El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, llamó a no permitir “que los criminales secuestren la seguridad de los mexicanos” e invitó de nueva cuenta a gobernadores, alcaldes, poderes de la Unión y a la sociedad a suscribir el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.
Sostuvo que el pacto, “más allá de buenas intenciones” debe contener compromisos concretos del Poder Ejecutivo, gobiernos estatales, ayuntamientos, poderes legislativos y judiciales (federal y locales) y todos los sectores.
“Es tiempo de escuchar el reclamo de la sociedad y de actuar en consecuencia depurando todos los cuerpos policiacos para garantizar que quien tenga una placa y un arma del Estado mexicano esté realmente al servicio de los ciudadanos y no trabajando por los delincuentes”, anotó.
“Es absolutamente necesario y urgente” que cada gobierno estatal y municipal someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad, particularmente a quienes formen parte de grupos o unidades de combate al secuestro.
Consideró que es el momento de que en México se dé una nueva conciencia cívica basada en cumplimiento del deber ciudadano, respeto a las instituciones, disposición al diálogo y búsqueda de las coincidencias.
Por separado, el presidente del Senado, Santiago Creel, informó que propondrá al secretario de Gobernación la creación de un observatorio o instituto ciudadano de seguridad pública para atacar de fondo la inseguridad.
El senador panista indicó que este miércoles se reunirá con el titular de la dependencia, donde también estará presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, para detallar el contenido de un acuerdo nacional contra la inseguridad.
Explicó que el observatorio ciudadano sobre seguridad pública sería un organismo autónomo similar al IFE, que vigile las acciones del sistema de justicia, registre los compromisos no cumplidos y permita conocer las estadísticas criminales.
Sostuvo que el pacto, “más allá de buenas intenciones” debe contener compromisos concretos del Poder Ejecutivo, gobiernos estatales, ayuntamientos, poderes legislativos y judiciales (federal y locales) y todos los sectores.
“Es tiempo de escuchar el reclamo de la sociedad y de actuar en consecuencia depurando todos los cuerpos policiacos para garantizar que quien tenga una placa y un arma del Estado mexicano esté realmente al servicio de los ciudadanos y no trabajando por los delincuentes”, anotó.
“Es absolutamente necesario y urgente” que cada gobierno estatal y municipal someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad, particularmente a quienes formen parte de grupos o unidades de combate al secuestro.
Consideró que es el momento de que en México se dé una nueva conciencia cívica basada en cumplimiento del deber ciudadano, respeto a las instituciones, disposición al diálogo y búsqueda de las coincidencias.
Por separado, el presidente del Senado, Santiago Creel, informó que propondrá al secretario de Gobernación la creación de un observatorio o instituto ciudadano de seguridad pública para atacar de fondo la inseguridad.
El senador panista indicó que este miércoles se reunirá con el titular de la dependencia, donde también estará presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, para detallar el contenido de un acuerdo nacional contra la inseguridad.
Explicó que el observatorio ciudadano sobre seguridad pública sería un organismo autónomo similar al IFE, que vigile las acciones del sistema de justicia, registre los compromisos no cumplidos y permita conocer las estadísticas criminales.
Notimex, Milenio, 13 de agosto.
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