El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad se perfila como un plan lleno de buenas intenciones, pero sin metas ni acciones concretas para combatir el crimen organizado.
De acuerdo con un borrador del documento al que REFORMA tuvo acceso, la Presidencia de la República plantea la necesidad de que todos los actores políticos y sociales suscriban compromisos, pero sin establecer, hasta ahora, responsables, fechas ni planes de acción.
Sólo enumera "compromisos comunes" que tienen como eje, y de manera general, el respeto a la ley, combate a la impunidad y a la corrupción, transparencia, cultura de la denuncia, prevención, derechos humanos, participación ciudadana, corresponsabilidad, coordinación y concertación.
Estos puntos serán presentados mañana por el Presidente de la República a Gobernadores y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
Esta reunión es resultado del llamado que hizo la organización México Unido contra la Delincuencia para celebrar una cumbre nacional antisecuestro y cumplir cinco acciones concretas tras la indignación provocada por el secuestro y muerte del joven Fernando Martí.
Sin embargo, el acuerdo que perfila la Presidencia no contempla la creación de un observatorio ciudadano del secuestro y la definición de una estrategia nacional de combate a este delito.
Asimismo, el borrador no incluye la creación de la ley general antisecuestro, la construcción de un reclusorio de máxima seguridad especializado para plagiarios y la reglamentación en el uso de la telefonía celular en este delito.
En el texto del proyecto del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, entregado a los coordinadores parlamentarios en el Senado, se presenta un diagnóstico sobre la situación del País en la materia.
Reconoce que el deber del Estado de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos está afectado por la inseguridad, crimen organizado, corrupción e impunidad.
En el avance se acepta que las condiciones actuales generan falta de credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia.
Según el texto, la inseguridad es un problema que afecta al País y, aunque no es reciente, se convierte en un asunto de percepción pública por la alarma que causan hechos "extremadamente violentos".
Se señala que el arraigo de la ilegalidad se explica por una sociedad, sobre todo urbana, marcada por procesos sociales que fomentan el individualismo, la indiferencia y la apatía por asuntos de interés común.
Sin propuestas concretas para combatir la inseguridad, se describe que el objetivo del acuerdo es convocar al País entero a sumarse y comprometerse a cumplir y respetar las leyes para enfrentar la inseguridad.
"Conscientes y ciertos de que el beneficio es para todos, los firmantes de este Acuerdo hacemos pública nuestra determinación de convencer con nuestras acciones, que nuestros hechos inspiren la voluntad de los demás y los inviten a transformar nuestra realidad", dice.
De acuerdo con un borrador del documento al que REFORMA tuvo acceso, la Presidencia de la República plantea la necesidad de que todos los actores políticos y sociales suscriban compromisos, pero sin establecer, hasta ahora, responsables, fechas ni planes de acción.
Sólo enumera "compromisos comunes" que tienen como eje, y de manera general, el respeto a la ley, combate a la impunidad y a la corrupción, transparencia, cultura de la denuncia, prevención, derechos humanos, participación ciudadana, corresponsabilidad, coordinación y concertación.
Estos puntos serán presentados mañana por el Presidente de la República a Gobernadores y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
Esta reunión es resultado del llamado que hizo la organización México Unido contra la Delincuencia para celebrar una cumbre nacional antisecuestro y cumplir cinco acciones concretas tras la indignación provocada por el secuestro y muerte del joven Fernando Martí.
Sin embargo, el acuerdo que perfila la Presidencia no contempla la creación de un observatorio ciudadano del secuestro y la definición de una estrategia nacional de combate a este delito.
Asimismo, el borrador no incluye la creación de la ley general antisecuestro, la construcción de un reclusorio de máxima seguridad especializado para plagiarios y la reglamentación en el uso de la telefonía celular en este delito.
En el texto del proyecto del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, entregado a los coordinadores parlamentarios en el Senado, se presenta un diagnóstico sobre la situación del País en la materia.
Reconoce que el deber del Estado de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos está afectado por la inseguridad, crimen organizado, corrupción e impunidad.
En el avance se acepta que las condiciones actuales generan falta de credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia.
Según el texto, la inseguridad es un problema que afecta al País y, aunque no es reciente, se convierte en un asunto de percepción pública por la alarma que causan hechos "extremadamente violentos".
Se señala que el arraigo de la ilegalidad se explica por una sociedad, sobre todo urbana, marcada por procesos sociales que fomentan el individualismo, la indiferencia y la apatía por asuntos de interés común.
Sin propuestas concretas para combatir la inseguridad, se describe que el objetivo del acuerdo es convocar al País entero a sumarse y comprometerse a cumplir y respetar las leyes para enfrentar la inseguridad.
"Conscientes y ciertos de que el beneficio es para todos, los firmantes de este Acuerdo hacemos pública nuestra determinación de convencer con nuestras acciones, que nuestros hechos inspiren la voluntad de los demás y los inviten a transformar nuestra realidad", dice.
Claudia Guerrero, Reforma, 20 de agosto.
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