Fallan el Congreso y el MP: la Corte

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, criticó la actuación de las procuradurías, de manera particular, la de los ministerios públicos, por la mala integración de las averiguaciones previas que han permitido que los presuntos delincuentes obtengan su libertad, y también responsabilizó a los legisladores por la situación que se vive.

Ante los “serios problemas delictivos de nuestro país”, consideró el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, la prevención no basta, es preciso, dijo, adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen.

“Mucho contribuirá al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales, estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial, con el profesionalismo y la calidad que amerita este sensible problema en la actualidad”, señaló.

Al tomar protesta a 38 nuevos jueces y magistrados, el ministro presidente reconoció que “es claramente justificada la indignación de la sociedad al sentir amenazada la tranquilidad y su seguridad personal y familiar”, por lo que también responsabilizó a los legisladores por la situación que se vive.

Ortiz Mayagoitia recordó que para construir y consolidar nuestro sistema de justicia y de seguridad pública, el Estado debe expedir leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles, para que el derecho responda a las necesidades de su momento.

“Las disposiciones jurídicas —particularmente las que establecen los delitos y los castigos— deben ser claras, contundentes y precisas, como lo exige nuestro artículo
14 constitucional.

“La ley también debe determinar procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”, consideró.

En esa medida, dijo, el debido proceso (que representa las formalidades esenciales del procedimiento) forma parte de las garantías más valiosas de los gobernados, y es una condición de efectividad para el Estado de Derecho.

El presidente de la SCJN dijo que al Poder Judicial de la Federación le corresponde “la importante tarea de sentenciar” todos los casos que se someten a su potestad, pero sujetando siempre su autoridad al procedimiento que señalan las leyes.

“A la justicia constitucional le corresponde la tarea de vigilar que las leyes, las acciones persecutorias y las sentencias, se apeguen invariablemente a los principios consagrados en nuestra Constitución”.

En la SCJN y en el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, reconoció, no son ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos.

“El principio constitucional de la división de poderes nos otorga un mandato específico y nos asigna una tarea a la que debemos ser absolutamente fieles: impartir justicia de forma imparcial, objetiva e independiente. Esa es nuestra contribución al sistema de justicia y a la seguridad pública”, indicó.

En el Poder Judicial de la Federación, dijo, asumimos esa tarea con toda seriedad, ejerciendo a cabalidad nuestras atribuciones, y respetando inquebrantablemente nuestros límites constitucionales.

A viva voz

Guillermo Ortiz Mayagoitia
• “Mucho contribuirá al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”.
Vicente Hernández, Milenio, 13 de agosto.

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