Según informó ayer la prensa oficial, dicha resolución establece que todas las empresas cubanas productoras de software y comercializadoras deben registrar sus productos, obligatoriamente y antes de que acabe agosto, en la recién creada Agencia de Control y Supervisión.
Sin precisar la fecha, el diario Granma señaló que la nueva normativa entró en vigor este año y va dirigida a ordenar los procesos de producción y comercialización en esa industria, así como a evitar esfuerzos y erogaciones de divisas motivados por el desconocimiento de los productos existentes en el país.
La resolución contempla sanciones para los infractores que van desde duplicar o triplicar su cuota de registro, al pago de multas al Ministerio de Comercio Interior y la suspensión o cancelación definitiva de los permisos de comercialización.
El Gobierno de Raúl Castro liberó en abril la venta de computadoras y accesorios en las tiendas estatales, pero no así el acceso a software.
Hasta ahora, a los cubanos les faltan proveedores de programas legales y respaldo del servicio técnico, por lo que las computadoras particulares se mantienen gracias a la piratería y el mercado negro de software.
Desde hace una década, arreglar averías, configurar y optimizar ordenadores, colocar o actualizar antivirus es un buen negocio para técnicos informáticos a domicilio que dan los servicios desatendidos hasta ahora por el Estado.
El diario Juventud Rebelde se hizo eco del reclamo de los usuarios que se ven obligados a acudir a técnicos privados, muy caros para sus ingresos, y advirtió que muchos de los productos que utilizan esos especialistas son copiados ilegalmente, violando normas internacionales de las cuales Cuba es signataria.
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