El PRI presenta controversia constitucional contra el Ejecutivo por dar a la SCT atribuciones sobre concesiones de radio y TV que son de la Cofetel

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Cámara de Diputados interpuso ayer controversia constitucional contra el Ejecutivo federal, por la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que le otorga atribuciones conferidas por el Poder Legislativo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), expresamente en materia de concesiones de radiodifusión.

“Son las atribuciones que se le confieren al secretario de Comunicaciones y Transportes, las cuales chocan con las facultades que tiene la propia Cofetel, en la Ley Federal de Telecomunicaciones básicamente”, dijo el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara baja, Juan Alberto Galván Trejo, responsable de presentar la controversia a nombre del diputado presidente camaral, César Duarte Jáquez.

Este recurso fue impulsado por la diputación federal del PRI, cuyo coordinador, Emilio Gamboa Patrón, atendió la inquietud de su contraparte del PRD, Javier González Garza, quien se deslindó de la controversia hasta no conocer íntegramente el texto. Gamboa informó haber entregado el documento al perredista, con la previsión de que el martes o miércoles de la semana entrante éste concrete su apoyo a la controversia.

Sin embargo, por tratarse de una controversia constitucional, no de inconstitucionalidad en contra del Ejecutivo federal, no se requiere del apoyo de las dos terceras partes de la Cámara baja y, por ende, en su calidad de representante legal del órgano legislativo, el diputado presidente César Duarte Jáquez firmó el documento entregado ayer en la Corte.

Al respecto, Galván Trejo comentó que lo que se impugna esencialmente “son las atribuciones que se le confiere al secretario de Comunicaciones y Transportes, las cuales chocan con las facultades que tiene la propia Cofetel en la Ley Federal de Telecomunicaciones”.

Al respecto, Gamboa comentó que en el país hay dos mil 226 permisionarios y concesionarios, y “el hecho de emitir en este tiempo (el reglamento), en esta coyuntura electoral, pone en riesgo o en línea la observación de que pudiera de alguna manera condicionarse las concesiones en un marco electoral.

“Nosotros queremos el fortalecimiento de la Cofetel. Por eso luchamos por una ley. Lo que estamos haciendo con esta controversia es fortalecer a la Cofetel, como es el deseo de nosotros”.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 7 de febrero.

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