La inteligencia civil y militar fue la gran olvidada en los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, justo cuando uno de los reconocimientos generalizados es que el crimen organizado supera en armamento e información a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, lo que le permite ir varios pasos adelante de sus perseguidores, lo que se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
De hecho, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debería tener presencia en cuando menos 7 puntos vitales de los 75 compromisos por la seguridad firmados el pasado jueves, como en lo referente al acceso, regulado, a las bases de datos de telefonía fija y móvil.
No se le menciona, pero también habría de tener acceso, para consulta y alimentación del mismo, al Sistema Único de Información Criminal que estaría por crearse. En consecuencia, tendría que participar en el uso de tecnología para el intercambio de información de la delincuencia.
Respecto de los funcionarios sujetos a estrictos controles de confianza, la omisión se repite, pues sólo alude a ministerios públicos y policías, sin hablar de que los agentes del Cisen deben ser incluidos en este apartado.
En cuanto a la medición del desempeño de los encargados del combate a la criminalidad, el punto 27 de los compromisos sólo habla de crear la metodologías para evaluar a las instituciones policiales y de procuración de justicia, pero no de las áreas de inteligencia, civil y militar, que han sido de las más cuestionadas por sus vacíos en la investigación de narcotraficantes, secuestradores y criminales y sus posibles nexos en la iniciativa privada, en el exterior o en algunos gobiernos.
En los puntos que corresponde velar al poder Legislativo se habla de hacer prioritarios los presupuestos para seguridad pública y procuración de justicia, sin abordar el tema de la inteligencia, que habría de contemplarse también, toda vez que habrá de quedar muy menguada la partida asignada al Cisen en la Iniciativa Mérida que se negocia entre México y Estados Unidos.
El Poder Judicial, a su vez, se compromete a dar celeridad a sus procesos, lo que incluye no sólo las diligencias y sentencias, sino las autorizaciones para que policías actúen sin demora en contra de delincuentes.
De nuevo, no se menciona al Cisen, que requiere también autorizaciones judiciales para realizar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas presuntamente involucradas en ilícitos que comprometan, vía la criminalidad, la seguridad nacional.
De hecho, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debería tener presencia en cuando menos 7 puntos vitales de los 75 compromisos por la seguridad firmados el pasado jueves, como en lo referente al acceso, regulado, a las bases de datos de telefonía fija y móvil.
No se le menciona, pero también habría de tener acceso, para consulta y alimentación del mismo, al Sistema Único de Información Criminal que estaría por crearse. En consecuencia, tendría que participar en el uso de tecnología para el intercambio de información de la delincuencia.
Respecto de los funcionarios sujetos a estrictos controles de confianza, la omisión se repite, pues sólo alude a ministerios públicos y policías, sin hablar de que los agentes del Cisen deben ser incluidos en este apartado.
En cuanto a la medición del desempeño de los encargados del combate a la criminalidad, el punto 27 de los compromisos sólo habla de crear la metodologías para evaluar a las instituciones policiales y de procuración de justicia, pero no de las áreas de inteligencia, civil y militar, que han sido de las más cuestionadas por sus vacíos en la investigación de narcotraficantes, secuestradores y criminales y sus posibles nexos en la iniciativa privada, en el exterior o en algunos gobiernos.
En los puntos que corresponde velar al poder Legislativo se habla de hacer prioritarios los presupuestos para seguridad pública y procuración de justicia, sin abordar el tema de la inteligencia, que habría de contemplarse también, toda vez que habrá de quedar muy menguada la partida asignada al Cisen en la Iniciativa Mérida que se negocia entre México y Estados Unidos.
El Poder Judicial, a su vez, se compromete a dar celeridad a sus procesos, lo que incluye no sólo las diligencias y sentencias, sino las autorizaciones para que policías actúen sin demora en contra de delincuentes.
De nuevo, no se menciona al Cisen, que requiere también autorizaciones judiciales para realizar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas presuntamente involucradas en ilícitos que comprometan, vía la criminalidad, la seguridad nacional.
Alejandro Jiménez, El Universal, 23 de agosto.
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