Un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue suscrito ayer por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por Gobernadores, Alcaldes, organizaciones sociales, religiosas, el sector productivo y medios de comunicación.
El acuerdo de 74 puntos, incluye plazos en los que deben cumplirse los compromisos suscritos.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, expuso al dar lectura al acuerdo que, en seis meses, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República deben articular junto con los gobiernos estatales una estrategia nacional contra el secuestro.
Para fortalecer el sistema penitenciario, la SSP federal se comprometió a construir en dos años dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, los cuales incluirán módulos especiales para secuestradores.
A nivel legislativo, el Congreso de la Unión se comprometió a prever, en la ley de ejecuciones de sanciones penales, que se impida la preliberación en secuestro y delitos cometidos con violencia, así como impulsar una ley general del delito del secuestro.
El Congreso nacional y los locales, vigilarán también que los recursos sean etiquetados para fortalecer el equipamiento de las policías de los estados.
"El acuerdo es un mecanismo de los tres poderes y tres órdenes de Gobierno a fin de que cada uno desarrolle acciones específicas en favor de la seguridad", explicó Campa.
Entre los compromisos firmados, destacó la depuración de policías en los tres órdenes de Gobierno y la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza en un año.
Entre los funcionarios sujetos a confianza se contemplan al personal de instituciones federales, aduanas, de justicia, de centros de readaptación social, Hacienda y la Segob.
La SSP y la PGR, dijo, se comprometen a realizar en seis meses el perfeccionamiento del reclutamiento de los elementos de las instituciones federales. También a desarrollar un sistema de control para los Ministerios Públicos en dos años.
Asimismo, se asignarán apoyos presupuestales a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y a la Unidad contra el Lavado de Dinero, y se fortalecerá el sistema de denuncia contra la corrupción de funcionarios.
El acuerdo prevé que la SSP y la PGR presenten en seis meses una Estrategia Nacional contra el narcomenudeo, que se actualicen las licencias de portación de armas que expida la Defensa Nacional y se consolide un sistema único de información criminal.
Además, en un año se desarrollará el uso de la tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia a través de Plataforma México, y se implementarán campañas para que el sector productivo, agrupaciones sociales y religiosas y medios de comunicación fomenten mediante campañas la cultura de la legalidad y de la denuncia.
A través de sus Procuradurías, los estados del país se comprometieron a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos.
"En materia de secuestro, se crearán unidades especializadas para desarticular a las bandas dedicadas al secuestro e intercambiar información al respecto. Así como la implementación del sistema único de información sobre delincuencia organizada", dijo el funcionario.
Los municipios, añadió, evaluarán al personal de la Policía municipal y centros de readaptación social, se sujetará la permanencia de policías a controles de confianza y a fortalecer la interconexión a sistemas de Plataforma México para el registro de información sustantiva.
Las metas
Algunos de los acuerdos suscritos ayer en Palacio Nacional:
1 Depurar en un año las Policías y las instituciones de procuración de justicia.
2 Crear unidades antisecuestros en todos los estados.
3 Construir dos penales federales con espacios aislados para secuestradores.
4 Crear mecanismos ciudadanos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción.
5 Consolidar Plataforma México, con bases de datos de estados y municipios.
6 Asegurar la cobertura nacional del número 089 para denuncias anónimas.
7 Regular en seis meses el registro y acceso a la base de datos de telefonía móvil y fija para ubicar en tiempo real la ubicación de los que sean utilizados en delitos.
8 Concretar reformas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro, extorsión y otros cometidos con violencia.
9 Nueva ley específica sobre el delito del secuestro.
10 Dar celeridad en los procesos y concentrar en penales de alta seguridad a acusados de delincuencia organizada.
11 Fortalecer control de procesados en libertad con un sistema biométrico.
El acuerdo de 74 puntos, incluye plazos en los que deben cumplirse los compromisos suscritos.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, expuso al dar lectura al acuerdo que, en seis meses, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República deben articular junto con los gobiernos estatales una estrategia nacional contra el secuestro.
Para fortalecer el sistema penitenciario, la SSP federal se comprometió a construir en dos años dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, los cuales incluirán módulos especiales para secuestradores.
A nivel legislativo, el Congreso de la Unión se comprometió a prever, en la ley de ejecuciones de sanciones penales, que se impida la preliberación en secuestro y delitos cometidos con violencia, así como impulsar una ley general del delito del secuestro.
El Congreso nacional y los locales, vigilarán también que los recursos sean etiquetados para fortalecer el equipamiento de las policías de los estados.
"El acuerdo es un mecanismo de los tres poderes y tres órdenes de Gobierno a fin de que cada uno desarrolle acciones específicas en favor de la seguridad", explicó Campa.
Entre los compromisos firmados, destacó la depuración de policías en los tres órdenes de Gobierno y la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza en un año.
Entre los funcionarios sujetos a confianza se contemplan al personal de instituciones federales, aduanas, de justicia, de centros de readaptación social, Hacienda y la Segob.
La SSP y la PGR, dijo, se comprometen a realizar en seis meses el perfeccionamiento del reclutamiento de los elementos de las instituciones federales. También a desarrollar un sistema de control para los Ministerios Públicos en dos años.
Asimismo, se asignarán apoyos presupuestales a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y a la Unidad contra el Lavado de Dinero, y se fortalecerá el sistema de denuncia contra la corrupción de funcionarios.
El acuerdo prevé que la SSP y la PGR presenten en seis meses una Estrategia Nacional contra el narcomenudeo, que se actualicen las licencias de portación de armas que expida la Defensa Nacional y se consolide un sistema único de información criminal.
Además, en un año se desarrollará el uso de la tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia a través de Plataforma México, y se implementarán campañas para que el sector productivo, agrupaciones sociales y religiosas y medios de comunicación fomenten mediante campañas la cultura de la legalidad y de la denuncia.
A través de sus Procuradurías, los estados del país se comprometieron a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos.
"En materia de secuestro, se crearán unidades especializadas para desarticular a las bandas dedicadas al secuestro e intercambiar información al respecto. Así como la implementación del sistema único de información sobre delincuencia organizada", dijo el funcionario.
Los municipios, añadió, evaluarán al personal de la Policía municipal y centros de readaptación social, se sujetará la permanencia de policías a controles de confianza y a fortalecer la interconexión a sistemas de Plataforma México para el registro de información sustantiva.
Las metas
Algunos de los acuerdos suscritos ayer en Palacio Nacional:
1 Depurar en un año las Policías y las instituciones de procuración de justicia.
2 Crear unidades antisecuestros en todos los estados.
3 Construir dos penales federales con espacios aislados para secuestradores.
4 Crear mecanismos ciudadanos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción.
5 Consolidar Plataforma México, con bases de datos de estados y municipios.
6 Asegurar la cobertura nacional del número 089 para denuncias anónimas.
7 Regular en seis meses el registro y acceso a la base de datos de telefonía móvil y fija para ubicar en tiempo real la ubicación de los que sean utilizados en delitos.
8 Concretar reformas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro, extorsión y otros cometidos con violencia.
9 Nueva ley específica sobre el delito del secuestro.
10 Dar celeridad en los procesos y concentrar en penales de alta seguridad a acusados de delincuencia organizada.
11 Fortalecer control de procesados en libertad con un sistema biométrico.
Benito Jiménez, Reforma, 22 de agosto.
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