Por cinco votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la resolución del IFE y determinó que el PAN no viola la ley al utilizar programas sociales del gobierno federal, como el Seguro Popular, para promocionarse.
Luego de más de tres horas de discusión, la Sala Superior resolvió que ni la Constitución ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ni la Ley General de Desarrollo Social establecen prohibiciones expresas para que los partidos políticos mencionen o aludan los logros de los gobiernos emanados de sus filas.
Al emitir su voto en favor de los seis proyectos impugnados por PRI y PRD contra PAN en Michoacán, Coahuila y Guanajuato, la magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, afirmó que es necesario distinguir entre lo que es mencionar programas sociales y hacer uso de éstos con fines distintos.
Subrayó que si entre los objetivos de los partidos está la promoción de estrategias de gobierno, que luego son materializadas por los propios actos que realizan los funcionarios electos o postulados por ellos mismos, además sin tener una prohibición legal, una decisión distinta del Tribunal afectaría los fines establecidos en la Constitución.
“Estoy convencida que el Tribunal debe permitir a los políticos hacer política, siempre y cuando sea conforme a la ley. Yo no encuentro una restricción en el caso que nos ocupa para que los partidos hagan mención de los programas que son materia de controversia en estos asuntos”, enfatizó.
A su vez, el magistrado Pedro Esteban Penagos argumentó que “en un sistema democrático no puede excluirse del debate público ninguna expresión que tienda a analizar las obras gubernamentales emanadas, desde luego, de servidores públicos, de cuyo origen tienen en algún partido político”, e indicó que la libertad de expresión es un derecho fundamental básico que es necesario no restringir.
En contraparte, el magistrado Flavio Galván Rivera argumentó que los anuncios tienen un contenido político-electoral cuyo objetivo es ganar adeptos frente a la población como partido que comparte la implementación de apoyos sociales, mientras que Manuel González Oropeza señaló que este tipo de propaganda confunde al electorado.
Luego de más de tres horas de discusión, la Sala Superior resolvió que ni la Constitución ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ni la Ley General de Desarrollo Social establecen prohibiciones expresas para que los partidos políticos mencionen o aludan los logros de los gobiernos emanados de sus filas.
Al emitir su voto en favor de los seis proyectos impugnados por PRI y PRD contra PAN en Michoacán, Coahuila y Guanajuato, la magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, afirmó que es necesario distinguir entre lo que es mencionar programas sociales y hacer uso de éstos con fines distintos.
Subrayó que si entre los objetivos de los partidos está la promoción de estrategias de gobierno, que luego son materializadas por los propios actos que realizan los funcionarios electos o postulados por ellos mismos, además sin tener una prohibición legal, una decisión distinta del Tribunal afectaría los fines establecidos en la Constitución.
“Estoy convencida que el Tribunal debe permitir a los políticos hacer política, siempre y cuando sea conforme a la ley. Yo no encuentro una restricción en el caso que nos ocupa para que los partidos hagan mención de los programas que son materia de controversia en estos asuntos”, enfatizó.
A su vez, el magistrado Pedro Esteban Penagos argumentó que “en un sistema democrático no puede excluirse del debate público ninguna expresión que tienda a analizar las obras gubernamentales emanadas, desde luego, de servidores públicos, de cuyo origen tienen en algún partido político”, e indicó que la libertad de expresión es un derecho fundamental básico que es necesario no restringir.
En contraparte, el magistrado Flavio Galván Rivera argumentó que los anuncios tienen un contenido político-electoral cuyo objetivo es ganar adeptos frente a la población como partido que comparte la implementación de apoyos sociales, mientras que Manuel González Oropeza señaló que este tipo de propaganda confunde al electorado.
Susana Hernández, Milenio, 26 de febrero.
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