Ayer quedó instalada en San Lázaro la comisión que buscará “amarrarle las manos a los gobernadores” y evitar que se usen recursos públicos para favorecer a candidatos a cargos de elección popular.
El presidente de la comisión, el perredista Antonio Soto, dijo que se vigilará a los gobernadores de todos los partidos, incluidos los del PRD, y se buscará evitar “que metan las manos los delegados federales, los funcionarios federales. Vamos a amarrarle las manos a los gobernadores, para que no las metan en el proceso electoral con el dinero del pueblo”.
Aseguró que si se encuentra a alguien del PRI, PAN, PRD, “del partido que sea, y si aquí algún diputado de un partido me pide que porque es de su partido, no lo hagamos; también lo voy a denunciar. Como también les voy a pedir que no solapemos a
ningún perredista”.
La Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Públicos, Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral 2009, estará vigente hasta el 31 de julio de este año.
Deberá presentar un informe final que se entregará a la Comisión Permanente de la Cámara
de Diputados,
Soto Sánchez dijo que se buscará incentivar a la sociedad para que presente denuncias de desvío de recursos, cometidas por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Explicó que además se analizarán las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), e informó que la semana próxima se reunirá con la titular de dicho organismo.
“Desgraciadamente en este país hay una subcultura de utilizar fondos públicos para apoyar a candidatos de sus respectivos partidos; eso lo vamos a vigilar en la medida de nuestras posibilidades”, señaló.
Dijo además que exigirán a la FEPADE “que se faje muy bien los pantalones y que aplique la ley, porque luego quedan archivados y no pasa nada. Eso no queremos que suceda; que no haya impunidad, y que aquel gobernante que cometa un ilícito de esta naturaleza, de desviar fondos, sea un gobernante que será sometido a cuentas y se le sancionará”.
Explicó que las sanciones podrían ir desde la destitución hasta la prisión. “De eso es de lo que se trata, si no, no tendría razón de existir una fiscalía de esta naturaleza. Si esta comisión no va a cumplir con eso, entonces no tiene caso”.
El presidente de la comisión, el perredista Antonio Soto, dijo que se vigilará a los gobernadores de todos los partidos, incluidos los del PRD, y se buscará evitar “que metan las manos los delegados federales, los funcionarios federales. Vamos a amarrarle las manos a los gobernadores, para que no las metan en el proceso electoral con el dinero del pueblo”.
Aseguró que si se encuentra a alguien del PRI, PAN, PRD, “del partido que sea, y si aquí algún diputado de un partido me pide que porque es de su partido, no lo hagamos; también lo voy a denunciar. Como también les voy a pedir que no solapemos a
ningún perredista”.
La Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Públicos, Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral 2009, estará vigente hasta el 31 de julio de este año.
Deberá presentar un informe final que se entregará a la Comisión Permanente de la Cámara
de Diputados,
Soto Sánchez dijo que se buscará incentivar a la sociedad para que presente denuncias de desvío de recursos, cometidas por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Explicó que además se analizarán las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), e informó que la semana próxima se reunirá con la titular de dicho organismo.
“Desgraciadamente en este país hay una subcultura de utilizar fondos públicos para apoyar a candidatos de sus respectivos partidos; eso lo vamos a vigilar en la medida de nuestras posibilidades”, señaló.
Dijo además que exigirán a la FEPADE “que se faje muy bien los pantalones y que aplique la ley, porque luego quedan archivados y no pasa nada. Eso no queremos que suceda; que no haya impunidad, y que aquel gobernante que cometa un ilícito de esta naturaleza, de desviar fondos, sea un gobernante que será sometido a cuentas y se le sancionará”.
Explicó que las sanciones podrían ir desde la destitución hasta la prisión. “De eso es de lo que se trata, si no, no tendría razón de existir una fiscalía de esta naturaleza. Si esta comisión no va a cumplir con eso, entonces no tiene caso”.
Daniel Venegas y Fernando Damián, Milenio, 26 de febrero.
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