La impunidad es el principal enemigo del Estado de derecho, pues sólo 0.7 por ciento de los delitos reciben sentencia condenatoria y el restante 99.3 por ciento quedan impunes, denunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un desplegado firmado por las 11 cámaras empresariales que lo integran, los empresarios exigieron a las autoridades de los tres
poderes y de los tres niveles de gobierno voluntad política y
responsabilidad para trabajar en coordinación y actuar con prontitud.
Sostuvo que 95 por ciento de los delitos son del fuero común y
el cinco por ciento restante son del fuero federal.
Agregó que las sanciones y penas, por más altas que sean, no
tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad mientras no estén acompañadas de acciones efectivas que permitan reclutar policías y custodios bien pagados, mejor capacitados, con sistemas de carrera que incrementen la calidad de su desempeño.
El CCE también propuso transformar las agencias del Ministerio
Público en centros de atención a víctimas para desburocratizar
procesos que inhiben en 85 por ciento la presentación de las
denuncias.
De igual forma, llamó a otorgar autonomía constitucional al
Ministerio Público para evitar que se politice y manipule la
procuración de justicia, y precisar y articular las facultades de
prevención e investigación del delito, así como de la procuración de
justicia para evitar duplicidad de acciones y el entorpecimiento en
el desempeño de las instituciones involucradas.
El desplegado lo firmaron los presidentes de la Concamin, la
Canacintra, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Instituciones de Seguros y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Asimismo las asociaciones Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), y de Bancos de México (ABM), así como el Consejo Nacional Agropecuario y Confederación de Cámaras de Comercio.
Respecto a la reforma constitucional en materia de seguridad y
justicia penal, el CCE subrayó que no se debe esperar ocho años para que ésta se concrete.
"Vemos con enorme preocupación que la criminalidad aumenta y sus redes se organizan y fortalecen, en muchos de los casos en abierta complicidad con las autoridades policiacas en los tres niveles de gobierno".
Agregaron que la indignación, impotencia y angustia que los
mexicanos padecen deben ser el estímulo "que una y comprometa" al gobierno y ciudadanía para participar activamente en el combate
frontal contra el delito y la ilegalidad.
"Es intolerable que los delincuentes sigan quebrantando la ley
desde el interior de los centros penitenciarios, donde reciben
concesiones y privilegios en contubernio con las autoridades
carcelarias".
La cúpula empresarial advirtió que México no avanzará mientras
el Estado no asuma su principal responsabilidad y sea capaz de
garantizar a su población seguridad física, jurídica y patrimonial.
En un desplegado firmado por las 11 cámaras empresariales que lo integran, los empresarios exigieron a las autoridades de los tres
poderes y de los tres niveles de gobierno voluntad política y
responsabilidad para trabajar en coordinación y actuar con prontitud.
Sostuvo que 95 por ciento de los delitos son del fuero común y
el cinco por ciento restante son del fuero federal.
Agregó que las sanciones y penas, por más altas que sean, no
tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad mientras no estén acompañadas de acciones efectivas que permitan reclutar policías y custodios bien pagados, mejor capacitados, con sistemas de carrera que incrementen la calidad de su desempeño.
El CCE también propuso transformar las agencias del Ministerio
Público en centros de atención a víctimas para desburocratizar
procesos que inhiben en 85 por ciento la presentación de las
denuncias.
De igual forma, llamó a otorgar autonomía constitucional al
Ministerio Público para evitar que se politice y manipule la
procuración de justicia, y precisar y articular las facultades de
prevención e investigación del delito, así como de la procuración de
justicia para evitar duplicidad de acciones y el entorpecimiento en
el desempeño de las instituciones involucradas.
El desplegado lo firmaron los presidentes de la Concamin, la
Canacintra, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Instituciones de Seguros y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Asimismo las asociaciones Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), y de Bancos de México (ABM), así como el Consejo Nacional Agropecuario y Confederación de Cámaras de Comercio.
Respecto a la reforma constitucional en materia de seguridad y
justicia penal, el CCE subrayó que no se debe esperar ocho años para que ésta se concrete.
"Vemos con enorme preocupación que la criminalidad aumenta y sus redes se organizan y fortalecen, en muchos de los casos en abierta complicidad con las autoridades policiacas en los tres niveles de gobierno".
Agregaron que la indignación, impotencia y angustia que los
mexicanos padecen deben ser el estímulo "que una y comprometa" al gobierno y ciudadanía para participar activamente en el combate
frontal contra el delito y la ilegalidad.
"Es intolerable que los delincuentes sigan quebrantando la ley
desde el interior de los centros penitenciarios, donde reciben
concesiones y privilegios en contubernio con las autoridades
carcelarias".
La cúpula empresarial advirtió que México no avanzará mientras
el Estado no asuma su principal responsabilidad y sea capaz de
garantizar a su población seguridad física, jurídica y patrimonial.
Notimex, Crónica, 11 de agosto.
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