‘Cumbre’ contra crimen, en 7 días

Luego de roces y posiciones encontradas entre el presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard por el tema de la inseguridad, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convocó al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a reunirse el jueves en el Palacio Nacional, para definir una estrategia conjunta de combate a la delincuencia.

A la reunión se invitó al presidente Felipe Calderón, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del DF, así como al gabinete de seguridad y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, Mouriño dijo que esta convocatoria se da como una primera acción para atender el el “justo reclamo” de una sociedad que ha dicho “¡ya basta!” ante la inseguridad pública.

A lo largo del día, Calderón y Ebrard atizaron sus diferencias por la forma como tendría que darse la coordinación para enfrentar la espiral de inseguridad que se vive en el país, particularmente en la zona metropolitana de la ciudad de México.

Calderón dijo que es importante atender el problema de la inseguridad “independientemente del origen político o partidista de los gobernantes”. Y consideró: “Creo que todos tenemos una parte qué hacer en el combate a la delincuencia”.

Ebrard propuso primero una cumbre en la capital mexicana en la que participen todos los gobernadores del país, mientras que Calderón pidió utilizar el Consejo Nacional de Seguridad Pública —creado en 1995— “por ser el instrumento legal” para tratar el tema.

Marcelo Ebrard dijo que la coordinación debe darse a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que sólo ha asistido en una ocasión desde el 2006.

Ayer, propuso 10 puntos, que incluye la construcción de penales de máxima seguridad para secuestradores y delincuentes del orden federal; regular la telefonía celular para combatir las extorsiones telefónicas y crear un órgano ciudadano nacional de seguridad pública que evalúe el desempeño de los cuerpos policiacos.

También planteó medidas para controlar el tráfico de armas, la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las carreteras federales, y la garantía de acceso para todas las procuradurías estatales a la información relacionada con secuestros que tenga el gobierno federal. Además, el establecimiento de un programa de empleo en las zonas de mayor incidencia delictiva y la instrumentación de un sistema nacional de evaluación de los órganos de seguridad y procuración de justicia.

Más tarde, en una gira por Puebla, Calderón reviró y dijo que es en el Consejo Nacional de Seguridad Pública donde se debe tratar el tema y por ello convocó a este órgano a una reunión. Dio a conocer que recibió en Los Pinos a la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien le propuso varias medidas contra el secuestro, todas ellas aceptadas “en un principio” por el mandatario, según él mismo lo señaló.

Calderón reiteró su voluntad de participar en una reunión con el jefe de Gobierno de la capital en un plazo máximo de 30 días y sin ninguna objeción; sin embargo, precisó que el lugar para el encuentro debe ser el CNSP. Esto, dijo, en atención a la exigencia legítima de los ciudadanos. Por ello instruía a miembros del gabinete de seguridad a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública “donde estamos reunidos autoridades federales y locales con ciudadanos para analizar estos temas”.

Explicó que este Consejo es el instrumento legal en el cual “podemos participar cada quien asumiendo su responsabilidad y en donde, a nombre del gobierno federal, como Presidente de la República, manifiesto la expresa voluntad del gobierno a apoyar a la ciudadanía, a escuchar sus justos reclamos y a redoblar el esfuerzo para derrotar a la delincuencia en el país”.
Horacio Jiménez, Alberto Cuenca y Sergio Jiménez, El Universal, 15 de agosto.

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