No sólo desempleados, personas pobres o jóvenes pandilleros forman parte de los grupos que protestan contra el Ejército, también víctimas de extorsión del crimen organizado.
Se trata de información que integrantes de las fuerzas armadas, concentrados en labores de inteligencia, han enviado a la sede central de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los reportes provenientes de zonas militares, instaladas en los estados donde han surgido los reproches, se habla de campañas orquestadas y pagadas por capos del narcotráfico —principalmente de los cárteles del Golfo y de Sinaloa—, de manipulación de gente sin recursos económicos y que vive en zonas marginadas, pero también de “personas que pudieron ser obligadas a intervenir en los actos de protesta”.
En específico, se refieren a comerciantes, pequeños empresarios o dueños de negocios, a quienes delincuentes les cobran derecho de piso para que puedan realizar sus labores con normalidad.
Hace dos semanas se organizaron marchas en contra de la participación de militares en seguridad pública. Individuos organizados, con mensajes escritos con la misma tipografía, guiados por hombres que utilizaban equipos modernos de comunicación, salieron a las calles principales de entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
Se les ha llamado tapados, porque hacen sus reclamos con capuchas, encubiertos con paliacates nuevos.
Las acciones han incluido bloqueos a carreteras y avenidas.
Militares de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, a cargo del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, fueron informados sobre la participación en las revueltas de personas dedicadas al comercio, a quienes organizaciones criminales les cobran pagos periódicos a cambio de dejarlos trabajar. Esto bajo amenaza de ser secuestrados o torturados, o de causar un daño a sus familias o patrimonios.
Información similar han reportado comandancias militares en puntos de conflicto. Los datos han sido entregados ya a la Procuraduría de Justicia Militar y a las procuradurías de las entidades involucradas.
Crónica publicó que agrupaciones delincuenciales en siete estados del país han dirigido campañas de desprestigio en contra del Ejército.
Las “campañas negras” se han detectado en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Durango y Nuevo León, lista a la que se sumó después Veracruz.
Según la Sedena, este tipo de reclamaciones “son pagadas por narcotraficantes” para “revertir los resultados positivos de la milicia en la lucha anticrimen” y para “sembrar dudas” sobre la conveniencia de su trabajo en las calles.
En un informe previo se resaltó que el crimen organizado intenta lanzar “dardos de carácter mediático”, para lo cual utiliza movilizaciones sociales y difunde historias en las que militares aparecen como protagonistas de maltratos, violaciones, torturas, robos y demás violaciones a derechos humanos.
Se trata de información que integrantes de las fuerzas armadas, concentrados en labores de inteligencia, han enviado a la sede central de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los reportes provenientes de zonas militares, instaladas en los estados donde han surgido los reproches, se habla de campañas orquestadas y pagadas por capos del narcotráfico —principalmente de los cárteles del Golfo y de Sinaloa—, de manipulación de gente sin recursos económicos y que vive en zonas marginadas, pero también de “personas que pudieron ser obligadas a intervenir en los actos de protesta”.
En específico, se refieren a comerciantes, pequeños empresarios o dueños de negocios, a quienes delincuentes les cobran derecho de piso para que puedan realizar sus labores con normalidad.
Hace dos semanas se organizaron marchas en contra de la participación de militares en seguridad pública. Individuos organizados, con mensajes escritos con la misma tipografía, guiados por hombres que utilizaban equipos modernos de comunicación, salieron a las calles principales de entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
Se les ha llamado tapados, porque hacen sus reclamos con capuchas, encubiertos con paliacates nuevos.
Las acciones han incluido bloqueos a carreteras y avenidas.
Militares de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, a cargo del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, fueron informados sobre la participación en las revueltas de personas dedicadas al comercio, a quienes organizaciones criminales les cobran pagos periódicos a cambio de dejarlos trabajar. Esto bajo amenaza de ser secuestrados o torturados, o de causar un daño a sus familias o patrimonios.
Información similar han reportado comandancias militares en puntos de conflicto. Los datos han sido entregados ya a la Procuraduría de Justicia Militar y a las procuradurías de las entidades involucradas.
Crónica publicó que agrupaciones delincuenciales en siete estados del país han dirigido campañas de desprestigio en contra del Ejército.
Las “campañas negras” se han detectado en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Durango y Nuevo León, lista a la que se sumó después Veracruz.
Según la Sedena, este tipo de reclamaciones “son pagadas por narcotraficantes” para “revertir los resultados positivos de la milicia en la lucha anticrimen” y para “sembrar dudas” sobre la conveniencia de su trabajo en las calles.
En un informe previo se resaltó que el crimen organizado intenta lanzar “dardos de carácter mediático”, para lo cual utiliza movilizaciones sociales y difunde historias en las que militares aparecen como protagonistas de maltratos, violaciones, torturas, robos y demás violaciones a derechos humanos.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 27 de febrero.
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