El presidente Felipe Calderón enviará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de ley y reformas a por lo menos cinco ordenamientos federales, como medida para reforzar el combate a la inseguridad.
Los integrantes del Gabinete de Seguridad informaron a la diputada Ruth Zavaleta y al senador Santiago Creel, que en el próximo periodo ordinario de sesiones, a iniciarse el 1 de septiembre, se enviarán al Congreso iniciativas para reformar los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se sumarán a la iniciativa de Calderón enviada en marzo de 2007 sobre los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, que prevén sanciones a los secuestradores con prisión vitalicia.
Además, se pondrán a consideración de legisladores nuevas leyes que regulen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal y de Extinción de Dominio.
Ayer se reunieron los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Defensa, Guillermo Galván; Marina, Mariano Francisco Saynez; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés.
Estuvieron en Gobernación los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Ruth Zavaleta y Santiago Creel.
En la reunión, Zavaleta presentó 10 puntos en materia de seguridad pública, que incluye integrar a los medios al pacto nacional y lograr que se regule el contenido de la información.
“Lo que buscamos es tener una nueva relación en el ámbito de la seguridad, con todos los medios de comunicación”, dijo.
En conferencia, Zavaleta dijo que una de las prioridades es la creación de una policía de proximidad, integrada por servidores públicos que estén al tanto de las necesidades de la gente y tenga claras acciones a seguir.
Pidió sumar al pacto nacional al resto de la Mesa Directiva, pues el presidente en turno no tiene la capacidad de tomar acuerdos por sí mismo.
Mouriño puso énfasis en la necesidad de contar con el acompañamiento del Poder Legislativo en estas acciones, para continuar los cambios legales necesarios en seguridad.
En la reunión se analizó la lucha contra el crimen organizado y las medidas que serán tomadas a fin mejorar la seguridad en el país, así como el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.
En este sentido, el senador priísta Carlos Jiménez Macías propuso en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las autoridades judiciales deben perseguir de oficio el secuestro.
Santiago Creel comentó que el compromiso contra la delincuencia se firmará en los próximos días y tiene que tener resultados “o no es pacto”, dijo.
El PRD se sumó al pacto nacional, y su líder interino, Guadalupe Acosta Naranjo, propuso “dejar atrás colores partidistas” para avanzar en esta lucha.
Los integrantes del Gabinete de Seguridad informaron a la diputada Ruth Zavaleta y al senador Santiago Creel, que en el próximo periodo ordinario de sesiones, a iniciarse el 1 de septiembre, se enviarán al Congreso iniciativas para reformar los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se sumarán a la iniciativa de Calderón enviada en marzo de 2007 sobre los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, que prevén sanciones a los secuestradores con prisión vitalicia.
Además, se pondrán a consideración de legisladores nuevas leyes que regulen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal y de Extinción de Dominio.
Ayer se reunieron los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Defensa, Guillermo Galván; Marina, Mariano Francisco Saynez; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés.
Estuvieron en Gobernación los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Ruth Zavaleta y Santiago Creel.
En la reunión, Zavaleta presentó 10 puntos en materia de seguridad pública, que incluye integrar a los medios al pacto nacional y lograr que se regule el contenido de la información.
“Lo que buscamos es tener una nueva relación en el ámbito de la seguridad, con todos los medios de comunicación”, dijo.
En conferencia, Zavaleta dijo que una de las prioridades es la creación de una policía de proximidad, integrada por servidores públicos que estén al tanto de las necesidades de la gente y tenga claras acciones a seguir.
Pidió sumar al pacto nacional al resto de la Mesa Directiva, pues el presidente en turno no tiene la capacidad de tomar acuerdos por sí mismo.
Mouriño puso énfasis en la necesidad de contar con el acompañamiento del Poder Legislativo en estas acciones, para continuar los cambios legales necesarios en seguridad.
En la reunión se analizó la lucha contra el crimen organizado y las medidas que serán tomadas a fin mejorar la seguridad en el país, así como el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.
En este sentido, el senador priísta Carlos Jiménez Macías propuso en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las autoridades judiciales deben perseguir de oficio el secuestro.
Santiago Creel comentó que el compromiso contra la delincuencia se firmará en los próximos días y tiene que tener resultados “o no es pacto”, dijo.
El PRD se sumó al pacto nacional, y su líder interino, Guadalupe Acosta Naranjo, propuso “dejar atrás colores partidistas” para avanzar en esta lucha.
Francisco Reséndiz y Andrea Merlos, El Universal, 14 de agosto.
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