De ser aprobado, se aplicaría a todo aborto voluntario pena de tres a seis meses de cárcel, o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad. La pena anterior a la reforma era de uno a tres años de prisión.
Para invalidar la despenalización, impugnada por la PGR y la CNDH, será necesario el voto de al menos 8 de los 11 Ministros, quienes discutirán el caso a partir del 25 de agosto.
En el documento, Aguirre considera que la despenalización es inconstitucional porque la Carta Magna protege la vida humana y que dicha protección se extiende al producto de la concepción.
Armando Martínez, presidente de Abogados Católicos, señaló: "Tenemos esperanza de que se dé marcha atrás a esta reforma, que daña la vida humana".
Víctor Fuentes, Reforma, 16 de agosto.
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