El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina-Mora, señaló que aún existen resistencias por parte de jueces, abogados, magistrados y agentes del Ministerio Público para aplicar la reforma penal.
Sin embargo, consideró que dichas resistencias son consecuencia "del desconocimiento de los alcances y los beneficios que trae para la sociedad el nuevo sistema de justicia penal".
"Las resistencias vienen, en muchos sentidos, del desconocimiento de las enormes virtudes que la implementación de un sistema de esta naturaleza tiene para ayudarnos a ganar eficacia", dijo el procurador, durante la inauguración del simposio binacional: "Desafíos y perspectivas de la implementación de la Reforma Penal en México", organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Argumentó que la reforma es eminentemente "garantista", donde las garantías individuales constituyen el eje del proceso penal a partir del principio procesal de presunción de inocencia, ahora elevado a mandato constitucional.
Medina-Mora consideró que la reforma del sistema penal significa el esfuerzo de cambio jurídico e institucional más grande y más importante que haya ocurrido en México, desde la promulgación de la Constitución Política de 1917.
Sostuvo que la reforma permite, al mismo tiempo, ajustar nuestras leyes penales a las prácticas internacionales más reconocidas y a los compromisos asumidos por México ante la comunidad internacional.
"Uno de ellos es el de dotar al Estado mexicano con herramientas funcionales que hace tiempo se utilizan en otros países para someter a uno de los flagelos que más dañan a la humanidad: a la delincuencia organizada, pero no sólo al narcotráfico", dijo.
En el evento participaron el director general del Inacipe, Gerardo Laveaga, y el secretario técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia, Felipe Borrego Estrada.
Sin embargo, consideró que dichas resistencias son consecuencia "del desconocimiento de los alcances y los beneficios que trae para la sociedad el nuevo sistema de justicia penal".
"Las resistencias vienen, en muchos sentidos, del desconocimiento de las enormes virtudes que la implementación de un sistema de esta naturaleza tiene para ayudarnos a ganar eficacia", dijo el procurador, durante la inauguración del simposio binacional: "Desafíos y perspectivas de la implementación de la Reforma Penal en México", organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Argumentó que la reforma es eminentemente "garantista", donde las garantías individuales constituyen el eje del proceso penal a partir del principio procesal de presunción de inocencia, ahora elevado a mandato constitucional.
Medina-Mora consideró que la reforma del sistema penal significa el esfuerzo de cambio jurídico e institucional más grande y más importante que haya ocurrido en México, desde la promulgación de la Constitución Política de 1917.
Sostuvo que la reforma permite, al mismo tiempo, ajustar nuestras leyes penales a las prácticas internacionales más reconocidas y a los compromisos asumidos por México ante la comunidad internacional.
"Uno de ellos es el de dotar al Estado mexicano con herramientas funcionales que hace tiempo se utilizan en otros países para someter a uno de los flagelos que más dañan a la humanidad: a la delincuencia organizada, pero no sólo al narcotráfico", dijo.
En el evento participaron el director general del Inacipe, Gerardo Laveaga, y el secretario técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia, Felipe Borrego Estrada.
Olivier Pavón, Crónica, 10 de junio.
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