Ixtapa Zihuatanejo, 1° de agosto. En el próximo periodo de sesiones que se inicia el primero de septiembre, una de las prioridades para la fracción del PAN en el Senado de la República es la aprobación del paquete de leyes en materia secundaria que permitirán aterrizar la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia.
Este tema lo discutieron los senadores panistas con el secretario de Gobernación, Juan Camilio Mouriño, aunque no quedó claro si las iniciativas serán presentadas por el Ejecutivo federal o por los legisladores.
Se trata de modificaciones a diversos ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Pública, a fin de armonizar disposiciones de la Carta Magna en materia de espionaje telefónico, arraigos, el nuevo sistema de juicios orales y la homologación del marco legal para todas las corporaciones policiacas.
Al respecto, el senador Santiago Creel Miranda comentó que aunque la prioridad en este periodo ordinario de sesiones es la reforma energética, el otro tema toral para los miembros de su bancada es “darle sentido” a las recientes disposiciones constitucionales sobre justicia penal.
Es necesario, explicó, el andamiaje para la transición al sistema penal basado en los juicios orales, que deberá entrar en vigor dentro de ocho años. Ese es el plazo establecido y la intención es que al llegar al mismo, pueda funcionar a plenitud.
El también presidente del Senado explicó que es necesario modificar los códigos penales para especificar, con toda claridad, los límites para las intercepciones telefónicas y arraigos domiciliarios, que fueron algunos de los temas más cuestionados de esa reforma.
“En ambos casos tienen que cumplirse una serie de requisitos, entre ellos que se trate de delitos del crimen organizado y que medie una resolución judicial”. Detalló que la intención es que sean mecanismos con controles, pero eficaces.
Respecto a la homologación de los sistemas de operación de las corporaciones policiacas, aclaró, que ello no implica subordinación de los organismos estatales o locales a los federales.
“Hay que respetar el pacto federal y los ámbitos de competencia” y en ese sentido, la legislación secundaria contendrá criterios iguales en materia de capacitación, equipo, información y comunicación, para todazs las corporaciones policiacas del país.
Este tema lo discutieron los senadores panistas con el secretario de Gobernación, Juan Camilio Mouriño, aunque no quedó claro si las iniciativas serán presentadas por el Ejecutivo federal o por los legisladores.
Se trata de modificaciones a diversos ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Pública, a fin de armonizar disposiciones de la Carta Magna en materia de espionaje telefónico, arraigos, el nuevo sistema de juicios orales y la homologación del marco legal para todas las corporaciones policiacas.
Al respecto, el senador Santiago Creel Miranda comentó que aunque la prioridad en este periodo ordinario de sesiones es la reforma energética, el otro tema toral para los miembros de su bancada es “darle sentido” a las recientes disposiciones constitucionales sobre justicia penal.
Es necesario, explicó, el andamiaje para la transición al sistema penal basado en los juicios orales, que deberá entrar en vigor dentro de ocho años. Ese es el plazo establecido y la intención es que al llegar al mismo, pueda funcionar a plenitud.
El también presidente del Senado explicó que es necesario modificar los códigos penales para especificar, con toda claridad, los límites para las intercepciones telefónicas y arraigos domiciliarios, que fueron algunos de los temas más cuestionados de esa reforma.
“En ambos casos tienen que cumplirse una serie de requisitos, entre ellos que se trate de delitos del crimen organizado y que medie una resolución judicial”. Detalló que la intención es que sean mecanismos con controles, pero eficaces.
Respecto a la homologación de los sistemas de operación de las corporaciones policiacas, aclaró, que ello no implica subordinación de los organismos estatales o locales a los federales.
“Hay que respetar el pacto federal y los ámbitos de competencia” y en ese sentido, la legislación secundaria contendrá criterios iguales en materia de capacitación, equipo, información y comunicación, para todazs las corporaciones policiacas del país.
Andra Becerril, La Jornada, 2 de agosto.
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