces 16 de los 32 estados han adoptado reformas reconociendo ‘‘el derecho a la vida’’ desde la concepción, limitando así el derecho de las mujeres a la salud.

En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.

El capítulo del informe se puede revisar en: http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202

David Brooks, La Jornada, 1º de febrero.