La Habana, 31 de julio. La gestión de Raúl Castro como jefe de Estado y de gobierno reabrió la discusión de los límites a los que puede llegar aquí el sistema socialista en puntos tan sensibles como la propiedad y el mercado y cuál es el concepto admisible sobre el nivel de vida a que puede aspirar un cubano.
Hace tres semanas, Raúl dijo al Parlamento: “Admiro la gran empresa socialista, incluidas las agropecuarias, y no renunciaremos a ellas. Conozco varias que producen con eficiencia. Lo anterior no niega en absoluto el papel de la cooperativa en sus diversas modalidades y del pequeño agricultor, de los que también puedo poner ejemplos muy destacados. Todas son formas de propiedad y producción que pueden coexistir armónicamente, pues ninguna es antagónica con el socialismo”.
Ni antes ni después, en sus dos años de ejercicio, primero provisionalmente y luego de pleno derecho, el presidente cubano había expuesto argumentos tan explícitos sobre la noción de propiedad. Pero aun ésta, su más extensa opinión en público en la materia en este lapso, deja sin precisar si las conclusiones se quedan en la agricultura son válidas para toda la economía o bajo qué reglas pueden funcionar.
En la misma ocasión, el mandatario extendió todavía más los márgenes del debate, al exponer que “socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo”. Y luego citó el discurso de la Universidad de La Habana (17 de noviembre de 2005), en el que Fidel Castro reconoció: “Entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía cómo se construye el socialismo”.
Aunque esa fue la primera vez que Fidel hacía una confesión de ese tamaño, no es la primera vez que se levanta la espiral de discusiones sobre el modelo cubano. Quizás la polémica más célebre fue la que enfrentó en la primera mitad de los años 60 al Ché Guevara con Carlos Rafael Rodríguez, junto con otros líderes y teóricos cubanos y extranjeros.
Siguieron otras discusiones en los años 70, la campaña de “rectificación de errores y tendencias negativas” de los 80 y nuevos debates en los 90, que criticaron o respaldaron cambios, en los que fueron y vinieron posiciones y consecuencias prácticas sobre mercado y propiedad, alternando etapas aperturistas y centralistas. Entre otras variantes se produjo la “ofensiva revolucionaria” de 1968, que terminó por estatizar lo que quedaba de pequeña empresa y la implantación de un modelo de corte soviético en los años 70.
A lo largo de décadas aparecieron o desaparecieron el mercado agrícola de libre oferta y demanda, el autoempleo y regímenes varios sobre tenencia de vivienda; ha habido épocas tanto de estímulos como de restricciones a la inversión extranjera, a la autonomía gerencial y a la centralización de decisiones económicas.
A mediados de julio, Raúl Castro autorizó la entrega de tierras a quien demuestre que puede explotarlas, sea empresa estatal, cooperativa o particular. Pero la que parece hasta ahora la decisión más trascendente del gobierno quedó limitada por la naturaleza de la dotación (en usufructo, no en propiedad) y un plazo de 10 años que, si bien es renovable, puede incluso reducirse por causales de ley.
La decisión está cobijada con otras, como la descentralización de funciones del Ministerio de Agricultura; la liberación de la venta directa de leche a los expendios minoristas, sin pasar por el intermediario estatal; un incipiente mercado de insumos y el aumento de precios al productor.
Por ahora hay que esperar plazos adecuados para evaluar esta política agraria. Mientras, su definición ya es una pieza en un debate de nutridos antecedentes, aunque actualizado y que sólo forma parte de una discusión mayor: la de la estrategia de desarrollo.
Otra pieza es la construcción, a veces explícita, pero a menudo tácita, del horizonte de nivel de vida. En los últimos dos años Raúl Castro autorizó la compra de computadoras, la libre contratación de líneas de teléfonos celulares, el alquiler de autos y el hospedaje en los hoteles de primera, todo lo cual estaba prohibido, y también permitió el comercio libre de electrodomésticos, que se regía por limitaciones o prohibiciones.
Además del impacto en el terreno de las libertades individuales y en el mercado interno, esa nueva política tiene un efecto conceptual: reconoce la legitimidad de que una persona tenga ingresos altos y pueda materializarlos con el consumo de bienes y servicios. En la misma dirección apunta la indexación de salarios al rendimiento en el sector productivo y los estímulos al campo.
Un activo polemista ha sido el propio Fidel Castro. Desde que volvió a tocar en público asuntos nacionales, en junio de 2007, ha incluido en sus artículos su propio concepto de nivel de vida (“puede elevarse si se incrementan los conocimientos, la autoestima y la dignidad de un pueblo”); su escepticismo sobre la inversión extranjera (“no se puede prescindir de algunas… pero tampoco se puede inundar con dinero el país sin vender soberanía”); críticas a la apertura económica de la década pasada (“medidas desesperadas”), a la libre circulación de divisas (creó “desigualdades y debilidades ideológicas”), a las remesas familiares (“limosnas”, crean “desigualdades y privilegios irritantes”) y a las visitas de los emigrados (“propaganda para el consumismo”), y ha defendido una economía basada en el ahorro y el consumo austero.
Hace tres semanas, Raúl dijo al Parlamento: “Admiro la gran empresa socialista, incluidas las agropecuarias, y no renunciaremos a ellas. Conozco varias que producen con eficiencia. Lo anterior no niega en absoluto el papel de la cooperativa en sus diversas modalidades y del pequeño agricultor, de los que también puedo poner ejemplos muy destacados. Todas son formas de propiedad y producción que pueden coexistir armónicamente, pues ninguna es antagónica con el socialismo”.
Ni antes ni después, en sus dos años de ejercicio, primero provisionalmente y luego de pleno derecho, el presidente cubano había expuesto argumentos tan explícitos sobre la noción de propiedad. Pero aun ésta, su más extensa opinión en público en la materia en este lapso, deja sin precisar si las conclusiones se quedan en la agricultura son válidas para toda la economía o bajo qué reglas pueden funcionar.
En la misma ocasión, el mandatario extendió todavía más los márgenes del debate, al exponer que “socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo”. Y luego citó el discurso de la Universidad de La Habana (17 de noviembre de 2005), en el que Fidel Castro reconoció: “Entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía cómo se construye el socialismo”.
Aunque esa fue la primera vez que Fidel hacía una confesión de ese tamaño, no es la primera vez que se levanta la espiral de discusiones sobre el modelo cubano. Quizás la polémica más célebre fue la que enfrentó en la primera mitad de los años 60 al Ché Guevara con Carlos Rafael Rodríguez, junto con otros líderes y teóricos cubanos y extranjeros.
Siguieron otras discusiones en los años 70, la campaña de “rectificación de errores y tendencias negativas” de los 80 y nuevos debates en los 90, que criticaron o respaldaron cambios, en los que fueron y vinieron posiciones y consecuencias prácticas sobre mercado y propiedad, alternando etapas aperturistas y centralistas. Entre otras variantes se produjo la “ofensiva revolucionaria” de 1968, que terminó por estatizar lo que quedaba de pequeña empresa y la implantación de un modelo de corte soviético en los años 70.
A lo largo de décadas aparecieron o desaparecieron el mercado agrícola de libre oferta y demanda, el autoempleo y regímenes varios sobre tenencia de vivienda; ha habido épocas tanto de estímulos como de restricciones a la inversión extranjera, a la autonomía gerencial y a la centralización de decisiones económicas.
A mediados de julio, Raúl Castro autorizó la entrega de tierras a quien demuestre que puede explotarlas, sea empresa estatal, cooperativa o particular. Pero la que parece hasta ahora la decisión más trascendente del gobierno quedó limitada por la naturaleza de la dotación (en usufructo, no en propiedad) y un plazo de 10 años que, si bien es renovable, puede incluso reducirse por causales de ley.
La decisión está cobijada con otras, como la descentralización de funciones del Ministerio de Agricultura; la liberación de la venta directa de leche a los expendios minoristas, sin pasar por el intermediario estatal; un incipiente mercado de insumos y el aumento de precios al productor.
Por ahora hay que esperar plazos adecuados para evaluar esta política agraria. Mientras, su definición ya es una pieza en un debate de nutridos antecedentes, aunque actualizado y que sólo forma parte de una discusión mayor: la de la estrategia de desarrollo.
Otra pieza es la construcción, a veces explícita, pero a menudo tácita, del horizonte de nivel de vida. En los últimos dos años Raúl Castro autorizó la compra de computadoras, la libre contratación de líneas de teléfonos celulares, el alquiler de autos y el hospedaje en los hoteles de primera, todo lo cual estaba prohibido, y también permitió el comercio libre de electrodomésticos, que se regía por limitaciones o prohibiciones.
Además del impacto en el terreno de las libertades individuales y en el mercado interno, esa nueva política tiene un efecto conceptual: reconoce la legitimidad de que una persona tenga ingresos altos y pueda materializarlos con el consumo de bienes y servicios. En la misma dirección apunta la indexación de salarios al rendimiento en el sector productivo y los estímulos al campo.
Un activo polemista ha sido el propio Fidel Castro. Desde que volvió a tocar en público asuntos nacionales, en junio de 2007, ha incluido en sus artículos su propio concepto de nivel de vida (“puede elevarse si se incrementan los conocimientos, la autoestima y la dignidad de un pueblo”); su escepticismo sobre la inversión extranjera (“no se puede prescindir de algunas… pero tampoco se puede inundar con dinero el país sin vender soberanía”); críticas a la apertura económica de la década pasada (“medidas desesperadas”), a la libre circulación de divisas (creó “desigualdades y debilidades ideológicas”), a las remesas familiares (“limosnas”, crean “desigualdades y privilegios irritantes”) y a las visitas de los emigrados (“propaganda para el consumismo”), y ha defendido una economía basada en el ahorro y el consumo austero.
Gerardo Arreola, La Jornada, 1º de agosto.
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