El gobierno federal convocó ayer a las diferentes instancias del país encargadas de la seguridad, "a utilizar toda la fuerza de la ley y la potencia de las instituciones para luchar contra la violencia que ataca a los más vulnerables".
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el empleo de dicho poder tiene como objeto el que, precisamente, los segmentos más vulnerables de la sociedad "no se vean sometidos por la fuerza de los hechos".
Acompañado por los secretarios de Desarrollo Social, Ernesto Cordero; Seguridad Pública, Genaro García Luna, y Salud, José Ángel Córdova, así como por Eduardo Medina-Mora, procurador General de la República, Gómez Mont encabezó la firma del convenio para dar cumplimiento al compromiso VI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
De lo que se trata en el fondo el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, es recuperar la paz en México, fortalecer la concordia y proteger al más débil frente al más fuerte bajo el imperio de la ley, precisó en un acto de seis minutos.
El responsable de la política interior del país sostuvo que desde hace muchos años, pero con especial ahínco desde que el presidente Felipe Calderón asumió el encargo, se consolidó el compromiso del Estado para dar una lucha frontal contra la delincuencia organizada.
Añadió que la concepción primaria del Estado fue la necesidad de concentrar la fuerza en un órgano responsable capaz de evitar que el más fuerte vulnerará al más débil; el Estado, entonces, surge como un concepto protector del más débil, explicó.
El funcionario recordó que el compromiso VI del Acuerdo Nacional consiste en "Fortalecer y Consolidar las Redes de Atención a Víctimas del Delito", y subrayó que las tareas contra el crimen organizado se reducirán a una mera lucha de fuerzas "si no se percibe cuál es el dolor y el temor que se tiene que abatir, en función de las acciones que hoy se enfrentan.
Al evento acudieron también María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Cecilia Romero, comisionada del INM; Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos, y el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el empleo de dicho poder tiene como objeto el que, precisamente, los segmentos más vulnerables de la sociedad "no se vean sometidos por la fuerza de los hechos".
Acompañado por los secretarios de Desarrollo Social, Ernesto Cordero; Seguridad Pública, Genaro García Luna, y Salud, José Ángel Córdova, así como por Eduardo Medina-Mora, procurador General de la República, Gómez Mont encabezó la firma del convenio para dar cumplimiento al compromiso VI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
De lo que se trata en el fondo el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, es recuperar la paz en México, fortalecer la concordia y proteger al más débil frente al más fuerte bajo el imperio de la ley, precisó en un acto de seis minutos.
El responsable de la política interior del país sostuvo que desde hace muchos años, pero con especial ahínco desde que el presidente Felipe Calderón asumió el encargo, se consolidó el compromiso del Estado para dar una lucha frontal contra la delincuencia organizada.
Añadió que la concepción primaria del Estado fue la necesidad de concentrar la fuerza en un órgano responsable capaz de evitar que el más fuerte vulnerará al más débil; el Estado, entonces, surge como un concepto protector del más débil, explicó.
El funcionario recordó que el compromiso VI del Acuerdo Nacional consiste en "Fortalecer y Consolidar las Redes de Atención a Víctimas del Delito", y subrayó que las tareas contra el crimen organizado se reducirán a una mera lucha de fuerzas "si no se percibe cuál es el dolor y el temor que se tiene que abatir, en función de las acciones que hoy se enfrentan.
Al evento acudieron también María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Cecilia Romero, comisionada del INM; Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos, y el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca.
Luciano Franco, Crónica, 18 de febrero.
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