En lo que fue el primer pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre el repunte de la violencia y los secuestros en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, justificó el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia pues, dijo, es una reacción natural “al sentir amenazada su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”.
En la Corte y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, “no somos ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos”, puntualizó el ministro.
Además, en una inusual crítica al Poder Legislativo, Ortiz Mayagoitia aseveró que para “consolidar y construir” nuestro sistema de justicia y de seguridad pública aún es necesario que el Congreso expida “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”, para que así “el derecho corresponda a las necesidades de su momento”.
Las disposiciones jurídicas, precisó, particularmente las que establecen los delitos y castigos, “deben ser claras, contundentes y precisas”, tal como lo establece el artículo 14 constitucional.
El ministro insistió en sus recomendaciones a los legisladores sobre que la ley debe determinar “procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.
En víspera de que el Congreso analice el proyecto de ley presentado por el presidente Felipe Calderón sobre el establecimiento de la cadena perpetua a los secuestradores, bajo determinadas circunstancias, Ortiz Mayagoitia señaló que “el debido proceso”, es decir, las formalidades que deben seguirse en los juicios, forman parte de las garantías más valiosas de los ciudadanos, además de ser “una condición de efectividad para el estado de derecho”.
Durante una sesión de pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se tomó protesta a 38 jueces y magistrados federales, el ministro dejó en claro su adhesión al llamado del presidente Felipe Calderón para que todas las fuerzas del Estado mexicano se unan en la lucha contra el flagelo de la delincuencia.
Consideró que para construir y consolidar un sistema de justicia y de seguridad pública eficientes se requiere cumplir con tres tareas: la primera es de los legisladores, quienes deben redactar leyes útiles para el derecho; la segunda corresponde a los procuradores de Justicia, que están obligados a prevenir los delitos y a detener a los criminales; la tercera es de los jueces, quienes deben juzgar con independencia, objetividad e imparcialidad. De las tres tareas, la más importante es la que compete al ámbito de la procuración de justicia, aunque “la prevención no basta, es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”, consideró el presidente de la Suprema Corte.
“Mucho contribuirá al sistema de justicia el que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”, puntualizó el ministro Ortiz Mayagoitia.
La cuota para los legisladores es reformar la normatividad penal, a fin de que los procedimientos judiciales sean ineludibles y faciliten a los juzgadores el imponer sanciones.
Sobre la contribución de jueces, magistrados y ministros, dijo que les corresponde asumir su tarea “con toda seriedad, ejerciendo a cabalidad sus funciones y respetando nuestros límites constitucionales”. Agregó que el Poder Judicial “tiene la tarea de sentenciar todos los casos que se someten a su potestad, sujetando su autoridad al procedimiento que señalan las leyes.
En la Corte y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, “no somos ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos”, puntualizó el ministro.
Además, en una inusual crítica al Poder Legislativo, Ortiz Mayagoitia aseveró que para “consolidar y construir” nuestro sistema de justicia y de seguridad pública aún es necesario que el Congreso expida “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”, para que así “el derecho corresponda a las necesidades de su momento”.
Las disposiciones jurídicas, precisó, particularmente las que establecen los delitos y castigos, “deben ser claras, contundentes y precisas”, tal como lo establece el artículo 14 constitucional.
El ministro insistió en sus recomendaciones a los legisladores sobre que la ley debe determinar “procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.
En víspera de que el Congreso analice el proyecto de ley presentado por el presidente Felipe Calderón sobre el establecimiento de la cadena perpetua a los secuestradores, bajo determinadas circunstancias, Ortiz Mayagoitia señaló que “el debido proceso”, es decir, las formalidades que deben seguirse en los juicios, forman parte de las garantías más valiosas de los ciudadanos, además de ser “una condición de efectividad para el estado de derecho”.
Durante una sesión de pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se tomó protesta a 38 jueces y magistrados federales, el ministro dejó en claro su adhesión al llamado del presidente Felipe Calderón para que todas las fuerzas del Estado mexicano se unan en la lucha contra el flagelo de la delincuencia.
Consideró que para construir y consolidar un sistema de justicia y de seguridad pública eficientes se requiere cumplir con tres tareas: la primera es de los legisladores, quienes deben redactar leyes útiles para el derecho; la segunda corresponde a los procuradores de Justicia, que están obligados a prevenir los delitos y a detener a los criminales; la tercera es de los jueces, quienes deben juzgar con independencia, objetividad e imparcialidad. De las tres tareas, la más importante es la que compete al ámbito de la procuración de justicia, aunque “la prevención no basta, es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”, consideró el presidente de la Suprema Corte.
“Mucho contribuirá al sistema de justicia el que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”, puntualizó el ministro Ortiz Mayagoitia.
La cuota para los legisladores es reformar la normatividad penal, a fin de que los procedimientos judiciales sean ineludibles y faciliten a los juzgadores el imponer sanciones.
Sobre la contribución de jueces, magistrados y ministros, dijo que les corresponde asumir su tarea “con toda seriedad, ejerciendo a cabalidad sus funciones y respetando nuestros límites constitucionales”. Agregó que el Poder Judicial “tiene la tarea de sentenciar todos los casos que se someten a su potestad, sujetando su autoridad al procedimiento que señalan las leyes.
Alfredo Méndez, La Jornada, 13 de agosto.
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