Buscan evitar uso político de concesiones

El PRI busca impedir que el Ejecutivo Federal renueve las concesiones en radio y televisión durante el proceso electoral, al presentar ayer la controversia constitucional que impugna el reglamento interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que resta facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la administración del espectro radioeléctrico.

Cerca de las 13:30 horas, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara baja, Juan Alberto Galván Trejo, presentó la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la firma del presidente de la Mesa Directiva, el priista César Duarte.

El coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que con la controversia se busca evitar que el gobierno del Presidente Felipe Calderón trate de presionar a los concesionarios en plena época electoral, ante la proximidad de la renovación de concesiones.

"De lo que se trata es de que no se vaya a utilizar esto (el reglamento) para tener en el puño del Gobierno federal, en época de elecciones, a todos los concesionarios que se les han vencido sus concesiones y que están a punto de renovarse", explicó Gamboa.

"Comunicaciones y Transportes trata de buscar y no perder el poder", acusó también.

La controversia constitucional argumenta que a través del reglamento interno se otorgan al titular de la SCT facultades indelegables que ya están reconocidas para la Cofetel a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De acuerdo al artículo 5 del reglamento interno de la SCT, se le otorga al Secretario la facultad de otorgar las concesiones y permisos en materia de radiodifusión y resolver sobre su prórroga, refrendo o modificación, así como declarar sobre su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.

En el texto se solicita a la Corte la invalidez de dicho reglamento a partir de la presentación misma de la controversia, para prevenir que en los próximos meses se renueven u otorguen nuevas frecuencias por parte de la Secretaría.

"De no concederse la suspensión (del reglamento interno) podría quedarse sin materia la inconstitucionalidad, ya que en un plazo de seis a nueve meses la SCT podría renovar las concesiones que ya vencieron o están próximas a ello y licitado las nuevas frecuencias.

"Poniendo en estado de indefensión e indefinición jurídica a toda la industria, porque con seguridad las empresas recurrirán al amparo, en perjuicio de la competitividad del país", señala el escrito.

Advierte que de otorgarse la suspensión al reglamento interno de la SCT no se afectaría a la sociedad.
Claudia Salazar y Armando Estrop, Reforma, 7 de febrero.

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