BOGOTÁ.- El escándalo de la "parapolítica", como se llama en Colombia a las investigaciones de presuntos nexos entre políticos y paramilitares, volvió a enfrentar ayer a la Corte Suprema de Justicia, que lidera los procesos, con el Presidente Álvaro Uribe.
Al trascender que dos emisarios paramilitares visitaron la presidencial Casa de Nariño hace unos meses, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, denunció un supuesto complot de funcionarios del Gobierno para enlodar al alto tribunal.
Uribe negó que estas visitas fueran clandestinas y que buscaran desacreditar a la Corte Suprema, recriminó a uno de sus magistrados investigadores practicar el tráfico de testigos y cuestionó que la justicia no hubiera perseguido antes el paramilitarismo.
El nuevo escándalo estalló cuando medios locales revelaron que Diego Álvarez, abogado del temido jefe paramilitar "Don Berna", extraditado a Estados Unidos, y el desmovilizado paramilitar Antonio López, alias "Job", asesinado el mes pasado, visitaron hace unos meses al secretario jurídico de la presidencial Casa de Nariño, Edmundo Del Castillo.
El vocero de la presidencia, César Mauricio Velásquez, también se hizo presente en la reunión.
Molesto, Ricaurte exigió una explicación a Uribe y pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar un supuesto complot de estos dos asesores presidenciales con paramilitares para enlodar al alto tribunal y restar credibilidad a sus investigaciones.
"Yo aspiro a que el Presidente de la República dé una explicación a la Corte sobre esta situación, pero aquí se viene a demostrar que hay un sector del Gobierno que está haciendo montajes contra la Corte, aliado con los jefes paramilitares para enlodarla", fustigó Ricaurte.
"Aquí hay un complot de un sector del Gobierno, en alianza con los paramilitares, para desacreditar a la Corte Suprema. Denunciaremos esa estrategia ante la Corte Penal Internacional", agregó.
Álvarez y López habrían visitado la Casa de Nariño para entregar supuestas evidencias de que investigadores de la Corte Suprema buscaban testimonios que implicaran al Presidente Uribe en el escándalo de la parapolítica.
Fiel a su estilo de hacer frente a las denuncias, el Mandatario colombiano salió ayer a clarificar las circunstancias de la visita de los emisarios paramilitares.
Empezó por aclarar que el Ejecutivo está abierto a recibir denuncias de informantes, que la visita de los emisarios no fue clandestina -como denunció Ricaurte-, para lo cual mostró una cinta de seguridad que registró su ingreso, y negó que el objetivo fuera enlodar a la Corte.
Además, hizo ver que si hubieran querido enlodarla, habrían dado a conocer las denuncias de los emisarios aunque no fueran sólidas y sin el peritaje de los organismos de seguridad.
"El Gobierno nada ha dicho porque nos parecía injusto, con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema", justificó Uribe.
No obstante, acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador de la Corte, de emborracharse y traficar con testigos.
Los conflictos
Álvaro Uribe ya ha tenido varios enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia porque:
· La institución judicial ha acusado a 60 legisladores de tener nexos con paramilitares, en su mayoría pertenecientes a la coalición gubernamental, 30 de los cuales están presos.
· En mayo y junio, las revelaciones de Yidis Medina, una ex congresista que reveló en un video que fue sobornada por el Gobierno de Uribe para que a éste se le facilitara participar en un nuevo mandato presidencial, crearon un escándalo que llevó a la Corte Suprema a pedir a la Corte Constitucional y a la Procuraduría revisar la legalidad del acto que permitió la reelección del Mandatario en 2006. En seguida, el Presidente colombiano convocó a un referendo para repetir esos comicios.
Al trascender que dos emisarios paramilitares visitaron la presidencial Casa de Nariño hace unos meses, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, denunció un supuesto complot de funcionarios del Gobierno para enlodar al alto tribunal.
Uribe negó que estas visitas fueran clandestinas y que buscaran desacreditar a la Corte Suprema, recriminó a uno de sus magistrados investigadores practicar el tráfico de testigos y cuestionó que la justicia no hubiera perseguido antes el paramilitarismo.
El nuevo escándalo estalló cuando medios locales revelaron que Diego Álvarez, abogado del temido jefe paramilitar "Don Berna", extraditado a Estados Unidos, y el desmovilizado paramilitar Antonio López, alias "Job", asesinado el mes pasado, visitaron hace unos meses al secretario jurídico de la presidencial Casa de Nariño, Edmundo Del Castillo.
El vocero de la presidencia, César Mauricio Velásquez, también se hizo presente en la reunión.
Molesto, Ricaurte exigió una explicación a Uribe y pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar un supuesto complot de estos dos asesores presidenciales con paramilitares para enlodar al alto tribunal y restar credibilidad a sus investigaciones.
"Yo aspiro a que el Presidente de la República dé una explicación a la Corte sobre esta situación, pero aquí se viene a demostrar que hay un sector del Gobierno que está haciendo montajes contra la Corte, aliado con los jefes paramilitares para enlodarla", fustigó Ricaurte.
"Aquí hay un complot de un sector del Gobierno, en alianza con los paramilitares, para desacreditar a la Corte Suprema. Denunciaremos esa estrategia ante la Corte Penal Internacional", agregó.
Álvarez y López habrían visitado la Casa de Nariño para entregar supuestas evidencias de que investigadores de la Corte Suprema buscaban testimonios que implicaran al Presidente Uribe en el escándalo de la parapolítica.
Fiel a su estilo de hacer frente a las denuncias, el Mandatario colombiano salió ayer a clarificar las circunstancias de la visita de los emisarios paramilitares.
Empezó por aclarar que el Ejecutivo está abierto a recibir denuncias de informantes, que la visita de los emisarios no fue clandestina -como denunció Ricaurte-, para lo cual mostró una cinta de seguridad que registró su ingreso, y negó que el objetivo fuera enlodar a la Corte.
Además, hizo ver que si hubieran querido enlodarla, habrían dado a conocer las denuncias de los emisarios aunque no fueran sólidas y sin el peritaje de los organismos de seguridad.
"El Gobierno nada ha dicho porque nos parecía injusto, con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema", justificó Uribe.
No obstante, acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador de la Corte, de emborracharse y traficar con testigos.
Los conflictos
Álvaro Uribe ya ha tenido varios enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia porque:
· La institución judicial ha acusado a 60 legisladores de tener nexos con paramilitares, en su mayoría pertenecientes a la coalición gubernamental, 30 de los cuales están presos.
· En mayo y junio, las revelaciones de Yidis Medina, una ex congresista que reveló en un video que fue sobornada por el Gobierno de Uribe para que a éste se le facilitara participar en un nuevo mandato presidencial, crearon un escándalo que llevó a la Corte Suprema a pedir a la Corte Constitucional y a la Procuraduría revisar la legalidad del acto que permitió la reelección del Mandatario en 2006. En seguida, el Presidente colombiano convocó a un referendo para repetir esos comicios.
Octavio Pineda, corresponsal, Reforma, 26 de agosto.
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