Desde 2006 a la fecha el Instituto Nacional de Migración (INM) interpuso tres mil 147 denuncias penales en contra de presuntos traficantes de indocumentados, según reportes internos del organismo.
La cifra de denuncias revela una tendencia a la baja, pues en 2006 fueron mil 522, al año siguiente bajó a mil 112 y de enero a junio del presente año el INM presentó 503 ante el Ministerio Público federal.
Además, el instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) interpuso en el mismo lapso otras 98 querellas penales por las que incluso estuvo amenazada la seguridad nacional, además de otros casos que hoy ya no son punibles debido a recientes reformas a la Ley General de Población que despenalizaron la migración en México.
El 21 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que hizo el Congreso a dicha ley, por lo que entraron en vigor al día siguiente de su publicación y ya no podrán servir de sustento para denuncias.
Antes, el derogado artículo 123 de la Ley General de Población preveía pena de hasta dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos, al extranjero que se internara ilegalmente al país; además, el también derogado artículo 124 fijaba sanciones previstas en el Código Penal al extranjero que para entrar al país o que ya internado proporcionara a las autoridades datos falsos con relación a su situación migratoria.
Las tres mil 147 denuncias penales por tráfico de indocumentados se sustentan en el artículo 138 de la Ley General de Población, que señala que “se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y multa de cien a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el DF en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente”.
En cuanto a las sanciones a servidores públicos, Cecilia Romero, comisionada del INM, informó el 29 de julio a legisladores federales que desde 2007 y en lo que va del presente año ha destituido a 196 empleados de Migración por su presunta participación en redes de corrupción de migrantes, además de reubicar a otros 247 agentes.
Hoy la Segob busca también delegar a funcionarios del INM la responsabilidad de presentar denuncias penales por delitos derivados del tráfico de personas, mismas que desde 1998 sólo recaían en los titulares del INM y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos
La cifra de denuncias revela una tendencia a la baja, pues en 2006 fueron mil 522, al año siguiente bajó a mil 112 y de enero a junio del presente año el INM presentó 503 ante el Ministerio Público federal.
Además, el instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) interpuso en el mismo lapso otras 98 querellas penales por las que incluso estuvo amenazada la seguridad nacional, además de otros casos que hoy ya no son punibles debido a recientes reformas a la Ley General de Población que despenalizaron la migración en México.
El 21 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que hizo el Congreso a dicha ley, por lo que entraron en vigor al día siguiente de su publicación y ya no podrán servir de sustento para denuncias.
Antes, el derogado artículo 123 de la Ley General de Población preveía pena de hasta dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos, al extranjero que se internara ilegalmente al país; además, el también derogado artículo 124 fijaba sanciones previstas en el Código Penal al extranjero que para entrar al país o que ya internado proporcionara a las autoridades datos falsos con relación a su situación migratoria.
Las tres mil 147 denuncias penales por tráfico de indocumentados se sustentan en el artículo 138 de la Ley General de Población, que señala que “se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y multa de cien a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el DF en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente”.
En cuanto a las sanciones a servidores públicos, Cecilia Romero, comisionada del INM, informó el 29 de julio a legisladores federales que desde 2007 y en lo que va del presente año ha destituido a 196 empleados de Migración por su presunta participación en redes de corrupción de migrantes, además de reubicar a otros 247 agentes.
Hoy la Segob busca también delegar a funcionarios del INM la responsabilidad de presentar denuncias penales por delitos derivados del tráfico de personas, mismas que desde 1998 sólo recaían en los titulares del INM y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos
Jorge Ramos, El Economista, 8 de agosto.
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