AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro.— Los conocían como “los abogados de los indígenas”, por la lucha que Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), libraron en la Costa Chica de Guerrero por el respeto a los derechos humanos.
A pesar de contar sólo con estudios elementales, realizaron una intensa gestión social, hasta que el pasado 20 de febrero sus cuerpos fueron hallados en la comunidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa.
El doble homicidio fue deplorado ayer miércoles por diversas instituciones nacionales e internacionales, como la presidencia de la Unión Europea, que en un comunicado expresó su más enérgica condena por su secuestro, tortura y asesinato.
A su vez, la organización para la protección de los derechos humanos Front Line, dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, en donde considera que “los asesinatos extrajudiciales de Ponce Rosas y Lucas Lucía, están directamente relacionados con su trabajo legítimo y pacífico de defensa de los derechos de indígenas”.
Además, los organismo Human Rigths Watch, la Fundación para el Debido Proceso Legal, Latin America Working Group y Washington Office on Latin America, cuyas sedes se ubican en la capital estadounidense, mandaron un comunicado al procurador de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, en donde le expresan su preocupación por la muerte de los dos líderes sociales.
Todas estas organizaciones pidieron al gobierno mexicano que se investiguen las circunstancias de su violenta desaparición durante un evento público en Ayutla de Los Libres y su asesinato, y se castigue a los responsables.
A estos requerimientos unieron sus reclamos 140 organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, que exigieron además reparar el daño de las víctimas y salvaguardar la integridad de sus familias.
En especial, las ONG´s externaron su preocupación por los miembros de la OFPM, y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM).
Insisten a las autoridades en que este tema es urgente, dada la acusación que se hace a los policías que habrían estado involucrados, por lo que se pide que se esclarezca.
Detenidos en un acto público
Ambos fueron detenidos el 13 de febrero por sujetos armados que se identificaron como policías, ante la vista del pueblo. Se encontraban en la secundaria Plan de Ayutla, en un evento de la Secretaría de Educación en Guerrero.
Los familiares de los activistas dicen que en ese acto participó el director de Seguridad Pública municipal, Luis José Sánchez, quien junto con los policías que lo acompañaban, se retiraron luego de que recibió una llamada.
Al poco rato llegaron los hombres armados, quienes subieron a los luchadores sociales a un vehículo sin placas y se los llevaron.
Para el coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, los líderes se interesaron en los problemas de los pueblos indígenas.
Rogelio Téliz, integrante de este organismo, comentó que las denuncias que más recibían eran en contra del Ejército mexicano, policía ministerial del estado, policías preventivos y autoridades gubernamentales.
Recordó que en 2007, Lucas y Ponce fueron detenidos e interrogados por soldados sobre las actividades que desarrollaban y el por qué encabezaban movimientos sociales, además de que los querían vincular con guerrilleros.
Un día después de los funerales de las víctimas, el pasado martes, los habitantes de las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, platican —en lengua mixteca— que a “lo mejor por miedo”, la autoridad los mandó a secuestrar y matar.
Según dicen sus amigos, “eran muy queridos por los indígenas mixtecos, tlapanecos y mestizos”. Los pobladores dicen sentirse molestos por su muerte ya que no hacían mal a nadie. Sólo molestaban al gobierno, porque siempre luchaban por los presos y denunciaban las arbitrariedades que cometía el Ejército.
A pesar de contar sólo con estudios elementales, realizaron una intensa gestión social, hasta que el pasado 20 de febrero sus cuerpos fueron hallados en la comunidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa.
El doble homicidio fue deplorado ayer miércoles por diversas instituciones nacionales e internacionales, como la presidencia de la Unión Europea, que en un comunicado expresó su más enérgica condena por su secuestro, tortura y asesinato.
A su vez, la organización para la protección de los derechos humanos Front Line, dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, en donde considera que “los asesinatos extrajudiciales de Ponce Rosas y Lucas Lucía, están directamente relacionados con su trabajo legítimo y pacífico de defensa de los derechos de indígenas”.
Además, los organismo Human Rigths Watch, la Fundación para el Debido Proceso Legal, Latin America Working Group y Washington Office on Latin America, cuyas sedes se ubican en la capital estadounidense, mandaron un comunicado al procurador de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, en donde le expresan su preocupación por la muerte de los dos líderes sociales.
Todas estas organizaciones pidieron al gobierno mexicano que se investiguen las circunstancias de su violenta desaparición durante un evento público en Ayutla de Los Libres y su asesinato, y se castigue a los responsables.
A estos requerimientos unieron sus reclamos 140 organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, que exigieron además reparar el daño de las víctimas y salvaguardar la integridad de sus familias.
En especial, las ONG´s externaron su preocupación por los miembros de la OFPM, y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM).
Insisten a las autoridades en que este tema es urgente, dada la acusación que se hace a los policías que habrían estado involucrados, por lo que se pide que se esclarezca.
Detenidos en un acto público
Ambos fueron detenidos el 13 de febrero por sujetos armados que se identificaron como policías, ante la vista del pueblo. Se encontraban en la secundaria Plan de Ayutla, en un evento de la Secretaría de Educación en Guerrero.
Los familiares de los activistas dicen que en ese acto participó el director de Seguridad Pública municipal, Luis José Sánchez, quien junto con los policías que lo acompañaban, se retiraron luego de que recibió una llamada.
Al poco rato llegaron los hombres armados, quienes subieron a los luchadores sociales a un vehículo sin placas y se los llevaron.
Para el coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, los líderes se interesaron en los problemas de los pueblos indígenas.
Rogelio Téliz, integrante de este organismo, comentó que las denuncias que más recibían eran en contra del Ejército mexicano, policía ministerial del estado, policías preventivos y autoridades gubernamentales.
Recordó que en 2007, Lucas y Ponce fueron detenidos e interrogados por soldados sobre las actividades que desarrollaban y el por qué encabezaban movimientos sociales, además de que los querían vincular con guerrilleros.
Un día después de los funerales de las víctimas, el pasado martes, los habitantes de las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, platican —en lengua mixteca— que a “lo mejor por miedo”, la autoridad los mandó a secuestrar y matar.
Según dicen sus amigos, “eran muy queridos por los indígenas mixtecos, tlapanecos y mestizos”. Los pobladores dicen sentirse molestos por su muerte ya que no hacían mal a nadie. Sólo molestaban al gobierno, porque siempre luchaban por los presos y denunciaban las arbitrariedades que cometía el Ejército.
Adriana Covarrubias corresponsal, El Universal, 27 de febrero.
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