El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, consideró que el Ejército no debe ser retirado de sus labores de seguridad pública, a pesar de las múltiples quejas que este organismo ha recibido por violaciones a los derechos humanos, cometidas por personal castrense.
A decir de Soberanes Fernández, el retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, externó su preocupación por las quejas recibidas en contra de elementos militares, mismas que se atienden e investigan en la CNDH.
Hizo hincapié en que las detenciones ilegales, los allanamientos, robo, tortura e incluso la pérdida de la vida son los hechos violatorios más denunciados en contra de militares que realizan tareas de seguridad pública.
Una función que no debe ser pretexto para violar la Constitución, dijo el ombudsman. Por ello, urgió al gobierno federal a consolidar el respeto a los derechos humanos entre el personal de las instituciones que realizan tareas de seguridad pública, así como a tener una policía federal capacitada para ello.
Al término del foro regional “Derechos Humanos de las Niñas y los Niños”, realizado en Tlaxcala, Soberanes pidió terminar con el círculo vicioso en el cual, personal militar realiza tareas de seguridad pública y con ese pretexto comete violaciones a los derechos fundamentales. “El delito no debe combatirse con otro delito”, señaló.
Asimismo, la CNDH inició una queja contra las autoridades federales y locales de Guerrero, por presuntas violaciones en el caso de la muerte de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Este organismo envió un equipo de visitadores adjuntos al lugar de los hechos, para recabar evidencias, testimonios y constancias médicas de los dos dirigentes, como parte de sus investigaciones para determinar violaciones a sus garantías fundamentales.
A decir de Soberanes Fernández, el retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, externó su preocupación por las quejas recibidas en contra de elementos militares, mismas que se atienden e investigan en la CNDH.
Hizo hincapié en que las detenciones ilegales, los allanamientos, robo, tortura e incluso la pérdida de la vida son los hechos violatorios más denunciados en contra de militares que realizan tareas de seguridad pública.
Una función que no debe ser pretexto para violar la Constitución, dijo el ombudsman. Por ello, urgió al gobierno federal a consolidar el respeto a los derechos humanos entre el personal de las instituciones que realizan tareas de seguridad pública, así como a tener una policía federal capacitada para ello.
Al término del foro regional “Derechos Humanos de las Niñas y los Niños”, realizado en Tlaxcala, Soberanes pidió terminar con el círculo vicioso en el cual, personal militar realiza tareas de seguridad pública y con ese pretexto comete violaciones a los derechos fundamentales. “El delito no debe combatirse con otro delito”, señaló.
Asimismo, la CNDH inició una queja contra las autoridades federales y locales de Guerrero, por presuntas violaciones en el caso de la muerte de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Este organismo envió un equipo de visitadores adjuntos al lugar de los hechos, para recabar evidencias, testimonios y constancias médicas de los dos dirigentes, como parte de sus investigaciones para determinar violaciones a sus garantías fundamentales.
Crónica, 27 de febrero.
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