Cemex informó ayer por la noche a través de un comunicado que presentará una demanda de arbitraje internacional ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones, “debido a la confiscación de los bienes y privación de derechos de Cemex Venezuela y el inicio del procedimiento de expropiación por el gobierno de Venezuela”.
La cementera mexicana calificó la confiscación e inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela.
Además de no respetar los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones que prohiben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación.
En el comunicado la empresa mexicana explicó que no pudo aceptar la propuesta de compensación que ofreció el gobierno de Venezuela, ya que consideró que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real de la misma, aunque no detalló el valor que considera tienen su filial en el país sudamericano.
Además, dijo, la oferta presentada es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de ingresos antes de intereses e impuestos.
La compañía a cargo de Lorenzo Zambrano añadió que siempre ha mantenido una posición de respeto a las decisiones soberanas de los Estados en donde opera, por lo que como empresa pública internacional tiene la obligación ante sus accionistas de defender los intereses de la firma.
Reiteró que la empresa “siempre ha estado disponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”.
El lunes pasado, la administración del presidente venezolano Hugo Chávez anunció que no había llegado a un acuerdo con la cementera mexicana, por lo que se inició el proceso de expropiación de los activos de la empresa regiomontana.
El vicepresidente ejecutivo de la nación sudamericana, Ramón Carrizalez, señaló ese día en un comunicado que el monto de venta que piden los empresarios mexicanos de mil 300 millones estaba muy por encima del valor real de la compañía.
Venezuela llegó el lunes a un acuerdo con las cementeras Lafarge y Holcim para tomar el control de sus operaciones.
La cementera mexicana calificó la confiscación e inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela.
Además de no respetar los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones que prohiben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación.
En el comunicado la empresa mexicana explicó que no pudo aceptar la propuesta de compensación que ofreció el gobierno de Venezuela, ya que consideró que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real de la misma, aunque no detalló el valor que considera tienen su filial en el país sudamericano.
Además, dijo, la oferta presentada es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de ingresos antes de intereses e impuestos.
La compañía a cargo de Lorenzo Zambrano añadió que siempre ha mantenido una posición de respeto a las decisiones soberanas de los Estados en donde opera, por lo que como empresa pública internacional tiene la obligación ante sus accionistas de defender los intereses de la firma.
Reiteró que la empresa “siempre ha estado disponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”.
El lunes pasado, la administración del presidente venezolano Hugo Chávez anunció que no había llegado a un acuerdo con la cementera mexicana, por lo que se inició el proceso de expropiación de los activos de la empresa regiomontana.
El vicepresidente ejecutivo de la nación sudamericana, Ramón Carrizalez, señaló ese día en un comunicado que el monto de venta que piden los empresarios mexicanos de mil 300 millones estaba muy por encima del valor real de la compañía.
Venezuela llegó el lunes a un acuerdo con las cementeras Lafarge y Holcim para tomar el control de sus operaciones.
Noé Cruz Serrano, El Universal, 21 de agosto.
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