La división se acrecentó en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE) tras el polémico fallo por el que el pleno del Consejo sobreseyó el dictamen que proponía multar a las televisoras por “manipular y manosear” las pautas de propaganda político-electoral.
El consejero Alfredo Figueroa advirtió tajante que la decisión del pasado viernes, “debilita la credibilidad de la autoridad electoral”, mina la confianza de los ciudadanos y se basa en una interpretación “indebida” de la ley.
“Quienes votaron en la dirección que lo hicieron, siendo el modo mayoritario, tendrán que asumir la responsabilidad de haber votado en esa dirección (…) En mi opinión, sí se mina la confianza en la autoridad electoral”, subrayó Figueroa Fernández.
Sin embargo, el consejero Marco Antonio Baños Martínez defendió la figura del sobreseimiento, en virtud de que Televisa y TV Azteca habían iniciado la corrección de la conducta irregular y por tanto quedó sin materia la sanción que se pretendía.
“La conducta de retirar las cortinillas y de desempaquetar los promocionales en los términos que viene ocurriendo, que todavía es paulatino pero que viene ocurriendo, esa fue una decisión de las televisoras, no del IFE”, dijo Baños.
Aun así, Figueroa cuestionó directamente a las dos televisoras y dijo que “la radio y televisión en México, están todavía en un régimen que no se puede considerar democrático, se encuentran en un régimen transitorio”.
“Me parece que la radio y la televisión en México tienen que ser reguladas, como han sido regulados otros aspectos de la vida pública, en un sentido democrático y aún no nos encontramos en esa circunstancia”, señaló enfático Figueroa Fernández.
Entrevistados por separado, Baños insistió en que la responsabilidad del IFE es administrar la ley y “por eso aplicó la sanción que consideró pertinente en términos de derecho”.
“Podemos estar en desacuerdo en el tema del sobreseimiento, es muy respetable la opinión de cada quien, pero a mi modo de ver el IFE cumplió con su responsabilidad de administrar justicia”
Figueroa dijo que no se acreditan ninguna de las causales para un sobreseimiento; “estábamos juzgando la conducta de hace dos semanas”, indicó.
“Establecer un sobreseimiento sobre una conducta que ya terminó, es en realidad una interpretación indebida”, dijo Figueroa, tras reiterar que se cometió un “grave error”.
Fuera de grabadora, tres consejeros rechazaron que se hubiera negociado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para resolver el caso.
“Yo ni siquiera lo conozco”, dijeron Marco Baños y Francisco Javier Guerrero, al tiempo que Arturo Sánchez dijo que la única reunión fue pública.
La Dirección de Prerrogativas entregó a la Secretaría Ejecutiva un informe sobre las presuntas violaciones cometidas por las televisoras el 7 y 8 de febrero y remitirá las notificaciones a los departamentos jurídicos de ambas para que comparezcan el miércoles.
El consejero Alfredo Figueroa advirtió tajante que la decisión del pasado viernes, “debilita la credibilidad de la autoridad electoral”, mina la confianza de los ciudadanos y se basa en una interpretación “indebida” de la ley.
“Quienes votaron en la dirección que lo hicieron, siendo el modo mayoritario, tendrán que asumir la responsabilidad de haber votado en esa dirección (…) En mi opinión, sí se mina la confianza en la autoridad electoral”, subrayó Figueroa Fernández.
Sin embargo, el consejero Marco Antonio Baños Martínez defendió la figura del sobreseimiento, en virtud de que Televisa y TV Azteca habían iniciado la corrección de la conducta irregular y por tanto quedó sin materia la sanción que se pretendía.
“La conducta de retirar las cortinillas y de desempaquetar los promocionales en los términos que viene ocurriendo, que todavía es paulatino pero que viene ocurriendo, esa fue una decisión de las televisoras, no del IFE”, dijo Baños.
Aun así, Figueroa cuestionó directamente a las dos televisoras y dijo que “la radio y televisión en México, están todavía en un régimen que no se puede considerar democrático, se encuentran en un régimen transitorio”.
“Me parece que la radio y la televisión en México tienen que ser reguladas, como han sido regulados otros aspectos de la vida pública, en un sentido democrático y aún no nos encontramos en esa circunstancia”, señaló enfático Figueroa Fernández.
Entrevistados por separado, Baños insistió en que la responsabilidad del IFE es administrar la ley y “por eso aplicó la sanción que consideró pertinente en términos de derecho”.
“Podemos estar en desacuerdo en el tema del sobreseimiento, es muy respetable la opinión de cada quien, pero a mi modo de ver el IFE cumplió con su responsabilidad de administrar justicia”
Figueroa dijo que no se acreditan ninguna de las causales para un sobreseimiento; “estábamos juzgando la conducta de hace dos semanas”, indicó.
“Establecer un sobreseimiento sobre una conducta que ya terminó, es en realidad una interpretación indebida”, dijo Figueroa, tras reiterar que se cometió un “grave error”.
Fuera de grabadora, tres consejeros rechazaron que se hubiera negociado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para resolver el caso.
“Yo ni siquiera lo conozco”, dijeron Marco Baños y Francisco Javier Guerrero, al tiempo que Arturo Sánchez dijo que la única reunión fue pública.
La Dirección de Prerrogativas entregó a la Secretaría Ejecutiva un informe sobre las presuntas violaciones cometidas por las televisoras el 7 y 8 de febrero y remitirá las notificaciones a los departamentos jurídicos de ambas para que comparezcan el miércoles.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 17 de febrero.
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